en el conflicto mapuche: ninguna de las causas
por usurpación llegó al juicio oral
Nicolás Pizzi
Infobae, 9 de
Octubre de 2022
El juzgado federal
de Bariloche, donde se investigan las usurpaciones más rutilantes de los grupos
auto denominados mapuches, no tiene juez desde 2019. Cada tanto, una jueza de
Zapala (Neuquén) deber recorrer casi 400 kilómetros para estar presente en
Bariloche. En los hechos, el juzgado es manejado hace tiempo por su secretario,
Gustavo Zapata, que en pocos días viajará a España para realizar un posgrado.
Autorizado por sus superiores, estará ausente durante doce meses, pero seguirá
cobrando su sueldo.
La Fiscalía
Federal de Bariloche también está vacante. La fiscal Silvia Little, que había
amenazado con renunciar hace un año tras otra ola de violencia, finalmente dejó
esa función a comienzos de este año. Su lugar fue ocupado por Cándida Echepare,
que cumplía la función de secretaria de Little y ahora subroga la Fiscalía. Para
lidiar con todas las causas federales, tiene apenas 11 empleados.
Pese a la falta de
recursos, la Justicia es parte del problema en el conflicto mapuche: por cada
toma en la zona de Villa Mascardi se abrió una causa judicial y ninguno de esos
expedientes llegó a juicio oral.
De hecho, todavía
está pendiente el juicio por la primer toma en la zona, ocurrida el 10 de
noviembre de 2017. En ese caso, el juicio se demora porque todavía no se ponen
de acuerdo qué tribunal oral debe hacerse cargo. “La causa estuvo un año en la
Cámara de General Roca y otro año en Casación”, se quejó una fuente judicial
que conoce la maraña de causas judiciales.
En ese expediente
judicial están acusadas seis mujeres y un hombre que pertenecen a la
autodenominada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: Martha Luciana Jaramillo,
Yessica Fernanda Bonnefoi, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén
Tapia, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan.
Dos de ellas,
Jaramillo y Betiana Ayelén Colhuan (20), están entre las mujeres detenidas esta
semana durante el operativo de las fuerzas federales. Jaramillo fue enviada,
junto a otras tres mujeres, a la cárcel federal de mujeres de Ezeiza, aunque
ayer la Justicia ordenó que vuelvan al Sur. En cambio, Betiana Ayelén Colhuan,
la “machi” que tuvo en 2017 la revelación sobre la condición sagrada de esas
tierras, nunca se movió de Bariloche porque tiene un bebé y está en período de
lactancia.
En la primer toma,
la Justicia intervino con celeridad en una primera etapa. Apenas cuatro días
después de la denuncia, el 14 de noviembre, la entonces fiscal Little y el
entonces juez subrogante Villanueva encabezaron un operativo en el lugar y
lograron obtener imágenes aéreas con un drone de la Policía Federal, según
consta en el expediente judicial al que tuvo acceso Infobae. Los funcionarios
judiciales tuvieron que abandonar el lugar por las piedras que caían desde la
montaña.
La primera
identificación de las mujeres fue a través de los números de teléfono asociados
a unas publicaciones en Facebook de los usuarios “Lafken Winkul Mapu” y “Red de
Apoyo Comunidades en Conflicto — MAP”. Varios de esos teléfonos luego fueron
secuestrados en la toma.
En el caso de
Cristian Colhuan, fue identificado a través de un Renault Clio que estaba en la
toma y aparecía registrado a su nombre, pero además se encontró su billetera
con dos tarjetas SUBE, dos tarjetas del Ministerio de Desarrollo Social de Río
Negro, tres tarjetas de débito, y $1094 en efectivo.
Las escuchas
telefónicas terminaron de confirmar que estuvo en el lugar y huyó a tiempo.
Esa primer toma de
Mascardi terminó el 23 de noviembre, dos días antes de la muerte de Rafael
Nahuel, con un desalojo a cargo de la PFA. En ese operativo, al igual que
ocurrió esta semana, solo fueron detenidas mujeres con sus hijos: Martha
Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Betiana Ayelén Colhuan, Yéssica
Fernanda Bonnefoi, Mayra Aylén Tapia y Romina Rosas.
Los hombres
lograron escaparse por la montaña.
Cristian Colhuan
también aparece procesado y elevado a juicio por la “recuperación” de ese mismo
predio. En la Justicia se lo conoce como “hecho 3″. Las otras dos personas
acusadas en esa causa son Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña.
Además de las
pruebas acumuladas en los expedientes judiciales, las fuerzas de seguridad
realizaron, al menos hasta 2019, varios informes de inteligencia sobre las
tomas de Villa Mascardi. Los ocupantes fueron grabados con drones, durante el
día, y observados de noche con miras infrarrojas. “Están identificados hace
mucho tiempo, la Justicia sabe quiénes son, el Estado también, pero se dejó
hacer por lo que había pasado con (Santiago) Maldonado y Rafael Nahuel”,
admitió un ex jefe de una de las fuerzas que colaboran con la Justicia.
Durante los
últimos tres años, esos informes se discontinuaron. Tampoco intervino la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según confirmaron fuentes judiciales. De
esta manera, el operativo de esta semana se hizo sin datos certeros sobre los
ocupantes ni sobre las características del terreno. El resultado quedó a la
vista: todos los hombres que intervenían lograron huir y hasta ahora no fueron
encontrados.
“Es muy relevante
que el Estado detenga a los responsables de tantos hechos de violencia y que
los juzgue ejemplarmente tal como se hizo en su momento con Facundo Jones
Huala”, expresó el ex ministro de Seguridad Eugenio Burzaco ante una consulta
de Infobae.
Encima, el
operativo abrió otra interna en el Gobierno por la renuncia de la ministra de
la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. “En lo personal, siento que con este hecho
se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que
otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente
de este ministerio”, argumentó la abogada en su carta de renuncia. No fue la
única voz disonante dentro del Frente de Todos por el cambio de rumbo sobre el
conflicto mapuche.
La Justicia
también tiene pendiente el juicio contra los cinco prefectos procesados por la
muerte de Rafael Nahuel, ocurrida en noviembre de 2017 en Villa Mascardi.
Recién en diciembre del año pasado, la jueza Silvia Dominguez, cerró la etapa
de instrucción.
Por las vacantes
en el juzgado federal de Bariloche, la investigación por ese crimen pasó por
las manos de Leónidas Moldes, el magistrado que renunció en 2019, dos
subrogantes (Gustavo Villanueva y Gustavo Zapata), y la actual jueza
subrogante.
Zapata, el actual
secretario, estuvo a cargo del juzgado federal durante casi dos años. En ese
periodo afrontó casos resonantes pero también fue cuestionado por algunas
resoluciones. Se le objeta haber avalado un asentamiento en dos predios
pertenecientes al INTA en El Bolsón y de obligar al estado provincial a
resolver la situación habitacional de los ocupantes en un plazo de dos semanas.
Aunque es uno de
los candidatos que espera una definición por parte del Consejo de la
Magistratura en el concurso para elegir al sucesor de Moldes, Zapata acaba de
ser autorizado para realizar un posgrado en Sevilla (España). Estará ausente durante
12 meses pero seguirá cobrando su sueldo.
La resolución que
lo autoriza, firmada por los jueces de Cámara Richar Gallego y Mariano Lescano,
señala que Zapata cumplió con el requisito previsto por el régimen de
licencias, donde se establece expresamente que para una licencia con goce de
haberes la actividad a realizar debe ser “de interés para la función y no
afecte la debida prestación del servicio”.
De las primeras
usurpaciones de Villa Mascardi, la Justicia provincial solo intervino en la
toma del predio que pertenece al Obispado de San Isidro. En ese caso,
llamativamente, el desalojo había sido ordenado pero se suspendió por pedido de
los propios denunciantes.