Por Nadia Galan
Perfil, 22-6-14
Una de las franjas
más preocupantes que tiene la frontera norte argentina es la ubicada entre la
ciudad salteña de Orán y el vecino país de Bolivia. Allí residen unos dos mil
colombianos que aparentemente que “buscan instalarse para manejar el negocio
del narcotráfico”, según advierte un juez salteño, quien asegura que “muchos de
ellos se casan con argentinas para regularizar su situación legal”.
Orán es una ciudad
del norte de Salta y cabeza del departamento con el mismo nombre. Una de sus
problemáticas son los 300 kilómetros de frontera con Bolivia que no logran ser
cubiertos por Gendarmería. “Por allí se filtran inmigrantes ilegales que eligen
esconderse en las zonas de densa vegetación que priman en el lugar para el
desarrollo de actividad vinculada con el narcotráfico”, acusa el juez.
“La información
extrajudicial que manejan las fuerzas de seguridad habla de unos dos a tres mil
colombianos que se instalaron en el norte del país. El mayor número se
encuentra en Orán, pero ya tenemos registros de que habrían llegado a Santiago
del Estero, además de Jujuy y Tucumán. Cada vez se van metiendo más adentro de
nuestro país, ya que antes el límite era Tucumán y ahora van hacia el sur. Por
eso nos resulta importante el intercambio de información entre los jueces de
las distintas provincias”, asegura a PERFIL Raúl Reynoso, juez federal de Orán.
La situación preocupa
a las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad. “Muchos de los
colombianos vienen a instalarse a nuestro país y no están de paso, como tal vez
se acostumbraba antes. Por eso buscan contraer matrimonio con mujeres
argentinas para tener hijos en el país y de este modo contar con un respaldo
legal para tramitar su radicación definitiva. La intención es instalarse para
generar el negocio desde acá”, destaca Reynoso, y agrega: “En los viajes que
realicé a Buenos Aires informé este asunto a la Dirección de Migraciones
y, por suerte, desde hace cuatro meses funciona en Orán una delegación de
Migraciones para que se pueda realizar un relevamiento desde el lugar más
cercano. Esto significa un mayor control y evitar el ingreso ilegal de
extranjeros”.
La guerra por el
territorio es otro de los problemas que está enfrentando la Justicia. En los
últimos dos años se produjeron 11 asesinatos con sello colombiano. El juez
destaca: “Venimos acumulando homicidios vinculados a ajustes de cuentas entre
bandas de narcos (que se produjeron en Orán y Tartagal), y el estilo de los
homicidios nos remite a la modalidad colombiana. Comienza con un secuestro con
pedido de rescate, sigue con torturas a la víctima y termina con el asesinato
de la persona de manera cruel, con gran cantidad de disparos y el tiro de
gracia en la nuca o la frente. Ese tipo de homicidio no es nativo de esta zona,
sino que tiene el sello colombiano”.
Los jueces del Norte
se reunieron para evaluar esta problemática. El magistrado catamarqueño Ricardo
Moreno explicó: “Los colombianos que se instalan allí son los que recién se
inician en la actividad, y otros tantos que realizan trabajos para ajusticiar
personas por dinero, más conocidos como sicarios. Por eso hemos pedido que haya
mayor control”.