Importante fallo, que termina con una larga batalla de contenido ideológico, pues resulta evidente que estas armas facilitan a la policía el control de disturbios, evitando el uso de armas de fuego.
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El tribunal Superior
decidió en favor de las Taser
Por Daniel Gallo
El Tribunal Superior
de la ciudad de Buenos Aires puso fin a una polémica de cinco años y habilitó
el uso de las pistolas eléctricas Taser. Ese armamento formaba parte de la
compra inicial en la formación de la Policía Metropolitana
y su incorporación a la dotación de la fuerza había sido bloqueada por fallos
judiciales, en medio de una fuerte controversia pública por su presunta
utilidad como eventual instrumento de tortura.
A comienzos de 2010,
la administración macrista lanzó una de sus mayores apuestas al desplegar los
primeros 500 efectivos de la Metropolitana. Se anunció entonces que entre el
armamento de los nuevos agentes se encontraría una dotación de 40 pistolas
Taser como herramienta policial para dar una respuesta no letal frente a
situaciones extremas.
Esa arma es utilizada
en varios países, como por parte de policías de varios distritos norteamericanos,
de Londres, de Auckland o de Sydney, por ejemplo. Su descarga eléctrica, al
alcanzar un cuerpo, provoca un shock que inmoviliza durante algunos minutos a
un potencial agresor. Las quejas provinieron de organismos de defensa de los
derechos humanos, que llamaron a las pistolas Taser las picanas del siglo XXI.
La polémica se dio en un contexto de hostilidad entre el gobierno nacional y el
porteño por el control del área de seguridad pública.
Ahora, en un
escenario político distinto -y con la aceptable convivencia entre la Metropolitana y la Federal-, llegó el fallo
del Tribunal Superior de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de la
decisión de la Cámara
de Apelaciones en los Contencioso Administrativo y habilitó el uso de las
Taser, bloqueado desde 2010 por una acción judicial impuesta por Carlos Pisoni,
actual subsecretario nacional de promoción de los derechos humanos.
Aún no se sabe qué
decisión tomarán las autoridades porteñas, pero es sabido que el ministro de
Seguridad, Guillermo Montenegro, había impulsado la compra de esas armas no
letales, que en la Argentina
están aprobadas también para el uso de las policías de Córdoba y Tucumán.
En el fallo del
Tribunal Superior, el juez Luis Lozano señaló que "el argumento de que el
arma podría tener efectos letales no basta para generar hoy la discusión
judicial en torno a la validez de su uso. Obsérvese que la sola existencia de
un protocolo que admitiera su uso exclusivo en aquellos casos en que la
utilización de la fuerza letal esté también autorizada eliminaría la discusión
en torno a la Taser ".
La magistrada Inés
Weinberg recordó, por su parte, que el Registro Nacional de Armas había
autorizado la importación de las pistolas Taser y su comercialización en la Argentina como arma
"de uso civil", por lo que no habría condicionantes alrededor del
arma en sí misma, sino que la discusión avanzaba sobre potenciales desviaciones
en su uso. "El trasfondo del planteo del accionante no tiene que ver con
la adquisición o no de las armas Taser sino que discute una decisión mucho
anterior y ya convalidada en nuestro orden jurídico, es decir, si corresponde o
no que las fuerzas de seguridad utilicen armas para el ejercicio de sus
funciones", argumentó.
Al sostener el fallo
que habilitó el uso de las Taser, los jueces José Casás y Ana María Conde
indicaron que si se llegase a verificar un uso indebido del arma nada impide
que el autor del hecho sea "sancionado con toda la rigurosidad de la
ley".
En disidencia, la
jueza Alicia Ruiz se basó en respaldar la función judicial de controlar todo
acto administrativo en casos en los que se pueda lesionar un derecho
fundamental..