Ricardo Sáenz
Clarín, 6-10-15
En el último encuentro del movimiento “Memoria Nisman” al cumplirse ocho meses de la muerte del fiscal, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon utilizó acertadamente la figura de las mamushkas para aludir a los expedientes judiciales que se han ido sucediendo desde el atentado a la AMIA en 1994.
Es que al igual que las famosas muñecas rusas la voladura de la mutual ha generado la aparición sucesiva de investigaciones penales que aún hoy no podemos saber a ciencia cierta dónde y cuándo se detendrá.
A partir del atentado se originó la causa donde se lo investiga (la causa AMIA que podríamos denominar la causa madre), la que luego de mucho trámite fue anulada y ello derivó en la causa del encubrimiento del atentado, expediente en el que hace pocos días se inició el juicio oral y público.
La causa AMIA recobró una línea de investigación a partir de la creación de la fiscalía especial en 2004 por iniciativa del presidente Kirchner y dirigida por Nisman.
En ese marco se profundizó la investigación hasta llegarse a ordenar, por pedido del Fiscal, la declaración indagatoria de ocho iraníes y dos libaneses, sus pedidos de captura internacional y las tan mentadas alertas rojas de Interpol.
Quienes se empeñan en hacernos creer que Nisman no avanzó en la investigación del atentado omiten maliciosamente la circunstancia de que la ley argentina no admite el juicio en ausencia de los acusados.
La siguiente muñeca rusa tiene que ver, precisamente, con esa imposibilidad de seguir el juicio en ausencia, y la constituye la firma del Memorandum con Irán en enero de 2013.
Este pacto se celebró con el alegado pretexto de facilitar la continuación de la causa, a través de una Comisión de la Verdad muy difícil de explicar y una previsión aún más difícil de entender respecto a la posibilidad de que los imputados iraníes declararan, nunca se explicó en qué forma, ante el juez y el fiscal de la causa.
Las organizaciones DAIA y AMIA iniciaron una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad del pacto fundada especialmente en la ilegítima intromisión del Poder Ejecutivo en una causa judicial en trámite, vedada por el art. 109 de la Constitución Nacional.
Este nuevo expediente judicial generó sucesivas declaraciones judiciales, como la de la Sala I de la Cámara Federal porteña que en fallo dividido lo declaró inconstitucional. A partir de aquí comienzan a aparecer uno a uno funcionarios judiciales y del Ejecutivo cual mamushkas autóctonas destinadas a impedir que la verdad de todo este entuerto salga a la luz.
La declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Federal llegó a la Cámara de Casación y allí se generó otra crisis entre el oficialismo y la Justicia, cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación aplicó la nueva e ilegitima Ley de Subrogancias para remover al camarista Luis Cabral ante la inminencia de un nuevo fallo adverso para la pretensión del Gobierno de que el Pacto con Irán sea declarado (¿recordado?) constitucional.
La siguiente causa judicial es la denuncia de Nisman presentada el pasado 14 de enero, en donde el fiscal le atribuyó el delito de encubrimiento de los iraníes imputados nada menos que a la presidente de la Nación, su Canciller y otros funcionarios y personajes menores.
La imputación por encubrimiento (el segundo desde 1994) tiene como base, precisamente, la firma del polémico Pacto con Irán.
Lo que siguió a la denuncia de Nisman es la parte más oscura de la historia, ya que mi colega fue hallado sin vida cuatro días después en el baño de su casa.
Allí empezó una cruel campaña de desprestigio que pretendió disminuir o borrar los efectos de la grave denuncia efectuada.
Aunque pueda debatirse si la sociedad olvidó o no la denuncia de Nisman (es decir, si el Gobierno logró o no este objetivo) lo cierto es que la causa originada por ella fue rápidamente cerrada por los funcionales jueces y fiscales a los que me referí más arriba.
Pero esta historia aún no termina.
Todavía nos quedan la investigación judicial de la muerte de Nisman, que hasta hoy no logra echar luz al asunto, y la investigación del lavado de dinero que habrían perpetrado Nisman, su madre, su hermana y Diego Lagomarsino, impulsada a toda máquina por nóveles mamushkos judiciales. Por eso sostengo que una de las misiones primordiales del próximo gobierno será contribuir a que los operadores legítimos del sistema penal puedan avanzar con libertad en la búsqueda de la verdad de estos hechos. La sociedad argentina, y en especial las familias de todas las víctimas fatales, incluidas las hijas de Alberto Nisman, esperan pacientemente esa conducta de responsabilidad que, en este caso, no es sólo política sino, fundamentalmente, ética.
Ricardo Sáenz
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional