Por Héctor GIULIANO
(10.2.2017)
En el contexto de su
política de gobernar con deuda –
planteada desde el inicio de su gestión
en Diciembre de 2015 - la administración Macri sigue batiendo récords
históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.
Estas colocaciones se
vienen realizando por montos elevadísimos, bajo condiciones discrecionales que
son manejadas directamente y en forma secreta por el actual Ministerio de la
Deuda – oficialmente denominado Ministerio de Finanzas – siguiendo un programa
de endeudamiento en gran escala – eufemísticamente llamado Programa Financiero
- y sin que exista la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las
obligaciones financieras que se están asumiendo con total irresponsabilidad fiscal
porque se trata de deudas que el Estado Argentino no puede pagar.
A los efectos de
ocultar la situación real y concreta de iliquidez e insolvencia de nuestro país,
el gobierno Macri – en complicidad con sus acreedores – procede a seguir
refinanciando sistemáticamente la totalidad de los vencimientos de capital (a
medida que se producen y hasta el último centavo), con nuevas deudas y además a
contraer deudas adicionales, que están destinadas en su gran mayoría a cubrir
el déficit fiscal creciente de su administración.
Con el agravante que
la mayor parte de estas colocaciones de deuda se aplican así a sostener la
financiación de gasto público corriente, lo que está prohibido por la Ley
24.156 de Administración Financiera y sus normas conexas, dado que el artículo
56 de la ley dice taxativamente que se
prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos
operativos.
En este marco, las
emisiones de deuda realizadas por el gobierno nacional en Enero de este año –
sin contar aquí las colocaciones que paralelamente vienen realizando el Banco
Central (BCRA), las provincias (con Buenos Aires a la cabeza), las empresas del
Estado y las obligaciones contraídas para pagar juicios contra el fisco con
sentencia en firme (como el caso de los holdouts y los reclamos previsionales)
– han llegado ya a niveles récord tanto en valor absoluto como relativo.
Durante el primer mes
de 2017 el gobierno Macri ha colocado deuda pública directa – es decir, sólo
deuda de la Administración Central – por más de 17.000 MD (Millones de
Dólares):
- Un
préstamo de 6.000 MD a 18 meses de plazo y tasa de interés nominal del 3.8
% anual (2.9 % más Libor 0.9), con garantía de títulos Bonar 24; otorgado
por los bancos BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank, Deutsche Bank
(DB), HSBC (Hong Chan), JP Morgan y Santander. Son los mismos bancos que
actúan como colocadores de bonos en el exterior y se entiende que este
crédito consorciado y a corto plazo (un año y medio) actúa en la práctica
como préstamo-puente dentro del
escalonamiento de la colocación de bonos según el Programa Financiero
2017.
- Dos
nuevos títulos por 7.000 MD, bajo ley extranjera de Nueva York: uno, a 5
años de plazo (vencimiento 2022) por 3.250 MD con tasa de interés de 5.625
%; y otro a 10 años (2027), por 3.750 MD con tasa del 7.0 %.
Todos estos bonos y
préstamos que emite el Estado son de tipo
bullet, es decir, que amortizan el capital o principal íntegramente a su
vencimiento, pero pagan intereses en forma semestral; si bien las autoridades
no suministran detalles sobre las condiciones contractuales de tales
obligaciones ni mucho menos sobre los compradores de títulos.
El gobierno Macri se
ha jactado del supuesto éxito de esta
doble colocación de bonos – las ofertas fueron por 22.000 MD contra un
requerimiento original de 5.000 MD – pero la realidad es bastante diferente
porque en este momento existe excedente de capitales especulativos en el mundo
y ello deriva, como siempre, en una muy fuerte presión por parte de los grandes
grupos financieros internacionales para
colocarse en países como la Argentina, que en la actualidad emite deuda a las
tasas de rendimiento más altas del planeta.
Este proceso se
presenta ante la opinión pública como supuestas oportunidades dadas por el apetito del mercado – un eufemismo que
se usa para traducir las presiones de endeudamiento fiscal – como adelanto ante el peligro de
tasas más altas con el advenimiento del gobierno Trump en Estados Unidos y,
consecuentemente, como conveniencia así de adelantar la colocación de nuevas
deudas del Programa Financiero 2017.
- Nuevos
desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales,
particularmente la CAF-Corporación Andina de Fomento, que acordó un nuevo
préstamo a la Argentina por 400 MD para el Paseo del Bajo, en la CABA
(plazo a 15 años con 4 de gracia).
Por Decreto 29/2017,
del 11.1, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas para contraer un
total de nueva deuda externa por 20.000 MD durante el corriente año incluyendo
cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción ante tribunales
extranjeros (Nueva York y Londres) y que dispongan la renuncia a oponer la
defensa de inmunidad soberana (con restricciones varias que son de rigor en
estos casos), como así también la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva
(CAC) y Pari Passu.
Por el mismo decreto,
aparte de reiterarse algunas autorizaciones generales ya consignadas en la Ley
27.341 de Presupuesto 2017, se incorpora además toda una serie de facultades
amplias a través de las cuales el Ministerio de Finanzas puede decidir lo que
quiera en materia de colocaciones de Deuda Pública. (*)
El texto de estas
autorizaciones cuasi-irrestrictas está prácticamente copiado de la Ley 27.249,
que el año pasado autorizó al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas – como Autoridad de Aplicación – a colocar las nuevas obligaciones de
deuda para pagar los juicios contra los holdouts bajo las mismas condiciones
absolutamente discrecionales.
- Nueva
Deuda intra-Estado (una modalidad inaugurada y utilizada abusivamente por la
administración Kirchner), proveniente de Adelantos Transitorios en curso
del BCRA (dentro de un margen anual autorizado por 150.000 M$-Millones de
Pesos) y otras obligaciones colocadas en distintos entes oficiales, como
el FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (una letra por
17.000 M$ a un año de plazo) y el
BNA-Banco Nación (un Bono del Tesoro – conocido o refrendado por
Resolución E 16/2017, del 9.2 - por 25.000 M$ y vencimiento en Agosto de
2019).
- Letras
de Tesorería (Letes) por unos 2.000 MD, emitidas en dólares durante el mes,
como obligaciones financieras de muy corto plazo (90 y 180 días, a tasas
del 3.0 y 3.3 % respectivamente).
En total, se estima
que el gobierno Macri ha colocado – solamente durante el mes de Enero – deuda
pública, externa e interna, por más de 18.000 MD (18.600), incluyendo letras.
Y la serie de
colocaciones continúa: en la fecha se ha editado por la página web del
Ministerio de Finanzas un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro en
dólares (a 95 y 186 días) y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con
vencimientos 2021, 2023 y 2026.
Estos últimos – los
bonos – tienen tasa de interés invertida de 18.20, 16.00 y 15.50 % anual
respectivamente, que se pagan semestralmente, y se colocan bajo la par para
garantizar mayor rendimiento a los inversores financieros.
Con este conjunto de
nuevas colocaciones de deuda el gobierno Macri encara un peligroso
sobre-endeudamiento durante el año electoral 2017 y lo hace al amparo de la Ley
de Presupuesto 27.341, que autoriza un aumento de la deuda durante el ejercicio
de 38.200 MD: vencimientos de capital por 58.200 MD contra emisión de nueva
deuda para cubrir las cancelaciones y tomar deuda adicional por 96.400 MD.
Este monto a emitir –
que ya está aceleradamente en curso - expresado en pesos es de 1.727.500 M$
(96.400 MD x 17.92 $/US$), una suma que consolidando toda la deuda en valor
absoluto equivale al 73 % del Gasto Público Total del Ejercicio 2017, que es de
2.393.600 M$ (≡ 131.900 MD).
Según el Programa
Financiero 2017 – dado a conocer a principios de Enero - el gobierno prevé
emitir deuda por algo más que el total presupuestado: unos 40.350 MD
(consolidando siempre las colocaciones en diversas monedas), de los que la
mitad (20.000 MD) serían Deuda Externa.
La administración
Macri aumenta fuertemente y acelera así en forma muy peligrosa el cuadro de
endeudamiento público heredado de la gestión Kirchner, con el agravante que lo
hace usando una preponderante nueva deuda con el exterior.
Y este panorama se
agrava adicionalmente con el cambio de estructura, composición y
características del endeudamiento porque:
- Aumenta
el monto de la Deuda Pública, Externa e Interna.
- Aumenta
consecuentemente la suma de intereses a pagar – porque se toma deuda más
cara - y lo hace en mayor proporción que el aumento del principal. Y
- Disminuye
cada vez más la vida promedio de la deuda en su conjunto porque aumenta la
proporción de colocaciones de letras y bonos a corto plazo.
Aunque el partido de la deuda y los portavoces del
establishment financiero que lo acompañan tratan de enmascarar la gravedad de esta
situación que afronta el gobierno Macri, el mismo se encaminaría
precipitadamente a la necesidad de un nuevo megacanje o alternativa de seguir
subdividiendo cada vez más el complejo sistema de canjes vigente por tipo de
acreedor y/o instrumentos de deuda, a los fines de seguir pateando para adelante el problema insoluble de iliquidez e
insolvencia del Estado Argentino frente a una deuda pública impagable.
(*) NOTA:
El
artículo 3 del Decreto 29/2017 dice textualmente que se faculta al Ministerio
de Finanzas para lo siguiente:
a)
Determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de los
nuevos títulos públicos;
b)
Designar instituciones financieras que participarán en la colocación de los
nuevos títulos públicos;
c)
Suscribir acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos
públicos a emitirse, previendo, para ello, el pago de comisiones en condiciones
de mercado;
d)
Preparar y registrar un programa de títulos públicos ante los organismos de
control de los principales mercados de capitales internacionales;
e)
Suscribir acuerdos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de
información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias
calificadoras de riesgo que sean necesarios tanto para las operaciones de
cancelación de deuda como de emisión y colocación de los nuevos títulos
públicos, previendo el pago de los correspondientes honorarios y gastos en
condiciones de mercado;
f)
Autorizar el pago de otros gastos necesarios de registración, impresión,
distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados, los que deberán
ser en condiciones de mercado, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el
presente decreto; y
g)
Autorizar a determinados funcionarios de las áreas competentes a suscribir la
documentación respectiva y a implementar toda otra medida referida con las
operaciones objeto del presente decreto.
Son prácticamente las
mismas facultades de la Ley 27.249, que se dictó para la deuda destinada al
pago a los holdouts y otros rubros, aunque con la muy importante diferencia que
tales disposiciones no fueron repetidas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017
sino que aparecen ahora con el Decreto 29/2017.