EL BREXIT PUEDE AYUDAR A NEGOCIAR MALVINAS

Felipe de la Balze

 Clarin.comOpinión31/07/16

La decisión británica de salir de la Unión Europea tendrá consecuencias políticas, económicas y estratégicas que se sentirán en el mediano plazo, inclusive en la relación de nuestro país con el Reino Unido y en el desarrollo futuro del conflicto sobre Malvinas.

La sorpresa por lo ocurrido fue grande y las reacciones por parte de supuestos “expertos locales” fueron apresuradas. Sostener que “el populismo y la xenofobia eran las fuerzas que impulsaron el voto británico” es desconocer el carácter profundamente individualista y tolerante del pueblo británico. Señalar que “las consecuencias del Brexit dificultarán la estrategia del gobierno argentino de reintegrar nuestro país a la economía mundial” es desconocer que el impacto de la salida de Gran Bretaña en la economía global será modesto y asimétrico. Comercializamos poco con dicho país, cuya economía representa solo el 1,3% del PBI mundial y una mayor incertidumbre europea quizás acreciente el interés del capital internacional para invertir en países emergentes como el nuestro. Finalmente, sostener que “el proceso de globalización está en peligro” es un error de apreciación respecto a las implicancias del proceso que los británicos pusieron en marcha. Ellos no se proponen salir de la Unión Europea y cerrar su economía al mundo, sino todo lo contrario. El gabinete de la Primer Ministro Teresa May anunció que negociará acuerdos bilaterales de libre comercio con numerosos países y dejará atrás el inmovilismo anterior.

En esa línea, José Serra, el ministro de Relaciones Exteriores brasilero expresó, hace pocos días, el interés de su país de negociar un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Gran Bretaña. Esto contribuiría a presionar a la Unión Europea, con la cual se negocia infructuosamente desde 1994.

La salida de Gran Bretaña no es la causa de la crisis europea sino un síntoma de los problemas que aquejan a la Unión Europea y que redujeron el atractivo del proyecto integracionista para muchos ciudadanos y países miembros.

Europa está económicamente estancada y sufre las consecuencias de altas tasas de desempleo. El admirado Estado de bienestar europeo no puede financiarse con los recursos disponibles. Las excesivas regulaciones y la elevada carga impositiva penalizan el trabajo y la inversión. Europa es como una familia que recibe una importante herencia y luego “se deja estar”, viviendo de su “patrimonio”.

El envejecimiento poblacional es una pesada carga que se intentó paliar con una inmigración masiva (mayoritariamente musulmana). Como consecuencia, se suscitaron tensiones que se vieron agravadas, en los últimos tiempos, por la presión ejercida por cinco millones de sirios desplazados de sus hogares por la guerra civil. Al problema de los refugiados se le agrega la amenaza terrorista que genera temores que ponen en juego la convivencia civilizada y radicalizan el accionar político.

El proyecto de integración europeo (valioso por preservar la paz, crear un amplio mercado común y promover valores occidentales universales) perdió el rumbo y se internó en una trayectoria institucional donde primó la desmesura y una ambición excesiva.

La Europa fundacional de los Seis creada en 1957 (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) se transformó en un conglomerado de veintiocho países difícil de manejar y donde en las negociaciones prima la inercia de la “ley del mínimo común denominador” y un creciente exceso de normas burocráticas que solo los “expertos” y los “lobbies” pueden gestionar.

La creación de la moneda común, el “euro”, sin una administración fiscal compartida y sin un sistema adecuado de control financiero, generó durante los últimos años graves conflictos de interés entre países acreedores y deudores dentro de la misma Europa.

La pretensión de la Unión Europea de transformarse en una potencia mundial sin tener una política exterior compartida y sin un proyecto de defensa propio y creíble (Europa sigue protegida por los Estados Unidos bajo el paraguas de la OTAN) crean una seria incongruencia entre ambiciones y poder.

Finalmente, no existe un genuino nacionalismo europeo. A medida que se alejó en el tiempo el espectro de las guerras del siglo pasado, florecieron las diferencias. El mercado único y un ramillete de principios compartidos -aunque no siempre practicados- no son suficientes para borrar el peso de la diversidad cultural y resolver los conflictos de interés generados por desafíos internos y externos.

Gran Bretaña deja la Unión Europea pero sigue estando en Europa y negociará durante los próximos dos años un tratado de libre comercio –como el que tiene Suiza-. Londres, a pesar de las ambiciones de Francfort y París, mantendrá su primacía como el centro financiero de Europa, posición que detenta desde mediados del siglo XIX y que se fundamenta en sólidas ventajas competitivas (el idioma inglés, un sistema legal probado y menores costos operativos).

La Unión Europea también seguirá se camino. El Brexit es un llamado de atención a moderar la desmesura, a ejercer mayor responsabilidad en la gestión macroeconómica, a recuperar el control de las fronteras y a darles más espacio a los ciudadanos y menos a la burocracia.

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea abre un interesante espacio de negociación entre la Argentina y dicho país. La negociación de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Gran Bretaña es factible. El comercio bilateral actual es modesto, pero Gran Bretaña podría transformarse en un importante comprador de alimentos argentinos; es el miembro de la Unión Europea más dispuesto a liberalizar sus importaciones de alimentos. Por otra parte, el potencial desarrollo de la explotación petrolera en el Atlántico Sur también ofrece un campo donde podrían identificarse importantes beneficios económicos compartidos.

En el marco de estos intereses compartidos, y con el apoyo de países amigos, ambos gobiernos podrían iniciar un diálogo constructivo sobre el tema de las Malvinas y, quizás, dar los primeros pasos para avanzar en una solución política de largo plazo y aceptable para ambas partes.

Felipe de la Balze es economista y negociador internacional.

EL CASO VIOLA Y LA LESA HUMANIDAD

La Nación,  29 DE JULIO DE 2016

El 1° de diciembre de l974 el país fue conmovido por un nuevo atentado terrorista de los muchos perpetrados en esa década. Tres individuos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ametrallaron a mansalva en Tucumán el auto del capitán Humberto Viola, que transitaba con sus hijas María Cristina y María Fernanda, de tres y cinco años, asesinando a los dos primeros y dejando gravemente herida a la última.

Embarazada entonces de cinco meses, María Cristina Picón de Viola, esposa y madre de las víctimas, contempló horrorizada cómo su familia era diezmada por los terroristas.

Eran tiempos difíciles. La Argentina estaba inmersa en un duro conflicto armado interno y sufría -cabe recordar- un ataque sistemático contra la población civil, que amenazaba con destruir la República. María Estela Martínez de Perón había decretado el estado de sitio, denunciando expresamente la barbarie desatada.

Más de cuarenta años han pasado desde entonces y tan sólo unos pocos partícipes en esos hechos de terrorismo han sido juzgados.

Una petición de la viuda del capitán Viola para que se reabra la investigación, por considerar esos asesinatos crímenes de lesa humanidad, fue denegada por el juez federal actuante, quien alegó que lo sucedido no encuadraba en ese tipo penal. La Cámara Federal de Tucumán no compartió el criterio del juez y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que, si aparecen nuevas pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de crímenes de lesa humanidad, las investigaciones pueden efectivamente ser reabiertas. No obstante, no dispuso reabrirlas, fundándose en que los responsables habían sido ya juzgados; lo hizo sin advertir, lamentablemente, que el camarista Marcos Herrera, al emitir su voto en la sentencia de condena, años atrás, había enfatizado expresamente que muchos de los responsables no habían sido juzgados y que tampoco lo habían sido los autores ideológicos del atentado. Al interponer el recurso de casación, la señora de Viola identificó como autores mediatos a los integrantes del buró político del ERP y solicitó su indagatoria.

El recurso fue rechazado, al considerar los camaristas Cabral, Gemigniani y Figueroa que los miembros del buró político del ERP que ordenaron asesinar al capitán Viola no tenían vinculación con ese crimen. La Corte Suprema se negó a abrir el recurso extraordinario.

Ante lo sucedido, la viuda del capitán Viola acaba de formular una presentación ante la CIDH. Denuncia la violación de los derechos resguardados por los artículos 5°, 8° (garantías judiciales), 11° y 25° (protección judicial), así como del artículo 3°, común de las Convenciones de Ginebra de 1949. Este último establece que no se puede atentar contra civiles inocentes en ningún tipo de conflicto armado, sea internacional o interno, un hecho que -de producirse- configura un delito de lesa humanidad.

Sin perjuicio de que en el conocido fallo "Tadic" el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estableció que los actores no estatales también pueden ser autores de crímenes de lesa humanidad, la señora de Viola aporta en su denuncia abundantes pruebas para demostrar que el terrorismo en la Argentina fue también terrorismo de Estado. No sólo por haber contado con el financiamiento y el apoyo del Estado cubano, sino también por haber sido facilitado por la acción u omisión del Estado argentino.

No debe tampoco olvidarse que, luego del ataque del ERP al Regimiento de Azul, el presidente Juan Domingo Perón denunció que, no por casualidad, tales hechos ocurrían en determinadas jurisdicciones, exigiendo la inmediata renuncia de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, Oscar Bidegain y Ricardo Obregón Cano, respectivamente.

La señora de Viola expresa que le es particularmente doloroso formular su denuncia en momentos en que la enorme corrupción de los gobiernos kirchneristas está saliendo a la luz. Esos gobiernos estuvieron integrados por algunos miembros prominentes del ERP y de Montoneros, organizaciones armadas que se arrogaron el derecho de asesinar a civiles inocentes para construir presuntamente un mundo "más justo, solidario y honesto".

"El ideal ha sido transformado en una farsa y ha quedado al desnudo. Ni un peso de las enormes sumas obtenidas mediante los secuestros extorsivos llevados a cabo por el terrorismo guerrillero en la década del 70 fue devuelto para disminuir la pobreza y la desnutrición. Impunes, pretenden seguir gozándolos y acrecentándolos", concluye la señora de Viola. La palabra en este delicado tema la tiene ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

SIN LA EDAD MÍNIMA, EN BRASIL EL SISTEMA ENFRENTA UN ENORME DESAFÍO

Alberto Armendáriz

LA NACION,  31 DE JULIO DE 2016

.- El sistema de jubilaciones de Brasil es uno de los más complejos de la región porque conjuga dos modalidades -por edad y por tiempo de contribución- con varias alternativas. En la práctica esto ha llevado a que no exista una edad mínima de retiro y la edad media en que los brasileños se jubilan es de 53 años, una de las más bajas del mundo. La situación presenta un grave problema de costos.

A la mayoría de los asegurados de Previdencia Social en el sector privado, no se les requiere una edad mínima para jubilarse. Para tener derecho a una jubilación sólo hay que comprobar un tiempo mínimo de contribuciones, establecido en 35 años para los hombres y 30 para las mujeres. E incluso se reduce en cinco años para los docentes que tengan un tiempo efectivo en el ejercicio exclusivo de su trabajo en la educación infantil, primaria o secundaria. El monto de la pensión depende de la cantidad de años de aportes. Para el sector público -tanto empleados federales, estatales como municipales- sí hay una edad mínima de jubilación integral que es de 60 años (hombres) y 55 (mujeres).

Sin embargo, el sistema reformado en 1991 contempla también el derecho a la jubilación cuando se llega a una edad considerada de riesgo social, fijada en 60 años para las mujeres y en 65 para los hombres que trabajan en las ciudades, y en 55 para las mujeres y 60 para los hombres residentes en áreas rurales. Aun así, las personas deben comprobar un mínimo de tiempo de contribución que varía entre 11 años y medio y 15, según cuándo se afiliaron a la Previdencia Social (antes o después de la reforma).

Con los cambios demográficos sucedidos en las últimas décadas en Brasil, el sistema de jubilaciones ha estado en el centro del debate. De tener una tasa de fertilidad de cuatro hijos por mujer en los 80, hoy el gigante sudamericano la redujo a sólo 1,7, bastante debajo del mínimo para que la población se reemplace. Por otra parte, la esperanza de vida pasó de 62 años en 1980 a 74 ahora.

Pese a la resistencia de los sindicatos y de algunos sectores de su propio Partido de los Trabajadores (PT), el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff -actualmente suspendida mientras aguarda la votación final en el juicio político que le inició el Congreso por manipulación de las cuentas públicas- intentó modificar nuevamente el sistema de jubilaciones para reducir los grandes costos.

El presidente en ejercicio, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), adelantó que de ser confirmado en el cargo ante la eventual destitución de Rousseff, presentará una reforma de la Previdencia Social como una de las medidas para sacar al país de la profunda crisis económica. La idea de Temer y su equipo económico, liderado por el ministro Henrique Meirelles, es fijar una edad mínima de jubilación más alta para todas las categorías y, a la vez, elevar los porcentajes de contribuciones.

EL DEBATE SOBRE LA EDAD JUBILATORIA

La Nación,  31 DE JULIO DE 2016

La cuestión de la edad jubilatoria alcanzó los medios públicos como consecuencia de las declaraciones aparentemente contradictorias de dos altos funcionarios. El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, expresó que se puede trabajar muy bien después de los 65 años. Viniendo esas palabras de quien tiene responsabilidades en la atención de la clase pasiva, se tomó su afirmación como un proyecto oficial de extender la edad de retiro. Casi de inmediato, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, desmintió que eso estuviera bajo estudio ni que fuera un tema a tratar por la comisión que analizará posibles reformas al sistema previsional.

A partir de la contrarreforma de 2008, el sistema de jubilaciones en la Argentina ha vuelto a ser estatal y de reparto. Su factibilidad financiera está condicionada a la relación entre el número de aportantes y el de beneficiarios. Antes de la creación del sistema de capitalización, en 1995, esa relación ya tendía a ser crítica y fue justamente eso lo que motivó la reforma. El desplazamiento de los aportes al sistema privado hizo necesario que el pago de las jubilaciones y pensiones que quedaron a cargo del Estado se hiciera con recursos provenientes de otros tributos. El 15% de la masa de impuestos coparticipables fue detraído de las provincias y derivado a la Anses.

Luego de la reestatización, los aportes de todos los trabajadores formales volvieron a la Anses, al igual que los fondos acumulados con los que se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El gobierno nacional de entonces evitó disponer el retorno a las provincias de aquel 15% de los impuestos coparticipables. En realidad, los necesitaba porque el equilibrio del sistema de reparto se había agravado al empeorar la relación entre activos y pasivos. Tres provincias hicieron juicio y la Corte Suprema de Justicia sentenció en favor de ellas un mes antes del 10 de diciembre de 2015.

Días después, la ex presidenta Cristina Kirchner extendió por decreto esa sentencia al resto de las provincias para agregar otra perversa bomba de tiempo a la gestión del presidente Macri. Naturalmente, Macri desactivó esa bomba mediante otro decreto de necesidad y urgencia, pero no tuvo más remedio que negociar con las provincias una gradualidad en la devolución de la recaudación de esos impuestos. La Anses queda desfinanciada teniendo transitoriamente como salvavidas el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Debe decirse, sin embargo, que desde 2008 este Fondo fue intensamente utilizado para solventar el déficit fiscal y para financiar obras públicas de escasa o nula rentabilidad. Hoy está integrado principalmente por títulos públicos y créditos incobrables.

Los ahorros acumulados por los aportantes al sistema de capitalización que fueron confiscados, ya no respaldan su futura jubilación. Debe recordarse además que mediante dos moratorias se jubilaron alrededor de 3,5 millones de personas que no habían realizado aportes. A esto hay que agregar las obligaciones que crea la reciente ley 27.260 de Reparación Histórica de los Jubilados. El pasivo a futuro será impagable si no se hacen reformas que permitan una situación más equilibrada. Una de esas reformas es el aumento de la edad de retiro.

Hay varias circunstancias que contribuyen a hacer posible ese aumento que, como hemos visto, es necesario para lograr la solvencia del sistema. Más imperioso aún si es que la decisión es continuar con un sistema estatal de reparto. La esperanza media de vida en la Argentina ha aumentado sostenidamente. Desde 1966 hasta 2014 ha pasado de 65,8 a 76,2 años. Debe hacerse notar que es mayor en las mujeres (80,1 años) que en los hombres (72,4 años).El porcentaje de la población de más de 65 años ha evolucionado desde un 11,2% en 1966 a un 23,5% en 2014. Actualmente, la relación es de 1,13 aportantes por cada beneficiario. Es una relación insostenible ya que para equilibrar el sistema cada aportante debería entregar el 88% de su salario.

Las declaraciones de Regazzoni hicieron referencia a la capacidad de las personas para trabajar después de los 65 años. Su profesión de médico avala esa afirmación, que por otro lado está claramente demostrada por la ciencia. Por lo tanto es de toda lógica y necesidad programar un aumento de la edad jubilatoria. Naturalmente, ello debe seguir un curso racional que no aleje abruptamente la fecha de retiro de quienes están muy próximos a hacerlo. No hay motivo, además, para que no se iguale esa edad entre mujeres y varones. Este proceso debería ser muy bien explicado y expuesto ante la sociedad. No hay en esta cuestión ningún aspecto ideológico. No debiera el jefe de Gabinete renunciar a esta reforma que hoy se percibe como ineludible en el marco de una crítica situación previsional y fiscal.

EL GOBIERNO NO CONSIGUE ACHICAR EL DÉFICIT FISCAL

(Clarín, ieco, 31-7-16)

Las cuentas del Estado (millones de $)

Descripción     En-Jun 2015   En-Jun 2016   Dif. %

Def. primario    42.612             41.51l8        -2,6

Intereses          48.648             91.012      +87,1

Subtotal 

                            
                         91.260            132.539      +45,2

BCRA/Anses    45.544               60.708      +33,3

Total                136.804             193.238      +41,3

DOCUMENTO SOBRE DD.HH.

Por Urgente24, 30 de julio de 2016

La Justicia y los Juicios de Lesa Humanidad

“Y la que los músicos llaman armonía en el canto,

Es lo que en la ciudad de llaman concordia,

Vínculo de bienestar seguro y óptimo para toda república,

Pues ésta no puede subsistir sin la justicia.”

Cicerón, República, II, 42 y 44

Quienes firmamos esta declaración hemos dedicado nuestras vidas a la enseñanza y la práctica del derecho y, por ende, al servicio de su fin o ideal: la justicia.

La justicia entre nosotros ha sufrido ataques y daños de considerable envergadura durante los últimos años, lo que ha generado amenazas muy graves para el bien común y la salud de la República.

Creemos que, gran parte del universo jurídico de la Argentina, con la sola exclusión de individuos fuertemente ideologizados, ha tomado conciencia del grave estado de situación que afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que viola elementales nociones de justicia y sus derechos humanos.

Así, se constata que, bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad, se violó el principio de legalidad, se reabrieron procesos que habían adquirido categoría de cosa juzgada y a los supuestos responsables de esos delitos se los ha privado de su derecho a un debido proceso, se les ha negado el beneficio de la detencón domiciliaria y se los ha excluido de una asistencia médica elemental.

Son los únicos a quienes se mantiene en prisión provisional, sin condena, luego de dos, tres, diez y más años. Son los únicos los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Son los únicos a los cuales se les niega el instituto de la prescripción. Son los únicos a quienes no se les conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan legalmente todos los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados o condenados.

De resultas de este estado de cosas, hasta el momento 1.435 personas han sido privadas de su libertad y, de éstas, 248 llevan más de tres años de prisión preventiva y 360 han muerto en cautiverio. Todo ello en abierta violación a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

No menos censurable es el contexto y forma en que se han desarrollado estos juicios, ofreciendo en muchos casos un espectáculo indigno, absolutamente impropio de lo que debe esperarse de un tribunal, llegándose incluso a trasladar a los tribunales a personas en camilla o visible situación de incapacidad.

Asimismo, a los parientes de las víctimas del terrorismo que tuvo lugar antes de 1976 no se les ha reconocido reparación alguna, ni siquiera el derecho a la verdad. Una jurisprudencia amañada ha considerado que los graves hechos que se llevaron la vida de sus parientes no constituyen delitos de lesa humanidad por no haber existido intervención del Estado en su comisión. ello pese a que el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y tipificó la figura de lesa humanidad, vigente en la Argentina a partir de Julio de 2002, considera expresamente, tanto a los delitos cometidos por agentes del estado cuanto a los perpetrados por bandas armadas, dentro de la misma categoría de lesa humanidad y, por ende, sujetos a idéntico régimen de imprescriptibilidad, entre otras características diferenciadoras de los delitos comunes.

En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones. Esta asimetría hiere la conciencia y reclama urgente reparación. De lo contrario, lejos de hacerse justicia se habrá incurrido e una grave  arbitrariedad.

No podemos aceptar que a las puertas del Bicentenario persista esta situación que continuará creando grietas en la sociedad, y que además, puede acarrearle a la Argentina responsabilidad internacional por la grosera violación de convenios internacionales. Esto debe terminar. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y de la instrumentalización política del odio y la venganza que caracterizaron a los años precedentes, constituyen una esperanza y es indispensable que restauren la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos de orden jurídico.

Buenos Aires, Julio 29 de 2016

Juan Ramón Aguirre Lanari - Julio E. Altamira Gigena - Jaime Anaya - Gregorio Badeni - Alberto Bianchi - Juan Carlos Cassagne - Ivan José María Cullen - Siro M.A. De Martini - Daniel Funes de Rioja - Guillermo Ledesma - Roberto Luqui - Daniel Sabsay - Alfonso Santiago - Jorge Vanossi.

LA DEUDA DEL BANCO CENTRAL POR LEBAC

Por Héctor GIULIANO

(29.7.2016)

La administración Macri – lo mismo que su antecesora Kirchner – está haciendo uso y abuso de la emisión de Letras del Banco Central (BCRA): las LEBAC.

Las LEBAC son títulos de deuda propios y de corto plazo que emite el Banco con el objeto de absorber pesos del mercado financiero.

Estas letras – creadas en 2002 por el gobierno Duhalde después de la crisis de la Convertibilidad – cumplen una doble finalidad práctica: a) frenar la inflación reduciendo la liquidez de plaza (aunque soslayando que su costo financiero es también un factor de inflación), y b) enfriar el traspaso de pesos a dólares ofreciendo altas tasas de interés locales (especialmente cuando esa tasa es superior a la tasa de devaluación del peso frente al dólar y terceras monedas).

Los rendimientos de las LEBAC son tasas de interés implícitas porque surgen de la diferencia entre precio de colocación bajo la par contra pago a valor nominal al vencimiento y sirven como referencia a las tasas del mercado, particularmente la tasa mayorista BADLAR, que es la tasa promedio pagada por depósitos a plazo fijo a 30-35 días sobre importes mayores al millón de pesos.

Normalmente las LEBAC se consideran instrumentos de regulación monetaria y en los últimos años se han convertido, en la Argentina, en la principal herramienta para regular la liquidez de la economía (o cantidad de dinero circulante), además de fijar la tasa de interés de referencia citada. 

Pero esta aceptación generalizada del concepto y uso de las LEBAC puede ser discutible.

En línea con lo que dice la normativa básica del BCRA, el Dr. Eduardo Conesa – en su libro sobre Macroeconomía – resume la doctrina financiera en materia monetaria diciendo que el Banco tiene cuatro formas básicas de regular la cantidad de dinero en el Mercado:

1)    Aumentando o disminuyendo los encajes bancarios o encajes legales por depósitos de los bancos, que producen reducción o expansión de la Base Monetaria (BM), respectivamente.

2)    Realizando Operaciones de Mercado Abierto (OMA), por las que el BCRA compra o vende Títulos Públicos ya colocados por el Estado.

3)    Subiendo o bajando la Tasa de Descuento o Redescuento a bancos privados por los préstamos o adelantos que le da contra entrega de garantías en títulos-valores. Y

4)    Comprando o vendiendo divisas en el mercado de cambios, esto es, interviniendo en forma directa con uso de sus reservas internacionales.

La norma original no contemplaba que el BCRA pudiera emitir obligaciones propias, es decir, deuda cuasi-fiscal para cubrir estas funciones.

La introducción de las LEBAC como instrumento de regulación monetaria o variante de las OMA se produce por un agregado a la Carta Orgánica (CO) del BCRA modificando el artículo 18 de la misma, que se refiere a las operaciones autorizas del Banco y que fue dada con la siguiente secuencia:

-       Con fecha 8.2.2002 se promulga la Ley 25.562, que modifica las leyes 24.144 de CO BCRA y 21.526 de Entidades Financieras.

-       Pocos días después – el 5.3 – el Poder Ejecutivo (PE) dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 401/2002, que en su artículo 1 incorpora un nuevo inciso a las operaciones del 18 de la CO BCRA, que dice: i) Emitir títulos o bonos, así como certificados de participación en los valores que posea.

-       Este inciso agregado constituye la principal fuente de interpretación por la que el BCRA se considera facultado a emitir – emitir por su cuenta, discrecionalmente, sin topes o medidas de contralor externas y sin demostración de capacidad de repago  – las LEBAC y NOBAC (Notas del BCRA) que está colocando desde hace años y en gran escala.

-       Las notas oficiales del Balance BCRA ratifican siempre expresamente que estos títulos emitidos por el Banco son parte  de las operaciones autorizadas por el artículo 18, inciso i) de la CO.

Tal es el origen y fundamento de las LEBAC/NOBAC desde el punto de vista estrictamente jurídico, aunque bajo una interpretación oficial que pudiera ser controvertible.

Pero los efectos financieros directos de las LEBAC son tan preocupantes como sus efectos legales:

a)    Según el último balancete semanal o Estado resumido de Activos/Pasivos del BCRA el saldo de los Títulos emitidos por el BCRA (Letras/Notas) es hoy de 602.300 M$ (Millones de Pesos - con redondeo - al 23.7), equivalentes (≡) a unos 40.300 MD (Millones de Dólares, al tipo de cambio de 14.9517 $/US$).

b)    Este importe es casi igual a la Base Monetaria (BM) – un 91.5 % - que a la misma fecha suma 658.400 M$ (≡ 44.000 MD); lo que configura el despropósito financiero de que el BCRA retenga prácticamente la mitad de la BM que emite, con el agravante que lo hace pagando por ella altísimas tasas de interés.

c)    Pagar tasas que estarían actualmente a un promedio de 33-34 % anual – las LEBAC a 35 días de plazo, que son la mayoría, pagaban hasta hace poco 38 % y ahora han descendido gradualmente a 30.25 %)  - implica abonar por intereses más de 200.000 M$ en un año: es el doble de lo que paga el Estado Central (o que dice pagar, según Presupuesto 2016) por toda su Deuda Pública performing declarada de unos 234.200 MD (!).

d)    Durante el Ejercicio 2015 – según el Cuadro de Resultados – el BCRA pagó intereses por unos 80.000 M$ (79.800), de los que 77.200 M$ correspondieron a LEBAC/NOBAC; por lo que en el corriente año los Intereses Perdidos, a pagar,  resultarían más del doble.

e)    Paradójicamente, el costo financiero de estas letras/notas habría sido así de un 19-casi 20 % promedio (80.000 M$) mientras que el rendimiento por la colocación de las reservas internacionales del BCRA fue sólo 214 M$ (≡ 16.5 M$, al tipo de cambio 13.005 $/US$ de cierre 2015): un 0.06 % (!).

Dicho en otros términos: que durante el año pasado – estimando promedios como  función aproximada de los saldos finales del ejercicio – tendríamos que los intereses pagados por las letras/notas (saldo 416.600 M$ ≡ 32.000 MD) fueron 370 veces mayores que los intereses ganados con la colocación de reservas (332.500 M$ ≡ 25.600 MD): 79.800 M$/214 M$ = 373 veces.

Siendo que esa deuda por LEBAC deriva justamente de una política de compra indirecta de reservas con deuda: 1) el BCRA emite pesos, 2) con esos pesos compra dólares, 3) gran parte de esos dólares son prestados (sin garantía de devolución) al Tesoro, para que éste pague deuda externa, y 4) el BCRA emite letras para esterilizar la mayor parte del dinero que emitió, pagando elevados intereses.

Tal es el mecanismo perverso a través del que se cierra el circuito de re-endeudamiento constante del BCRA, con su altísimo costo financiero consecuente.

Y cuya contrapartida se corresponde lógicamente con las extraordinarias ganancias obtenidas por el club de los grandes bancos compradores de LEBAC/NOBAC, que semanalmente viven renovando sus vencimientos bajo la carta extorsiva de obtener altas tasas de interés para no pasarse al dólar.

Con el agravante adicional que estas operaciones de letras/notas están sistemáticamente calzadas con nuevas operaciones de dólar a futuro, para cubrir las eventuales y siempre muy probables diferencias de cambio.

Recientemente una nota del presidente del BCRA Sturzenegger precisó - o más bien recordó - que conforme a su naturaleza jurídica las letras el Banco se utilizan para regular la cantidad de dinero y crédito del Mercado, diferenciándose por ello de los títulos emitidos por la Tesorería, que buscan contraer Deuda Pública.

La definición no sería de importancia menor ya que así las LEBAC se sustraen del régimen y control de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, aunque ello genera resistencias en los sectores financieros ligados al gran negocio de la Deuda porque los títulos públicos están exentos  del pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales.

En cuanto a este último punto, empero, el BCRA deslinda su competencia en el tratamiento impositivo o tributario, que lo considera tema de la AFIP.

Más el problema de fondo subsiste porque el uso en escala masiva de las LEBAC/NOBAC deviene desde hace tiempo muy discutible como supuesta herramienta de regulación monetaria ya que estos papeles se han convertido abiertamente en instrumentos de especulación financiera – por arbitraje entre tasas de interés y tipos de cambio – porque constituyen en la práctica otra ventanilla lateral de endeudamiento del Estado y porque el quantum de las mismas deriva del circuito perverso de comprar Reservas con Deuda, debido a que el BCRA no compra reservas con fondos genuinos (propios o del gobierno) sino con dinero que imprime sin respaldo y que luego – el propio BCRA emisor – lo absorbe pagando altísimas tasas de interés; incurriendo así en el absurdo de pagar intereses por el dinero que emite.

Este gravísimo cuadro de situación jurídico y financiero - que da lugar a uno de los campos de negocio por especulación financiera más grandes que afectan las finanzas del Estado y la vida economía del país - se sustrae a la regulación y control externo sobre tal endeudamiento cuasi-fiscal del BCRA, elude la normativa de la Ley 24.156 de Administración Financiera y, en definitiva, soslaya el cumplimiento de las reglas del régimen general de la Deuda Pública, que son facultad del Congreso.-    

LÍDERES IGNORAN CONTROVERSIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Tom Harris

The Epoch Times

Julio 11, 2016

(Fuente: mitosyfraudes.org )

En la “Declaración de Líderes sobre la Sociedad Norteamericana para el clima, Energía Limpia, y el Ambiente, el 29 de junio, el Presidente Obama, el Primer Ministro de Canadá Trudeau, y el presidente mexicano Peña Nieto acorda-ron “trabajar juntos para implementar al histórico Acuerdo de París, apoyando nuestra meta de limitar al aumento de la temperatura en este siglo a menos de 2 grados Celsius.”

Obama le dijo al Parlamento de Canadá, “¡Este es el único planeta que tenemos, y esta es posiblemente la última oportunidad que tenemos para salvarlo!

Detrás de tales afirmaciones está la injustificada creencia de que la ciencia del clima está bien comprendida. De acuerdo con Obama, Truedau y Peña Nieto, nos espera una catástrofe climática si no reducimos nuestras emisiones de dióxido de carbono alejándonos rápidamente de los combustibles fósiles.

Pero miles de científicos independientes, altamente calificados, no comparten esa opinión. Además de sus publicaciones científicas, ellos hicieron ver sus puntos de vista a través de incontables editoriales de diarios y cartas abiertas. Quizás la más directa haya sido Registro de científicos del Clima de la Coalición Internacional de Ciencia Climática (ICSC). En el espacio de apenas 3 días en 2010, 142 científicos expertos en el clima de 22 países suscribieron a la siguiente declaración:

Nosotros, los abajo firmantes, habiendo evaluado a la evidencia científica relevante, no encontramos un apoyo convincente para la hipótesis de que las emisiones de dióxido por los humanos estén causando, o lo harán en un futuro previsible, causar un peligroso calentamiento global.”

Entre los 64 firmantes de los Estados Unidos están Syun-Ichi Akasofu, profesor de física y director fundador del Centro Internacional de Investigación del Ártico en la Universidad de Alaska; Robert Durrehberger, ex meteorólogo oficial del estado de Arizona, presidente de la Asociación Americana de climatólogos del Estado, y profesor emérito de geografía en la Universidad de Arizona; William Happer, profesor de física en la Universidad de Princeton; y Richard S. Linz, profesor Alfred Sloan de meteorología en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Muchos científicos le dijeron al ICSC que ellos están de acuerdo con el Register, pero que temían represalias de sus empleadores, o de activistas, si apoyaban públicamente a la declaración.

Tales preocupaciones no son injustificadas. Dos de los científicos del ICSC ya han tenido amenazas de muerte y hubo casos de despidos académicos por compartir visiones políticamente incorrectas sobre el cambio climático. En meses recientes hemos visto intentos de legisladores en California y 16 Fiscales Generales para criminalizar algunas formas de “negación del cambio climático.” 

El 25 de junio pasado, el Comité Demócrata de Redacción de la Plataforma de manera unánime estuvo de acuerdo en pedir que el Departamento de Justicia investigue a las corporaiones que están en desacuerdo con la corrección política de la ciencia del clima.

A pesar de semejante intimidación, el debate ruge en la comunidad científica acerca de las causas y consecuencias del cambio climático. Esto queda bien revelado en los informes del Panel Internacional No-Gubernamental sobre Cambio climático (NIPCC). Citando a miles de referencias con revisión de los pares publicadas en las principales revistas de ciencia del mundo, los informes del NIPCC demuestran que el clima actual no es desusado, y la eviden-cia de una calamidad climática es muy débil. 

El NIPCC explica que el IPCC de las Naciones Unidas ha ignorado gran cantidad de la literatura científica disponible que no conforma su postura sobre el cambio climático, y demasiado a menudo arriba a conclusiones que no se ajustan a los hechos.

Las declaraciones en apoyo del “calentamiento antropogénico catastrófico” (CAC) por parte de las academias nacionales de ciencia también están teñidas de corrupción. Ni una sola academia que haya apoyado oficialmente a la hipótesis CAC ha demostrado que la mayoría de sus miembros científicos concuerdan con la postura de su academia. Su declaración son meramente opiniones de los ejecutivos del grupo, o de pequeños comités nombrados por esos ejecutivos.

Sin embargo, el año pasado la Casa Blanca hizo el tweet: “97 por ciento de los científicos concuerdan: el cambio climático es real, causado por el hombre, y peligroso.” Pocos días más tarde el secretario de Estado John Kerry proclamó: “el 97 por ciento de los científicos nos dicen que es urgente.” Esto no tiene sustento científico. Nunca hubo una encuesta confiable, a escala mundial, de los científicos que estudian a las causas del cambio del clima que demuestres que una mayoría de ellos apoyan a la hipótesis de un calentamiento catastrófico.

Aunque algún día alguna encuesta muestre un consenso en apoyo a la posición tan querida por Obama, Trudeau y Peña Nieto, aún entonces sólo probaría nada acerca de la naturaleza. Las ideas científicas no se demuestran correctas por un pase de prestidigitación, corrección política, o intimidación. Si fuese de otra manera, estaríamos todavía creyendo que las brujas causan al mal tiempo, que la Tierra es el centro del Universo, y que lavarse las manos no es importante para la salud pública.

No es sorprendente que estos tres líderes hayan errado de esta manera. Ellos están basándose en el IPCC que a menudo califica a sus conclusiones de inequívocas, o declaraciones no pueden estar erradas. En apoyo a su posición, la ONU presenta información empírica. Pero esa información está siempre sujeta a interpretación, de manera que no puede ser usada para probar la verdad.

Estamos mejor servidos cuando nuestros líderes alientan a los científicos a ser temerarios exploradores intelectuales, ir hacia donde sus investigaciones les conducen, independientes de las corrientes de moda. La cumbre de Líderes del 29 de junio hizo lo opuesto, simplemente reforzando un punto de vista que muchos científicos consideran una insensatez. Los ciudadanos de todo el mundo merecen ser servidos de una manera mejor.

DECEPCIÓN

La energía solar será limpia y ecológica, pero no barata

Por Urgente24,  28 de julio de 2016

“La tierra del sol y del buen vino”, tal como se proclama Mendoza, ahora también apunta a serlo de los radiadores alimentados por Febo y que el presidente Mauricio Macri encargó de darle un espaldarazo, al encargar telefónicamente uno para ser instalado en la Quinta de Olivos.

Lo hizo como demostración de que predica con el ejemplo el ahorro de energía hidrocarburífera, como la electricidad y el gas, reemplazándola por fuentes alternativas renovables, “limpias y verdes”, tal como las que aprovechan la Naturaleza, tema que intenta incluir en la agenda pública.

En la provincia cuyana hay emprendedores como Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios que optaron por calefones solares en complejos residenciales exclusivos. La empresa líder en energía solar térmica, Energe, lo utilizó en el Club House de La Carmelina, en San Martín, y prevé incorporar otro similar en Las Retamas Barrio Privado, en Maipú. Además, climatizará la piscina de Las Cortaderas Country III con un sistema de mantas térmicas, a fin de extender su aprovechamiento unos 6 meses, con un alto confort y 100% sustentable.

En realidad, la opción no está al alcance de cualquiera, ya que el costo de un calefón solar híbrido es entre 3 ó 4 veces mayor que el de uno convencional, si bien se hace la salvedad de que si se comparan los precios en función de la capacidad en litros, los termotanques solares híbridos (como lo son la mayoría, ya sea por la resistencia eléctrica que poseen o porque estén conectados en serie a un artefacto a gas) son más económicos que los convencionales.

Tampoco está tan claro el ahorro en términos de consumo. Un hogar promedio de la Argentina gasta alrededor de 1,5 m3 de gas natural por día, unos $ 6 diarios según la tarifa actual. Teniendo en cuenta que un calefón solar puede cubrir alrededor del 65% de la demanda de agua caliente sanitaria de un usuario residencial promedio, el consumo diario pasa de 1,5 m3 a 0,4 m3, que equivaldría al gasto de gas natural en la cocción de alimentos.

Sin embargo, durante aquellos días en que el calefón solar no puede generar energía y se utiliza un termotanque estándar, el ahorro se reduce significativamente: los ordinarios consumen alrededor de 0,5 m3 diarios de gas natural en posición de “piloto” y 0,75 m3 más por pérdidas de calor.

En definitiva, el consumo de 1,5 m3 pasaría a ser de 1,1 m3 y sólo se ahorraría 0,4 m3 diarios , lo cual haría menos amortizables los equipos. De ahí la necesidad de acompañar el uso de calefones solares con un calefón automático eficiente, de los denominados “modulante”.

La élite de los desarrolladores de edificaciones de alto rango está entusiasmada con la moda de los radiadores solares, que propone “participar en el juego de la energía con inteligencia, generando la propia y aprovechando al máximo la cualidad de excelente radiación solar que distingue a Mendoza”, resumió Alexis Atem, de Energe. Hasta la Legislatura se sumó a la tendencia, con la reducción de hasta un 30% en el impuesto inmobiliario para quienes adquieran un equipo de energía solar que prevé la Ley Provincial N° 8.828.

Vanguardia cuyana

La etapa de la instalación de parques fotovoltaicos ya se puso en marcha en las provincias cuyanas, como el que se erigirá en General Alvear, ciudad del sur mendocino. Lo hará la firma Gigawatts Global, con una inversión total de US$ 740 millones, los cuales se dividen en US$ 220 millones para el Parque Fotovoltaico y US$ 520 millones para el Parque Termosolar. Incluye la obra de tendido eléctrico para cerrar el anillado que permite incorporar la energía producida al Sistema Argentino de Interconexión -SADI-, logrando de esta manera que General Alvear solucione problemas energéticos que datan de 40 años.

Pero el gran paso a nivel nacional acaba de darse con la entrega de los pliegos definitivos para la licitación de energías renovables lanzada por el Ministerio de Energía y Minería, en el marco del Programa “RenovAr”. Se trata de las condiciones de inversión y presentación de ofertas para la subasta que anunciaron las autoridades a principios de año.

Las ofertas deberán presentarse (sobre A y sobre B juntos) el 05/09, la adjudicación se hará el 12/10 y la firma de contratos 11/11.

El titular de la trader de energías renovables y otras, SAESA, Juan Bosch, explicó que “las centrales que participen podrán vender parte de su potencia y energía a CAMMESA y parte a privados, separando claramente qué parte de su central está afectada al Contrato con CAMMESA y cuál no”.

Agregó que “el 90% de la potencia convocada es eólica (600 MW) y solar (300 MW). El restante 10% se distribuye entre Biomasa (65 MW) Biogas (15 MW) y PAH (20 MW). En función de los proyectos relevados y los límites de acceso a la capacidad de transporte, podría ocurrir que las centrales solares puedan ´tomar´ algo más de capacidad de la inicialmente estimada. Aunque para tener una visión más clara, habrá que ver quiénes compran el pliego y, sobre todo, quiénes presentan las ofertas”.

Asimismo, afirmó que “los máximos disponibles por Punto de Conexión (PDI) no son los máximos técnicos necesariamente, sino los topes para esta licitación. Se deja probablemente, espacio para proyectos que abastezcan contratos entre privados desde esos PDI”.

Calefón solar en Jujuy.

Analizó que “no sólo hay muchos más proyectos que los involucrados en los 1.000 MW solicitados, sino que además, cada proyecto podría ser presentado por más de un oferente. Es una modalidad ingeniosa para fomentar la mayor competencia posible. En definitiva, quien tenga la mejor disponibilidad de capital eficiente, podrá ofrecer precios más competitivos”.

Sostuvo que la legislación aplicable es la argentina, ya que se han incorporado normas ambientales del IFC (la Corporación Financiera Internacional) para asegurar estándares aceptados mundialmente, evitando caer únicamente en requisitos ambientales locales.

Aclaró que se eliminó la remisión de controversias a los tribunales argentinos, sometiéndose a Arbitraje Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), "punto que era largamente solicitado por inversores y bancos”.

Cuantificó el especialista que “estos 1.000 MW representan aproximadamente usd 1,500 millones de dólares de inversión, con generación de empleo directo e indirecto, y desarrollo de la industria argentina en un sector clave. Se trata de agregar valor en Argentina para desplazar gasoil importado por viento y sol argentinos”.

Calidad de los calefones solares híbridos

El gobierno ofrece garantías adicionales a los inversores del exterior para que se acerquen a la licitación, tras percibir que algunos recularon por la judicialización del tarifazo gasífero.

En el marco de la Ley 27.191, que apunta a la utilización de energías renovables para generación eléctrica, se elabora un plan para estimular el uso de equipos de energía solar térmica y también se estudia ofertar potencia para centrales de generación de energía solar concentrada.

Un experto a la vez miembro del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Salvador Gil, advierte que para el éxito de una medida que incentive el empleo de calefones solares híbridos (que incluyan una potencia eléctrica o a gas natural para los días que el recurso solar no esté presente), por un lado se debe hacer hincapié en el lanzamiento de créditos para el gasto inicial en el equipo y su conexión.

De igual modo, manifiesta que es necesario crear una normativa que regule la calidad de los calefones solares híbridos que circulen en el mercado. Explica que desde ENARGAS están trabajando en una que podrá salir a fin de año y será vinculante para los que comercialicen este tipo de equipos.

Pero en torno de una ley que incentive el uso de calefones solares híbridos, Gil considera  que “si no se arma un rompecabezas de forma adecuada, por más créditos que den para incentivar su compra inicial, no tiene gran efectividad la medida. Ahí donde es necesario que la normativa de alguna manera facilite o estimule una instalación adecuada”.

Asimismo, en diálogo con energiaestrategica.com, Gil señala que es importante formar instaladores de calefones solares, ya que ese es uno de los factores de los que depende el rendimiento del equipo. “Es necesario ubicarlos con determinada orientación de modo que capten la mayor radiación solar”, señala. Actualmente, desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) trabaja en ello.

Este interés por la tecnología solar térmica se da en un contexto de faltante de gas en el país y de fuerte aumento de la tarifa al usuario. Su utilización se presenta como un paliativo inmediato para el déficit energético y a la vez una oportunidad para el desarrollo de la industria local, avanzada en la materia.

Fue quizás la tecnología más dejada de lado por los sucesivos Gobiernos, a pesar de que está en condiciones de instalarse en el mercado con mayor velocidad que las grandes centrales de generación.

Innovación en energía

Cisco Argentina y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) –a través de la Fundación UADE– crearon el primer Centro de Innovación en Energía (CIE) del país, iniciativa que echó luz sobre un gran número de proyectos destinados a fortalecer la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Destinado al diseño y la aplicación de soluciones tecnológicas de última generación, el CIE será el primer complejo de este tipo que Cisco realizará en conjunto con una institución académica en todo el mundo.

La propuesta, que será presentada formalmente en septiembre, se llevará a cabo en el Campus Universitario Monserrat de la Fundación UADE, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un espacio para la innovación acorde con el proceso de transformación digital y modernización de la infraestructura eléctrica que hoy transita el país.