dispuesto a
premiar a los que delinquen
Alfil, 9 octubre,
2020
Por Pablo Esteban
Dávila
El gobierno
nacional se ha vuelto un conglomerado incomprensible de ideologías,
aspiraciones y liderazgos. Cualquier cosa puede suceder dentro de su seno. Ya
ni siquiera sorprenden las groseras contradicciones que ocurren, cada vez con
más frecuencia, en sus sistemas de toma de decisión.
Ayer, en apenas
una jornada, la administración que conduce Alberto Fernández mostró que es
capaz de abstenerse de hacer cumplir la ley a lo grande, amén de optar por los
delincuentes en detrimento de quienes se encuentran a derecho. Se trata de dos
episodios de tomas de terrenos en el sur del país. Uno, ya antiguo, en
inmediaciones del lago Mascardi; el otro, reciente, en predios del Ejército
Argentino en inmediaciones de Bariloche.
Este último tiene
características surrealistas. En los últimos días, la incomprobable comunidad
mapuche Millalonco Ranquehue tomó unas 700 hectáreas de la Escuela Militar de
Montaña denominada, paradójicamente, “Teniente General Juan Domingo Perón”. Los
uniformados, en uso de sus facultades, desalojaron de inmediato a los intrusos
y apostaron centinelas sobre el terreno recuperado para desalentar a los
intrusos. Horas después, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó el
repliegue de estos efectivos sus posiciones originales. Algún nostálgico podría
escribir que el Ejército perdió en los papeles lo que supo ganar en la acción.
En abstracto, las
instrucciones del ministro son delirantes. Ordenó al Ejército que no ocupe
terrenos federales, que pertenecen a la fuerza, dejando nuevamente expedito el
camino a los okupas. Pero es todavía más increíble que haya sido el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que lo haya convencido de disponer la
retirada. El Instituto, aparentemente, reparte propiedades públicas con
discrecionalidad mayestática, aunque estas ya tengan dueño y no exista una ley
que ampare las transferencias dispuestas. Si el presidente no pone orden entre
sus funcionarios pronto reinará el caos.
El viejo pleito de
los terrenos en Villa Mascardi, por su parte, tuvo un nuevo capítulo al
filtrarse una iniciativa de la inefable ministra de Seguridad de la Nación.
Sabina Frederic se propone ceder siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel
Huapi a la comunidad Lafken Winkul Mapu, que usurpa 30 hectáreas en el sector
desde 2017, a cambio de que sus militantes suspendan de manera definitiva
cualquier tipo de ataque o actividad violenta contra los vecinos o sobre la
ruta 40. En pocas palabras, la funcionaria premiaría a estos delincuentes por
delinquir.
Tanta confusión
conceptual es preocupante. Si la responsable de la seguridad está dispuesta a
avalar conductas ilegales, entonces, ¿para que está? Frederic convalida dos
graves afrentas al orden constitucional: el ataque a la propiedad ajena
(pública o privada) y las amenazas como instrumento para lograr fines ilícitos.
Para evitar caer
en teorizaciones absurdas, del estilo que tanto agradan a los progresistas
acomplejados, bueno es poner las cosas en claro y volver al nudo del asunto. En
ambas tomas se trata de grupos organizados, que dicen pertenecer a una
comunidad con derechos ancestrales y que ocupan ilegalmente tierras
argumentando títulos desde tiempos de los que no existen noticias. No hay
papeles ni antecedentes serios que avalen, tan siquiera, una mínima
consideración legal frente al atropello. Además, y como si no fuera suficiente
tanta impunidad, se dedican a amedrentar y extorsionar a vecinos y pobladores
en general que, todas las veces que pueden, protestan contra los usurpadores.
Son razones suficientes para proceder al desalojo sin más, sin perjuicio de
acometer con decididos procesos penales.
Sin embargo, esto
no sucede nunca. Funcionarios, jueces y fiscales se pasan la pelota frente al
estupor de los vecinos y del resto del país. Las fuerzas de seguridad, mientras
tanto, se limitan a custodiar a los delincuentes. Y, ahora, Frederic les
propone ceder tierras (que pertenecen a todos los argentinos) a cambio de paz,
un verdadero escándalo. En cualquier país del mundo sería invitada a renunciar
de inmediato.
Lo más grave del
caso es que Frederic está realmente convencida de lo que hace. Ella trabaja
para los delinquen con el ardor de quien persigue una causa justa. Dejando de
lado el problema, no menor, de un gabinete que ha sido loteado por Cristina
Fernández, el gobierno padece del secuestro ideológico por parte del confuso
pensamiento de la izquierda progre. Basta que cualquiera se proclame víctima
estructural de la sociedad capitalista -o del patriarcado, la heterosexualidad
o del “hombre blanco”, no hay límites para las tonterías- para que quienes
deben hacer cumplir la ley abdiquen de sus evidentes responsabilidades. Estos
mártires imaginarios pueden ser desde pibes chorros (transformados en
delincuentes por el sistema), hasta supuestos integrantes de pueblos
originarios.
Semejante
concepción invierte el propósito del Estado que, de regirse por la ley, se
convierte en un mediador entre los delincuentes y el derecho. Los funcionarios
se transforman, de esta forma, en relativistas sociales, revolucionarios de
escritorio que descreen de la Constitución sobre la cual han jurado. El INAI y
el Ministerio de Seguridad son intérpretes de lo que sucede, no los conductores
de la realidad que deben administrar.
No es un tema
menor ni anecdótico, como puede colegirse. Si el gobierno decide aplicar las
normas conforme a un criterio sociológico, el resto de los argentinos,
obligados a cumplirla sin más, tienen derecho a reclamar el mismo trato. Si se
trata de dificultades y carencias, ejemplos sobran en todo el tejido social, no
solo en quienes cultivan el pobrismo. Y, si se refiere a discriminaciones,
basta preguntar a la gente de campo como se sienten respecto de los poderosos
de turno. Afortunadamente, la reacción de quienes pagan impuestos, de los que
tratan de honrar sus obligaciones e intentan comportarse como buenos ciudadanos
no se traduce en demandas de balcanización de la legalidad para su propia
conveniencia. Ellos exigen, simplemente, igualdad ante la ley, que es la base
de la convivencia civilizada. Algo que, por el momento, no se encuentra en la
agenda presidencial, con las consecuencias a la vista.