Por JOSÉ BRILLO
(EX JEFE DE GABINETE
DE NEUQUÉN)
Una manifiesta
inconstitucionalidad les hace perder a las provincias $130.000 millones por
año. La coparticipación es el mecanismo que regla la distribución vertical y
horizontal de los recursos tributarios federales entre el Gobierno Nacional y
las Provincias. El sistema vigente se basa en la Ley 23.548 del año 1988. Esta ley definía una
“masa coparticipable”, integrada por el producido de la recaudación de todos
los impuestos nacionales, exceptuando, en parte o en su totalidad, a los
impuestos al Comercio Exterior, las Contribuciones a la Seguridad Nacional ,
y el Impuesto a los Combustibles.
La distribución de
estos recursos establecía un 42,34% asignados a la Nación , un 56,66% a las
Provincias y un 1% destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias. Durante los años 90, la
Nación avanzó sobre el Régimen de Coparticipación efectuando
detracciones de la masa coparticipable, a través de decretos de necesidad y
urgencia, leyes del Congreso de la
Nación , pactos federales, destinados a varios fines, aunque
predominaron los destinados al sistema de jubilaciones y pensiones. En este
período las Provincias cedieron alrededor de un tercio de los fondos que les
corresponderían de aplicarse la ley en su alcance original.
Entre las quitas más
relevantes se destacan: El 15% de la masa coparticipable general, que fue
destinado al sistema de jubilaciones y pensiones desde 1992, más sumas fijas
que constituyeron el Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales. En el año
2014 representa un retiro del sistema coparticipable de 67.000 millones de
pesos.
El 11% del IVA, que
equivale a una detracción para el mismo año de 33.000 millones de pesos.
El 36% del Impuesto a
las Ganancias, que representa una suma de 82.000 millones de pesos.
El 70% de los
Monotributos, equivalente a 4.000 millones.
El 70% del Impuestos
a los Créditos y Débitos, que representa otros 49.000 millones.
Así, mediante estas
quitas, se sustrajo de la masa coparticipable inicial, definida por la Ley 23.548, para el
Presupuesto del año 2014, la suma de $235.000 millones.
Actualmente, una
estimación nos indica que la denominada masa coparticipable neta, luego de las
detracciones efectuadas, se reduce a un 55% de lo que preveía originalmente
aquella ley. De acuerdo al índice de coparticipación, las Provincias están
perdiendo más de 130.000 millones de pesos, sólo en el año 2014.
Es cierto que hubo
algunas medidas como para atemperar esta situación, como el Fondo de la Soja , pero no cambian el
fondo de la cuestión. Y, de esta manera, del 57% establecido inicialmente para
la distribución primaria a las Provincias, se llegó a un 41% en 1991. Y sigue
descendiendo a medida que pasan los años hasta llegar al 25% en la actualidad.
Este avance de la Nación sobre las
Provincias, en materia de recursos coparticipables que intente sintetizar,
provocó, más allá de la reducción de los fondos a las Provincias, algo mucho
peor: la pérdida de una parte de autonomía por parte de las autoridades
provinciales, que no pueden disponer de recursos que vienen con una afectación
determinada. Lo que configura una degradación del sistema federal. Más allá de
que las Provincias puedan recibir fondos de Nación por otras vías, es evidente
que ha existido en este tiempo un desprecio por la norma, por las vías formales
y ha crecido la discrecionalidad para premiar simpatías o adhesiones, y
consecuentemente castigar las posturas provinciales independientes o no
alineadas.
Clarín, 23-3-14