La Voz del Interior, 16 de junio de 2017
Desarrollo Social analiza los casos de parajes y
comunas de departamentos del norte donde la mayoría cobra pensiones. En Guanaco
Muerto, el 80% es discapacitado. La Rinconada y Eufrasio Loza, con cifras
similares.
Guanaco Muerto, el pueblo cordobés del departamento
Cruz del Eje, ayer fue el ejemplo nacional de las supuestas anomalías que
rodean al otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez: la
ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, denunció que “el
120 por ciento de la población” de esa localidad cobra pensiones.
El absurdo se explica porque en esa comuna existen 480
pensionados por invalidez, cuando el Censo 2010 registró apenas 320 habitantes.
Luego se aclaró que los datos del último censo no son correctos, y que la
proporción de pensionados oscilaría entre el 70 y el 80 por ciento. La cifra
igual es exagerada: a nivel nacional, se estima que el 2,5 por ciento de la
población total cobra estas pensiones mensuales de casi 4.400 pesos. Y ese
porcentaje resulta altísimo a nivel internacional.
Ayer el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
dio marcha atrás con la suspensión de más de 80 mil pensiones no contributivas
en todo el país –en Córdoba, unas cuatro mil– y anunció la restitución de los
beneficios por discapacidad suspendidos y el análisis “caso por caso” para
determinar si corresponde la pensión.
No obstante, lo que ocurre en varios pueblos del norte
de Córdoba se está investigando a través de otros mecanismos de auditoría, dada
la magnitud del fenómeno. “En los departamentos del norte cordobés hay muchos
casos de parajes y comunas donde gran parte de la población percibe la pensión
no contributiva por discapacidad”, indicó Marcelino Álvarez, coordinador local
del Centro de Referencia Córdoba de la cartera nacional.
El funcionario recalcó que casi todos los casos en
investigación corresponden a departamentos del arco norte de la provincia. Lo
que se investiga en todos estos casos es la autenticidad y veracidad de los
certificados de discapacidad que constituyen el fundamento de la solicitud de
las pensiones.
Clientelismo mata política social
Trascendió que, además de Guanaco Muerto, en el
departamento Cruz del Eje, se analizan los casos de La Rinconada y de Eufrasio
Loza, en el departamento Río Seco, y de Ciénaga del Coro y San Carlos Minas, en
el departamento Minas. Son todas zonas con altísimos niveles de pobreza.
En varias de estas poblaciones, el mal de Chagas fue
endémico durante décadas, y esa razón podría explicar los mayores porcentajes
de pensionados. Pero desde Desarrollo Social consideran que esa enfermedad de
ningún modo explica que el 50 o el 60 por ciento de la población tenga una
discapacidad de más del 76 por ciento, que es lo que se exige para acceder a la
pensión.
En Minas, moneda corriente
Luis Gómez, quien fue candidato a intendente de la
alianza Juntos por Córdoba en una importante localidad del departamento Minas
hace dos años, contó que pudo comprobar la masificación que tenía en la zona el
otorgamiento de pensiones por invalidez. “Convocaban a la gente que tenía
chagas, que es un mal común en la zona provocado por la vinchuca, le armaban un
certificado y con eso le tramitaban una pensión por invalidez”, indicó.
Aseguró que los punteros políticos de la zona usaban
el otorgamiento de esas pensiones para ganar las elecciones en varias
localidades con escasa población, donde 50 votos cambian el resultado de un
elección.
Se cree que numerosas pensiones por invalidez
otorgadas a personas enfermas de chagas fueron emitidas usando el sello de un
hospital que no existe. Un exjefe comunal contó a este diario que tuvo en sus
manos certificados de discapacidad con el sello de un hospital del paraje
Estancia La Guadalupe, establecimiento sanitario que no existe.
En varias de estas localidades también son frecuentes
las denuncias de manipulación de los padrones electorales, con el registro de
habitantes que no existen. Se sospecha que idéntico mecanismo se habría
utilizado para otorgar los certificados de discapacidad.
En La Rinconada, por ejemplo, se comenta que
habitantes de pueblos santiagueños radicaban domicilio ahí sólo para tramitar
el certificado.