El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Javier
Mestre, anunció días atrás que en los próximos meses formalizará un nuevo
llamado a concurso, público y abierto, para cubrir 110 cargos de la Municipalidad.
No hay precisiones todavía sobre los alcances que
tendrá la convocatoria, como tampoco todas las áreas que se pondrán a concursar
atento a las necesidades de sumar personal y las vacantes verificadas.
Sin embargo, aun con el proyecto en gestación,
apareció la primera señal de alarma por parte del Suoem, el sindicato que
agrupa a los agentes municipales. El titular del gremio, Rubén Daniele, salió a
plantear una situación de excepción para unos 40 dependientes con más de siete
años de antigüedad como contratados. A criterio del dirigente, esos empleados
deben pasar a planta permanente sin ser sometidos al filtro de un concurso
abierto a toda la población.
Sobre el punto que pone de relieve el sindicalista,
habría que precisar que no se trata sólo de computar los años de permanencia en
un puesto, sino también de evaluar, mediante un examen riguroso y transparente,
la idoneidad del aspirante que se presenta para desempeñar una función pública.
Más aún si se toma en cuenta que la mayoría de las vacantes a cubrir corresponde
a áreas clave, como la de Salud. El propio Suoem motorizó medidas de fuerza en
los hospitales que dependen del municipio, para reclamar, entre otras
cuestiones, que se amplíe la dotación de personal en esas dependencias
sanitarias.
La demanda laboral puede ser justa, más allá de las
recurrentes asambleas o paros encubiertos que complican a diario la vida a los
contribuyentes. Pero se debe contemplar la posibilidad de ingreso en igualdad
de condiciones para todos los concursantes en carrera. Hay, en este entramado,
un dato significativo: los afiliados al Suoem en condición de contratados
tendrán ventajas en la puntuación del examen de elección respecto del resto de
los participantes.
Al anunciar la puesta en marcha de este sistema de
ingreso, el intendente Mestre dejó una reflexión oportuna sobre el desmadre de
vieja data en materia de designaciones a dedo que engordaron de manera
exponencial la planta de personal en la Municipalidad.
“Aquí existieron diferentes procesos políticos e
intendentes que utilizaron la silla para servirse, no para servir. No hay que
utilizar a la
Municipalidad como botín político”, planteó. En rigor, se
trata de una mala práctica en la que difícilmente no haya incurrido algún
político o gobernante del signo político que se busque.
No hay lugar para nuevas desinteligencias ni
acomodos: el intendente de la ciudad de Córdoba tiene el deber de hacer cumplir
el precepto de transparencia y de igualdad de oportunidades, sin claudicar ante
las ajadas conductas coercitivas de los sindicatos.