Enrique
Guillermo Avogadro
"El progreso económico requiere un orden jurídico
y una justicia independiente, que proteja a los ciudadanos contra los excesos
del poder administrador". Arturo Frondizi
En estos días, el canallesco batallón oficialista,
encabezado por la Presidente y constituido por todos aquéllos que la han
acompañado en el saqueo irreparable del país, ha encarado una renovada campaña
para lograr el control del Poder Judicial, a través de la colonización de la
Corte Suprema con pseudo jueces serviles, para garantizarse la impunidad
después de tantos delitos cometidos. No ha dudado, en su plan de ataque, en
recurrir a las más inmundas prácticas de espionaje y denostación personal, en
especial contra el Dr. Carlos Fayt, el Ministro decano y un jurista de lujo,
porque ha cometido el gravísimo pecado contra el credo kirchnerista de ser
independiente y a quien se vitupera por la edad que ha alcanzado; trae a la
memoria el "Diario de la Guerra del Cerdo", la novela del genial Bioy
Casares.
El ya incalificable Jefe de Gabinete, el matón Anímal
Fernández, y la nueva Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara
de Diputados, Anabel Álvarez Segasti, una joven proveniente de la cantera de La
Cámpora, pidieron -como antes lo habían hecho Diana Conti, Carlos Kunkel y
otros diputados del ¿Frente para la Qué?- que el Dr. Fayt fuera sometido a
exámenes para verificar el estado de su salud mental y se llegó a la ridiculez
de retarlo a salir a la calle. Si usted quiere defender al distinguido Ministro
de la Corte, por favor ingrese a http://tinyurl.com/q87h9du y firme la petición.
Si yo fuera el impugnado magistrado, haría mío el
argumento que utilizó Cristovão Buarque en una cumbre mundial en la que las
grandes potencias exigían la internacionalización de la Amazonia; el ex
Ministro brasileño aceptó esa postura, pero la condicionó a que todos los país
hicieran lo propio con sus arsenales nucleares. Porque es de público y notorio
conocimiento, ya que se esmera en probarlo diariamente, que la misma Presidente
padece de serios desequilibrios mentales que le impiden ejercer su alto cargo
en las condiciones que requiere. Así, Fayt debería aceptar la realización de esas
pruebas, siempre y cuando Cristina también se prestara a ellas.
El colmo se produjo el jueves, cuando la indigna Hebe
de Bonafini, que hace apología permanente del terrorismo y se ha llenado los
bolsillos con los "Sueños Compartidos", se permitió realizar un
"juicio popular" a la Corte, reeditando su llamado a tomar el Palacio
de Justicia cuando la Ley de Medios se encontraba impugnada, a fin de obtener
un fallo favorable al Gobierno.
Como se sabe, el Dr. Ricardo Lorenzetti no es santo de
mi devoción por su posición -autorizando la violación al artículo 18 de la
Constitución- frente a la falsa y tuerta política de derechos humanos sobre los
cuales Néstor Kirchner construyó gran parte de su estructura de poder; éste se
identificó con la subversión de los 70's que le permitió, como dice Ceferino
Reato en su último libro, ampararse en una izquierda que no admite la crítica
alguna a sus líderes, a quienes todo justifica, aún el enriquecimiento ilícito
e inexplicable.
Ahora, bajo el fuego graneado del Poder Ejecutivo, la
Corte Suprema ha decidido defenderse y enfrentarlo, poniendo para ello los
límites que la Constitución establece; fue una verdadera pena que no utilizara
esas facultades durante la última década, mientras ambos integrantes del
matrimonio imperial desconocían sus sentencias.
Pero, más allá de esos fuegos de artificio, lo real y
verdadero es que la noble viuda, en términos constitucionales y penales, ha
incurrido en sedición y golpismo contra uno de los poderes del Estado. Tendemos
a pensar que los golpes de estado sólo se hacen contra el Ejecutivo, pero
también pueden darse contra cualquiera de los otros dos poderes; según nuestra
Constitución, la República se organiza con tres vértices perfectamente definidos
e independientes entre sí: el Presidente, que administra; el Congreso, que
dicta las leyes; y el Poder Judicial, que las interpreta y pone límites a los
abusos de los otros dos contra los ciudadanos y contra la propia carta magna,
conforme lo dispone su artículo 116.
Consecuentemente, al actuar como lo hace, la
Presidente y todos sus cómplices caen en las conductas descriptas en el Título
X del Código Penal, "Delitos contra los poderes públicos y el orden
constitucional", y por ello deberá ser imputada, procesada y juzgada. La
deberán acompañar, más temprano que tarde, los infames traidores a la Patria
que, sentados en sus bancas legislativas, concedieron durante esta década al
Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y le otorgaron supremacías por las
que la vida, el honor y la fortuna de los argentinos quedaron a su merced, tal
como lo define el artículo 29 de la Constitución y reprime el artículo 227 del
Código Penal.
Dice el artículo 21 de la Constitución, tan estuprada
por este gobierno durante la década "ganada": "Todo ciudadano
argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta
Constitución". ¿No ha llegado, acaso, el momento en que la ciudadanía
entera obedezca esos dictados?; ¿hasta cuándo y por qué debemos continuar
soportando pacíficamente esta dictadura que pretende llevarnos al peor pasado y
al chavismo?, ¿qué nuevos límites veremos superar sin reaccionar?, ¿es que nos
seduce esta sodomización a la que nos somete día tras día?
Porque, confesemos, hemos dejado de ser una democracia
republicana, representativa y federal para convertirnos en un imperio falso,
unitario, absoluto y populista, y la República es objeto de las vejaciones
permanentes que le infiere este régimen nefasto.
Ha llegado el momento de recordar cómo se comportó la
Argentina cuando el Congreso nacional guaraní votó, en las condiciones
constitucionales vigentes, la destitución por inhabilidad del ex Presidente
Fernando Lugo, una decisión legítima luego convalidada por la Suprema Corte del
país hermano; acompañada por los otros integrantes del Mercosur, sumó su voto
para suspender la membrecía de Paraguay, invocando la "cláusula
democrática" que Rafael Correa había hecho aprobar en la Unasur, después
de convertir un mero reclamo salarial de la Policía ecuatoriana en un falso
golpe de estado.
Si la tentativa de Cristina -ésta sí un atentado
contra unos de los poderes de la República- tiene éxito, ¿cómo deberían
reaccionar, y cómo lo harán, los demás países de la región? Los tiempos de
América Latina están cambiando, como lo demuestran las enormes complicaciones
que soportan hoy Brasil y Chile por temas de corrupción, y los recientes
cuestionamientos a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por lo
cual nuestra Presidente haría bien en no esperar la antigua solidaridad que
hubiera recibido hasta hace poco.
Para concluir, una breve reflexión. Como se vio esta
semana en Gran Bretaña, donde todas las encuestas pronosticaban un empate entre
conservadores y laboristas, todos erraron, y Cameron ganó por una abrumadora
mayoría. Aquí, las empresas que ¿miden? la opinión pública, más corruptas en
general, pretenden "vender" la probabilidad de la continuidad del
kirchnerismo luego de las eventuales elecciones. La realidad muestra que, si
hubiera ballotage, el 70% votaría contra cualquier candidato K, y no hay
posibilidad de un triunfo oficialista en primera vuelta.
Por eso me sigo preguntando hasta dónde estará llegar
Cristina Fernández de Kirchner, a quien ya sabemos sediciosa y golpista, para
conservar alguna esperanza de impunidad ante un horizonte penal cada vez más
complicado para ella, su familia y sus cómplices, y hasta dónde la acompañará
el peronismo en esa aventura. En la respuesta, está todo el futuro de la
República.
B.As., 10 may 15