Deben retomarse las promesas de campaña para que en la
Argentina no haya más víctimas sin reconocimiento ni victimarios sin castigo
La Nación, editorial, 15 DE MARZO DE 2017
Distintos sectores de la población aprobaron esta
afirmación de un cambio de rumbo desde una mirada dirigida a revisar la
trascendencia histórica de los años 70, luego de 12 años de administración
kirchnerista en los que el fiel de la balanza fue inclinado falazmente hacia un
extremo. Sin embargo, transcurridos 15 meses de gobierno, aquella promesa sigue
incumplida.
Como resultado de la mal llamada "década
ganada", el Poder Judicial se vio jaqueado por el ideologizado abrazo de
conceptos como "justicia y militancia", una yunta tan antagónica como
peligrosa que derivó en que ex miembros de la guerrilla revolucionaria
integraran tribunales que debían juzgar a militares. Así ocurrió en Santiago
del Estero, con integrantes del Tribunal Oral Federal,hasta que la Cámara
Federal de Casación Penal ordenó apartarlos de una megacausa por presuntos
delitos de lesa humanidad ante la existencia de "dudas razonables acerca
de su imparcialidad" y la necesidad de "evitar una inusitada
privación de justicia".
El bienvenido debate abierto recientemente sobre
aquella sangrienta década trae nuevamente a la luz la guerra revolucionaria
iniciada por organizaciones armadas subversivas que pugnaban por instalar un
régimen marxista capaz de convertirnos en algo parecido a la Venezuela actual,
con una infiltración de militares cubanos en sus fuerzas armadas, en gran
medida responsables de sostener el corrupto régimen de Maduro.
La brutal represión con que los gobiernos militares
repelieron localmente el terrorismo merece asimismo una mirada ecuánime y sin
amputaciones ni ánimo vengativo, dirigida a encontrar la verdad y a castigar
por igual a unos y a otros por todo aquello que se hizo al margen de la ley
desde ambos bandos.
Esta nueva instancia clarificadora constituye toda una
oportunidad para que el presidente Macri cumpla su promesa y asuma protagonismo
en la búsqueda de la verdad y la pacificación, dando vuelta otra página crucial
del mendaz relato construido por el anterior régimen, habitado sólo por
sangrientos militares e inocentes guerrilleros, una dicotomía que propuso
justicia para unos e impunidad y beneficios para otros.
Manteniendo la forzada argumentación del peligro de
fuga y desconociendo razones humanitarias, no ha habido cambios en el
tratamiento a los detenidos: tanto a los condenados como a los procesados se
les niega el derecho constitucional a la prisión domiciliaria en razón de su
edad o estado de salud. Como reiteradamente denunciamos desde estas columnas,
personas de más de 70 años, en muchos casos enfermas, no reciben la debida
atención.
Bajo el falaz manto protector de la defensa de los
derechos humanos, se cometieron millonarias estafas contra el Estado nacional.
Inmersos en el barro de la corrupción y lejos del juvenil idealismo combativo,
la malversación de fondos públicos fue el escandaloso camino elegido por
muchos; entre ellos, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con Sueños
Compartidos, y la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala,
investigadas por millonarias defraudaciones ligadas a la construcción de
viviendas sociales.
Con insistencia, Jovina Luna, hermana del soldado
Hermindo Luna, asesinado en 1975 por Montoneros en el asalto al regimiento de
Formosa, solicitó al secretario de Derechos Humanos el listado de beneficiarios
de las leyes de reparación que recibieron indemnizaciones del Estado por
considerárselos "víctimas" de la represión estatal en aquellos años
oscuros. Tras una innecesaria demora, durante la cual se amparó en un primer
momento en que se trataba de datos "sensibles", finalmente, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación consideró
"oportuno" disponer la publicación en su página web de los listados
desde su digitalización, en 2004, exceptuando lo clasificado como
"secreto", así como la confección de una base de datos específica con
las diferentes categorías de indemnizaciones, cuya coordinación se pidió al
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
A partir de la semana próxima, respetando el principio
constitucional que obliga a publicitar los actos de gobierno y a transparentar
la utilización de los fondos públicos, se podrá acceder a información sobre
indemnizaciones a ex presos políticos, ex exiliados y familiares de
desaparecidos. Cabe recordar que el grueso de las indemnizaciones se asignó con
anterioridad a 2004, por lo que no se revelarán los nombres de muchos de los
que cobraron abultadas sumas.
Los listados permitirán confirmar de qué forma se
interpretaron los hechos, a quiénes se consideró "víctimas" y si los
asesinos de Hermindo Luna, o de alguno de los 12 soldados y oficiales del
Ejército que fallecieron en ese ataque, fueron literalmente premiados con un
monto de dinero por una muy conveniente interpretación kirchnerista que
insólitamente los consideró "víctimas del terrorismo de Estado".
El desafío es retomar las promesas de campaña para que
en la Argentina no haya más víctimas sin reconocimiento ni consuelo y
victimarios sin castigo, como resultado de una ley que lejos está de ser pareja
para todos, de la reiterada violación de los principios republicanos que nos
rigen y de una dialéctica pseudoprogresista que ha venido alimentando el odio,
los enfrentamientos y el afán de venganza anclándonos al pasado en lugar de
apostar a la pacificación.