Por
Héctor GIULIANO
(23.2.2016)
La
Argentina se encuentra en vísperas de firmar una de las rendiciones financieras
más grandes de su Historia: la rendición ante los holdouts, los tenedores de
bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.
La
cuestión de los holdouts fue generada, agravada en forma equívoca e
irresponsable y finalmente perdida por la administración Kirchner; y traspasada
así para que fuera un nuevo gobierno quien se hiciera cargo del asunto.
Y
la administración sucesora Macri - cuya política institucional es gobernar con deuda pública - se muestra
declaradamente urgida y ansiosa por liquidar el asunto, a un altísimo costo
financiero fiscal, para volver al mercado internacional de capitales, es decir,
para volver a endeudarse en gran escala en el exterior (que era el mismo
objetivo buscado con el Megacanje Kirchner-Lavagna y la Hoja de Ruta Boudou
2008; y que quedó frustrado por el problema de los holdouts).
Con
el gobierno Kirchner se cumplió el adagio: vivió pagando deuda –
fundamentalmente deuda con terceros a costa de una impagable deuda intra-Estado
(grandes pagos a acreedores privados y organismos financieros internacionales) -
y murió debiendo más de lo que heredó como deuda (un total superior a los
280.000 MD – Millones de Dólares – según cifras al 30.9.2015, sin contar
intereses y tomando sólo la deuda en cabeza del Estado Central).
Cumpliendo
fácticamente una tarea en tándem, la deuda externa desagotada por el gobierno K
sirvió funcionalmente a la sempiterna excusa - ahora del gobierno Macri - de lamentar la pesada herencia recibida (el mismo argumento de base que usaron los
Kirchner y todas las administraciones anteriores) y volver a tomar más deuda que antes.
Se
corrobora de este modo una regla no escrita que dice que los problemas
insolubles derivados del sistema de la Deuda – un mecanismo de deuda perpetua
por refinanciación constante de sus vencimientos de capital – se cura siempre con más endeudamiento.
La
administración K, durante su larga gestión, llevó a cabo una estrategia tan
errónea como gravosa frente a los holdouts:
- Se negó a investigar la legitimidad de las deudas
reclamadas y acordó el Megacanje 2005-2010 para convalidar la deuda
heredada, que en su gran mayoría (más del 80 % del total) correspondía al
anterior Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001, que fue una operación
delictiva y ruinosa para los intereses financieros del Estado.
- Aceptó la jurisdicción de tribunales extranjeros –
para competencia y ejecución de sentencias – y la condición de los fondos
buitre (FB) aceptando los reclamos a Valor Nominal y no a Valor de Compra
de los títulos reclamados.
- Engañó a la opinión pública con el falso argumento
de una quita con el Megacanje que en realidad era íntegramente compensada
con cupones PBI, instaló – con la complicidad de la clase política
mayoritaria - la falsía de un supuesto éxito de negociación que ocultaba
el fracaso de dicho Megacanje, y luego proclamó el mito del
Des-endeudamiento Público.
Todo este conjunto de falseamientos, torpezas y
allanamientos K no sólo agravó la situación financiera y jurídica de la
Argentina sino que dejó preparado el
camino para que una nueva administración, la administración Macri –
partidaria declarada de la vieja fórmula liberal de crecimiento con deuda – volviera a caballo del argumento de la herencia recibida y la necesidad de
terminar de alguna manera con la cuestión de los holdouts, que bloquea su nueva
política de endeudamiento externo en gran escala.
Con el agravante que, en realidad, no se trata tampoco de
una terminación sino de una pseudo finalización de la cuestión - ya que el
problema no son sólo los holdouts sino la deuda pública en sí misma - porque, en los hechos, acabar así con el tema
FB significa que toda la deuda pública existente, más la deuda que se toma para
pagar a los holdouts más la nueva deuda que se tome para financiar las obras
públicas y de infra-estructura va a llevar a una nueva e impagable ola de
macro-endeudamiento del Estado: toda una serie de nuevas obligaciones
fiscales para las que no existe la más
mínima capacidad de pago demostrada.
En este contexto, los preparativos para la firma de la
rendición financiera ante los holdouts conllevan varios puntos relevantes:
a) Pese a su declarada política de transparencia informativa
la administración Macri no ha suministrado todavía datos e informes concretos
sobre los montos a pagar que están en juego: primero se habló del pago al
contado de 6.500 MD sobre un total de reclamos de 9.000 pero ello
correspondería sólo a los juicios y reclamos de los me too alcanzados por la mediación Pollack, mientras que ahora se
reconoce la necesidad de cubrir deudas con 15.000 MD en bonos y un total
general de pagos pendientes por 20.000 MD; lo que se acerca a estimaciones
varias existentes sobre un monto final total a pagar entre 20-30.000 MD.
b) Absolutamente toda la deuda por los juicios perdidos por
el Estado y los reclamos del resto de los holdouts se va a pagar con préstamos
externos tomados en función de colocación de nuevos bonos cuyas características
se desconocen.
c) Los condicionamientos legales del arreglo con los
holdouts – impuestos por el juez Griesa y por el special master Pollack, que es el mediador designado por el juez (y
que, en la práctica, es un re-estructurador
de deuda) - incluyen especialmente la intervención del Congreso Argentino para
comprometer su apoyo al acuerdo propuesto por el Ejecutivo.
Este
último punto es particularmente importante porque se exige como requisito del
acuerdo con los holdouts la derogación formal de la Ley cerrojo 26.017 y de la
Ley 26.984 de Pago Soberano Local, con lo que sería la primera vez que el
parlamento nacional se expida expresa y favorablemente a la convalidación de la
Deuda Pública pese a las investigaciones en curso – expedientes virtualmente cajoneados por la Justicia Argentina –
sobre su probada ilegitimidad de origen (causas Olmos I – con sentencia del
juez Ballestero del año 2000, que el Congreso siempre se negó a considerar –
Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos sobre responsabilidad de
los funcionarios superiores de gobierno).
Aunque
los juicios en curso son formalmente independientes de las decisiones
legislativas – caso reciente de la anulación del convenio Irán-AMIA por la
Corte Suprema pese a estar aprobado por el Congreso – cabe suponer en cambio
que, en este caso, los jueces a cargo de los expedientes respectivos,
sistemáticamente renuentes a promover y/o acelerar las causas, pudieran usar el
arreglo de los holdouts como argumento para darlas por terminadas.
Pero
la importancia y gravedad de lo que derive de esta muy probable convalidación
parlamentaria vía derogación de las dos leyes es algo más complejo todavía:
a) La Ley 26.017 o Ley Cerrojo (del 11.2.2005) – llamada así
porque prohibía abrir el Megacanje (que había sido una oferta voluntaria de reestructuración de bonos
y cuyos términos dieron argumento a los FB para declararse excluidos del pari
passu) ya ha sido suspendida por las leyes 26.547 primero (del 10.12.2009) y la
26.886 después (del 23.9.2013), de modo que se está pidiendo la derogación de
una ley que ya está suspendida por el Congreso.
b) La Ley 26.984 o Ley de Pago Soberano declaraba de interés
público la reestructuración de Deuda del
Megacanje 2005-2010 y reemplazaba al Bank of New York Mellon (BoNY) por el Banco
Nación Argentina (BNA) como agente de pago a los bonistas que entraron en dicha
operación; una decisión que no tuvo resultados prácticos y que resultó
inoperante mientras el desacato del gobierno Kirchner ante el fallo Griesa
agravaba la situación.
c) Pero la Ley 26.984 creó además la denominada Comisión
Bicameral Permanente en el ámbito del Congreso Nacional para la Investigación
del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la
Nación; una comisión que el oficialismo kirchnerista cuidó que no investigara
nada y que – presidida por el diputado Calcagno – no elaborara siquiera su
primer informe de avance (hasta Diciembre del año pasado).
En
función de estos datos no se entendería claramente cuál es la urgencia, importancia
y objetivo concreto de poner como requisito del arreglo con los holdouts la
derogación de estas dos leyes: un objetivo que ofreció el propio gobierno Macri
en su propuesta del 5.2, que receptó y enfatizó el mediador Pollack y que luego
fijó el juez Griesa como requisito del levantamiento de la medida cautelar de
bloqueo de pagos.
Más
allá de sus aspectos formales, la relevancia de este doble condicionamiento no
parece ligada directamente al acuerdo ofrecido (un acuerdo cuyos términos
completos y datos concretos todavía se desconoce).
En
realidad, a los legisladores se los convocaría perentoriamente – el 29.2, bajo
sesiones extraordinarias – no para analizar y/o discutir la propuesta de
arreglo con los holdouts por parte del gobierno Macri sino sólo para derogar
estas dos leyes, que constituyen uno de los requisitos que forman parte de
dicho arreglo.
Por
ende, los legisladores estarían votando sólo una cuota-parte de un acuerdo que
desconocen: una suerte de cheque en blanco ya que su acción convalidaría el
acuerdo.
El
Partido de la Deuda – una estructura de poder inserta en las sucesivas administraciones
de gobierno ocupada en sostener la Deuda Pública como principal fuente de
financiamiento del Estado – avanza así, con la nueva administración Macri, hacia
un nuevo escalón u oleada de macro-endeudamiento.
Es
el estamento que sostiene la impunidad de las irregularidades y de los
múltiples actos de corrupción incursos en el sistema de la Deuda Perpetua de la
Argentina, que es un mecanismo de toma y refinanciación permanente de
obligaciones sin capacidad de pago demostrada; obligaciones que son negociadas
siempre en secreto y sin acceso a la información pública, manejadas vía
contrataciones directas y piloteadas por funcionarios del establishment que en
muchos casos han tenido y/o tienen conflicto de intereses con los acreedores.
Por
lo tanto, qué quiere en realidad el gobierno Macri cuando propone y acepta la
exigencia de la derogación de las dos leyes citadas por parte del Congreso pero
no da paralelamente a conocer los términos concretos ni las informaciones y
documentación de apoyo sobre el acuerdo con los holdouts?
Lo
que pediría entonces el gobierno Macri al Congreso es un aval por compromiso
parlamentario expreso a través de la aprobación de dos piezas que son parte de
un acuerdo que aún se ignora: una suerte de cheque
en blanco a través del cual el Parlamento Argentino quede pegado a su maniobra secreta de acuerdo
completo con los holdouts.
Sería
así la primera vez que el Congreso – un congreso cuya partidocracia dominante
se negó siempre a tratar el problema insoluble de la Deuda Pública Perpetua y
el sistema de corrupción que lo rige – le daría el aval de impunidad soñado al
Partido de la Deuda.
En
materia de endeudamiento, estamos hoy frente a la inminencia de otro acto mayúsculo
de servidumbre de la clase política adicta para convalidar un sistema de Deuda
con el que la nueva administración Macri afianzaría su política de gobernar con Deuda bajo el eufemismo de reinsertar a la Argentina en el Mundo:
un esquema que funciona como círculo vicioso diseñado precisamente para volver a
endeudarse sin capacidad de repago, como no sea tomando siempre más deuda.