Dr. César Lerena
La participación
de la pesca en el total del complejo exportador viene cayendo en términos
porcentuales. En el año 2022 fue de 2,1% mientras que los años anteriores fue
del 2,6% (2021), 3,2% (2020) y 2,9% (2019), dejando en claro las pésimas
políticas llevadas a cabo desde la Subsecretaría Pesca. Por cierto, no
agregamos el medio tóxico en el que se desarrolla la actividad: la inflación;
la presión tributaria y burocrática; el atraso cambiario; la falta de crédito;
las trabas a la importación de insumos esenciales y las retenciones a la
exportación; los altos costos de los insumos básicos; la ineficiencia de los
puertos, la falta de control de la pesca ilegal, etc. que ataca la
competitividad de la pesca argentina. Por cierto, ¿qué funcionario de rango
inferior podría incidir en la política nacional? El ámbito de Agricultura y la
jerarquía de la actividad debe cambiarse. Y nos preguntamos ¿quién le prestará
atención a esta actividad con el 2,1% de participación en las exportaciones y
con un consumo en el mercado interno de 4,8 Kg anual, el más bajo de
Latinoamérica?
Si algo tiene de
bueno la mal llamada Ley Federal de Pesca 24.922 es su artículo 1º. Desde éste
en adelante, comenzaron los escribientes a copiar y pegar las exigencias de sus
representados, para que casi todo fuera posible; pero, como suele ocurrir en un
mundo de intereses cambiantes, éstos mutaron y, lo que era bueno pasó a malo y
viceversa. La Cámara de Armadores de Buques de Altura se creó porque algunos
entendían que la Cámara de Congeladores, defendía intereses contrarios y
viceversa, nada hacía suponer, que todo sería lo mismo, dando lugar, a un
sinnúmero de siglas empresarias, donde a la luz de los resultados, hay más
vocación de poner al funcionario de turno para hacerse acreedor de intereses
personalísimos, que conciliar una política que contenga al conjunto de la
actividad y les permita a todos, crecer, desarrollar y multiplicarse, cual
regla biológica.
Para qué atomizar
la representación si a la hora de defender sus intereses las principales
empresas juegan su partido por fuera de las cámaras. Una caja de langostinos
tiene un efecto maravilloso en el funcionario que debe tomar decisiones. No es
necesario dar más explicaciones.
El Estado, como
titular del recurso, al otorgar las concesiones debiera asegurar que la
explotación, realizada con idoneidad, sea rentable, tanto para los grandes
empresarios como a los pequeños, a los que debería proveerles de una “Unidad
Económica Pesquera” que les permita desarrollarse en esta actividad. Esto, debe
darse en cualquiera de los escenarios macroeconómicos, ya que las medidas que
se tomen deben ajustarse en forma permanente, para que esta ecuación se
mantenga. De esto no se hace cargo el Subsecretario de Pesca.
Hacia 1976, la
flota de altura era de 113 buques fresqueros y 10 buques congeladores; es decir
una relación de 92% a 8% respectivamente. Este porcentual se revirtió con el
notable crecimiento de los buques congeladores. En el año 2022 los desembarques
declarados de los buques fresqueros fueron de 394 mil toneladas y de los buques
congeladores de 400 mil toneladas; es decir, de un 50%. Los números son
elocuentes, y ello encuentra fundamento en la dicotomía que, aun
incrementándose las exportaciones, aumentó el desempleo y el trabajo no
registrado. Dos razones: menos valor agregado e incremento del trabajo
precarizado ¿Y qué opinan los Intendentes y concejales de los municipios de
esto? Nada. Están ocupados en recaudar a través de las multas de tránsito, para
resolver el rojo de sus comunas y, no alcanzan a darse cuenta de los recursos y
el empleo que generaría el procesamiento en tierra de los productos pesqueros y
otras decisiones en el ámbito de la explotación pesquera.
Por supuesto, no
ignoramos, que la cuestión macroeconómica y el régimen laboral actual, es
contrario a la industrialización en tierra. Un régimen que fomenta el trabajo
no registrado, para lo cual basta ver el número de afiliados del SOIP en 1990 y
los escasos afiliados en 2022; las exportaciones pesqueras, en la que juega el
dólar oficial y la posterior pesificación y otras distorsiones como la
tercerización del comercio; las diferencias entre las empresas nacionales y las
que en la Argentina actúan como filiales de sus casas matrices en el
extranjero; la utilización de cooperativas que no se ajustan al régimen legal
vigente y que cotizan a precios marginales la actividad manufacturera en
relación a empresas que enfrentan todos los impuestos, cargas laborales,
patronales y tasas; la tolerancia de los municipios a los procesos clandestinos
y, otros tantos males, que, desalientan la creación de empleo y la formalidad
laboral y, que llevaron, a que la flota fresquera que procesaba sus materias
primas en las plantas industriales, fuera transformándose en congeladora, pese
a que la ley 24.922 lo prohíbe, donde el procesamiento básico se realiza a
bordo, regalándoles la mano de obra a los países desarrollados y, a algunos de
Sudamérica, a costa del empobrecimiento de nuestras ciudades y pueblos, para
beneficio de los importadores y transformadores.
El argumento
inicial de los compradores fue el disparador: “los productos congelados a bordo
son de mejor calidad”. Ello favoreció, en muchos casos, a que éstos se quedaran
con los procesos de transformación, que, entre otras cosas, requiere de la
descongelación, el procesamiento y la posterioridad recongelación e, ignora las
nuevas tecnologías de mantenimiento de refrigerado a bordo de las capturas. El
régimen laboral y la tolerancia e incapacidad de los organismos competentes
hizo el resto.
Pero, pequeño
detalle, el Estado que es “el dueño del recurso” y, da su explotación en
concesión a los empresarios, no hizo absolutamente nada para tratar de
armonizar los intereses, para que la pesca siga siendo generadora de
poblaciones e industrias y ocupación de los territorios inhóspitos del litoral
patagónico, al igual que a la ciudad que dio origen a la actividad industrial
en la Argentina y que hoy se muestra decadente.
Con los buques
congeladores es difícil cumplir con el axioma indicado en el artículo 1º de la
Ley de Pesca: «fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo
desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos
marinos», porque efectuar un mínimo proceso y congelar a bordo, con una baja
ocupación de mano de obra, no es procurar el máximo desarrollo y un
aprovechamiento racional, que se logra obteniendo el máximo valor agregado a partir
de una misma unidad de materia prima.
¿Ello, significa
que haya que eliminar los congeladores? No. Hay que modernizar y tecnificar los
buques fresqueros y asegurarse que el valor agregado esté presente en
cualquiera de los casos y, los buques congeladores amplíen su radio de acción a
la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y,
compensarlos incrementándoles los cupos de captura (procedimiento que por el
momento omito); liberarlos de toda carga impositiva, derechos de captura y
exportación y, proveerles de mayor protección e investigación en el área.
El recurso
pesquero y el ámbito de desarrollo de la especie es de dominio del Estado que
lo da en concesión a las empresas para, entre otras cosas, agregarle el máximo
valor posible a una captura sostenible y, ello, resulta virtualmente imposible
con el modelo actual, donde los buques congeladores, son en general
ineficientes a la hora de procesar a bordo, tal cual surge del coeficiente de
conversión (Bergamaschi, Nazareno, INIDEP, 2000) de los productos elaborados
mecánicamente, que determina, cuántas toneladas de captura se necesitan para
obtener una tonelada de producto final; ya que, sí tomamos ese coeficiente
podríamos ver -a modo de ejemplo- que, para producir 1.000 toneladas de filet
de merluza sin piel se requiere capturar unas 3.600 toneladas de merluza
(Coeficiente 3,59); es decir, que se descartan al mar unas 2.600 toneladas del
resto de la merluza fileteada; mientras que, para el mismo producto, en el
proceso manual elaborado en tierra, el rendimiento es del 45%, es decir, que
con 3.600 toneladas de merluza entera se logran 1.620 toneladas de filet,
obteniéndose, en consecuencia, unas 620 toneladas más de merluza fileteada que
en el envasado a bordo, además, de aprovechar los residuos para la fabricación
de harina con un 65% de proteína.
Al respecto,
habría que tener presente la aplicación del Código de Conducta Responsable de
la FAO: «los propietarios y armadores de los buques pesqueros deberían
asegurarse de que sus buques de pesca estén dotados de equipos adecuados con el
fin de procesar los residuos generados a bordo durante el servicio normal del
buque», aunque ello, podría sacar de competencia a los congeladores.
Por cierto, al no
haber controles seguros durante la captura, los rendimientos son inciertos. A
ello se agrega la falta de control en eventuales transbordos en el mar o en los
desembarcos donde podrían sustituirse las especies. Chocolate por la noticia,
diría mi amigo Jaime.
¿Quién puede
sostener técnicamente que la calidad de los procesados y congelados a bordo es
mejor? o, ¿de qué calidad y seguridad sanitaria se puede hablar en los
productos congelados a bordo, cuando aquí no hay inspectores profesionales que
verifiquen la aptitud de las materias primas, la higiene de las superficies de
contacto o la salud de los operarios, tal lo cual exige el Decreto 4238/68 ap.
1.1.2; 8.1; 23; o el artículo 31º de la Ley 24.922. Habría que preguntarse:
¿qué profesional de sanidad certifica los procesos que ocurren a bordo?
Por otra parte,
los productos tratados a bordo en los buques congeladores se descongelan en
destino para su transformación, comercializándose luego frescos o nuevamente
congelados para su exposición en góndolas. También es cierto, que al comparar
la calidad de las materias primas desembarcadas frescas no se han tenido en
cuenta las nuevas tecnologías disponibles de almacenamiento y mantenimiento
(RSW, Refrigerated Sea Water) en el transporte. La Unión Europea y la mayoría
de los compradores tienen interés en disminuir los procesos de sus vendedores
y, ello se demuestra claramente, cuando se reducen a cero los aranceles de
importación de las materias primas sin valor agregado o, cuando a España
ingresa productos procedentes de Malvinas, con la sola condición que el 70% de
ellos se procesen en la península ibérica.
Mientras tanto la
Argentina, con una gran cantidad de nacionales desempleados; un 40% de pobres y
una Patagonia con un índice poblacional de 2 hab/km2, transfiere trabajo a la
Unión Europea al exportar con bajo valor agregado. No existe “la equidad” a que
refiere la Convención del Mar (CONVEMAR); además de darles habilitación en el
territorio continental argentino a empresas pesqueras españolas y chinas,
mientras embarcaciones de estos Estados se apropian de nuestros recursos
originarios de la ZEE en alta mar y Malvinas; una verdadera contradicción a lo
prescripto en el referido artículo 1º: se «promoverá la protección efectiva de
los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la
sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo
plazo de los recursos». Estos intereses, no son solo explotar racionalmente el
recurso, sino explotarlo de tal forma, que fomente el emplazamiento y el sostén
de los pueblos en el litoral marítimo, como efecto de la radicación de las
industrias y, el consecuente empleo regional.
Por cierto, los
«intereses nacionales relacionados con la pesca» también son fomentar la
industria naval, y otras industrias anexas, cuestión que no se tiene en cuenta
cuando el INIDEP y, toda la cadena de responsabilidades del gobierno, promueve
la importación de un buque de investigación, con un costo que supera los cien
millones de dólares. ¿Y el Subsecretario de Pesca? Antes de bajar sus cuadros,
viendo si cierran las estadísticas; burocratizando la tarea productiva y, a
juzgar por lo ocurrido en Río Negro, sin coordinar la protección y
administración de los recursos pesqueros como prescribe el artículo 5º inc. b
de la Ley 24.922 a la que adhirieron todas las provincias.
El mismo artículo
1º precisa: «favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente
apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor
empleo de mano de obra argentina». Ratificando lo ya dicho, este párrafo
refiere a la industrialización en tierra, ya que éstos son los ámbitos
apropiados, no solo para asegurar las mejores condiciones laborales y
ambientales posibles, sino para asegurar el control y la obtención del mayor
valor agregado a las materias primas brutas y la generación de empleo. Ello, en
un productor agropecuario, por ejemplo, que explota sus bienes y negocios,
puede quedar a su exclusivo arbitrio, pero, siendo una actividad concesionada,
el Estado está obligado en administrar en la forma más eficiente el recurso
que, no alcanza con extraerlo del mar y, mucho menos limitarse a exportar
commodities, sino que los productos debieran estar aptos para ser destinados
directamente a los mercados mayoristas del mundo y las góndolas, de modo que,
partiendo de una misma materia prima se obtenga el mayor valor posible y, en lo
interno, facilitar el consumo y mejorar la dieta de los consumidores,
desarrollar la industria y generar nuevos empleos en el país.
Mientras ello
ocurre, en el territorio argentino de Malvinas buques extranjeros se llevan
250.000 toneladas de pescados y calamares anualmente y, otros tantos, se
apropian de unas 700.000 toneladas de recursos migratorios originarios de la
ZEE en alta mar; ello sin contar los descartes que, transpolando la información
nacional serían del orden del 30%. En este escenario, la subsecretaría de pesca
no puede implementar ningún plan serio de trazabilidad.
Hacia la década
del 70 la pesca era considerada una actividad productiva y no podía acceder a
los beneficios impositivos de la industria. Para revertir ello, las Cámaras se
comprometieron a agregarle valor a las materias primas. Este compromiso,
quedaría plasmado en el art. 2º de la ley de pesca: «la pesca y el
procesamiento de los recursos vivos marinos constituyen una actividad
industrial», ello, refiere, expresamente a “procesar” y, no puede limitarse,
como hemos dicho, a una mera actividad extractiva, de bajo valor agregado y, de
exportación de commodities; siendo obligación del Subsecretario de Pesca
«establecer los requisitos y condiciones que deben cumplir los buques y
empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera» (Ley 24.922, Art. 7
f). El legislador quiso beneficiar en la Ley de Pesca a la industria en tierra,
frente a la actividad extractiva y, por ello, determinó las cuotas de captura
por tipo de flota; la obligatoriedad de descargar en el puerto; estableció las
mejores condiciones para el otorgamiento de los permisos a los que empleen mano
de obra nacional en mayor porcentaje en tierra y buques en forma proporcional
(Art. 26º), privilegiando con ello, a los buques fresqueros que ocupan mayor
cantidad de operarios en los procesos de industrialización; promovió la
asignación de cuotas a la cantidad de mano de obra nacional ocupada (Art. 27º)
y, prohibió la transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros
fresqueros a congeladores (Art. 27º), dejando de manifiesto el interés de
priorizar a aquellos por sobre estos últimos.
El modelo actual
concentra en unos pocos el beneficio y perjudica al conjunto de la actividad.
La pesca en sus inicios era impredecible porque carecía de la tecnología
adecuada para la captura y los procesos y, desconocía los mercados. Hoy que se
ha conseguido mayor certeza en las cuestiones operativas, lo que es incierto e
impredecible es la estrategia nacional y la política económica. En medio de
ello, no puede semejante estructura, bienes y recursos humanos puestos al
servicio de la producción pesquera representar el 2,1% del total las exportaciones
y tener tan escasa representación en el mercado interno, por debajo de la
producción de algunas economías regionales, cuya producción es ciertamente
primaria. Asusta que este reducido porcentual dependa en un 60% de una especie
que no se ha podido cuotificar a la que se le agrega bajo valor y, de un
recurso que, aunque renovable puede agotarse cuando no se controla
integralmente el ecosistema (ZEE-Alta mar-Malvinas).
Muchos pescadores
le prenden una vela a: “danos Señor el langostino de cada día”, porque si en la
Argentina este imprevisible recurso se cae o la demanda disminuye, toda esta
industria estaría en riesgo. El primer semestre de 2023 muestra una caída en la
relación U$S/Kg. Esperemos no tener que apelar a una cadena de oración.
Nosotros
entendemos que la Argentina en cuatro años puede llevar la exportación de 1.800
a 6.000 millones de dólares; aumentar
la ocupación privada de mano de obra de 20.000 empleos directos registrados a
60.000; aumentar el consumo interno de productos pesqueros de 4,8 Kg a 10 Kg
per cápita/año y mejorar el hábito alimentario. Reducir la pesca extranjera de
los recursos migratorios argentinos en alta mar. Profundizar la investigación,
la tecnología en la extracción y el proceso industrial de calidad, con la
administración y el aporte del sector empresario y las fuerzas del trabajo.