Alejandro E. Fargosi
Abogado, ex consejero de la Magistratura
LA NACION, 19
DE JULIO DE 2017
La imagen que tienen de la Justicia la gente, los
empresarios y los potenciales inversores es mala: lenta, ajena a la realidad, a
veces incomprensible y opuesta al sentido común. Una Justicia injusta.
Martín Fierro no daba consejos vanos: muchos
políticos, legisladores y abogados tienen miedo de criticar a magistrados que
son permanentes y que quizás decidirán cuestiones que los pueden afectar. A su
vez, muchos jueces -aun los mejores- se consideran responsables sólo por su
juzgado, pero no por el Poder Judicial.
Como sea, estamos demasiado mal como para seguir
haciéndonos los distraídos, porque sin una Justicia del siglo XXI el futuro
sólo podrá ser peor.
Sabemos que los jueces, fiscales y funcionarios no
deben tener debilidades. Para que puedan evitarlas, disponen de una batería de
garantías que favorecen un desempeño independiente y decente, pero aun así
subsiste una minoría de magistrados pésimos. Eso demuestra que no bastan
sueldos y obra social excelentes, régimen jubilatorio principesco, comodidades horarias
envidiables y una estabilidad absoluta, que superó con éxito varios años de
asedio del Poder Ejecutivo.
La gran mayoría de los miembros del Poder Judicial es
decente, pero la Justicia no funciona bien porque sus problemas son no sólo
algunos jueces pésimos, sino también estructuras y organizaciones del pasado y
-digámoslo claramente- porque un mal entendido espíritu de cuerpo hace que los
peores sean a veces protegidos por los mejores.
La Justicia está en emergencia. Podemos solucionarlo
declarando esa emergencia por ley y tomando medidas rotundas, sin la tibieza
con la que venimos fracasando desde hace décadas.
Obviamente, los políticos deben consensuar esos
cambios entre sí, con participación de la Justicia y de la abogacía. Deben ser
cambios claros y específicos, para evitar las impugnaciones constitucionales
que seguramente harán quienes perderán el poder que nunca debieron tener y que
usan indecentemente.
Las reformas deben ser pocas pero suficientes para
revolucionar el statu quo, porque si no serán inocuas. A las propuestas que
está concretando el ministro de Justicia, Germán Garavano, en materia
organizativa y procesal, pueden agregarse otras muy específicas. Empezando
desde arriba: el poder real de la Corte es mayor que el escrito en las leyes,
porque ella decide sobre carreras, ascensos y situación de todo el Poder
Judicial y dicta sentencias directrices en nuestros pleitos y honorarios.
Precisamente por eso la Corte debe tener nueve
miembros, para reducir el riesgo de que alguien la controle y se convierta en
dueño del Poder Judicial. Nadie debe dominar a los jueces y menos
sindicalizarlos.
El Consejo de la Magistratura debe modificarse, para
ser equilibrado, con más profesionalidad y verdadero equilibrio, con
procedimientos rápidos y sin componendas, ni políticas ni judiciales.
Por ley debe establecerse un código de ética judicial,
sea el iberoamericano o el de Bangalore. Necesitamos una ley porque, pese a que
con Daniel Ostropolsky lo propusimos en 2013 y 2014, fue imposible avanzar
desde el Consejo de la Magistratura en esta reglamentación imprescindible.
La mayoría de los juzgados y tribunales nacionales en
lo criminal, en lo civil y en lo comercial se deben federalizar, pero sin
perder su competencia nacional, para terminar así con divisiones ya anticuadas.
También así se incrementará drásticamente la cantidad de juzgados federales
penales, cuyo inmenso poder no debe repartirse entre pocas personas. Y hasta
conviene fusionar las cámaras Civil y Comercial con la Contencioso
Administrativo Federal.
Otros cambios son posibles, como la creación de la
Policía Judicial, bajo la autoridad de la Corte, y la suspensión por algunos
años de todos los permisos de docencia y actividades extrajudiciales de
magistrados y funcionarios.
El siglo XXI no soporta más impunidad, ni de
delincuentes ni de jueces. Internet y las redes sociales quebraron el paradigma
de ocultismo que amparaba a estos sectores de poder.
Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser exigentes
con el Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que ser exigente con quienes
violen las leyes. No es tan difícil, pero se necesita grandeza para dejar de
lado intereses partidistas, realismo para no trabarnos en debates ideológicos
del pasado y, por supuesto coraje, mucho coraje.