El atentado a la
Fábrica Militar de Río Tercero, que en 1995 mató a siete civiles e hirió a
centenares, es uno de esos casos en los que, a la crueldad del hecho en sí, se
ha sumado la indiferencia de la sociedad y una actitud más que sospechosa del
Estado y de algunas instancias judiciales. Basta recordar que ni siquiera ha
comenzado el juicio oral.
Por eso, a sólo un
mes de cumplirse 18 años de la voladura con la que, según la Justicia, se
intentó borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y
Ecuador durante el menemismo, es auspicioso que la Cámara Civil y Comercial
Federal haya ordenado indemnizar con 5.462.817 pesos a nueve personas y a los
familiares de otras tres ya fallecidas, quienes sufrieron daños en sus casas y
comercios cercanos a la fábrica militar, además de las lesiones físicas y
psíquicas.
De todos modos, cabe
plantearse cómo es posible que esas víctimas y los familiares hayan tenido que
aguardar 18 años para ser indemnizados. Tengamos presente, además, que ya
existen sentencias de similar tenor resueltas por juzgados federales de
Córdoba, como la que autorizó pagar una suma total de cerca de diez millones de
pesos a unos 500 habitantes de Río Tercero que habían reclamado por daño moral.
Para desgracia de los afectados, en virtud de la ley de emergencia, el Estado
nacional pagará con bonos.
En total, suman
alrededor de 12.000 los pobladores que iniciaron juicios civiles contra el
Estado nacional, pues hubo varios barrios que resultaron arrasados por la
sucesión de explosiones del 3 de noviembre de 1995. Muchos obtuvieron
sentencias favorables, pero los abogados del Estado las apelaron. Si bien es
cierto que esos letrados están obligados a apelar, debería haberse contemplado
el caso especial que representó este atentado del que fue víctima la ciudad
entera, de forma tal de evitar la apelación estatal y así acortar los tiempos
judiciales y permitir una más rápida indemnización a los damnificados y sus
familias.
Pero además, algunos
de esos abogados que representan los intereses del Estado han ido más allá de
su obligación y, con injustificado celo, han incursionado en la mentira
insultante al afirmar, por ejemplo, que no se ha probado la responsabilidad
estatal y que las explosiones pudieron obedecer a un ataque terrorista.
A esta altura de las
investigaciones, sostener esos disparates resulta francamente ofensivo y
muestra una ignorancia absoluta e imperdonable respecto de las pruebas y peritajes
realizados que obran en el expediente del fuero penal federal. En efecto, allí
se encuentra el extenso y detallado peritaje oficial realizado en 2003 en la
localidad cordobesa de Serrezuela durante varios días, con distintas pruebas
explosivas efectuadas en escala, que permitieron desechar para siempre la
absurda hipótesis que contra todas las evidencia sostuvo la Justicia durante
los primeros ocho años: que los hechos obedecieron a un accidente.
El peritaje de
Serrezuela mostró una realidad mucho más siniestra al comprobar que la serie de
explosiones fueron intencionales y requirieron una compleja ingeniería, pues se
emplearon contraexplosiones que dirigieron las ondas expansivas de los
estallidos principales sobre la ciudad para preservar los sitios más valiosos
de la planta y también las fábricas químicas privadas que la rodean. Por esta
razón, todos los muertos y casi todos los heridos fueron vecinos de la ciudad.
Estas características
son las que deberían convencer a las autoridades de que ha sido mucho el tiempo
que se ha hecho perder a los riotercerenses, tiempo que para ellos se mide
también en términos de dolor. De ahí que debería haberse materializado ya la
vieja promesa incumplida del kirchnerismo de sancionar una ley que permitiera
pagos indemnizatorios extrajudiciales. Pero por lo visto fue sólo uno más de
las tantos compromisos hipócritas con que se quiso captar votos, pues el
proyecto duerme en el Congreso.
Finalmente, es
preciso que comience cuanto antes el demorado juicio oral a los cinco ex
directivos de Fabricaciones Militares, procesados por estrago doloso seguido de
muerte. Algunos de ellos carecían de capacidad operativa como para haber
ordenado y realizado el atentado. No hay justificativo para tanta demora, como
no lo hay tampoco para resolver definitivamente la situación en la causa del ex
presidente Carlos Menem, hoy procesado, y del ex jefe del Ejército, teniente
general (R) Martín Balza, cuyo sobreseimiento fue apelado.
A casi 18 años de los
hechos, es una vergüenza que aún esté lejos el día en que la Justicia pueda
castigar a quienes decidieron volar parte de una ciudad argentina para ocultar
un contrabando.
La Nación, editorial,
7-10-13