Diego Armesto
Infobae, 21 de
Julio de 2022
El presidente
Alberto Fernández sostuvo que ha realizado una “reflexión” sobre el mensaje que
días atrás difundió la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. En tal
sentido, el primer magistrado arremetió contra el Máximo Tribunal expresando
las siguientes palabras: “He visto que muchos eligen criticar las formas para
evitar el verdadero problema que enfrentamos. Nuestra justicia está deslegitimada
y necesita, de manera urgente una reforma profunda y democrática”. Y concluyó:
“La designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue un acto político
inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de
manipular la justicia”.
Estas
declaraciones atentan contra el sistema republicano y conllevan un mensaje
contradictorio que devalúa aún más la institucionalidad que merecemos los
argentinos. Además, carece de sustento y es fruto de un “mito” generado a
partir del relato populista, que solo busca desgastar y atacar a la cabeza de
uno de los poderes del Estado, que es más ni menos que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
El 15 de junio de
2016, la Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría los pliegos enviados por
el presidente Mauricio Macri, que concluyeron con la designación como jueces de
la Corte Suprema de Justicia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En aquella
votación para la designación de los Ministros, Carlos Rosenkrantz obtuvo 58
votos afirmativos y 12 negativos, mientras que el pliego de Horacio Rosatti
contó con 60 positivos y 10 en contra.
En este sentido,
es evidente la falacia que esgrimen las declaraciones que hablan de “deslegitimidad”,
por cuanto la designación de ambos miembros de la Corte Suprema se realizó
conforme el procedimiento establecido en nuestra Carta Fundamental y tan solo
con mirar 6 años atrás en el tiempo, podemos verificar datos y hechos, en lugar
de ahondar en conceptos vacíos.
En aquella sesión,
el senador Rodolfo Urtubey dijo: “En nuestra República los dos poderes del
Estado cuya legitimidad y origen está dada por el voto popular –presidente de
la Nación, votado por el pueblo argentino, y Senado de la Nación, legisladores
que representan a las provincias argentinas– son quienes eligen a los miembros
que conducen e integran la cabeza del Poder Judicial de la Nación.
Evidentemente, se trata de un acto de cogobierno, del ejercicio de una
responsabilidad política compartida”. A su vez, el legislador agregó que la
administración Macri enmendó el error “en los hechos y por los actos del
gobierno que, volviendo sobre sus pasos, inició el procedimiento previsto en
la Constitución Nacional remitiendo finalmente al Senado los pliegos para su
tratamiento”.
Es decir, los
candidatos a la Corte Suprema, participaron de la Comisión de Acuerdos, donde
se los escuchó, se analizó, se resolvió́ cada una de las impugnaciones (Dto.
222/03) y se practicó el correspondiente dictamen, el cual resultó favorable.
Por ello, es dable destacar que no sólo se cumplió con el procedimiento
establecido en la Constitución, sino que quedó demostrada la idoneidad de los
candidatos, cumpliendo el rito constitucional y otorgando legitimidad a los designados
Ministros de la Corte.
Resulta necesario
clausurar este debate y entender que todo relato concluye en una simple
historia imaginaria que pretende alterar las verdaderas cualidades de nuestro
Máximo Tribunal y algunos de sus integrantes, queriendo imponer -pareciera- esa
falsa verdad en busca de impunidad por encima de la realidad. Un buen juez debe
ser idóneo, imparcial e independiente y, estas tres cualidades nunca pueden ser
parte de un plan para desestabilizar o perseguir gobierno alguno. En definitiva,
colocar a la Justicia en ese espacio, propio de la lucha en la arena política,
no hace más que desgranar la poca institucionalidad que le queda a nuestro
país.