¡CUÁNTOS CRÍMENES SE COMETEN EN TU NOMBRE!
La existencia de
las desigualdades materiales más manifiestas e injustas torna enteramente
ilusorio y vacío, para quienes las padecen, el disfrute y ejercicio de las
propias libertades.
Por María Rosa
Marcone (*)
La Voz, Domingo,
24 de diciembre de 2023
Mucho se ha
escrito sobre el significado de “justicia social”. El Diccionario Panhispánico
de Español Jurídico lo define como la “obligación que tiene el Estado de
procurar el equilibrio entre la población a favor de las personas
desfavorecidas”.
Luciano Barp
Fontana (investigador de la Universidad La Salle, Colombia) afirma que “la
justicia social se define a través de los principios de dignidad humana, del
bien común, de la solidaridad, la subsidiaridad, el destino universal de los
bienes y el valor del trabajo humano, y su finalidad es inclinar al hombre a
crear ciertas condiciones necesarias para su propia realización y la de los
demás”
Podríamos
compartir muchas definiciones y análisis más sobre qué se entiende por justicia
social y cómo se traduce en políticas públicas.
Podemos analizar
cómo se aplicaron en nuestro país sus principios elementales. Podemos señalar
que la aplicación laxa y descontrolada no ayudó a alcanzar los objetivos, sino
que ha generado males que deben ser corregidos. Incluso, parafraseando una
antigua sentencia, podríamos decir: “¡Oh, Justicia social, cuántas inequidades
se realizan invocándote!”
Lo que no se
puede, lo que rechazamos y nos causa una profunda preocupación es calificarla
de aberración, como escuchamos de quienes hoy deben gobernar. Preocupación que
se agrava ante las medidas que se van conociendo.
NO OLVIDAR EL
PASADO
Ya sufrimos las
consecuencias de la apertura económica de José Martínez de Hoz; de las privatizaciones
de Carlos Menem; de la flexibilización laboral normativa de principios de los
años 1990; de la precarización de facto del empleo en lo que va de este siglo;
del retroceso en desarrollo científico al desmantelar la Conade; de las
“armonizaciones” en los haberes de los jubilados.
Padecemos los
servicios de las empresas privadas que los brindan monopólicamente, en más de
un caso subsidiadas por el Estado que las (mal)vendió para disminuir los
aportes que recibían cuando eran públicas. Conocemos lo que los organismos del
poder financiero imponen para que un país sea parte de ellos.
Durante cuatro
años se gobernó priorizando ideologías económicas y morales alejadas de la
angustiante realidad, deformando la misión del Estado. Nadie duda de que hay
que corregir el rumbo. Pero difícilmente lleguemos a buen destino si de entrada
se toma un camino equivocado; si junto con el agua sucia de la bañera tiramos
al bebé, por creer que los eslóganes de campaña son planes de gobierno; por
sentirse por encima del orden jurídico vigente, que establece que las políticas
públicas deben garantizar “el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales”; por
aplicar otra ideología también desapegada de la realidad.
“¡Viva la
libertad, carajo!” es un grito que enardece, pero que no es más que eso: un
grito. Alf Ross decía: “Libertad es una de esas palabras sonoras cargadas de
sugestión, a las que se recurre más bien para despertar sentimientos en el
ánimo que pensamientos en la cabeza”.
La libertad es la
facultad de cada persona humana a decidirse por sí misma en lo que concierne a
su destino personal. La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su
conciencia y libre elección, no bajo la presión de un ciego impulso interior o
de cualquier coacción externa.
Pero el ejercicio
de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es tarea
esencialmente propia de la política crear las condiciones de orden económico y
social, político y cultural, requeridas para un justo ejercicio de la libertad.
Condiciones que son, con demasiada frecuencia, desconocidas y violadas.
Especialmente cuando se confunde la libertad con la licencia de hacer cualquier
opción y, en nombre de la libertad, se promueve la tiranía de los mercados.
DESIGUALDADES
MANIFIESTAS
Es necesario
recordar que la existencia de las desigualdades materiales más manifiestas e
injustas torna enteramente ilusorio y vacío, para quienes las padecen, el
disfrute y ejercicio de las propias libertades. En otras palabras, dejar al
arbitrio de los poderosos el juego de la economía cercena la libertad de los
más débiles, esos que en nuestra patria ya son más de 40 millones.
Juan XXIII
señalaba, ya en 1963: “La experiencia enseña que cuando falta una acción
apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural,
se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número
de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos
y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica” (Pacem in
terris).
Para lograr esas
acciones apropiadas, es preciso una política del bien común, que discuta acerca
del bien común y de los medios que a él conducen, y que aspire a proporcionarlos,
recordando que hay que proteger a los más débiles porque los poderosos se
defienden solos.
Triste sería que
se hiciera cierta la expresión que parafraseamos más arriba: “¡Oh, Libertad,
cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”
* Legisladora
provincial Encuentro Vecinal (mandato cumplido)