La Nación, editorial,
09 DE ABRIL DE 2017
El blanqueo culminó con resultados más exitosos de los
que se esperaban. Este programa, junto con la salida del default y la
eliminación del cepo cambiario, ha conformado el conjunto de medidas económicas
más trascendentes de los primeros 16 meses de la gestión de Mauricio Macri.
El total del monto blanqueado alcanzó los 116.800
millones de dólares. El 80 por ciento de los bienes y valores que conforman
este monto están y permanecen en el exterior. A la vista del importante
resultado, se confirma lo acertado que fue no exigir el retorno al país de los
valores declarados. En todo caso, eso sucederá gradualmente según evolucione la
situación del país. Debe destacarse también el lado fiscal del blanqueo. La
AFIP ha recaudado 148.600 millones de pesos, casi 10.000 millones de dólares,
en concepto de las multas y cargos, que han sido derivados a la Anses. Esta
suma duplica lo requerido por el programa de reparación a los jubilados, por lo
tanto constituye un importante alivio para la crítica situación fiscal. Si bien
este recurso es por una única vez, el blanqueo engrosa la base imponible, lo
que posibilitará una mayor recaudación tributaria en el futuro.
Del total blanqueado, un 77 por ciento corresponde a
dinero y colocaciones líquidas y un 23 por ciento a inmuebles y activos fijos.
El número de personas participantes fue de 244.512 y el de empresas 9.780. El
promedio por contribuyente alcanzó a 460.000 dólares.
El éxito del blanqueo encuentra dos razones
principales. Una es la confianza que el actual gobierno ha podido transmitir a
quienes en el pasado fueron reacios a exponer sus bienes por temor a
confiscaciones y abusos impositivos. Otra importante razón fue el temor a que
los patrimonios en el exterior no declarados sean identificados e informados a
la autoridad recaudadora local. Esto no es una mera hipótesis sino una realidad
frente al actual avance de la tecnología informática, así como la mayor
flexibilización internacional del secreto bancario a causa de la lucha contra
el narcotráfico y el terrorismo. El gobierno argentino y la AFIP han suscripto
acuerdos de intercambio de información con los principales países, incluyendo
los referidos a bancos con filiales en paraísos fiscales. Si algo faltaba, fue
concretado a comienzos de este año al suscribirse el acuerdo de intercambio de
información con los Estados Unidos.
La exteriorización de fondos que no estaban declarados
remueve un impedimento para su aplicación a la compra de activos registrables
en nuestro país. Muy probablemente esto impulsará el ingreso de capitales para
ser aplicados a acciones de empresas, bonos y también en inmuebles y tierras.
Pero para que esto no vuelva a limitarse es esencial que la repatriación de
estos fondos no se convierta en objetivo de la avidez fiscal, como ha sido tan
frecuente en nuestros gobiernos. Como ocurre con cualquier inversor extranjero,
los argentinos que fugaron sus capitales y ahora los blanquearon son sensibles
a la realidad de gobiernos nacionales o provinciales que no encuentran límite a
la expansión de sus gastos. Y esta es la cuestión fundamental para después del
blanqueo.
El déficit fiscal conjunto del gobierno nacional, las
provincias y los municipios, incluyendo los intereses de la deuda, asciende a 7
puntos del PBI. Este fue el nivel heredado por el gobierno de Mauricio Macri,
que no ha podido ser disminuido. La reducciones de gastos por menores subsidios
tarifarios y por el saneamiento de la corrupción, sólo han compensado las
disminuciones de las retenciones a la exportación y otros alivios impositivos.
El déficit ha sido financiado principalmente con endeudamiento externo para
evitar hacerlo con emisión y permitirle al Banco Central su política
antiinflacionaria. Su contracara es el endeudamiento y el retraso cambiario.
Debido al nivel relativamente moderado de la deuda con
el sector privado, así como por la buena imagen institucional recuperada, los
bonos argentinos posdefault han sostenido su calificación. Sin embargo, si no
se corrige el desequilibrio fiscal en forma estructural y sostenible, el ritmo
actual de crecimiento de la deuda llevaría finalmente a una crisis. El aporte
inicial del blanqueo por encima del costo de la reparación jubilatoria, permite
un sobrante del 1% del PBI. Por otro lado, el aumento de la base imponible será
en parte compensado por la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes
Personales y por varias otras reducciones tributarias imprescindibles para
lograr competitividad y atraer inversiones.
En síntesis, la preocupante situación fiscal no se
resuelve sólo con el blanqueo. Hará falta una efectiva acción sobre el gasto
público que se extienda también a provincias y municipios. Además, como se lo
hizo para Vaca Muerta, se requieren reformas que reduzcan los costos y riesgos
laborales, que han sido señalados reiteradamente junto a la desmesurada presión
impositiva, como impedimentos para invertir en la Argentina. El presidente
Mauricio Macri debe conciliar estas responsabilidades ineludibles, con la
necesidad de lograr un claro apoyo electoral en octubre. Tal vez el camino sea
el de comunicar claramente la esencia de los problemas y las consecuencias para
la comunidad si no se encaran sin demora soluciones que sean genuinas y
socialmente compensadas.