Por Carlos Manuel Acuña para el Informador Público
Apenas si se levantó la tapa del escándalo. Los primeros hechos golpearon duro en la opinión pública pero hasta ahora ésta se movió muy poco. En síntesis, se sabe que el hijo adoptivo y yerno de Hebe de Bonafini, el parricida Sergio Schoklender, ha sido utilizado por la organización que explota comercialmente los “derechos humanos” para montar una de las más grandes estafas que conoció la Argentina moderna. En ella se mezclan la política y los sentimientos, la buena fe, la credibilidad natural de la gente, la intencionalidad ideológica y la desinformación organizada, para seguir adelante con el negocio y el mantenimiento del poder.
Sin embargo, la extensión del delito generó lo que siempre sucede: el éxito de la maniobra despertó más y más tentaciones, nuevas maniobras que se mezclaron entre ellas y así se creó un escenario que superó las fronteras argentinas y se instaló, de norte a sur, con un enorme potencial económico que tendrá severas consecuencias. Ahora se sabe que la inteligencia norteamericana no sólo detectó depósitos a favor de Schoklender en el exterior a raíz de sus vinculaciones con el narcotráfico, sino que también se detectaron inversiones inmobiliarias en Miami y otros puntos que aún no se revelaron y posiblemente se conozcan -además de fuentes oficiales- a través del sistema informático llamado WikiLeaks. Esto abre un escenario mucho mayor del que hasta hace poco se sospechaba y coloca a toda la Fundación Madres de la Plaza de Mayo bajo un cono de investigaciones cuyas consecuencias tendrán inevitables connotaciones políticas y retrotraen los hechos, que hoy sorprenden por su magnitud, a la época de la presidencia de Carlos Menem, cuando estalló el famoso caso de Alfredo Yabrán, que culminó tan trágicamente.
Al respecto, llamaron la atención las explicaciones del señor Colella, designado antes de morir por el propio jefe de la OCASA y los depósitos aduaneros, quien destacó que la empresa de alquiler de aviones privados que volaban en y desde la Argentina al exterior, pertenecía al grupo familiar, es decir, a los herederos del malogrado, poderoso y multiempresario nacido en la provincia de Entre Ríos. Las explicaciones de Colella tuvieron una razón de ser: el avión que trajo a Claudio Uberti con una delegación de argentinos que viajaron desde Caracas, Venezuela junto con funcionarios chavistas y el “valijero” Antonini Wilson con su carga de 800 mil dólares -y tal vez muchos más-, pertenecía a la familia Yabrán. Al parecer, hubo otros contratos similares que poco después quedaron suspendidos al estallar ese escándalo, pero ahora el tema vuelve a resurgir en los comentarios que se hacen en voz baja y se relacionan con el tráfico cumplido por los aviones de las Madres de Plaza de Mayo, que llevaron como piloto a quien fue amigo del parricida y le facilitó el necesario asesoramiento para adquirir algunas de las máquinas de las que fue propietario.
Es todo un tema, aunque lo concreto es que el o los sucesivos aviones de Hebe de Bonafini, La Fundación Madres de la Plaza de Mayo o Sergio Schoklender -ya no se sabe con claridad- realizó numerosos viajes a distintos puntos fronterizos del país, en particular a la zona de la Triple Frontera o el sur boliviano, Santa Cruz de la Sierra o Jujuy, lugares en los que, por lo que se sabe, no existían operaciones para levantar las casas prefabricadas que están bajo la lupa. Algo de esto ya se dijo específicamente en esta hoja sin que se hayan producido desmentidos y por el momento sólo hay breves declaraciones del defensor de la suegra de Schoklender -Hebe- y el intento de limitar al conflicto en el terreno judicial. Sin embargo, esto ya tiene varios problemas adicionales, que derivarían en un pase de la investigación, que saldría de la órbita del discutido juez Oyarbide a la del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, asunto que provoca gran nerviosismo en el primer piso de la Casa Rosada, donde a esta altura del escándalo miden el daño político producido sobre la eventual y ya demorada postulación de Cristina Fernández de Kirchner.
Tan cierto es esto, que un cariacontecido funcionario de primer nivel comenzó a trazar líneas que entrecruzaban el bajo de Flores con los pagos de Milagro Sala, dueña de la cooperativa de numerosas casas obreras que no se entregan en propiedad sino bajo la figura de comodato. Esto llama la atención, tanto como el costo que se factura al Estado jujeño y se transfiere al Nacional, que revelaría una exorbitancia difícil o imposible de explicar. Lo mismo sucedería con los motivos que tuvo el avión del parricida -cuyo costo pagaba la organización dirigida por Hebe de Bonafini, abuela del hijo de Sergio- para aterrizar en una zona conocida por ser el centro del tráfico de droga entre la Argentina y Bolivia. El trazado de ese hipotético y desprolijo mapa dibujado por el funcionario de marras unía este punto con la Triple Frontera, que posee idénticas cualidades para el narcotráfico, enrulándose luego en la porteña avenida Castañares, el Club Albariños, el Parque Indoamericano, la Ciudad Oculta y otras villas de emergencia de esa zona dominada por la patota que sirve a Sergio Schoklender.
Pero las cosas no concluyen con este relato por momentos confuso dado su contenido explosivo, por cuanto podría llegar a la intervención de las Fundación que dirige Hebe de Bonafini con mano de hierro y de la falsa universidad que lleva el nombre de las Madres de la Plaza de Mayo, no sólo por irregularidades administrativas sino también y concurrentemente, por otorgar títulos universitarios que asegura que son válidos. Esto tendría, a su vez, otras eventuales derivaciones en el supuesto de que algunos “alumnos” hayan ejercido una profesión que sería inválida por carecer de respaldos legítimos, pero todo esto es nada más que una parte del escándalo que pone a la izquierda en general bajo la picota y un mayor desprestigio político. La cuestión del lavado del dinero a la que nos referimos hace poco forma parte de este conjunto delictual, lo que hace que un tema no pueda desprenderse del otro, por los hechos en sí mismos y por el tenor de las “donaciones” o “pérdidas” con las que se disfrazaría este asunto.
Otro ejemplo de la gravedad del proyecto o la estafa, como se prefiera, es que podría implicar un intento de llevar la asociación ilícita al nivel de “vaciamiento del Estado”, pues los costos industriales y de instalación de las casas, ubicados muy por encima de su valor real, eran solventados mediante recursos oficiales que luego pasaban a los bolsillos de los involucrados en la maniobra. Ésta se llevó adelante pese a que las denuncias ya trascendieron con lujo de detalles y, como si esto fuera poco, se la pretende realizar en terceros países -después del fracaso con Brasil se la gestiona en el Uruguay- lo que elevaría potencialmente las cifras en juego a límites inimaginables. ¿Para hacer política? ¿Para comprar armas? ¿Para invertir en operaciones con drogas? ¿Para comprar aviones o barcos deportivos o de paseo...? Además de Lilita o Duhalde... ¿habrá algún otro político que sepa dar alguna respuesta...?
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