los números de la corrupción según los
fiscales
Natalia Volosin
Doctora en Derecho
por la Universidad de Yale
Infobae, 6 de
Agosto de 2022
Empezó el alegato
de la fiscalía en el juicio contra Cristina Fernández y otros 12 acusados por
asociación ilícita y administración fraudulenta en la obra pública vial de
Santa Cruz entre 2003 y 2015. Unos creen que no hay ninguna prueba y que es
todo sarasa y lawfare. Otros dicen que estamos ante un juicio histórico al
nivel del Juicio a las Juntas de 1985. Un poquito extremistas todos, ¿no?
Deberían
preocuparnos (mucho) las dos lecturas. La del lawfare porque es un intento vano
de encubrir el verdadero problema del Poder Judicial: la falta de
independencia, más vieja que la escarapela y que los poderosos usufructúan
cuando gobiernan y padecen cuando quedan con la ñata contra el vidrio. ¿Hubo
arbitrariedades y violaciones de derechos en algunos procesos? Sí, lo señalé en
su momento. ¿Eso quiere decir que todas las causas de corrupción son un
invento? No, para nada.
En cuanto al
Juicio a las Juntas, la comparación es realmente insoportable. Quienes desde
hace mucho tiempo sostenemos la gravedad de la corrupción para la democracia y
los derechos humanos deberíamos repudiarla. No hay nada que se le parezca a aquel
juicio histórico. ¿Por qué? Porque no hay nada que se le parezca a un régimen
estatal de terror que durante siete años instaura centros clandestinos de
detención y comete en forma sistemática actos de persecución política, censura,
secuestro, tortura, violación, homicidio, desaparición forzada y apropiación de
niños y niñas.
Así que no, ni
lawfare ni Juicio a las Juntas.
¿Entonces? Bueno,
entonces podemos probar con corrernos de las posiciones sesgadas y escuchar.
¿Qué cosa? ¡Pues el juicio, que para eso Dios lo hizo oral y público! No hay
mucho más que hacer que eso: escuchar los alegatos de todas las partes y
hacernos una idea de las pruebas y los argumentos de cada una.
El fiscal Diego
Luciani
Así que vamos con
la posición de los acusadores, simplificada en números. Según los fiscales
Luciani y Mola:
Concentración de
obra vial en Santa Cruz
- Entre 2003 y
2015 se adjudicaron 51 obras públicas viales en Santa Cruz a empresas
controladas por Lázaro Báez.
- Esto representa
el 78,4% de las contrataciones de obra pública vial en la jurisdicción (51 de
83).
- Santa Cruz fue
la segunda provincia que mayores fondos recibió para obras públicas viales.
- La tasa de
accidentes de la provincia era ínfima. El mayor número de muertes se producía
en las rutas de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.
- Santa Cruz tenía
la densidad poblacional más baja del país: 1,1 por km² contra, por ejemplo, 20
por km² en Córdoba y 50,8 por km² en Buenos Aires.
Creación del
oferente (Báez) y simulación de competencia
- Con apenas $3000
pesos (el 25% de Austral Construcciones, constituida días antes de que Néstor
Kirchner asumiera la presidencia), Báez, un monotributista y empleado de banco,
se convirtió en el contratista de obra pública vial más importante del país.
- Con un capital
social total de $12.000 pesos y cuando recién se iniciaba, en abril de 2004
Austral le prestó $400 mil dólares a la empresa Gotti, que justo ganó una
licitación que le cedió ilegalmente a la primera.
- Gotti se usó
como pantalla para presentar ofertas en 19 de las 51 licitaciones. Las que
ganaba se las cedía a Austral.
- A mediados de
2006, Báez se quedó con el 55% de la empresa de Adelmo Biancalani por migajas.
Pagó $18.000 pesos por mes para gestionar el concurso.
- En 2006 (a dos
años de formar Austral con $3000 pesos) se quedó con Kank y Costilla por $6
millones de dólares que pagó con obras que se le dieron a esa misma empresa a
partir de que él se la quedó (hasta entonces Kank solo tenía 1 licitación).
Direccionamiento
- Para 2008, las empresas
de Báez ya habían recibido más de 35 obras públicas viales en Santa Cruz y solo
habían terminado 2 (1 de remediación de canteras).
- En el período
2003-2015, Austral cobró casi $2200 millones de dólares (sí, dólares), lo que
representó el 11,4% del total de pagos de la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV).
- 17 licitaciones
nunca fueron autorizadas por el Congreso en las leyes de presupuesto.
- En 47 casos,
Austral no tenía capacidad para la adjudicación por falta del certificado
correspondiente.
- Más de 20 obras
tenían el mismo representante técnico a la vez.
Demoras y abandono
de obras
- Solo se
terminaron 27 de los 51 proyectos. Los otros 24 fueron abandonados a pesar de
que recibieron ampliaciones presupuestarias.
- De las 27 obras
culminadas, 24 tuvieron demoras severas.
- Es decir que, de
las 51 obras, 48 tuvieron retrasos y solo 3 (eran trabajos simples como la
remediación de canteras) finalizaron en tiempo y forma.
- Los plazos se
duplicaron, triplicaron y hasta quintuplicaron. Hubo obras que debían finalizar
en 2 años y tardaron 10.
Anticipos,
aumentos y prórrogas
- El
direccionamiento y la cartelización permitieron elevar hasta un 20% el gasto
autorizado para las licitaciones.
- A las empresas
del grupo se les otorgaron anticipos financieros de entre el 20 y el 30%.
- Solo 1 de los 51
proyectos mantuvo el presupuesto original (remediación de canteras). Los 50
restantes tuvieron amplios incrementos por redeterminaciones de precio o
modificaciones de obra.
- El patrimonio de
las empresas de Báez se incrementó al menos un 45.313%.
- Las
modificaciones de obra, que deben ser excepcionales, se usaron en forma abusiva
e ilegal en 39 de las 51 licitaciones.
- Esto implicó una
prórroga total de 700 meses (63 años) y un aumento de más de $1500 millones de
pesos.
Pagos express
- En las obras
adjudicadas al grupo Báez pasaban apenas 29 días entre la fecha de apertura de
ofertas y la firma del contrato; para las demás empresas el promedio era de 210
días.
- Desde el último
día del mes de certificación de la obra, la DNV tardaba en promedio 60 días en
pagarles a las empresas de Báez; a los demás les pagaban a los 207 días
promedio.
- Por ejemplo, en
2012, a Báez le pagaron más de $800 millones de pesos con un promedio de demora
de 69 días y al resto de las empresas les pagaron la mitad ($470 millones) en
210 días promedio (el triple de demora).
- Para los
primeros 30 contratistas de obras viales del país, las demoras en cobrar en
algunos casos llegaron a los 500 días.
Descontrol
- El mismo día que
Néstor Kirchner delegó la obra pública en el Ministerio de Planificación a
cargo de Julio de Vido (19/06/03) se designó Síndica General Adjunta de la
SIGEN (el organismo a cargo del control interno del Poder Ejecutivo) a su
pareja, Alessandra Minnicelli.
- 47 de las 51
licitaciones se hicieron por convenios de delegación de la DNV con su par local
en Santa Cruz (la AGVP). Esto casi nunca se hacía en licitaciones que no se
terminaran adjudicando a empresas de Báez.
- De 2006 a 2007,
el Presidente de la AGVP (que también fue Director Suplente de Hotesur, la
empresa de los Kirchner) adjudicó sin autorización del Directorio de la agencia
26 licitaciones a Austral por más de $3000 millones de pesos.
- En 47 de las 51
licitaciones, el estudio de los oferentes lo hizo la Comisión de
Preadjudicación de la AGVP.
- En 11 casos, esa
Comisión se conformó luego de la apertura de sobres. En otros se conformó
antes, pero cambió su integración luego de la apertura.
- Hubo casos en
los que el complejo estudio de los oferentes (guiño-guiño) se hizo en apenas 24
horas.
- En una
licitación, la preadjudicación se firmó ANTES de que la Comisión presentara el
estudio sobre la base del cual se toma esa decisión.
- Solo 5 o 6
personas controlaban y certificaban las obras.
El fin
- Al otro día del
ballotage en el que ganó Mauricio Macri (23/11/15) De Vido incrementó el
presupuesto de la DNV en $102 millones de pesos.
- Dos días después
(25/11/15) la AGVP aprobó pagos por $537 millones de pesos a Austral y Kank y
Costilla.
- A diciembre de
2015, al grupo de empresas de Báez se le debían cero pesos. Fue el único en esa
situación.
- Ese mismo mes,
Austral y Kank y Costilla despidieron a 1500 trabajadores y trabajadoras.
En el marco de
estos datos generales, los fiscales ya están analizando licitación por
licitación. Esto será interesante porque uno de los principales argumentos de
la defensa de Cristina Fernández (que todavía no alegó) es que solo se
peritaron 5 de las 51 obras impugnadas.
Hay una licitación
que habla por sí sola. Según el fiscal Luciani, 4 o 5 días antes de la apertura
de sobres, la DNV firmó un convenio con la AGVP para financiar la obra por
$238.248.064,42. ¿Qué decía el sobre con la oferta de Austral? ¡Sí, adivinaste:
$238.248.064,42!