Maximiliano
Bauk
Tribuna de Periodistas, 13/07/2017
El día 13 de julio se desalojó la planta de PepsiCo en
Vicente López de la mano de la policía de la provincia de Buenos Aires, por
encontrarse usurpada por un minúsculo número de exempleados —alrededor de un 12
por ciento del total— que exigía la
reapertura de una fábrica que no era de su propiedad.
Dos mundos totalmente diferentes fueron visibles este
día: el de las instituciones y el de la ley de la selva. Según el primero, la
ley debe respetarse independientemente de nuestros gustos o conveniencias; ante
un conflicto, los desacuerdos se resolverán en la justicia teniendo en cuenta
este marco de legalidad. Bajo la lógica del segundo, la ley se respeta o no
teniendo en cuenta si el viento sopla a favor o en contra; a partir de allí, el
marco legal será utilizado como argumento o bien se convertirá en un simple
listado de sugerencias que bien puede ser ignorado.
Vayamos a los hechos. La planta cerrada era propiedad privada
por lo que las causas de su cierre no interesan siempre y cuando cumplan con la
ley. Así, de los 535 empleados, 154 aceptaron ser relocalizados en las plantas
de Mar del Plata y en el área administrativa en la Ciudad de Buenos Aires, 312
aceptaron indemnizaciones que según el Ministerio de Trabajo son del doble de
los prescripto por la ley del contrato de trabajo y oscilarían entre los 600
mil y los 3 millones de pesos, quedando al final unos 69 empleados que optaron
por usurpar la propiedad ajena lo cual es un delito.
Ante esto y sumado a la orden judicial que ordenó el
desalojo inmediato de la fábrica obstruida, la policía acudió para cumplir con
su labor que se complicó debido a la violencia de los infractores que dejaron
como consecuencia a unos 15 policías heridos, entre ellos a una mujer con una
fractura expuesta. Pero los manifestantes no eran solo algunos exempleados,
sino que se encontraban acompañados por políticos de izquierda —de los mismos
que sin haber creado un empleo jamás en su vida exigen un salario mínimo de
25.000 pesos y una jornada laboral de 6 horas máximo— quienes paradójicamente
se postulan a legisladores aunque no se entiende con qué finalidad lo hacen,
teniendo en cuenta que las leyes que potencialmente puedan crear serán dejadas
de lado por personajes que, como ellos mismos en esta ocasión, ven en el
conflicto una mera oportunidad para brillar. Qué sentido tiene ser el creador
de algo que ni uno mismo respeta.
Vayamos un poco más lejos y supongamos que la orden
judicial o el derecho de fondo eran injustos ¿acaso eso amerita la violencia?
No, ante ello existen diferentes mecanismos para solucionar el conflicto, de lo
contrario cuál es el límite, ¿la guerra civil?
¡No compren productos de PepsiCo! Gritan ahora los
frustrados políticos oportunistas de las desgracias ajenas. Claro, de todas
maneras las miles de personas que viven de esta empresa y que quedarían en la
calle si su pedido fuera escuchado, no serán más que una nueva herramienta de
propaganda.
La izquierda dice luchar por los que menos tienen pero
al mismo tiempo sus propios diputados alientan a quebrar las normas, las cuales
son las reglas del juego dentro de las cuales los que realmente ponen lo suyo
en juego –su dinero- saben que serán respetados. Sin obediencia a las normas no
hay confianza, sin confianza no hay inversiones, sin inversiones no hay
generación de empleo y sin generación de empleo nunca terminaremos con la
pobreza que padece casi un tercio de los argentinos, así de simple. Por primera
vez en décadas conseguimos un gobierno que como mínimo haga respetar las leyes
sin importar los votos que pueda perder al hacerlo; personalmente aplaudo esta
actitud y les propongo a los legisladores que no les guste que presenten un
proyecto al respecto, ese sí es su deber.