LAS IDEAS ESTÁN POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS

Por Dani Rodrik 

La teoría más aceptada acerca de la política es también la más simple: los poderosos obtienen lo que quieren. La regulación financiera es impuesta por los intereses de los bancos, la política de salud por los intereses de las compañías de seguros, y la política impositiva por los intereses de los ricos. Los que más pueden influir en el gobierno -a través de su control de recursos, información, acceso o simplemente la amenaza de violencia- eventualmente consiguen lo que quieren.

Y lo mismo a nivel global. La política exterior está determinada, se dice, en primer lugar por los intereses nacionales, no las afinidades con otras naciones o las preocupaciones por la comunidad global. En los regímenes autoritarios, las políticas son expresión directa de los intereses del gobernante y sus cómplices.

Es una narrativa convincente, que puede explicar fácilmente por qué la política genera resultados perversos tan a menudo. Sea en las democracias, las dictaduras o en la arena internacional, esos resultados reflejan la capacidad que tienen determinados intereses de lograr resultados que perjudican a la mayoría.

Pero esta explicación está lejos de ser completa y a menudo resulta engañosa. Los intereses no son fijos ni están predeterminados. Los mismos intereses están moldeados por ideas, creencias respecto de quiénes somos, lo que estamos tratando de lograr y cómo funciona el mundo. Nuestras percepciones de nuestros propios intereses están filtradas por la lente de ideas.

Pensemos en una firma que se debate, tratando de mejorar su situación competitiva. Una estrategia es despedir a algunos trabajadores y tercerizar la producción a lugares más baratos en Asia. Alternativamente, la firma puede invertir en capacitación y crear una fuerza laboral más productiva con mayor lealtad y así bajar los costos. Puede competir en base a precios o calidad.

El mero hecho de que los dueños de la firma defienden su propio interés nos dice poco respecto de cuál de estas estrategias seguirán. Lo que determina la opción de la firma es toda una serie de evaluaciones subjetivas de la probabilidad de que se den distintos escenarios.

Del mismo modo, imagine que usted es un gobernante despótico en un país pobre. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerse en el poder y anular amenazas domésticas y extranjeras? ¿Construye una economía fuerte, orientada a las exportaciones? ¿O se vuelve hacia el interior y premia a sus amigos militares y otros cómplices, a expensas de todos los demás? Los gobernantes autoritarios de Asia oriental abrazaron la primera estrategia, sus contrapartes en Medio Oriente optaron por la segunda. Tenían concepciones diferentes de cuáles eran sus intereses.

Podríamos multiplicar tales ejemplos al infinito. ¿A la canciller alemana, Angela Merkel le sirve, en función de su éxito político interno, seguir imponiendo austeridad a Grecia, al costo de otra reestructuración de deuda en el futuro cercano, o le sirve más imponer condiciones más laxas, que podrían dar a Grecia la posibilidad de crecer y así alivianar su carga de deuda?

El hecho de que debatimos tales cuestiones sugiere que todos tenemos distintas concepciones de cuál es nuestro interés. Nuestros intereses en realidad son rehenes de nuestras ideas.

¿Entonces, de donde vienen esas ideas? Los políticos, al igual que todos los demás, son esclavos de la moda. Sus perspectivas respecto de lo que es posible y deseable son moldeadas por el zeitgeist , las "ideas en el aire". Esto significa que economistas y otros líderes del pensamiento pueden tener mucha influencia, para bien o mal.

John Maynard Keynes dijo una vez que "hasta el más práctico de los hombres de mundo suele estar dominado por las ideas de algún economista muerto hace mucho". Probablemente no lo dijo con todo el énfasis que debió hacerlo. Las ideas que han producido, por ejemplo, la liberalización sin límites y los excesos financieros de las últimas décadas emanaron de economistas que (en su mayoría) siguen vivos.

Luego de la crisis se puso de moda que los economistas despotricaran contra el poder de los grandes bancos. El medio regulatorio permitió que esos intereses obtuvieran inmensas ganancias con gran costo social porque los políticos están dominados por los intereses financieros. Pero este argumento olvida convenientemente el rol de legitimación que tuvieron los economistas mismos. Fueron los economistas y sus ideas los que hicieron que fuera respetable que los funcionarios y reguladores creyeran que lo que es bueno para Wall Street es bueno para todo el mundo.

A los economistas les encantan las teorías que ubican los intereses especiales organizados como la raíz de todos los males políticos. En el mundo real no pueden librarse tan fácilmente de la responsabilidad por las malas ideas que tan a menudo han generado. Uno debe hacerse responsable de la influencia que tiene.

La Nación, 29-4-12

LA SOJA SIEMPRE SE FILTRA

Por Héctor A. Huergo

Paradoja de estos tiempos: la vilipendiada soja se las arregla para filtrarse, de una manera u otra, en la gran escena nacional. Fíjense si no lo que ocurrió esta semana: la respuesta de España a la expropiación de las acciones de Repsol en YPF fue el cierre de las importaciones de biodiesel y harina de soja. Ellos saben quizá mejor que los argentinos, que castigar estos productos es como embocar un exocet por debajo de la línea de flotación de la economía argentina.

Sin embargo, los efectos del misil se atenúan, y no porque exista un blindaje (al fin y al cabo, el submarino ruso Kursk era blindado y se hundió en el Báltico con toda su tripulación). Se atenúan por la simple fortaleza del yuyo, que no solo resiste el glifosato sino también los torpes embates de la política.

Ante la amenaza de cierre, la Presidenta Cristina Kirchner respondió a los españoles: “pagarán más caro el biodiesel”. Tiene razón, lo van a pagar más caro. Pero ese es el problema de ellos. El nuestro, es que lo vamos a vender más barato. O, directamente, que no lo vamos a poder vender. Veamos un poquito.

Había un fuerte conflicto comercial con España por el biodiesel argentino, que había desplazado a la producción ibérica. En España se había levantado una fuerte industria de biodiesel, basada en aceite importado, fundamentalmente de origen argentino.

Cuando nuestro país comenzó a expandir su producción, a partir de 2008, las plantas españolas fueron cerrando, dando origen a fuertes (e infundados) reclamos. El gobierno argentino defendió bien el interés de agregar valor en origen, y España dejó el tema en stand by. La expropiación de las acciones de Repsol le dio pie para volver al ataque.

España tiene capacidad ociosa y volverá a producir biodiesel. Necesitará aceite, la materia prima del biodiesel, es cierto. Pero para la Argentina significa perder valor agregado, y precisamente en la industria más novedosa y competitiva de la economía argentina. En apenas cuatro años se construyeron más de diez plantas, con una inversión de mil millones de dólares, que convierten más de 3 millones de toneladas de aceite en biodiesel. Todas con última tecnología y enorme escala. Argentina es el mayor exportador de biodiesel, con embarques por casi 2.000 millones de dólares.

La otra respuesta que dio la Presidenta es que aceleraremos la implementación del B10, el corte del gasoil con 10% de biodiesel. Actualmente es del 7%. Y un gasoil para transporte y agro al 20%. Interesantes paliativos, que ratifican el enorme acierto de quienes edificaron el nuevo mundo de la soja.

Hace veinte años, estas páginas comenzaron a hablar del plausible beneficio ambiental y económico de los biocombustibles. Cuando me tocó estar al frente del INTA, en 1994, logramos una donación de una miniplanta de biodiesel por parte de una institución francesa.

Con el petróleo a 10 dólares, el directorio del INTA rechazó el convite. Yo renuncié, porque el impulso a los biocombustibles era el leit motiv de mi gestión. Economía, progreso, medio ambiente, valor agregado. Todavía no había llegado la soja RR, producíamos solo 15 millones de toneladas, pero ya avanzaba el crushing en los puertos, el dragado de la hidrovía, la siembra directa. Ni se hablaba del protocolo de Kyoto.

Ahora, el petróleo está a cien dólares. El biodiesel es un arma política. Pero cuidado, a las armas las carga el diablo.

Clarín, 28-4-12

ANTE YPF Y EL CAMPO, LAS FORMAS VALEN

Por Hugo Luis Biolcati

La calidad institucional es un insumo fundamental para la actividad agropecuaria porque de él depende la seguridad jurídica, sostén ineludible de la confianza y la previsibilidad que impulsan la inversión. Sin inversión, no hay evolución posible del negocio agropecuario ni de cualquier otra empresa.

Nuestro país sufre de una escasez crónica de capitales. No nos podemos dar el lujo de ahuyentar inversiones .

Pensemos que sólo en 2011, el campo invirtió en la producción agrícola, ganadera, lechera y en las producciones regionales más de 41 mil millones de dólares.

Por eso, el concepto de seguridad jurídica no es “un fantasma que se agita” , como se expresa desde las más altas jerarquías del Ministerio de Economía. Lejos de eso, es la condición mínima para que cualquier negocio prospere. Pero se ve permanentemente amenazada.

En lo que hace a nuestro sector, la intervención a los mercados, el cierre de las exportaciones, y la constante discrecionalidad en las reglas de juego nos generan sobrecostos y condiciones competitivas desfavorables respecto de nuestros pares de otros países.

Esto se ve reflejado también en el caso de YPF.

Su abusiva apropiación por parte del Estado Nacional y el proyecto de ley que intenta expropiar selectivamente el 51% de sus acciones dejan al país en una zona de marcada incertidumbre. Como productores agropecuarios, nos interesa el tema porque uno de los principales derivados del petróleo, el gasoil, es para nosotros tan esencial como el agua para nuestros cultivos.

No se trata, en esta instancia, de plantear como se intenta, si una empresa de energía debe ser privada, estatal o mixta. Recordemos YPF de Mosconi y también la gestión de Estenssoro. En la actualidad, muchos estados poseen empresas petroleras y se ocupan de la energía. También existen modelos privados exitosos.

El problema no es ese. Se trata de las políticas energéticas, de la necesidad de planificar una estrategia de largo plazo con normas claras.

Se trata de lograr eficiencia en una gestión pública, o bien en el control por parte del Estado de una gestión privada o mixta que garanticen la provisión de energía para la producción y para el uso cotidiano de la población.

En última instancia, el responsable de la política energética es siempre el Estado , con empresas públicas, mixtas o privadas, ya sea a través de la gestión o del control.

Es por las desatinadas políticas públicas que hoy la Argentina está obligada a importar combustibles por 14 mil millones de dólares anuales , una necesidad que comenzó en 2004 con el fin del autoabastecimiento, que fue ampliamente anticipada por ex secretarios de energía y que nos provoca un marcado deterioro de la balanza comercial así como de la economía en general. No es inusual transitar los caminos, las rutas y las autopistas del interior de la Argentina e ir de estación de servicio en estación de servicio sin conseguir una gota de gasoil o nafta.

En el mundo civilizado las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo.

Por eso, hoy la discusión relevante no es si YPF es estatal o no lo es. La discusión pasa por la calidad institucional y por la forma en que en la Argentina se realizan las cosas.

Como se hizo con las AFJP, o con Aerolíneas Argentinas, el relato del Gobierno instala el debate fuera de su verdadero foco, que disimula exacerbando un sano pero a veces equivocado fervor nacionalista. Digamos la verdad. Aquí ha fallado la política energética de este Gobierno, y además YPF es una caja apetecible a la que se buscó echar mano . Vale aquí recordar la célebre frase de Juan Bautista Alberdi, “el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco”.

Porque mucho se ha puesto en riesgo luego de la decisión del Poder Ejecutivo de nacionalizar YPF a través de la expropiación del 51% del capital que estaba en poder de Repsol. Tras esta decisión, el Gobierno español anunció una serie de medidas “claras y contundentes”, que ya comenzaron con la suspensión de la importación de biodiesel de origen argentino. Y esa es la primera medida que conocemos. Solo España el último año compró 1106 millones de dólares en biodiesel y 550 millones de harina de soja.

Hoy, como productores agropecuarios y como ciudadanos argentinos, parecería que solo nos queda desear que la gestión que inicia esta intervención sea más exitosa que la de Aerolíneas Argentinas.

Clarín, 25-4-12

YPF: UTILIDAD PÚBLICA, DEUDA O SALVATAJE?

Por Héctor GIULIANO (23.4.12).

La sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.

El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL) respectivo, así como sus informaciones conexas.

Ambos documentos contienen contradicciones, inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al Estado Argentino.

EXPROPIACION POR UTILIDAD PÚBLICA.

No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a una grave situación de crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex titulares de la Secretaría de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el actual gobierno – hasta hace muy poco – venía negando o soslayando mientras apoyaba y elogiaba la gestión de la Empresa.

El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación de la Empresa y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.

Por ende, el primer problema que se plantea es el de la inexorable co-responsabilidad de la Administración Kirchner en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el Estado Nacional.

Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.

Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es co-responsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.

La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de la Empresa no puede serle imputada exclusivamente a uno de los socios sino que es de responsabilidad colectiva de todos los que, como miembros, la avalaban.

También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima – como es YPF - invocando los artículos 3 y 6 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, aún en los casos que mediaren incumplimientos de contrato en materia de producción y/o exploración; máxime cuando ya se estaba penalizando a la empresa por este motivo con el retiro de algunas áreas de concesión provinciales.

Pero el problema central – y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual - estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública”  ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente).

No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.

Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.

Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol – como ya lo ha anunciado – lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.

Por otra parte, es contradictorio acusar sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF – como lo hace taxativa, enfática  y reiteradamente el PL del Ejecutivo – cuando, como dijimos, las responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.

Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento - es decir, en delitos – sus directivos debieran ser denunciados ante la Justicia y no ser expropiadas parte (no todas) sus acciones invocando razones de “utilidad pública”.

Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.

Con el agravante que la palabra “vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión “vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el punto de vista técnico jurídico.

Esto también supone una vulnerabilidad de planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando, como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer, en particular, al grupo Eskenazi – ligado al gobierno Kirchner - para que pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el 25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.

Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.

LA DEUDA DE YPF.

Actualmente – según el viceministro de Economía Kicillof – la Deuda total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de Dólares (MD).

De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor – el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) – pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.

Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) – 8.500 MD – y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.

Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.

Una vez más – como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) – el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.

El Estado, que hasta ahora no tenía participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación a la compañía: 1. La de la Deuda consolidada de la empresa (los 9.000 MD citados), 2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y 3. El monto – a determinar – de la indemnización por la expropiación a Repsol.

Aunque se termine no pagándole nada a Repsol – como se ufanan algunos funcionarios del gobierno – los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.

Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol, la Administración Nacional no tenía encima estos nuevos rubros de endeudamiento público pero ahora, en cambio, deberá incrementar sus pasivos del Estado.  

El Balance de YPF al 31.12.11 muestra además que el Pasivo Corriente (obligaciones hasta un año de plazo) es de 21.800 M$, contra un Activo Corriente de 14.100 M$, lo que denota que la empresa tendría, en principio, un problema de Liquidez que también deberá ser cubierto por el Estado.

Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.

Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar – desde ya - Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).

Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.

Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno – independientemente de la forma en que es presentado ante la Opinión Pública – releva a Repsol YPF de afrontar un grave cuadro de situación financiera que tendrá que ser cubierto con más deuda y cuyo peso se transfiere ahora al Estado Nacional.

UN SALVATAJE A REPSOL.

Lo dicho en el párrafo anterior abre un interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la decisión gubernamental sobre YPF.

Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central – más allá de todo lo que se diga ante la Opinión Pública – no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.

La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible.

La presidenta – en su discurso del lunes 16.4 – dijo que regresó antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, “porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora” para firmar el DNU y el proyecto remitido al Congreso.

Dado que – como hemos explicado al comienzo de esta nota – el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones.

El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV - titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” - se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.

En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau – según el texto del proyecto de ley – le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.

Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.

Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau – siempre según el texto del PL – era buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”.

Incluso sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”.

Es, poco más o menos, lo mismo que luego hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en consecuencia, de su armado del negocio.

Aquí es donde el gobierno Kirchner le reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su gestión.

Esto era particularmente grave porque Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.

Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF – España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china, la CNOOC (también Empresa del Estado) por 3.000 MD,  con miras a poder participar en YPF en el futuro.

También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.

En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de la Empresa, de modo que la acción de la administración Kirchner habría frustrado que sea la propia Repsol la que manejara el negocio de su redistribución accionaria, reservando tales decisiones al gobierno argentino.

Una maniobra de este tipo – el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario - sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que decida sobre el replanteo de los negocios accionarios bajo su gestión.

Pero el avance de esas negociaciones unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de esta naturaleza.

Máxime cuando está imputándole a Repsol delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus directivos ante la Justicia.

Con el agravante que al optar por la expropiación el gobierno altera la categoría del problema – llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria - se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis que dice motivar su intervención.

La clave residía en la Intervención sin Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no le indemnice un centavo.

Ahora, en cambio, la administración Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro.

Y lo hace en una forma poco transparente y controlable, amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima , sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN).

Esto independiza a la administración Kirchner – una vez más – de los mecanismos formales de supervisión y control sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el plan de grandes negocios después de la frustrada gestión de Repsol YPF, de la que fue co-responsable directo.

En definitiva: la intervención y expropiación parcial de las acciones de Repsol – que permanece como accionista minoritario de la empresa con un 6 % del Capital  – implica un cambio en el gerenciamiento de la empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del gobierno; pero también - y esencialmente - un cambio de mano en la composición accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo el Estado el peso de la crisis de YPF.

Esto significa que, de ahora en más, será el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada situación financiera de la Empresa, atendiendo fundamentalmente al macro-endeudamiento necesario para poder replantear sus actividades.

El gobierno podrá mantener su composición societaria de mayoría estatal – 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 % Nación y 49 Provincias Petroleras – asociándose a nuevos operadores (caso de joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario, pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.

Desde el punto de vista de las Finanzas Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros.

Y todo esto relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta, que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.

EN CONCLUSIÓN: 

Por qué la idea de “salvataje” y a quién se estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?

Un balance primario de los hechos concretos permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con escenificación de las partes:

1.         El gobierno Kirchner presenta la expropiación como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.

2.         Repsol se victimiza como compañía perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que sobrepasan su inversión por la compra original le traspasa la carga financiera por la deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una indemnización que – desde el frio punto de vista de la Ley – pudiera llegar a corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo. Y

3.         El grupo Eskenazi – tradicionalmente favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de manejarse con los negocios de la familia gobernante – no sólo no es alcanzado por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.

En síntesis: que la intervención de YPF y la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un sentido muy diferente de la versión oficial si se la mira desde el punto de vista financiero fiscal.

Y que la Intervención de la empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.

La gran mayoría de la partidocracia con representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un salvataje o liberación de Repsol YPF.-

UNA NUEVA GEOPOLÍTICA DEL CIBERCONFLICTO

Por Joseph S. Nye

 EX SUBSECRETARIO DE DEFENSA DE LOS EE.UU. PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

Hace dos años, un fragmento de código informático defectuoso infectó el programa nuclear de Irán y destruyó muchas de las centrífugas utilizadas para enriquecer uranio. Algunos observadores declararon este aparente sabotaje como el presagio de una nueva forma de guerra, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, advirtió a los norteamericanos sobre el peligro de un “Pearl Harbor cibernético” contra Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre un ciberconflicto? El dominio cibernético de las computadoras y las actividades electrónicas relacionadas es un entorno complejo diseñado por el hombre, y los adversarios humanos son resueltos e inteligentes. Las montañas y los océanos son difíciles de mover, pero se pueden encender y apagar porciones del ciberespacio con sólo accionar un interruptor.

Es mucho más económico y más rápido desplazar electrones por el mundo que mover barcos grandes en largas distancias. Los costos de desarrollar estas embarcaciones -fuerzas de operaciones de múltiples portadores y flotas submarinas- crean enormes barreras de entrada, lo que permite el dominio naval de Estados Unidos. Pero las barreras para ingresar en el dominio cibernético son tan bajas que actores no estatales y pequeños estados pueden desempeñar un papel importante a un costo bajo.

En mi libro The Future of Power (El futuro del poder), sostengo que la desviación del poder de los gobiernos es uno de los grandes giros políticos de este siglo. El ciberespacio es un ejemplo perfecto. Países grandes como Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China tienen una capacidad mayor que otros estados y actores no estatales para controlar el mar, el aire o el espacio, pero casi no tiene sentido hablar de predominio en el ciberespacio. En todo caso, la dependencia de sistemas cibernéticos complejos para el respaldo de actividades militares y económicas crea nuevas vulnerabilidades en los estados grandes que pueden ser explotadas por actores no estatales. Hace cuatro décadas, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó Internet; hoy, por lo que se dice en general, Estados Unidos sigue siendo el país que está a la cabeza en términos de su utilización militar y social. Pero una mayor dependencia de las computadoras y de la comunicación en red hace que Estados Unidos sea más vulnerable a un ataque que muchos otros países, y el ciberespacio se ha convertido en una fuente importante de inseguridad porque, en esta instancia del desarrollo tecnológico, allí la ofensiva prevalece por sobre la defensa.

El término “ciberataque” abarca una amplia variedad de acciones, que van desde simples exploraciones hasta la desconfiguración de sitios web, la interrupción del servicio, el espionaje y la destrucción. La ciberguerra, aunque sólo incipiente en esta etapa, es la más dramática de las potenciales amenazas. Los estados tienen las mayores capacidades, pero es más probable que sean los actores no estatales quienes inicien un ataque catastrófico. Un “11 de septiembre cibernético” puede ser más probable que el muchas veces mencionado “Pearl Harbor cibernético”. Es hora de que los estados se sienten a discutir la manera de limitar esta amenaza a la paz mundial.

Clarín, 23-4-12

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ARGENTINA,

COMO HERRAMIENTA OPERATIVA NACIONAL

 José Javier de la Cuesta Ávila

Una de las críticas que se nos formula a Argentina es la falta de continuidad en las acciones del Estado, lo que produce inseguridad jurídica y motiva desgaste en los esfuerzos de cambio e innovación, debido al empleo de la Administración Pública como herramienta política y no en su función específica técnica de coordinación.*

Si bien la POLÍTICA, base para lograr la acción y el desarrollo, es la búsqueda inteligente del futuro, al tiempo que la equilibradora de los esfuerzos, desde la elevada jerarquía de los GOBIERNOS, para la implementación, evolución y practica, es concretada y llevada acabo por la organización del Estado en la forma de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La administración pública es un elemento esencial en la satisfacción, directa e inmediata, de las necesidades colectivas pues responde a los fines del Estado. Por ello resulta primordial comprender que el agente público es un servidor cuya actuación debe ser cumplida para el bien de la comunidad, Por eso la noción de funcionario público no puede ser escindida de la responsabilidad y de la acción de las consecuencias por las irregularidades que se cometan.****

La Administración Pública, como instrumento natural lógico y orgánico, actúa entre las decisiones de los gobernantes y las acciones de la sociedad, resultando, de esta suerte, el medio que amalgama en el presente al pasado con el futuro y, consecuentemente, motiva la continuidad institucional. Esta realidad, que hace que exista permanente atención en ella, impone se dedique esfuerzos para lograr su máxima eficiencia y eficacia, pues, su calidad será el índice de la fortaleza del sistema.

El potencial de un país**, si bien es activado por los particulares, dado su magnitud y escala, encuentra en la función del gobierno su medio de realización. Es interesante, cuando se estudia la historia de la administración pública, su evolución en la medida que crecen las sociedades y se modifican los procesos de tecnología en desarrollo. Países de avanzada, que se han caracterizado por su rol determinante en la evolución mundial***, han prestado y prestan atención especifica a su administración pública y, fundamentalmente, la protegen y custodian por el valor operativo que ellas tienen para asegurar la coherencia social con justicia y equilibrio.

Se conoce como ADMINISTRACIÓN PÚBLICA al conjunto de organismos de ejecución de las funciones del estado en los diversos ámbitos de su responsabilidad de conducción y coordinación de las sociedades. Existen diversas formas de su división, ajustadas mas a su pasado histórico, que a las realidades científicas o técnicas en aplicación. En general, a nivel naciones, se reconoce una función llamada “civil”, otra “militar” y, distintivamente, una “de relaciones exteriores”. Ello se debe a que, las características de las tareas que se cumplen, se ajustan a empleos programados de los medios de cada tipo de organización. Es decir, podemos simplificar el esquema señalando que hay un sistema civil, un sistema militar y un sistema de relaciones exteriores, que requieren ser aplicados en manera diferente, conforme a sus escenarios de concreción. Ello implica, consecuentemente, la necesidad de la existencia de carreras específicas y diferenciales. Se debe agregar, sin embargo, que este hecho es valido para las organizaciones dentro del marco del Poder Ejecutivo, ya que los Legislativo y Judicial, deben adoptar sus propias específicas sustantivas particularidades. Es de señalar, además, que los “conflictos aplicativos” se dan más en la esfera de las instituciones del Poder Ejecutivo, por los “avances de la política”, ya que, raramente, ello se produce en los otros citados, debido a los propios regímenes funcionales.

La ventaja de estos sistemas, es que ellos se impulsan, como normas, de acuerdo a los “impulsos” que provienen de la promulgación de las leyes y son los originarios de los textos de los decretos que transforman la letra política en hechos administrativos.

Normalmente entre un 11/15% de la población activa integra la administración pública, debiendo llamarnos la atención de que en Argentina, este porcentual es del 21%, lo que indicaría o una falta de eficiencia en relación a la sociedad o un exceso de empleados por razones no vinculadas a las tareas. En Argentina existe una adecuada legislación para cada uno de sus agrupamientos, así tenemos una marco para el personal civil (Ley 25,164), otra para el militar (Ley 19.101) y para el servicio exterior (Ley 20.957) como así también una específica para la Justicia y otra para el personal del Congreso de la Nación (Ley 24.600).

La tarea de ser la fuente de los decretos y la responsabilidad de su ejecución, hace que la Administración Pública deba contar con personal y medios calificados y perfectamente ambientados y experimentados sobre la marcha de la sociedad. Ello implica “experiencia”, dedicación, capacitación y entrenamiento, lo que señala un elevado grado de profesionalismo, como fruto del accionar en sus tareas. Esta situación significa la necesidad de una “carrera” administrativa, que será adaptada conforme el sistema que su organismo integre y los adecuados centros de educación para su formación y actualización. En la mayoría de los países este tema ha sido desarrollado exitosamente pudiendo destacarse lo realizado en Europa, con su caso más relevante en Francia, y sus desarrollos en otros lugares, citando para ello, el caso especifico exitoso de Brasil.

La actividad de “gestión” de los entes administrativos, debe adecuarse a la responsabilidad de “coordinación” que les compete para actuar, al mismo tiempo, como servidores de la comunidad y, en cierta medida, reguladores de sus realizaciones. La diversidad de actividades, que se concretan en una sociedad moderna, lleva, lógicamente, a una necesaria “interacción” entre los particulares y los funcionarios, para que se ajusten las normas a las realidades y se actué en equilibrio. Esta relación es la que dará certidumbre y fortaleza en la práctica administrativa, ajustada ambientalmente, que facilitara el desenvolvimiento y evolución de la comunidad.

La administración pública adquiere cada vez mayor importancia, por el aumento de la complejidad de la vida social, comercial, cultural, etc., que, en ocasiones, desborda la relación de cercanía casi vecinal y se proyecta globalmente. Una administración pública que en el ayer se dedicaba solo al manejo de la “cosa pública”, hoy esta involucrado en los más variados quehaceres para actuar como propulsora o protectora dentro de la inevitable competencia mundial. Esta importancia hace que en algunos países, como Inglaterra, el poder gubernamental originado en los políticos no alcanza a toda su estructura y se mantenga dentro de la administración pública (civil service) el nivel de Secretarios de Estado desempeñado por funcionarios. En el caso de Argentina, vemos ello en el “sistema militar”, ya que los Jefes de Estado Mayor actúan en un nivel equivalente de Secretarios de Estado en relación a cada una de sus fuerzas, pero, no se aplica en las otras áreas y, en ocasiones, hasta se avanza en los niveles inferiores, en los que se designan a “políticos” en lugar de los debidos que correspondería sean ocupados por “funcionarios”. Es decir, se usa la administración pública algunas veces para que sea conducida por “militantes” y no agentes públicos, como también como lugar de “empleo político” asignando vacantes con tal fin.

La presencia de los funcionarios da, básicamente, la posibilidad cierta del cumplimiento de las leyes, ya que ellos no están en posición para actuar modificando o interpretando sus alcances conforme la ideología política natural que tiene el político. De esta suerte, la modificación o cambio legal siempre se producirá en el nivel “político” es decir, las autoridades del Poder Ejecutivo o los legisladores del Poder Legislativo y no en una organismo de aplicación. Es de observar, sin embargo, que en ocasiones, existen funcionarios públicos avanzan en sus acciones, desbordando sus responsabilidades y atribuciones, y que ellos, generalmente, no son personal de carrera sino que se originan por su designación política.

Es de recordar, que el funcionario público, esencia humana de la Administración Pública, se encuentra dotado de un conjunto de potestades, facultades y deberes que no solo le señalan el marco de su competencia, sino también la esfera y el ámbito de su responsabilidad. El mismo debe constituir un real cuerpo orgánico que actúa de la manera prefijada y conforme los alcances que la actividad le impone como su obligación y deber y no tiene las libertades de opinión que si le corresponde a los políticos y, esta restricción, es la que le da vigencia aplicativa sustancial.****

Sintetizando, se estima que es necesario revalorizar en toda su magnitud a la administración pública y dar a los funcionarios públicos el rol que técnica y prácticamente les corresponde, ya que, de esta manera, se da relación material y directa al cumplimento de las normas, conforme la política haya sido aprobada por los mecanismos constitucionales que corresponde. Esta “continuidad aplicativa”, asignada a la administración pública, es, sin lugar a dudas, la garantía de aplicación en el tiempo de las leyes vigentes y llevan a la siempre aspirada “seguridad jurídica”. El accionar de designar en cargos y funciones propias de la administración pública a personas del ámbito político o terceros ajenos, es, posiblemente, una de las causas que mas agravan la imposibilidad concreta de la continuidad operativa que requiere la sociedad y necesita el país. En general, nos ocupamos de la temática gubernamental, poniendo énfasis en su accionar político, pero olvidamos que la herramienta de ejecución es la administración pública, que, si falla entorpece y desvía, sin en cambio si es exitosa, da seguridad, continuidad y operatividad al accionar de ella con la sociedad.

Notas:

* En los últimos tiempos se observa la designación de personas políticas o ajenas al sistema de la administración público, en diversos cargos y funciones que resultan una actividad transitoria, generalmente de tipo ideológico, que obra en desmedro de los funcionarios públicos expertos y adiestrados en sus cargos.

** Los sistemas de administración pública de los países europeos, donde se ha desarrollado una larga y constante acción de formación y consolidación, son los que han dado el esquema operativo de esas naciones. Se toma siempre como modelo lo desarrollado en Latino América por el sistema administrativo colonial que sufrió los “impacto” de los movimientos de liberación, cosa similar a la que se observa en la conformación del Imperio Británico en la conformación de sus colonias que, luego independientes, mantuvieron sus regímenes de administración.

*** Se pone como ejemplos lo que muestra los Estados Unidos de América con las ideas políticas del Presidente Obama que una vez en ejercicio, debieron ceder a las bases anteriores de su propia administración y, la continuidad operativa que muestra Brasil a lo largo de sus tiempos, ya que su política tiene una admirable continuidad que ha sido la que le permite un impulso constante equilibrado.

**** Texto copiado de “ La responsabilidad de los funcionarios públicos” por Miriam Mabel Ivaneca.

Tcnl. José Javier de la Cuesta Ávila

Informador público, 23-4-12