miércoles, 29 de agosto de 2012

EL SISTEMA REPUBLICANO, EN RIEGO




El problema no es una eventual reelección de Cristina Fernández en las elecciones presidenciales de 2015, sino que la reforma constitucional que se requiere para hacerla posible implique un cambio de fondo de nuestro sistema político-institucional.
Esa alteración podría significar el abandono de los principios liberales y republicanos que inspiran la Constitución de 1853 –modificada en algunos aspectos instrumentales con la reforma de 1994– y la instauración de un régimen presidencialista hegemónico y autoritario, con una democracia plebiscitaria a perpetuidad.
Es decir, habría una clara tendencia al partido único y a la ocupación de todo el poder por ese partido, con escaso lugar para las otras expresiones políticas. No hace falta subrayar que, en ese contexto, la libertad de prensa sería restringida o nula, tampoco se favorecería el pluralismo ideológico y sería cada vez más difícil la alternancia de diferentes partidos en el gobierno.

Lo lamentable es que el modelo tomado por los reeleccionistas argentinos sea el de Hugo Chávez en Venezuela, un país que alguna vez fue una democracia ejemplar, cuando la mayor parte del mapa de América latina estaba ocupado por dictaduras. Basta recordar que muchos exiliados argentinos fueron acogidos con generosidad por gobiernos democráticos venezolanos.
Por ese motivo, la adopción del modelo populista y autoritario del chavismo bolivariano significaría para nuestro país un retroceso histórico inaceptable, una abdicación de nuestros principios fundamentales y fundacionales. Esta es la cuestión de fondo que debe ser tenida en cuenta en un debate sobre la reelección; aunque, si nos ponemos serios, lo mejor sería que no hubiera ningún debate y que se respetara la Constitución desde el primero al último artículo.

Como reacción a esta tentativa oficial, está cobrando fuerza la conformación de un frente antirreeleccionista, integrado por todo el arco de partidos opositores, grandes sindicatos y entidades empresariales. “Es una irresponsabilidad total hablar de 2015 cuando hay tantos problemas”, dijo Hugo Moyano, líder de una de las dos CGT.
Otra opinión pertinente es la del jurista y legislador Ricardo Gil Lavedra, quien puntualizó que si el kirchnerismo estuviera interesado en adoptar un sistema parlamentarista, habría recurrido a algunos mecanismos semipresidencialistas que contempla nuestra Constitución tras la reforma de 1994, entre ellos, la posibilidad de que la Presidenta delegue facultades en el jefe de Gabinete. Sin alcanzar este el rango de un primer ministro, desempeña funciones parecidas, pero, hoy, ese funcionario “ni siquiera tiene atribuciones para convocar a una reunión de gabinete”.
Cada vez resulta más evidente que al kirchnerismo duro le interesa sólo tener todo el poder y ejercerlo sin límites, sin controles, sin oposición, sin pluralismo y sin una prensa libre.

La Voz del Interior, Editorial, 29-8-12

martes, 28 de agosto de 2012

EN QUÉ SE PARECEN JULIAN ASSANGE Y CRISANTO




 Diego García Montaño*

El caso de Julian Assange tiene todos los condimentos necesarios para convertirse en poco tiempo en un gran éxito literario o cinematográfico.
Resumida, la historia es así: un australiano de 41 años, residente en Gran Bretaña, fue requerido penalmente por Suecia, ya que los escandinavos tenían y tienen fuertes sospechas de que Assange es responsable de haber cometido al menos dos delitos de índole sexual.
Sin embargo, no se puede proceder contra él, por el momento, dado que el gobierno de Ecuador decidió otorgarle asilo diplomático en su Embajada en Londres. Y las embajadas son inviolables.

Estados Unidos, por su parte, mira de reojo cómo se desenvuelven los acontecimientos y cuál será la suerte de uno de los mentores de WikiLeaks, donde hay publicaciones anónimas de informes y documentos secretos, que incluyeron, entre otros, la revelación de ciertas actividades de Estados Unidos en el exterior.
Un hombre en pugna. El presidente ecuatoriano Rafael Correa argumenta que decidió conceder el asilo diplomático a Assange dado que el periodista no contaría con todas las garantías del debido proceso en Suecia y, eventualmente, podría ser extraditado a los Estados Unidos, con riesgo incluso de ser condenado a la pena de muerte. Suecia negó tal posibilidad.
Gran Bretaña respondió que no otorgará a Assange el salvoconducto, instrumento necesario para que el asilado pueda abandonar la Embajada de Ecuador en Londres.

Los británicos han puesto sobre el tapete, además, una ley interna de 1987, por la que se les permitiría, en caso extremo, tomar la sede de la embajada por asalto.
A nuestro modo de ver, esta hipótesis no parece muy practicable, más allá de que existe y esté en vigor esta normativa inglesa que legitimaría tales procedimientos.
Una acción de tal envergadura podría provocar situaciones análogas contra las embajadas de Gran Bretaña en todo el mundo. Y los británicos son, ante todo, pragmáticos.
Lo que no se ha dicho con suficiente énfasis es que Assange entró a la legación ecuatoriana en Londres el 19 de junio pasado, rompiendo con las condiciones impuestas sobre su libertad personal, las que lo obligaban a residir en Norfolk, al este de Inglaterra, y a someterse a un control diario de revisión.
Assange no cumplió con la palabra empeñada ante las autoridades británicas.

La figura del asilado.
El asilo, ya sea el territorial o el diplomático, es la protección que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyos, cuya vida o libertad están en peligro por actos, amenazas o persecuciones de las autoridades de otro Estado, o incluso por personas o multitudes que hayan escapado al control de dichas autoridades. El asilo es una gracia que otorga un Estado y no un derecho del individuo.
En el caso que nos ocupa, Gran Bretaña no reconoce el asilo diplomático, ya que se trata de un instituto de raigambre americana y, por lo tanto, no receptado en las leyes inglesas.
Para agregar más incertidumbre, la Corte Internacional de Justicia, en el histórico fallo “Haya de la Torre”, afirmó que no se puede dar por probado que exista una costumbre, ni siquiera regional, en relación con el asilo diplomático. Por lo tanto, no puede esgrimirse que exista una práctica constante y uniforme, que deba ser aceptada por los estados como derecho internacional.
La Convención de Caracas de 1954, sobre Asilo Diplomático, ha sido ratificada sólo por un 40 por ciento de los estados americanos. Estados Unidos no la ratificó.

Baltasar Garzón, uno de los defensores de Assange, habla de “victoria histórica” cuando se refiere al asilo del divulgador australiano.
Uno de los argumentos del ex juez español es que en Suecia no estarían dadas todas las garantías para llevar adelante un proceso penal efectivo.
En la década de 1970, Suecia era considerada una de las mejores opciones para el refugio de los combatientes guerrilleros y perseguidos políticos. ¿Por qué ahora cambia de opinión el letrado Garzón?
Los abogados de Assange deberán probar también que se trata de un perseguido político y no de un reo común, ya que en este último caso el asilo no procede.

La estrategia de la defensa, como es obvio, es tratar de mezclar y relacionar los dos tipos de escándalos, los informáticos y los sexuales, para dar legitimidad al asilo.
Resulta paradójico que el presidente Correa, para justificar la medida adoptada, haya dicho que Assange es un perseguido al que se le impide su derecho a la libertad de expresión.
Sería bueno que el presidente ecuatoriano recordara que el 21 de junio de este año, el relator de la ONU para la Libertad de Expresión informó, precisamente, que en ese país se censuraba a la prensa.
Como hemos visto, se trata de un tema político y judicial; por lo tanto, la resolución definitiva del caso tendrá un poco de cada cosa.
Coincidencia. Para finalizar, es interesante exponer un caso reciente menos difundido que presenta ciertas similitudes con el de Assange.

Franklin Fernando Quevedo Conde, alias “Crisanto”, de “profesión” parapsicólogo o manosanta, ecuatoriano de 45 años, revolucionario bolivariano que trabaja para el gobierno del presidente Correa, fue requerido por la Justicia de nuestra provincia de Córdoba a la Justicia de Ecuador, donde reside.
Se lo acusa de haber cometido reiterados abusos sexuales en perjuicio de menores de edad, entre junio de 2010 y mayo de 2011, en la localidad de San Pedro, en el norte de la provincia de Córdoba. Previamente ya había cumplido una condena por someter a varias mujeres adultas.
Antes de que la policía argentina intentara detenerlo, “Crisanto” pudo huir hacia su ciudad natal, en Ecuador.
La respuesta a la solicitud de extradición de la Justicia argentina fue la liberación de Quevedo Conde, ya que no se hizo lugar al pedido formulado por las autoridades argentinas.
Tanto a Assange como al parapsicólogo se los acusa de haber cometido delitos de índole sexual. El primero obtuvo el asilo diplomático; el segundo, un refugio territorial. La coincidencia habla por sí sola.

Profesor por concurso de Derecho Internacional Público en la UNC
diegogmont@yahoo.com.ar

La Voz del Interior, 28-8-12

domingo, 26 de agosto de 2012

ENVAR EL KADRI: CRISTINA HIZO APOLOGIA DE LA VIOLENCIA



 Jorge Augusto Cardoso

La presidente Cristina Kirchner encabezó un homenaje a Envar El Kadri, al cumplirse 14 años del fallecimiento de quien fuera el fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). La Jefa de Estado destacó su figura y afirmó sentir que su gestión interpreta a “tantos hombres y mujeres que entregaron su vida por la felicidad del pueblo, por la grandeza de una nación”.

En otras palabras, la Presidente ha rendido homenaje a quien optara por pasar a la clandestinidad formando unas fuerzas armadas paralelas a las de la Nación, contrariando claros preceptos de la Constitución Nacional que monopoliza el uso de la fuerza en el Estado.

Entre las muchas acciones que realizaron esas fuerzas armadas, que según expresa la presidente fue por la felicidad del pueblo, fue el asesinato del dirigente sindical Kloosterman, secretario general del gremio de trabajadores mecánicos (SMATA-CGT), hecho realizado el 22 de mayo de 1973 al momento de sacar su auto de su casa de calle 51 Nº 1617, ciudad de La Plata. Allí vivía con su esposa, hijos y su padre. Su esposa, que se encontraba en la puerta de su domicilio, fue testigo del asesinato.

El Kadri fue detenido y puesto a disposición de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación a partir del año 1971, año en que fue creada para dar respuesta al flagelo terrorista guerrillero. Fue liberado en 1973 por la Ley de Amnistía que dictó Cámpora en el día de su asunción. Ese mismo día dictó la disolución de la cámara mencionada, privando al estado de un instrumento idóneo y eficaz para entender en estos aberrantes delitos.

Significativamente, El Kadri, en el exterior, se dedicó a la defensa de los derechos humanos, pero no de “todos” los humanos, pues nada hizo en arrepentimiento o en reparación a la familia del sindicalista asesinado por el instrumento armado creado por él y por otros crímenes aberrantes cometidos.

Falleció de un infarto en Jujuy, el 19 de julio de 1998. Nada parecería hacer suponer que su muerte se produjo como consecuencia de un acto heroico que justificaría la expresión de la presidente: “por la felicidad del pueblo, por la grandeza de una nación”.

A la luz de lo expuesto, ¿no habría incurrido Cristina Kirchner en alguna forma de apología de la violencia y en la justificación de hechos que vulneran las leyes?

Informador Público, 26-8-12

sábado, 25 de agosto de 2012

LAS PETROLERAS AVANZAN EN MALVINAS, PESE A LAS AMENAZAN DE CANCILLERÍA




La difusión de los resultados alentadores obtenidos en un nuevo pozo y de los detalles de un millonario plan de producción abrió la posibilidad de un boom petrolero en la zona de las islas Malvinas, que agravaría la tensión entre Gran Bretaña y Argentina.

Las acciones de Borders & Southern treparon un 59% después de que la empresa dijo haber obtenido resultados positivos en sus pruebas geológicas, lo que aumenta las chances de un segundo descubrimiento gasífero y petrolero, esta vez frente a la costa Sur de las islas. Premier Oil, en tanto, difundió un plan de US$ 3.200 millones para desarrollar el primer yacimiento petrolero frente a la costa Norte de las islas, a pesar de las reservas de algunos en la City londinense por la magnitud del emprendimiento y las amenazas legales de Argentina.

Premier dijo que el plan más costoso consistiría en comprar una unidad flotante de producción, almacenaje y descarga para procesar y almacenar el petróleo proveniente de 22 pozos submarinos.

La cancillería argentina escribió hace poco a las petroleras británicas que operan frente a las islas para amenazarlas con demandas si no suspenden sus perforaciones.

Las empresas no parecen haberse amedrentado . Borders informó que el rendimiento inicial de las muestras de gas condensado extraídas de su pozo de la cuenca Sur oscilaba entre 123 y 140 barriles estándar por millón de pies cúbicos, por encima del nivel que, según los analistas, se necesitaba para que hubiera potencial comercial.

“Definitivamente, las perspectivas parecen buenas. Lo que implican (estas cifras) es que básicamente este es un descubrimiento comercial, el primero de la cuenca Sur de las Malvinas ”, dijo el analista Sanjeev Bahl de la firma Numis Securities. “Posiblemente haya más descubrimientos adyacentes que hacer, porque este no va a ser el único hallazgo grande de gas de la cuenca Sur”, agregó. Borders se anotó una victoria en abril, cuando encontró gas en su primer pozo, pero decepcionó con un pozo seco el mes pasado.

Premier primero debe cerrar un acuerdo por US$ 700 millones con su rival Rockhopper Exploration, para darle acceso al yacimiento de Sea Lion. Prevé tenerlo firmado para octubre y espera ver salir los primeros barriles de petróleo en 2017.



Clarin, 25-8-12

viernes, 24 de agosto de 2012

GRAVES INCIDENTES EN CÓRDOBA






 relato y análisis

La movilización de los gremios estatales para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia contra la reforma jubilatoria, derivó en graves incidentes que provocaron al menos 26 heridos, tres detenidos y múltiples destrozos.
Entre los heridos hubo 11 policías –dos de consideración– y 15 manifestantes con lesiones por balas. Hay un subcomisario lesionado en un ojo y otro comisario afectado en la zona genital, en ambos casos por bombas de estruendo, según indicó el comisario Ramón Frías, jefe del operativo.
Momentos antes de que se iniciaran los incidentes, desde una camioneta del SEP se reclamaba por altoparlantes “moderación con las bombas de estruendo”, que arrojaban a mansalva activistas de Luz y Fuerza y de los recolectores de basura (Surrbac), que contaban con una gruesa columna. Ese gremio no pertenece al sector estatal y su titular, Mauricio Saillén, es jefe de la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña.
……

Los infiltrados de siempre


 por María Virginia Guevara

Cuando la violencia aún no había terminado y los escombros ya cubrían tres plazas, algunos dirigentes gremiales insinuaron que los desmanes habían sido provocados por “infiltrados”. Se rindieron rápido ante la elocuencia de las imágenes. Entonces, la culpable por los hechos vandálicos que protagonizaron los miembros de algunas de las columnas sindicales pasó a ser la Policía.
La notable liviandad con que los gremios estatales toman la violencia que parte de sus propias filas sorprendería si lo de ayer hubiera sido original. Pero la conducta fue casi idéntica a la que los mismos protagonistas tuvieron en agosto de 2008, cuando dejaron en ruinas la Plaza San Martín para defender sus jubilaciones. El único cambio fue la inexplicable presencia de decenas de recolectores de residuos –que no aportan a la Caja– en el grupo de los más enardecidos.

Los daños al Palacio 6 de Julio ya podrían ser declarados un deporte local. Y la sistemática manera que tienen los “servidores públicos” –se supone que lo son todos los que aportan a la Caja– de dirimir sus conflictos a costa de los demás está tan naturalizada que nadie se escandaliza por el hecho de que los pequeños o grandes problemas de los 181 mil empleados provinciales y municipales de toda la Provincia alteren de manera permanente la vida de los 3,5 millones de cordobeses que no son parte del Estado y que esperan algo a cambio de los impuestos que pagan.
La mayor parte de esos recursos va a los sueldos de los empleados públicos activos, tanto en la Provincia como en municipios. Y ahora, todos los cordobeses deben responder por el déficit que generan las jubilaciones de los pasivos que, aunque no sean de privilegio, como dice la Nación, son impagables para la Provincia. Además, hay que consentirles que cada tanto rompan todo.
Lo peor es la moraleja: la violencia les sale gratis y por lo general les da resultado.

La Voz del Interior, 24-8-12

jueves, 23 de agosto de 2012

UNITARISMO FISCAL




coparticipación impositiva y violación de la Constitución

Antonio María Hernández*

En un reciente análisis, el economista Juan José Llach estimó que en la recaudación del total de recursos públicos realizada en 2011, al Gobierno federal le correspondió el 84,4 por ciento, mientras que al conjunto de las provincias un 14,2 por ciento y a los municipios, un 1,4 por ciento.

 Nación                                                        84,4 %
Total de Provincias                                     14,2 %
Total de Municipios                                     1,4 %


Estos datos demuestran el unitarismo fiscal que padecemos, en contra del federalismo prescripto por nuestra Constitución Nacional.
¿Cómo llegamos a esto? Por un proceso de centralización que abarcó diversos aspectos, pero del que consideraremos el de la coparticipación impositiva. Este sistema, que se agregó al de separación de fuentes tributarias de la Constitución, comenzó a existir en la década de 1930.
Mientras en la Ley de Coparticipación 12.956 (1947), en la distribución primaria correspondía al Gobierno federal el 79 por ciento de la masa coparticipable y a las provincias sólo el 21 por ciento, en las sucesivas leyes fue aumentando la participación de las provincias hasta llegar a un 57,66 por ciento en la todavía vigente ley 23.548 (1988), por lo que al Gobierno federal le tocaba el 42,34 por ciento restante. Ese fue el momento de mayor justicia y avance de provincias y municipios en el reparto de fondos coparticipables.

Proceso de centralización
Lamentablemente, esa situación no se mantendría, porque mediante el expediente de detraer fondos de la masa coparticipable para asignarlos de manera específica a otros fines, por parte del Gobierno federal, se inició un proceso de centralización que derivaría en la grave realidad que atravesamos.
Dicho proceso comenzó durante el gobierno del Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo –a través de decretos de necesidad y urgencia y con los pactos fiscales–, con el objetivo de disminuir el porcentaje que se había reconocido a las provincias, lo que continuó con los sucesivos gobiernos nacionales.
Un ejemplo fue el 15 por ciento que se detrajo en 1992 de la masa coparticipable por el pacto fiscal, para sostener el sistema de la seguridad social.
La reforma constitucional de 1994 intentó detener ese proceso, ya que uno de sus objetivos fue la profundización del federalismo. En este aspecto, la incorporación del instituto de la Ley Convenio de Coparticipación Federal a la Constitución fue una trascendental reforma destinada a afianzar el federalismo de concertación, en uno de los capítulos más conflictivos de la historia argentina: la relación financiera entre Nación y provincias.
Los especiales requisitos fijados intentaron revertir, por un lado, las simples adhesiones que las provincias debían prestar a la legislación que imponía casi siempre el gobierno central frente a la dependencia de las estas y, por otro lado, fijar un régimen definitivo con reglas claras, que permitiese un desarrollo equilibrado de la federación, en lugar de la arbitrariedad que ha signado la relación Nación-provincias.
Dicha ley convenio debió ser sancionada antes del 31 de diciembre de 1996, lo que indica el grado de anomia y violaciones constitucionales que soportamos.
Reclamos. En la actualidad se ha exacerbado el avance centralista del Gobierno “federal” sobre los recursos tributarios de las provincias y municipios, acentuándose la dependencia económica, política y social de estos órdenes gubernamentales.
Por eso no sorprende que las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba hayan iniciado demandas al Gobierno federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por distintas causas.

En particular, debe destacarse lo vinculado al reclamo del 15 por ciento de la coparticipación para ser destinado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La Legislatura cordobesa ha denunciado el pacto fiscal respectivo, a los efectos de que cese de inmediato dicha detracción de fondos.
Para salir del “laberinto” actual de la coparticipación, debemos seguir nuestro hilo de Ariadna, que no es otra cosa que respetar los mandatos de la Ley Suprema.
La salida. Hay que fijar una masa coparticipable que no sea disminuida por la elevada cantidad de asignaciones específicas vigentes, que deberán ser derogadas. Luego hay que fijar la distribución primaria y secundaria siguiendo criterios constitucionales.
En este sentido, resulta decisivo poner el énfasis en las modificaciones sobre las competencias, servicios y funciones entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires.

Un mayor reconocimiento de la participación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires –que debe repercutir después en la coparticipación a los municipios– hará relativamente más sencilla la discusión posterior sobre la distribución secundaria, en la que se advierten las disputas entre las provincias más grandes y desarrolladas y las más pequeñas y atrasadas.
En este aspecto, lo que he denominado el triunfo del proyecto centralista ha dado como resultado un país de enormes diferencias y desequilibrios. Los criterios de solidaridad exigidos por la Constitución deben respetarse, como lo hacen otras federaciones, como la canadiense, la australiana o la alemana, que son notables ejemplos para considerar.
Debe comenzar ahora mismo este debate complejo y decisivo, que reclama el ejercicio de una verdadera política arquitectónica que posibilite un desarrollo equilibrado del país conforme al proyecto federal de la Ley Suprema.
Creemos esencial la constitución de un foro o conferencia nacional de Gobernadores –como existe en otras federaciones, como la mejicana o norteamericana-, a los fines de consolidar las relaciones interjurisdiccionales y lograr una interlocución más equilibrada de las provincias frente al poder hegemónico del Gobierno central.


* Director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y ex convencional constituyente de la Nación

La Voz del Interior, 23-8-12

lunes, 20 de agosto de 2012

LA CÁMPORA, LLAVE DEL EMPLEO PÚBLICO




la agrupación se ha convertido en una poderosa bolsa de trabajo

Por Diego Cabot  | LA NACION

Se ofrece: trabajo en blanco, aguinaldo y vacaciones pagas. Estabilidad laboral y una remuneración que está, en promedio, por encima de lo que paga el sector privado. Tareas varias, horario limitado y posibilidad de hacer carrera en la línea administrativa.

Se requiere: es condición para la postulación la simpatía con el modelo nacional y popular. Los interesados deberán presentar referencia de un simpatizante de La Cámpora. La no presentación de esta exigencia invalidará el proceso de ingreso.

El Estado se ha convertido en el principal motor del mercado laboral en la Argentina. Desde que Néstor Kirchner asumió como presidente, en mayo de 2003, empezaron a cobrar un sueldo de alguna repartición estatal, sea nacional, provincial, municipal o empresa pública, 278 personas por día.

La plantilla pasó de 2,18 millones a por lo menos 3,15 millones de trabajadores, según los últimos datos disponibles. De la mano de sueldos que están por encima que lo que cobra un empleado en el sector privado y con la llegada de la ola estatizadora del Gobierno, la tendencia se acrecentó. ¿Quién maneja la codiciada y más importante bolsa de trabajo del país? La agrupación oficialista La Cámpora. Son escasas las excepciones que logran tener como empleador al Estado si no se simpatiza con el influyente grupo político.


Frente a un bar ubicado a unos metros de Plaza de Mayo, LA NACION se entrevistó con un empleado público que trabaja en una repartición estatal, cuyas oficinas están a unos pasos de allí. "Todos los días entra gente nueva. El común denominador es que están profundamente consustanciados con el Gobierno. Hace 20 años que trabajo en el Estado, pero jamás vi algo como lo que se ve ahora. Todos los días nos enteramos de que entran 20 acá, 50 allá, 30 en otro lado", dijo el hombre que como condición exigió que no se lo identifique, ni tampoco se de ningún dato de su lugar de trabajo. "Hay un ambiente raro. Y en muchos casos, una cierta denigración con la gente de muchos años. Suelen quitarles las tareas y dejarlos arrumbados. Sólo nos falta la chapa de inventario para ser un mueble", graficó.

Tres gremialistas que están al frente de delegaciones que representan a trabajadores de ciertos organismos públicos coincidieron: "No hay manera de ingresar al Estado si no se es militante, familiar o referido por alguno de la gente de La Cámpora", dijo uno de ellos. Palabras más o menos, los demás coincidieron.

Leonardo Fabre, secretario general de la Asociación Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), fue contundente. "Hoy no se puede entrar si no es por la vía de La Cámpora. Hay una degradación moral de la política de ingreso al Estado", afirmó. Contó además que en los últimos tres años las unidades de atención integral (UDAI) que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasaron de 300 a 400 en el país. En muchas de esas ventanillas atienden empleados con una filiación política muy cercana al oficialismo que se han impuesto, en la carrera interna, a la gente de la línea administrativa tradicional.

De acuerdo con los números de Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, en los últimos años, a contramano de la desaceleración del crecimiento del empleo privado, el sector público sostuvo un ritmo de aumento significativo: 6,1% entre 2007 y 2011 contra 3,2% en el sector privado registrado. "Actualmente hay, al menos, un cuarto más de empleados públicos que en 2007 -dice el último informe, de abril-. El aumento del empleo público fue especialmente durante el período recesivo de 2008 y 2009. En esos años el crecimiento de la plantilla de estatales era de 7,9%, frente a una reducción de 2,3% en el sector privado, si se toman en cuenta los dos semestres de cada año. Esto explica tanto el sostenimiento del empleo total en ese ciclo, como, en una medida no menor, la caída del superávit fiscal del sector público consolidado."

Cerca de la agrupación ultrakirchnerista -conducida por los diputados Andrés Larroque y Eduardo "Wado" de Pedro- explican que la expansión de la plantilla no sólo tiene que ver con mantener el nivel de empleo en épocas en que el sector privado prácticamente cesó de requerir trabajadores. Hay una indisimulable intención de colonización política detrás de los contratos. Así lo explicaba un operador político cercano a la agrupación. "Hay una intención que tiene que ver con dotar al Estado de gente que responda, que se pueda movilizar y, además, llenar el vacío que dejó un Estado desmembrado que ahora adquirió un protagonismo que no tenía", explicó.

Después de las elecciones de octubre, de la mano del viceministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno viró del intervencionismo al estatismo. Tal como lo describió Carlos Pagni en su columna del viernes, "Kicillof requiere un Estado organizado e inteligente; de lo contrario, su masterplan puede ser arruinado por una burocracia incompetente".

Otro operador político con contactos aceitados dentro de La Cámpora agregó otro elemento. "El año que viene hay elecciones y son necesarios 55.000 fiscales para controlar todas las mesas del país. Hubo muchos dirigentes que cometieron el error de no tener tropa propia y tuvieron que alquilar estructuras para controlar los comicios. O dirigentes peronistas o sindicalistas prestaban su gente. Eso a este gobierno no le va a pasar", sostuvo.

Según datos que pudo compilar La Nacion, los nombramientos se suceden de a decenas. Sólo por poner algunos ejemplos, en el Ministerio de Justicia, cuyo subsecretario es el camporista Julián Alvarez, se han nombrado 300 personas con contratos bajo la modalidad de ley de contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Tienen sueldos de aproximadamente $ 7000 que se los pagan los entes cooperadores.

En la Jefatura de Gabinete, que maneja Juan Manuel Abal Medina, hay 250 nuevos trabajadores que ingresaron con contratos llamados resolución 48 -como una planta transitoria- con sueldos de entre 3000 y 6000 pesos. "Por lo menos a 100 se los vincula con la militancia de La Cámpora en las escuelas", confió una fuente que conoce muy de cerca la administración. En el PAMI hay alrededor de 300 militantes de la agrupación que ingresaron directamente en planta permanente -en el PAMI no hay contratados-. La mayoría están nombrados en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Rosario. Tienen sueldos de alrededor de 11.000 pesos. En la Secretaría de Cultura nombraron 400 militantes con contratos bajo la modalidad "locación de obra". Sus sueldos son de aproximadamente 3500 pesos y la mitad de ellos están afectados a la muestra Tecnópolis.

UNA REGLA Y UNA EXCEPCIÓN

La lista podría seguir en decenas de reparticiones cuyos resortes domina La Cámpora. Pero claro que no todo es una visión política del asunto. Los economistas, por caso, miran el fenómeno desde el impacto de las cuentas fiscales y desde el incentivo a la productividad en la gestión que tienen las administraciones. "En las provincias con más coparticipación se da un grado más alto de peso del sector público en el mercado laboral. El coeficiente de coparticipación de Santa Cruz es de 277 puntos y el peso del sector público en el total de empleo es de 39%. En Salta, con un coeficiente de 120, el empleo estatal representa 19%", dijo Alieto Guadagni en un encuentro de economistas. 

Dice un documento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL): "El empleo público como porcentaje del empleo total es más alto que en los países federales de Europa y América del Norte, así como el de sus socios del Mercosur".

Además de la administración central, uno de los mayores crecimientos de las plantillas se ha dado en las empresas públicas. De acuerdo con un trabajo de la economista Nuria Susmel, los empleados de las empresas y bancos públicos sumaban 28.417 en 2003, a inicios del kirchnerismo. A fines de 2011 la nómina era de 78.981. En lo que va del año ya se sumaron 16.000 de la estatizada YPF y 4500 de Trenes de Buenos Aires.

Pero toda regla tiene su excepción. La Cámpora no nombra gente en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Allí manda la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y los contratados deben ser visados por la Kolina (Corriente de Liberación Nacional), una entidad que comanda la cuñada presidencial. Los 100 contratos de militantes fueron realizados por dos universidades. Cuentan que hacen trabajo territorial y muy poco en el Inaes. Cobran $ 2000 por mes, un ingreso que está más cerca de la militancia que de la retribución por un trabajo en un ministerio.

La Nación, Economía y Negocios, 19-8-12

domingo, 19 de agosto de 2012

NUEVO LIBRO





EL PODER CONSTITUYENTE. ENTRE MITO Y REALIDAD

Del Profesor Dr. Sergio Raúl Castaño

Con prólogos de Pietro Giuseppe Grasso y Orlando Gallo

La teoría del orden constitucional aparece asociada a los antecedentes históricos de las revoluciones modernas y a los presupuestos ideológicos del liberalismo. De allí que cuestiones que atañen tan esencialmente a los fundamentos del orden político, como la constitución y el poder constituyente, hayan venido siendo habitualmente enfocadas desde la dogmática del constitucionalismo liberal.
La primera mitad del s. XX –cuando en Política coexistían las más variadas tendencias doctrinales- conoció un período de proverbial interés científico para la teoría de la constitución. Fue la época de Vázquez de Mella, Hauriou, Heller, Schmitt, Smend, García-Pelayo, Sampay.
Por el contrario, hoy transitamos por un período de pesante homogeneidad teórica, en que cada vez se discuten menos los postulados básicos del  liberalismo.
Ahora bien, ¿resulta posible hablar del poder constituyente sin recaer en ideologías?



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LIBRERÍA VÓRTICE
Hipólito Yrigoyen 1970, Buenos Aires

LA GUERRA COMO CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA (O DE LA JUSTICIA)





POR RICARDO KIRSCHBAUM

Es un lugar común pero no por eso es menos cierto: las primeras víctimas de la guerra son la verdad y los mensajeros que la transmiten . Cuando se admite que se está en guerra, como lo ha hecho en la semana Eugenio Zaffaroni , juez de la Corte Suprema, hay que tener cuidado en que el enemigo utilice información cierta para afectar a la facción a la que el magistrado confiesa pertenecer.

Quizá porque estamos acostumbrados, en este país se toma la desmesura como un hecho natural. Y esta frase de Zaffaroni es una desmesura porque, proviniendo de quien proviene, se inscribe en una dinámica de beligerancia de la que un miembro de la Corte en un estado democrático debiera, esta vez sí, exhibir prudencia .

Zaffaroni había dicho que las denuncias de las “salidas culturales” de los presos apuntaban a terminar con la resocialización de los condenados. En ese contexto, habló de la “guerra” y de los cuidados que había que tener para evitar darle al enemigo razones para atacar a quienes promueven el sistema.

La “guerra” de Zaffaroni –y del Gobierno, al que el juez adhiere con entusiasmo– es entre los medios no sometidos por la política oficial y los defensores del “modelo”. Es una teoría peligrosa para desplegar en democracia porque contiene en sí misma el propósito de vencer al otro , de neutralizarlo para que el vencedor imponga sus condiciones, escriba la historia, sin importarle el costo de la victoria . En su transcurso, el ocultamiento de información, los datos deliberadamente “truchos” (como lo admitió la Presidenta) para la “gilada” que escribe, son recursos lícitos aunque sean éticamente reprobables . En ese marco, se admite que hay que tutelar lo que es conveniente informar y lo que es prudente ocultar No importa la verdad, parece decir Zaffaroni. Lo que verdaderamente importa es que quienes la proveen estén deslegitimados porque informan desde uno de los bandos.

Ese es el centro de las batallas de esta “guerra” en la que el Gobierno ha demostrado una incapacidad genética de tolerar el juego abierto del periodismo en las sociedades verdaderamente democráticas, derechos por los que se ha peleado por conseguir y por consolidar.

El concepto es que la confrontación es inherente a este Gobierno y que los conflictos, las diferencias de criterio, los puntos de vista divergentes, no pueden resolverse en negociaciones o acuerdos sino tan solo por el triunfo y la derrota .

Un juez de la Corte, como Zaffaroni, tiene que resolver pleitos según su criterio. Debe dictar Justicia y no pelear como soldado en una guerra .

Clarín, 19-8-12

sábado, 18 de agosto de 2012

EJEMPLOS DE COHERENCIA POLÍTICA





Muchos de los funcionarios que acompañaron a Fernando de la Rúa en su presidencia, mientras él está siendo juzgado, se reconvirtieron al kirchnerismo:

– Juan Manuel Abal Medina fue director del INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública).

– Nilda Garré, viceministra del Interior.

– Débora Giorgi , secretaria de Industria y Energía (“Pensar que a Débora la cargábamos por lo obsecuente que era con Fernando”, recordó un ex funcionario radical a este diario).

– Diana Conti, secretaria de Derechos Humanos.

– Aníbal Ibarra, jefe de gobierno por la Alianza.

– Adriana Puiggrós, secretaria de Ciencia y Técnica.

– Darío Alessandro, jefe del bloque de Diputados.

– Eduardo Jozami, legislador.

– Abel Fatala, legislador y luego secretario de Obras Públicas de Enrique Olivera.


Fuente: Jorge Lanata, Clarín, 18-8-12

martes, 14 de agosto de 2012

SUBTES:




las encuestas derrotaron a CFK igual que con los aguinaldos


Guillermo Cherashny




Finalmente CFK cedió ante las encuestas que en gran medida le atribuían la responsabilidad por el paro de los metrodelegados y más aún desde que uno de ellos, Néstor Pianelli, fue a visitarla de la mano de Martín Sabbatella, que es su jefe político, del mismo modo que Néstor Segovia responde a Luis D’Elía. Entonces en la Casa Rosada llegaron a la conclusión de que lo mejor era dar marcha atrás, como ocurriera cuando se decidió financiar el pago de los aguinaldos de la provincia de Buenos Aires. 

CFK tuvo que retroceder, porque las encuestan le atribuían mayor responsabilidad que a Daniel Scioli por el no pago de los aguinaldos. Ayer se realizó una asamblea de los obreros y empleados del subte y, salvo en la línea D, donde el trotskista Claudio della Carbonara impuso su postura de seguir con el paro por tiempo indeterminado por 5 votos de diferencia, en las demás líneas ganó ampliamente la postura favorable a levantar el paro. Esto obligó a Pianelli y Segovia a una tregua por 20 días hasta determinar de dónde saldrá el aumento de sueldos. 

Es tan difícil como hasta ayer una solución acordada porque Macri se seguirá resistiendo a que le tiren por la cabeza los subtes, así como a encargarse del imprescindible ajuste de tarifas. Lo más probable, entonces, es que en 20 días resurja el problema de los metrodelegados, pero Macri ganó una batalla. Resultado que lo expone, naturalmente, a las represalias del cristinismo.

Informador Público, 14-8-12

lunes, 13 de agosto de 2012

CURA SICILIANO LANZA UN PARTIDO POLÍTICO



 de laicos católicos comprometidos

José Manuel Vidal

            
 Sicilia está al borde de la quiebra social, política y económica. Y algunso sicilianos no se resignan a ver sucumbir su bella tierra. Entre ellos, el sacerdote Felice Lupo, párroco de San Eugenio de Palermo. Su receta para recuperar la isla es la creación de un partido político original y novedoso. Su nombre, 'Hombres nuevos por una sociedad de iguales y partícipes'. Su logo, un lobo y un cordero en un prado verde, casi bucólico.

Un partido que pretende participar en las elecciones regionales del próximo 28 de octubre en Sicilia. Un partido atípico, que Lupo define así: "Un movimiento católico completamente autónomo e independiente de cualquier vieja nomenclatura partidista y con listas provinciales pero sin ningún viejo político como líder".

Los anticlericales de la isla ya le llaman 'el partido de los curas', para desacraditarlo. Pero lo cierto es que, como señala su fundador, en la lista que acudirá a las urnas, que todavía no se ha hecho pública, no figurará ningún sacerdote sino "laicos católicos comprometidos con el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia".

El nuevo partido acaba de echar a andar, pero con buenas perspectvas. "Hemos recogido bastantes adhesiones y sigo encontrando sacerdotes y laicos que quieren acompañar a los socios fundadores en las distintas provincias", ha declarado Lupo al Giornale di Sicilia.

Por ahora, el nuevo partido todavia no tiene bandera, ni colores ni siquiera un programa bien definido, pero sí algunas propuestas concretas y sencillas. Por ejemplo, fijar un techo máximo a las remuneraciones de los parlamentarios, acabar con los privilegios de la clase política, e incentivar las políticas dirigidas a la familia.

Con lo que sí cuenta ya el partido de los 'Hombres nuevos' es con un logo, en el que aparece un lobo y un cordero en un prado. Inspirado en el famoso versículo del profeta Isaías, anuciando al Mesías: "Habitará el lobo con el cordero".

El párroco italiano dice responder así a los continuos llamamientos del Papa y de la jerarquía italiana  por una mayor y más efectiva implicación de los católicos en la vida pública a través de la política.


 Religión Digital, 12-8-12