Por Dante Caputo
| Para LA
NACION, 25-8-15
El debate sobre el sentido, la posibilidad y la
gobernabilidad de una coalición que enfrente a Daniel Scioli inunda el debate
político. Hay quienes no quieren saber nada de aliarse con Mauricio Macri.
Otros, de una ingenuidad irredimible, plantean que con una lista de
"políticas de Estado" se crearía el terreno para alcanzar un acuerdo
en torno a la candidatura del jefe de gobierno porteño.
Pienso que un acuerdo es necesario; que si ese acuerdo
es sólo electoral está condenado a fracasar; que debe ser un acuerdo de
gobierno; que debe evitar la abstracción de las llamadas "políticas de
Estado" y contener políticas públicas concretas para la coyuntura y para
los próximos cuatro años; que debe ser creíble para la sociedad y para las
partes que lo conforman, para lo cual precisa basarse en un mecanismo que
asegure que sus integrantes cumplan lo pactado so pena de un alto costo
personal y político.
Si estas condiciones no se cumplieran, sería un
acuerdo de cotillón que no obtendría la mayoría de los votos. Y si, por azar,
lo lograra, no iría más lejos que el gobierno de la Alianza. Presento aquí
algunas reflexiones sobre estas condiciones que no he visto, hasta ahora,
reflejadas en el debate público.
Una coalición requiere un objetivo común cuya
importancia sea suficientemente grande como para permitir el trabajo conjunto
de personas y organizaciones que vienen de historias y pertenencias políticas
diferentes. Hay dos objetivos generales: uno defensivo y otro constructivo.
El objetivo defensivo común es impedir la
profundización de un tipo de gobierno que aleja cada vez más las posibilidades
de que la Argentina entre en un círculo positivo de transformación y
modernización. Hoy el país se disgrega y degrada culturalmente; se bloquean
oportunidades de un crecimiento sostenido; el sistema institucional republicano
no funciona; las condiciones de vida pasan períodos de mejoras provisorias que concluyen
en mayor pobreza y desamparo. Nuestra sociedad no logra salir de su historia
pendular, entre esperanzas y fracasos. Así, el primer objetivo común, el
electoral, es evitar el triunfo de Scioli.
Si ganara, el gobernador tendría que elegir entre dos
caminos. Por un lado, podría seguir con el actual manejo de la economía. Pero
entonces comprobaríamos que el peligro de la ingobernabilidad no consiste en
gobernar sin los "K", sino en continuar con lo que hicieron: el país
se encaminaría a una situación de desequilibrios insostenibles.
Por otro lado, Scioli ha visto su camino despejado
hacia la candidatura presidencial a cambio de garantías dadas al núcleo
kirchnerista. Si no fueran cumplidas, abrirían un enfrentamiento interno que
afectaría la conducción misma del Estado. De allí que si el gobernador
decidiera romper con el populismo, lo más probable es que se desplomarían sobre
él las furias de las organizaciones kirchneristas, que continuarán teniendo un
poder considerable en la estructura política y administrativa del Estado. Éste
es el dilema de Scioli: o deja de ser populista y se enfrenta con el aparato
político K, o sigue siéndolo y conduce a la Argentina a una gravísima situación
social, política y económica.
Sin embargo, evitar estos males no alcanza para
justificar una coalición como la que precisa nuestro país. Además de esa meta
defensiva deben existir la decisión y los instrumentos políticos para iniciar
una nueva etapa sustentable, que abra el camino a la modernización de la
Argentina.
Para esta etapa las diferencias ideológicas no
deberían representar una valla insuperable. Lo que hay que hacer en los
próximos cuatro años lo precisa tanto la centroderecha como la centroizquierda.
Y si no lo hacen juntos, no lo hará nadie.
La coalición debería definir y hacer conocer un
conjunto de políticas públicas, muy concretas e instrumentales, en cada una de
las esferas críticas que deben transformarse en los próximos cuatro años: la
político-institucional, la económica, la ampliación de la base de legitimidad,
el funcionamiento y las prácticas del Estado, la seguridad ciudadana y la lucha
contra el narco.
Para crear una coalición que gobierne cuatro años con
políticas precisas acordadas existen dos obstáculos básicos. El primero es el
sistema de garantías mutuas entre los que se coaligan. El segundo, la fuerte
reticencia de algunos sectores opositores en apoyar la candidatura de Macri.
¿Cómo crear entonces las garantías mutuas que obliguen
a las partes a cumplir con el programa de transición y eviten que alguna -en
particular, quien tenga más poder, como el presidente- esté tentada de sacar
los pies del plato? Hay que buscar la garantía dentro del propio sistema
presidencial. Y ésta consiste en que cada parte tenga poder de veto, es decir,
de amenaza de disolución del gobierno de coalición. Ese veto es, reitero,
básico para que funcione el sistema, para que se integren sectores diferentes y
para fortalecer la gobernabilidad de la coalición ante la opinión pública.
En primer lugar, recordemos que, aun en caso de
imponerse en las elecciones, el frente que construyó Macri no tendrá las
indispensables mayorías en el Congreso para la aprobación de leyes. La
ampliación de su alianza será, por lo tanto, un paso imprescindible para
gobernar y deberá incluir necesariamente a sectores del peronismo.
En segundo lugar, contamos con la figura del jefe de
Gabinete, facultado a efectuar los nombramientos de los empleados de la
administración pública, enviar al Congreso los proyectos de ley del Ejecutivo y
refrendar decisiones del presidente. Por lo tanto, el presidente precisa para
gobernar del jefe de Gabinete, quien puede ser removido por el voto de la
mayoría absoluta de las dos cámaras del Congreso. Por lo tanto, en la necesidad
de construir mayorías en el Congreso y de un jefe de Gabinete afín al
presidente se encuentran las posibles llaves de las mutuas garantías de una
coalición. Cualquier ruptura de lo acordado no sólo pondría en riesgo el
programa de transición, sino, sobre todo, la gobernabilidad misma.
Para que este sistema pueda aplicarse deberían darse
coincidencias no sólo de políticas públicas, sino en la integración del
gabinete y en su modo de operación. Un gabinete de estas características sólo
podría funcionar en el marco de una circunstancia excepcional: un período
presidencial de transición. Un gobierno de transición no es provisorio ni
débil. Es un gobierno que lleva al país de una situación de recurrentes
fracasos a otra en la que se abre una nueva historia. Es una transición en la
democracia para retomar el significado que le otorgó la sociedad hace 32 años.
Para esa tarea se requiere un gobierno fuerte y con alta legitimidad, generada
por el apoyo social y político.
La construcción de un gobierno de esas características
implica una cuidadosa distribución en el gabinete entre personas que son claves
en la coalición, que representan garantías para la opinión pública y que pueden
ser ejecutores eficaces de las políticas públicas que les son encargadas.
En consecuencia, antes de las elecciones de octubre
sería necesario, junto con la creación de la coalición, el anuncio de la
formación del gabinete, sus políticas públicas y la modalidad de
funcionamiento.
La garantía para la coalición es que si el gabinete se
fracturara, se rompería la mayoría parlamentaria, estaría en riesgo el jefe de
Gabinete y el gobierno carecería de capacidad política para funcionar. Ésas son
las cláusulas llave que deberían perfeccionarse en estas semanas. Es una
condición extrema, pero, a la luz de la experiencia argentina, parece
necesaria.
El otro obstáculo, la falta de voluntad de sectores
opositores a integrarse en un gobierno presidido por Macri, debería ser
resuelto de una manera similar. Por ejemplo, si un dirigente peronista, de
oposición y con votos fuese canciller en un gabinete en el que varios de sus
miembros provinieran de sectores políticos afines, es probable que su opinión
tendería a apoyar las iniciativas más allá de las diferencias políticas e
ideológicas con Macri. En un sistema presidencial, el ministro es un secretario
del presidente; en uno de coalición, es un socio político.
Si se tratara de apoyar a "Macri
presidente", sin más, sólo porque es el que tiene más posibilidades de
ganarle a Scioli, los recelos, las competencias y los rechazos serían
difícilmente superables. Si, en cambio, se tratara de participar de un gobierno
de transición, de cuatro años, de naturaleza plural y con reglas de
funcionamiento interno que garanticen la expresión y decisión de ejercer ese
pluralismo, es probable que la actitud no fuese la misma.
Podría pensarse que ésta es una coalición movida por
el rechazo a Scioli. Borges diría que no los une el amor, sino el espanto.
Sin embargo, lector, es hora de que algo más que el
espanto funde la actividad política en nuestro país. La coalición debería ser
el resultado de un esfuerzo en busca de reunirnos en torno a la simple y
maravillosa idea de iniciar una historia distinta, una transición dentro de la
democracia.
Politólogo, canciller durante el gobierno de Raúl
Alfonsín