Diego Luciani
comenzó esta mañana su intervención con una dura acusación contra la
vicepresidenta, principal acusada en el juicio por la obra pública de Santa
Cruz
Infobae, 1 de
Agosto de 2022
“Este ministerio
Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en
el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se
trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la
clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita
piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que
participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero
valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios ”, aseguró el
titular del Ministerio Público en el inicio de su exposición, que se extenderá
durante nueve jornadas.
“Al asumir Néstor
Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández,
instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial
de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que
lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo
extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo
extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, continuó.
Luciano expuso
también fuertes críticas contra la Oficina Anticorrupción -se retiró del caso-
y la Unidad de Información Financiera (UIF), que semanas atrás pidió la
absolución de la ex mandataria. Por lo tanto, la Fiscalía representa la única
acusación que queda en pie. Si Luciani no pidiera una condena, el juicio se
cae. Sin embargo, por el tenor de sus primeras palabras se descuenta que eso no
sucederá.
“Vamos a probar
cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio
colosal al erario y a todos los argentinos. Por eso hemos solicitado 9
jornadas: queremos explicar, mostrar la verdad, y quizás necesitemos más
audiencias”, anticipó.
El pedido de
condena para funcionarios suele estar acompañado con la inhabilitación -en
muchos casos es de manera perpetua- para ejercer cargos públicos. No obstante,
para que eso ocurra una eventual condena debería quedar firme. Lo que implica
la intervención, después del juicio oral, de la Cámara Federal de Casación
Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la hoja de ruta
que trazaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2 -a cargo del debate-, Jorge
Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto
antes de fin de año. Pero los fundamentos de esa decisión quedarían para el
2023 y recién ahí las partes pueden apelar para que las eventuales condenas
sean revisadas por Casación y después por la Corte. Esos plazos judiciales
exceden el cronograma electoral del 2023.
En este marco,
Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su
condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.
En medio de la
interna del Frente de Todos, y de la crisis política y económica, Alberto
Fernández respaldó las críticas de CFK: “La Vicepresidenta ha afirmado que en
una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su
acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la
objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del
tribunal”.
Se investigan las
presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez
recibieron para la provincia de Santa Cruz. Sobreprecios, falta de capacidad
técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras
cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de
asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La
vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.
Junto con Cristina
Kirchner y Báez están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de
Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel
Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la
Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente
Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de
Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz
de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe,
Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración
General de Vialidad de Santa Cruz.
Los alegatos
comenzaron el 11 de julio con la UIF. Los abogados del organismo del gobierno
nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales
acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal.
Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos
una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”,
dijo el abogado Leandro Ventura.
La UIF solo pidió
condena para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que
incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia
estaban terminadas cuando en rigor no fue así. El organismo solicitó un año de
prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para Daruich, Collareda,
Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió que el delito podría estar
prescripto y dejó en el tribunal esa decisión.