Publicamos la primera parte de un extenso proyecto, por considerarlo de interés.
De la misma ley de Graicunas, citada en el artículo se desprende que no podrán suprimirse todas las subsecretarías y direcciones, en el sector público, pues en ese caso, cada Ministro debería supervisar directamente a miles de funcionarios y empleados, excediendo "el ámbito de alcance del control" que una persona puede ejercer.
Graicunas demostró que, a medida que aumenta aritméticamente la cantidad de subordinados directos, se incrementa geométricamente la cantidad de relaciones entre ellos y el superior. Por eso, aconsejaba que los supervisores de operarios no excedieran de 10/30, y que los supervisores de funcionarios superiores no excedieran de 6 subordinados directos.
(Ver: Pfiffner-Sherwood. "Organización administrativa", ps. 206/207.)
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Antonio I.
Margariti
InformadorPúblico, 22-7-16
I. REFORMA DEL ESTADO.
ORGANIZACIÓN, ORGANIGRAMA Y PLANTILLA DE PERSONAL.
Organizar el Estado es la tarea prioritaria de un buen gobernante. Consiste en
diseñar una estructura de roles intencionales para que sean ocupados por
funcionarios idóneos y eficaces.
La organización hace que el Estado funcione sin
sobresaltos y no sea una carga insoportable para la población.
Por eso, su diseño debe respetar la inexorable “ley de
Graicunas” que dice: “un superior sólo puede controlar un número limitado de 5
a 8 áreas subordinadas ya que cualquier cantidad que exceda ese límite es de
imposible coordinación y control”.
Por tanto, para que el presidente pueda conducir con
solvencia su propio gobierno deberá limitar estrictamente el número de sus
ministros.
De paso, conseguirá que el gasto público no exceda de
un monto razonable sin provocar el déficit que se termina pagando con
endeudamiento e inflación.
En este sentido, hemos tenido una exitosa experiencia
que Federico Frischknecht recogió en el valioso libro “Gobierno”. Consiste en
suprimir las secretarías, subsecretarias, direcciones generales y departamentos
que de ellos dependen.
Así, los organismos públicos esenciales debieran
quedar agrupados en estas siete áreas o ministerios:
1 Relaciones exteriores,
2 Interior y Seguridad,
3 Defensa nacional,
4 Justicia,
5 Economía y Hacienda,
6 Educación, Ciencia y Técnica,
7 Salud y Servicios humanos.
8 Obras de infraestructura (?)
Todos los ministros, sin excepciones, debieran tener
mando directo sobre los funcionarios de carrera, desterrando gabinetes de
asesores y secretarías privadas. Las funciones de los ministros serán
operativas es decir de ejecución y la administración pública debiera
reorganizarse con sólo 4 o 5 tramos de niveles jerárquicos.
Quedarían eliminados los cargos políticos rentados,
sin autoridad ejecutiva o sin incumbencia en temas específicos.
En cuanto a los trámites burocráticos. De cualquier
índole o naturaleza, se dispondrá de Manuales de Procedimientos simples, claros
y concisos de cumplimiento universal, so pena de merecido despido. Debieran
eliminarse miles de trámites, de reparticiones inútiles y de innecesarios pases
administrativos. Se acotarán los tiempos procesales para evitar que una
burocracia parasitaria demore las decisiones o haga maniobras elusivas.
La asignación de tareas y funciones, la delegación de
autoridad y la exigencia de responsabilidades individuales, serán la fórmula
básica para el personal del Estado y la manera de conseguir que los empleados
públicos sean idóneos, útiles y eficientes.
El jefe de gabinete, además de sus obligaciones
constitucionales, debiera asumir funciones de Secretario de Planeamiento y
Acción de Gobierno. Tendrá que preparar los documentos necesarios para ser
tratados periódicamente en reuniones de gabinete, presididas por el Presidente
de la Nación.
El número máximo de secretarios, asesores o
colaboradores por cada diputado o senador nacional quedará limitado a 3
personas por el período de su mandato.
Al personal excedente, que no pueda ser encasillado en
la nueva grilla presupuestaria, se le aplicarán las mismas normas de bajas,
retiros activos y retiros pasivos que rigen para el personal militar. Si el
argumento político para justificar un exceso de empleados públicos es que
representa un subsidio al desempleo, no habrá mejor forma de blanquearlo que
convertirlo en auténtico seguro de desocupación.
Progresivamente y en el lapso de 2 a 3 años, ninguna
jurisdicción de la Administración pública federal, provincial o municipal podrá
disponer de una dotación de personal (de planta, contratados y supernumerarios)
que exceda el número de 10 funcionarios por cada 1.000 habitantes de su jurisdicción,
según el último censo oficial. Sólo quedarán exentos los cargos del personal
activo asignado a tareas de seguridad policial, defensa nacional, salud pública
y educación.
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