Mariano Obarrio
LA NACION, 24
DE JUNIO DE 2016
La principal novedad de la reforma política que el
presidente Mauricio Macri anunció ayer y que hoy enviará al Congreso en tres
proyectos de ley consiste en que se modificarán las elecciones primarias
abiertas y simultáneas obligatorias (PASO): los precandidatos a presidente
competirán en soledad, sin formula cerrada con vicepresidente y sólo una vez
consagrados ganadores elegirán a su vicepresidente para las elecciones
generales.
Hasta 2015, dentro de una fuerza podían competir
fórmulas de presidente y vice y en caso de perder no podían hacerlo en la
general. En cambio, si se aprueba la reforma, en 2019 quien resulte candidato a
presidente ganador podrá convocar al perdedor o a un dirigente cualquiera,
incluso de otro partido político, para ampliar la base electoral.
El único requisito, eso sí, será que ese dirigente no
haya competido en otra alianza política diferente durante las PASO. "Este
punto se incorporó a último momento. Permitirá que un candidato a presidente
pueda elegir como vicepresidente a quien compitió contra él en las primarias o
a otro dirigente cualquiera", dijo a LA NACION una alta fuente del
Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio.
La reforma política, que coordinó el secretario de
Asuntos Políticos, Adrián Pérez, fue presentada ayer en el Centro Cultural
Kirchner (CCK) por el Presidente. El eje fundamental de la reforma será el
nuevo sistema de boleta única electrónica (BUE) para todo el país, que fue
aplicado con éxito en la Ciudad de Buenos Aires, Salta y Chaco en 2015.
En principio, ese sistema evitaría, entre otros
delitos, el robo de boletas de papel, el "voto cadena" y aceleraría
el escrutinio: el dispositivo emite una boleta en papel pero además registra el
voto en forma digital. Sobre ello, Macri dijo que "la Argentina del futuro
es la que se aleja de la trampa; tenemos que alejarnos de esa política, según
la cual el que roba más boletas es el más vivo, o el que demora los conteos,
también. Todo eso, la boleta de papel, es lo que tenemos que dejar atrás".
Sin embargo, los miembros de la Cámara Nacional
Electoral (CNE) no quedaron del todo conformes con la reforma, aunque aclararon
que no asistieron al acto para preservar su independencia como jueces.
Según pudo saber LA NACION, la CNE le critica al
macrismo que en la última campaña impulsó la idea de sacar del Poder Ejecutivo
el órgano de control de las elecciones y llevarlo a la Justicia, es decir a la
propia CNE. Pero ello era cuando gobernaba Cristina Kirchner.
En cambio, en la actual reforma la Dirección Nacional
Electoral quedará en el Ministerio del Interior. "No descartamos que vaya
a la Justicia. Se discutirá desde 2017, porque hay sectores que quieren que sea
independiente y multipartidario", dijo a LA NACION un funcionario de
Interior.
Por otra parte, la CNE tendrá más competencias de
auditoría sobre el nuevo sistema electrónico, sobre el financiamiento de los
partidos y sobre los ilícitos, pero se queja de que no se le aseguró
financiamiento para ello. En Interior aclararon que esa partida estará en el
presupuesto 2017.
Los jueces alertaron además de que el desarrollo
propio del nuevo sistema electoral que hará el ministro de Modernización,
Andrés Ibarra, podría costar 1000 millones de dólares y no ser seguro. Pero en
esa cartera desestimaron ese número en forma tajante. Y aclararon que Ibarra
lanzará el 15 de julio un proceso de consultas técnicas a empresas y expertos
informáticos para conformar los pliegos de licitación abierta de software y
equipos.
En los tres proyectos de ley que se enviarán hoy al
Congreso se eliminarán además las listas colectoras; se impedirán las
candidaturas múltiples; se crearán controles y sanciones para ilícitos
electorales; se creará un nuevo fiscal general especializado ante la Cámara
Electoral; se aumentarán de ocho a 24 los auditores contables para el
financiamiento de los partidos; se creara un cuerpo de auditores informáticos;
se instrumentará el debate presidencial obligatorio y se sancionará una ley
para reglamentar la transición entre gobiernos salientes y entrantes.
Entre los presentes estaba el ex director nacional
Electoral, Alejandro Tullio, miembro ahora de la ONG Argentina Elige. "La
ley debe ser un aporte a la modernidad y a la seguridad de los procesos
electorales. El cambio está en el sentido correcto, pero es clave la manera en
que se implementará, porque es muy importante el control para garantizar la transparencia
de las elecciones."
Los ejes de la reforma política
El cambio fundamental será el nuevo sistema de boleta
única electrónica (BUE) para todo el país, que ya fue aplicado en la ciudad de
Buenos Aires, Salta y Chaco en 2015.
La Comisión Nacional Electoral tendrá más competencias
de auditoría sobre el nuevo sistema electrónico, sobre el financiamiento de los
partidos y sobre los ilícitos.
Los precandidatos a presidente competirán en las PASO
en soledad, sin formula cerrada con vicepresidente y recién una vez consagrados
ganadores elegirán a su vicepresidente.
En los tres proyectos de ley se eliminan las listas
colectoras y se impiden las candidaturas múltiples.
Se crearán controles y sanciones para ilícitos
electorales y surgirá un nuevo fiscal general especializado ante la Cámara
Electoral.
El debate presidencial será obligatorio para la
campaña de 2019 y se sancionará una ley para reglamentar la transición entre
gobiernos salientes y entrantes