para lograr legalizar el
aborto
Por Claudia Peiró
Infobae, 5 de febrero de
2020
Sorprende que una
organización que proclama haber nacido para defender a los presos de
conciencia, quiera que los legisladores argentinos vendan la suya con tal de
que el aborto se legalice en el país.
En un artículo firmado por
su directora ejecutiva local, Mariela Belski, se evalúa la perspectiva de que
el Ejecutivo envíe un proyecto de legalización del aborto y que no tenga los
votos para hacerlo aprobar. Y entonces se sugiere: “La estructura federal de la
Argentina le facilita al Poder Ejecutivo nacional algunas herramientas para
negociar con las provincias y, a través de los gobernadores, con los
senadores”.
Belski es abogada y en su CV
afirma tener un posgrado en Derecho Constitucional, sin embargo en nombre del
federalismo le pide al Presidente que tenga un comportamiento unitario. “Este
poder que concentra el Ejecutivo Nacional -escribe- puede facilitar el tratamiento
de la ley en el Senado de la Nación” ¿Será la extorsión con los fondos
coparticipables una de las “herramientas” a las que alude? ¿Y la división de
poderes?
En su nota, la directora de
Amnesty también pide reincidir en “estrategias ya utilizadas en el pasado (que)
pueden ser fundamentales” en un futuro: “En 2010, dos senadoras oficialistas
que estaban en contra (del matrimonio igualitario) debieron partir a una
oportuna misión a China que le permitió al Ejecutivo asegurar el triunfo en una
ajustada votación en la Cámara Alta”.
“La negociación que diseñe
el gobierno federal -insiste Belski- podría ordenar a los legisladores
oficialistas díscolos; los más reticentes podrían ausentarse y los más laxos,
votar a favor”.
La sugerencia es que se falsee la voluntad
popular
En concreto, la sugerencia
es que se falsee la voluntad popular, que en el sistema argentino se expresa a
través de sus representantes, como dice la Constitución que la directora de
esta ONG debería releer. Belski sabe que el aborto no tiene el respaldo
mayoritario de los argentinos; aunque la ola verde sea más ruidosa y tenga la
complacencia de Amnesty así como de otras ONG por el estilo, la realidad es que
el proyecto fue rechazado siguiendo los mecanismos que prevé el sistema republicano
y federal que rige en este país.
Nadie es ingenuo.
“Estrategias” como las que propone Belski se han utilizado efectivamente en el
pasado y es posible que se las siga usando. Lo insólito es que desde una ONG
que supuestamente promueve causas elevadas se las proponga abiertamente como
maniobras virtuosas cuando en realidad apuntan a viciar la democracia.
Amnesty fue creada en 1961
por iniciativa de un ciudadano británico, Peter Benenson, que asumió
públicamente la defensa de unos estudiantes portugueses encarcelados por
brindar por la libertad en su país, entonces bajo dictadura. Benenson acuñó la
expresión “presos de conciencia”, en referencia a personas que eran
encarceladas por sus convicciones políticas.
Hoy, su directora ejecutiva
en Argentina sugiere que los legisladores no voten según sus convicciones sino
de acuerdo a la presión que reciban de otro poder.
De hecho, algo así pudo
haber pasado en la madrugada del 13 de junio de 2018 en la votación del
proyecto del aborto legal en la Cámara de Diputados cuando todos los
legisladores de una misma provincia pasaron de una posición contraria a la
aprobación de la ley a votar por el sí. Muy posiblemente gracias a una
“estrategia” como la que propone Amnesty para quien el fin justifica los
medios.
A quien defiende sus convicciones y actúa
según su conciencia se lo llama “díscolo”
Salvo eso, el debate y la
votación del proyecto de ley fueron transparentes y democráticos. En una
abrumadora mayoría los legisladores votaron según su conciencia y los bloques
no impusieron un pensamiento único en la materia. Hoy, una ONG que nació defendiendo
presos que padecían cárcel en dictadura considera que quien defiende sus
convicciones y actúa según su conciencia es un “díscolo”. Y que la democracia,
la división de poderes, la honestidad intelectual y el respeto a las
convicciones son otros tantos obstáculos para imponer un punto de vista que no
es mayoritario.
Cabe esperar que el
Presidente haga caso omiso de estas sugerencias y que, en caso de insistir con
un proyecto ya oportunamente rechazado por el Congreso, respete fidedignamente
la independencia de poderes y deje en libertad de conciencia a sus
legisladores, sin condicionar su voluntad en un debate que no pone en juego
meras ventajas materiales, sino los valores más trascendentes.