por Informador Público, 2-5-17
La celebración del Día del Trabajador muestra
nuevamente el contraste entre una realidad caracterizada por severos problemas
de empleo y los discursos que declaman en favor de los derechos laborales. La
crisis en Santa Cruz es un testimonio aleccionador. Demuestra que la falta de
empleo de calidad no se suple con generación de empleo público espurio sino
que, por el contrario, el gigantismo del Estado termina asfixiando la capacidad
de generación de trabajo genuino.
El malestar de los empleados y jubilados públicos de
Santa Cruz desencadenó graves actos de violencia contra funcionarios y ex
funcionarios de la Provincia. Se trata de comportamientos que merecen una
enfática condena. Ningún motivo justifica la destrucción de bienes y mucho
menos el ataque a las personas. En democracia no hay instancia que contemple el
uso de la fuerza por parte de la población contra sus gobernantes, por más
legítimo que sea el reclamo, mala la administración o irritantes los actos de
corrupción. Son las instituciones republicanas y el voto popular los que deben
encauzar la situación por la vía pacífica, aunque esto parezca que dilate la
solución.
Se tiende a asociar el descalabro fiscal de la
Provincia con la corrupción. Esto implica que si las políticas que se aplicaron
en la Provincia hubiesen sido ejecutadas por funcionarios honestos, la
situación sería diferente y no se estaría padeciendo la crisis actual.
Para identificar las causas de la crisis resulta
pertinente analizar la información sobre empleo público provincial que aporta
la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Según estas fuentes se
observa que entre los años 1996 y 2016:
El empleo público provincial en todas las
jurisdicciones pasó de 1,2 a 2,3 millones de empleados públicos lo que
representa un crecimiento de 85%.
En la provincia de Santa Cruz el empleo público pasó
de 16 a 36 mil empleados públicos lo que representa un aumento del 117%.
En la provincia de San Luis el empleo público pasó de
22 a 29 mil empleados públicos lo que representa un incremento de 32%.
Estos datos muestran que el crecimiento del empleo
público provincial fue alto en general, pero diferente entre jurisdicciones.
Mientras San Luis aumentó su dotación de empleados en un tercio, Santa Cruz más
que lo duplicó en los últimos 20 años. Santa Cruz pasó de tener un 25% menos de
empleados públicos que San Luis en el año 1996, a tener 25% más en el año 2016.
Esto llevó a que en dos décadas mientras la dotación de empleados públicos
respecto a la población en San Luis bajó de 55 a 50 empleados por cada 1.000 habitantes,
en Santa Cruz saltó de 88 a 110 empleados públicos por 1.000 habitantes. Los
pocos datos disponibles de la Caja de Jubilaciones de Santa Cruz dan indicios
de que la displicencia en la gestión previsional fue aún mayor.
Frecuentemente se argumenta que la laxitud en la
administración del empleo público es una herramienta útil para contrarrestar la
débil generación de empleos genuinos. La realidad demuestra todo lo contrario.
En las últimas dos décadas en San Luis el empleo privado registrado creció de
34 a 60 mil, mientras que en Santa Cruz pasó de 22 a 60 mil. Se trata de
evidencias muy sugerentes de que la crisis en Santa Cruz se generó por la
actitud deliberada –aplicada durante los últimos 20 años– de generar
masivamente empleo público y jubilaciones espurias.
Si bien Santa Cruz es un caso extremo, el problema
afecta de manera general a todo el sector público. Ni la población ni las
reglas y procedimientos de la administración pública asumen la enorme
trascendencia que tiene contratar un nuevo empleado u otorgar una nueva
jubilación. Incorporar un empleado de 25 años de edad al Estado al nivel de
remuneración actual es una decisión que implica asumir compromisos por más de
$30 millones. Esta es la suma de salarios que habrá que pagarle a lo largo de
su vida activa y las jubilaciones una vez que se retire. Se trata de un pasivo
que la contabilidad pública debería registrar ya que el empleado está amparado
por un rígido esquema de estabilidad.
Resulta paradójico que para
contrataciones de bienes y servicios de mucho menor monto los procedimientos
públicos contemplan una multiplicidad de controles –incluyendo la licitación
pública para dar transparencia y competencia a la contratación– y la población
pide estos mayores controles cuestionando frecuentemente cómo se toman las
decisiones.
La generación de empleo genuino depende de un entorno
favorable donde el buen funcionamiento del sector público es decisivo. Por eso,
pretender paliar los problemas ocupacionales con empleo público espurio es
–como lo demuestra Santa Cruz– una opción tentadora desde el punto de vista del
oportunismo político, pero con garantía de fracaso. (IDESA)