La Nación, Editorial,
26/27 de julio de 2015
Nuestra historia contemporánea ha estado jalonada por
hechos de corrupción, tan frecuentes y escandalosos, que los más recientes
hacen olvidar los más distantes. Apenas se recuerdan, tras la bruma de los
años, los pollos de Mazzorín, las cajas PAN, la leche contaminada, los
guardapolvos de Bauzá y la valija de Amira Yoma. El Yomagate y el Swiftgate. La
pista de Anillaco y la Ferrari Testarossa. Y a un nivel más grave, el tráfico
de armas, la impresión de DNI, el caso IBM-Banco Nación y los enjuagues del
"simple cartero" Alfredo Yabrán, para quien poder era sinónimo de
impunidad.
Varias veces la corrupción fue asociada a muertes
sospechosas. El brigadier Rodolfo Echegoyen, "suicidado" en la
Aduana; el intermediario Marcelo Cattáneo, ahorcado frente a Ciudad
Universitaria; el marino Horacio Estrada, muerto de un tiro en la sien en su
casa; la ex secretaria Lourdes Di Natale, lanzada al "aire y luz" de
su departamento; el helicóptero del general Juan Carlos Andreoli, caído en el
campo de polo; la voladura criminal de Río Tercero; el asesinato de José Luis
Cabezas y el misterioso fin de Yabrán. Hitos de una dramática secuencia que
contribuyó a ablandar la conciencia moral de los argentinos.
Pero todo puede ser peor. Durante el período
kirchnerista, la corrupción dejó de ser una suma de hechos patológicos y
aislados para convertirse en la razón última de un programa de gobierno. No
solamente continuaron las valijas y los bolsos, los sobreprecios y retornos, la
manipulación de permisos, subsidios, excepciones y concesiones. Sin ningún
pudor y confirmando la promesa de "ir por todo", el kirchnerismo ha
sometido el aparato estatal al plan de apoderarse de lo colectivo mediante
esquemas complejos, aunque torpes, basados en la confianza que otorga la
impunidad. Sociedades y prestanombres para quedarse con la impresión de moneda;
normas ad hoc para emular a Las Vegas en el Hipódromo de Palermo; licitaciones
amañadas para los socios del poder; fideicomisos y universidades para contratar
por fuera de la normativa legal; habitaciones sin pasajeros para derivar fondos
espurios a los hoteles familiares.
Nunca antes se alteró todo el sistema institucional
para viabilizar un esquema de dominación crematística, sin otro proyecto que el
provecho privado de los recursos del Estado.
El romántico Jean-Jacques Rousseau no hubiera
imaginado que su teoría de la "voluntad general", expresada en el
voto mayoritario, daría sustento teórico al kirchnerismo para eliminar la
división de poderes y llevarse a casa lo que pertenece a todos. Y el propio
Ernesto Laclau se avergonzaría de esta falsa "radicalización de la
democracia", una simulación distractiva, ajena al logro de una sociedad más
justa e igualitaria.
El único objetivo ha sido ganar poder para ocupar
todos los ámbitos del Estado, asegurándose así que nadie vea, nadie escuche,
nadie cuente y nadie juzgue cómo se divide, cómo se reparte y cómo se apoderan
de lo colectivo. Siempre habrá razones "a la carta" (abierta) para
justificar esta demolición de lo público, en provecho de los ejércitos
militantes. Pero basta afeitar la realidad con una afilada navaja de Occam para
verificar que la explicación más sencilla es la más probable. Detrás de tantos
discursos, carteles y fuegos artificiales, sólo resta un crudo apetito por el
poder y el dinero.
Derechos humanos, matrimonio igualitario, pueblos
originarios, banderas de inclusión, todas políticas públicas malversadas. El
kirchnerismo ha utilizado el discurso moral como cortina de humo para un
proyecto inmoral. Cuanto mayor el volumen de la perorata, cuanto más inflamado
el discurso, más denso el humo que oculta el saqueo de lo público. Más lágrimas
llora la República.
Es manifiesto que el intento de apropiación de la
imprenta de moneda por el vicepresidente de la Nación; los sórdidos vínculos de
Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia presidencial, evidenciados en la
causa Hotesur, entre otras; la bolsa que olvidó Felisa Miceli en su baño
ministerial; la valija venezolana (o iraní) de Antonini Wilson; la fortuna
insolente de Ricardo Jaime; el inexplicable enriquecimiento de Julio De Vido y
del secretario de Obras Públicas, José López; la prosperidad de Juan Manzur,
son casos que demuestran poca empatía por los pobres de esta tierra.
La desaparición de los fondos de Santa Cruz; la
embajada paralela en Venezuela; las mediaciones de José Luis Manzano con áreas
petroleras; la compra de vagones inútiles en España y Portugal; el programa Sueños
Compartidos; las contrataciones a dedo de los hermanos Monzoncillo (La Corte y
Prensa Satelital), favoritos de la Presidenta; los terrenos fiscales comprados
en El Calafate a precios irrisorios; las denuncias por corrupción relativas a
las represas de Santa Cruz, frenadas por el desinterés de un fiscal y las
tierras de amigos del poder que serán inundadas demuestran que tantas visitas
al Vaticano no han servido para encauzar instintos primitivos por el camino de
la solidaridad.
Tampoco son "de buena gente" las oscurísimas
importaciones de gas licuado que realizó Enarsa, con el asesoramiento de
Roberto Dromi, "autor" de la venta de YPF a Repsol; la distribución
discrecional de publicidad oficial; las opacas transferencias de la Unidad Bicentenario;
las obras en Tecnópolis que investiga el juez Ariel Lijo; los 6000 millones de
pesos que costó en cinco años Fútbol para Todos; los sospechosos sobreprecios
en la compra de aviones Embraer y la turbia contratación de Adconsa, la
consultora amiga del subsecretario Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini; el
mismo que detuvo el allanamiento a una financiera, también amiga, con una
llamada al escandaloso juez Norberto Oyarbide.
Ni los ancianos se salvaron de la avidez kirchnerista:
el PAMI fue saqueado por organizaciones sindicales y políticas que también se
llevaron las compensaciones para prestaciones de alta complejidad, remedios
oncológicos y prótesis, gestionadas por la Administración de Programas
Especiales. Verdaderas privatizaciones de recursos públicos en forma no
inclusiva, sino exclusiva de sus beneficiarios. Y bien calificadas entonces de
"negocios entre privados" tal cual lo repiten voceros oficiales.
En niveles inferiores, los exponenciales aumentos
patrimoniales de personajes secundarios evidencian el descaro del kirchnerismo
para retribuir a sus colaboradores y amanuenses: Raúl Ulloa, el chofer
millonario; Ricardo Barreiro, el jardinero "potentado" y su hijo,
Pablo Erasmo, quien dejó el cargo de secretario privado de la Presidenta, con un
insólito incremento patrimonial. Por lo menos cinco secretarios privados que
eran "pelagatos" renunciaron para dedicarse a sus inversiones
personales. Ni estos casos ni las variadas designaciones a mansalva, que
auguran más millonarios en poco tiempo, son capítulos de un programa dirigido
al bien común, sino para provecho de pocos.
La extorsión para forzar voluntades también ha sido
moneda corriente en la mecánica del enriquecimiento indebido. Néstor Kirchner
impuso a Repsol un socio de paja, "experto en mercados regulados" que
pagaría el 14,9% de las acciones de YPF con dividendos futuros; su sucesora
obligó a Daniel Hadad a vender la radio líder en audiencia y su canal de
noticias al "rey del juego" y también ordenó que Transener, la mayor
transportadora de energía, fuese adquirida por ex montoneros devenidos
empresarios y no por el comprador que sus dueños habían elegido.
Durante estos 12 años, se crearon imperios económicos
con recursos públicos, como es el caso de Cristóbal López. Con necesidad y
urgencia se expandieron a 4500 las tragamonedas en el Hipódromo de Palermo; con
inusual flexibilidad, se financió la compra de 360 estaciones de servicio de
Petrobras con 1200 millones de pesos de impuestos no pagados; con gran descaro,
se renovaron los beneficios promocionales a Alcalis de la Patagonia, una
empresa en marcha, invocando más necesidad y mayor urgencia. Como impúdico
remate, el Banco Central autorizó la convivencia del juego y las finanzas,
aprobándole la compra del banco Finansur a Cristóbal López. El plan de negocios
del vecino de la Presidenta y de Amado Boudou en Madero Center apunta ahora al
"Prode bancado", para lo cual aspira a comprar los bingos porteños,
cuando el panorama político se lo permita.
La corrupción también se infiltró en áreas que debían
ser preservadas de todo afán pecuniario, como los derechos humanos. Este
negocio comenzó con la estafa, estimada en 750 millones de pesos, de los planes
de vivienda del binomio Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini. Y siguió con el
pago de indemnizaciones a familiares de desaparecidos, muchos de los cuales no
eran tales. De los más de 13.000 reclamos, 7800 cobraron 240.000 dólares cada
uno, armando una auténtica industria de la indemnización por derechos humanos
de la que participan funcionarios y abogados inescrupulosos. En estos casos,
interviene una sola repartición del Estado, la sospechada Secretaría de
Derechos Humanos y todos los expedientes son reservados. Se calcula en 1800
millones de dólares la suma abonada por estas indemnizaciones.
En su visita al Paraguay, el papa Francisco vinculó dos plagas sociales: la corrupción y el narcotráfico. Y lo hizo con una frase tan directa como cruda: "La corrupción es la polilla, la gangrena de un pueblo".
Durante los 12 años en el poder, escenario que empezamos a desarrollar en nuestro editorial de ayer, el gobierno nacional negó el avance del narcotráfico en el país ("territorio de tránsito") y evitó discutir sobre los índices de inseguridad (una simple "sensación").
Primero fue el caso de la empresa estatal Southern Winds, que llevaba una valija con cocaína dirigida a la embajada argentina en Madrid. El kirchnerismo trató de apagar el escándalo, que rozó al ex ministro del Interior y actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
Luego, tomaron estado público las causas por exportación de efedrina a México y Colombia y el triple crimen de General Rodríguez, que puso a la luz el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2011 con dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.
Se llegó al extremo de que el ex secretario de la Sedronar José Granero fue procesado por haber permitido la importación de efedrina a los carteles del narcotráfico. Y, para peor, nuestro país es el único del mundo donde tiene vigencia una ley que permite el blanqueo de dinero en efectivo, que utilizan los narcotraficantes y los funcionarios corruptos, a través de los llamados Cedines.
La muerte del fiscal Alberto Nisman también está vinculada a hechos de corrupción a escala internacional. Su denuncia fue desestimada por jueces disciplinados por el gobierno nacional. Su profundización hubiese permitido develar los verdaderos intereses del kirchnerismo en impulsar el Memorándum de Entendimiento con Irán y la creación de la inconstitucional "comisión de la verdad" para colocar en vía muerta esta investigación judicial, encubriendo al gobierno de Teherán.
La revista The New Yorker presentó una oscura trama de narcotráfico y lavado de dinero que involucraba a Hugo Chávez, el régimen iraní y el grupo terrorista Hezbollah. Irán utilizaba a Venezuela como nexo para ganar voluntades en la región mediante el envío de valijas con dinero en efectivo. En ese contexto, habría sido Chávez quien intercedió con el gobierno argentino para obtener tecnología nuclear a pedido del país islámico, además del levantamiento de las alertas rojas sobre los sospechosos del ataque a la AMIA.
La administración del Estado siempre está expuesta al riesgo de abuso y corrupción. Lo importante es que las instituciones no se doblen para consentir los desvíos y que la moral colectiva los condene, manteniendo incólume el capital social. Corrupción hay en todas partes; impunidad, no.
Ése ha sido el ejemplo de nuestros vecinos Uruguay, Chile y Brasil, donde las comisiones legislativas, el ministerio público fiscal y el Poder Judicial, además de la prensa independiente y la opinión pública, han mostrado que las instituciones continúan sólidas y que la corrupción es rechazada por la población. En Japón cualquiera de esos casos llevaría al harakiri de sus autores. En los países que seducen a nuestra Presidenta, como China, a los corruptos se los fusila; en Irán, se prefiere la horca; en Vietnam, la inyección letal; en Cuba, prisión hasta 20 años.
En los países occidentales, en tanto, los casos de corrupción provocan inmediatas renuncias y procesos públicos conforme al Estado de Derecho. En la Argentina, en cambio, no hay harakiri ni procesos públicos, sino ocultamiento, fueros, pactos, guiños, presiones y compensaciones.
Es obvio el apetito kirchnerista por convertir cada acto del Estado en una oportunidad de negocios, aunque todavía no haya salido a la luz con plenitud, debido precisamente a las maniobras de encubrimiento, manejo de medios, falsificación de datos, remoción de funcionarios, esterilización de órganos de control, manipulación del Ministerio Fiscal y gradual cooptación de la Justicia. Detrás de cada apropiación privada de una porción de lo público existe un acto estatal desviado, una ley indebida, un decreto torcido, una resolución mentirosa, una auditoría evitada, un dictamen soslayado, una denuncia archivada, una foliatura alterada, un expediente extraviado y otro mal reconstruido.
Se han copiado todos los métodos mafiosos para vaciar las arcas públicas con flagrante disimulo: sociedades fantasma, asesores forzados, subcontratistas impuestos, intermediarios inexistentes, comisiones injustificadas, honorarios fraguados, precios inflados, sociedades leoninas, prestaciones no brindadas, equipamientos sobrestimados o simplemente valijas con billetes de quinientos euros o bolsas con dólares o fajos de pesos que se pesan. Y la connivencia de los amigos del poder, los socios inescrupulosos, los proveedores astutos, los expertos en tejer negocios con los funcionarios civiles o militares, de izquierda o de derecha.
Todos los casos de corrupción son fruto de una ingeniería laboriosa para readecuar las instituciones a la satisfacción de la codicia. No han bastado la picardía de las pequeñas mordidas ni la sencillez de los negociados tradicionales. El kirchnerismo ha aplicado un "master plan" para que todos los engranajes del Estado funcionen en forma coordinada en procura de ese único objetivo, sin dejar ningún empalme, bisagra o articulación fuera de la sincronización para el mal. La perfecta impunidad requiere que todas las piezas funcionen al unísono: ministros, secretarios, subsecretarios, directores, gobernadores e intendentes. Presidentes, gerentes, síndicos y auditores de bancos y empresas públicas. Jueces y fiscales, legisladores, concejales. Aunque se invoque a Dorrego y se revalorice a Artigas, el unicato kirchnerista arrasó con el federalismo a fuerza de billetera y de temor.
La meticulosa relojería institucional utiliza parte del aparato judicial, administrativo y fiscal, la Procelac, la CNV y la UIF para encubrir o acosar, conforme lo requiera el modelo expoliador. Se ha disuelto la SIDE, delegando el espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia para garantizar la inmunidad y la persecución. Y se ha anestesiado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de Empresas Públicas para que encubran la corrupción e impidan el acceso a la información.
Para que la corrupción se disimule tras una prédica progresista, el kirchnerismo planteó falsos debates intelectuales, bastardeando el pensamiento nacional. Ha reescrito la historia, seducido a actores militantes, alquilado juglares de la mentira, expulsado a Colón, denigrado a Sarmiento, demonizado a Roca, idealizado a Chávez y utilizado al peronismo olvidando aquel 1º de Mayo cuando el auténtico Perón los echó de la plaza. Todos los embustes, falacias y contorsiones posibles han sido usados para blindar 12 años de expolio. Con la misma cara se ha denostado al obispo Jorge y honrado al papa Francisco; se ha despreciado al presidente riojano y pactado con el senador despreciado a cambio de su voto; se ha agraviado al gobernador bonaerense para ungirlo luego candidato a presidente.
Las guerras o desastres naturales suelen justificar estados de emergencia, restringiendo las garantías constitucionales. Otras veces, para intentar drásticos cambios económicos, como la forzada industrialización estalinista o el fallido gran salto adelante maoísta. Sin embargo, los países que son modelo de reconstrucción exitosa luego de haber sido devastados, como Alemania, Japón o Italia, no requirieron un régimen totalitario y lo hicieron en plazos más breves, con un Plan Marshall que no fue más importante que nuestra soja.
La necesidad y urgencia para soslayar al Poder Legislativo; los superpoderes para vaciar la ley de leyes, el estado de emergencia para que nada escape a la razón de Estado. Tanto apuro, tanta excepción, tantas facultades concentradas, ¿hemos acaso reconstruido la Argentina como Alemania, Italia o Japón en la posguerra? ¿Cuál es el salto a la modernidad que hemos dado con tanto poder acumulado en una sola persona? ¿No hay más pobres ni excluidos en la Argentina? ¿Tenemos autoabastecimiento energético? ¿Las autopistas cubren el territorio nacional? ¿Aumentaron la seguridad, la calidad educativa, el empleo, la productividad? ¿Tenemos moneda, crédito, ahorro? ¿Crecen las exportaciones? ¿Somos respetados en el mundo?
La respuesta es negativa. Después de 12 años seguimos con programas asistenciales y la pobreza en aumento. Los festivales, las falsas inauguraciones, las cadenas nacionales, los ómnibus pagados por gobernadores e intendentes, las consignas huecas. La verdadera inclusión la lograron los tres Carlos (Kunkel, Zannini y Liuzzi) designando a toda su familia en cargos públicos, y también tres aprendices de cabotaje: Felisa Miceli, Romina Picolotti y Katya Daura, que no pudieron viajar a las islas Seychelles para ocultar sus ahorros.
Y si nada de eso ocurrió, es razonable concluir que toda esa distorsión institucional sólo ha tenido un objetivo de corto plazo, oportunista, precario e individualista. Se ha soslayado el bien común para satisfacer el interés particular de quienes usan el Estado en su provecho. Es decir, de los corruptos.