POR PABLO NOVILLO
Clarín, 11-5-14
La toma del predio de
Villa Lugano cumple hoy 70 días. Lo que en un principio parecía un episodio más
en el crónico problema del déficit habitacional en la Ciudad , ya puede ser
catalogado como un caso de accionar mafioso que busca lucrar con la necesidad
de los marginados. La
Justicia porteña tiene probado que el objetivo de la toma era
lotear el predio para venderlo: Clarín tuvo acceso al expediente y las escuchas
telefónicas, que demuestran que la usurpación fue realizada por punteros
políticos de la villa 20 que tienen fuertes vínculos K con el Movimiento Evita,
la organización piquetera que nació como Movimiento de Trabajadores
Desempleados con su líder Emilio Pérsico y que hoy integra Unidos y Organizados
con La Cámpora
y el sabatellismo .
Además, está
comprobado que dentro del terreno ocupado se vende droga y hay gente armada. El
Ministerio Público Fiscal porteño ya pidió la detención de 12 personas. Una de
ellas, Marcelo Chancalay, está prófugo. A otros tres la jueza Gabriela López
Iñíguez les permitió seguir en libertad, y la situación del resto está por
definirse.
La toma comenzó en
las primeras horas del 24 de febrero, en el predio de Pola y Fernández de la Cruz , junto a la villa 20. En
esa madrugada, y por un enfrentamiento interno, fue asesinado Osvaldo Soto, uno
de los ocupantes. Se cree que el asesino es un paraguayo que se fugó del país.
En los días posteriores, tanto la
Justicia como el Ejecutivo y legisladores negociaron la
liberación del predio a cambio de planes de urbanización, pero los ocupantes se
negaron a irse.
Los fiscales de la Ciudad comenzaron a
investigar. El 2 de marzo hicieron los primeros allanamientos, en los que
secuestraron celulares, documentación que prueba el manejo discrecional de
planes sociales por parte de los punteros y boletos de compraventa de lotes en
la villa 20. Con esta documentación, más las escuchas y declaraciones de
testigos, descubrieron cómo funcionaba esta organización, que buscaba vender
cada lote por entre $ 8.000 y $ 20.000. Además, a algunas personas les cobraban
por instalarse y al poco tiempo los sacaban por la fuerza.
En la Fiscalía General
contaron que la toma se dividió en grupos encabezados por Chancalay y las
familias Ríos y Jiménez. ¿Quiénes son? La siguiente es la descripción que
hicieron en la Justicia :
Marcelo Chancalay es un histórico puntero de la villa 20. Figura en la planta
de empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad , aunque en la Fiscalía aseguran que también
está vinculado al kirchnerismo y a UNEN. Tiene una empresa constructora, MACH
S. R. L, y tres cooperativas de trabajo, desde las cuales realizaba obras
públicas (se cree que trabajó para la Fundación Sueños
Compartidos de Madres de Plaza de Mayo) y administraba planes sociales. En los
extractos de sus cuentas bancarias se ve que en los últimos 15 meses hizo
depósitos por más de $ 2.100.000. El día posterior a que los fiscales pidieran
la intervención de su teléfono, recibió una muy oportuna llamada de una mujer
que le dijo: “Meté tu auto en un garage y desaparece de Lugano y Mataderos”;
“tu celular cambialo, colgá y no llames más, te están siguiendo”.
Desde entonces está
prófugo.
Emanuel Ríos y
algunos familiares también tienen influencia en la villa 20. Ex participante de
la toma del Parque Indoamericano, fue uno de los primeros en mostrarse ante las
cámaras de televisión como vocero de los ocupantes. Las escuchas a su teléfono
demostraron sus vínculos con el Movimiento Evita (ver Las escuchas...).
Claudio Jiménez y su
familia son otro clan histórico de la villa 20, que se articula con los Ríos en
el control de la toma. Hay declaraciones de testigos con identidad reservada
que manifestaron como esta gente amenaza a los ocupantes para que no delaten nada.
Héctor Urquiza es
otro puntero de la villa 20, y también se mostró ante las cámaras como uno de
los delegados de los ocupantes.
Los fiscales también
pidieron la detención de Marta Isabel “La Negra ” Yané. Se trata de una militante del
Movimiento Evita que trabaja para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Alicia Kirchner.
De hecho, el teléfono desde el cual se comunicó con Emanuel Ríos pertenece al
Ministerio. Esta mujer además sería colaboradora de la legisladora kirchnerista
María Rachid, a la que menciona en numerosas oportunidades en las escuchas.
Yané le ofreció a Emanuel Ríos conseguirle un contrato (le prometió un anticipo
de $ 1.500), ayudarlo para conseguirle a su hija una vacante en un jardín de
infantes y hasta apoyarlo como candidato para presidir la junta de la Villa 20. Además, Ríos se
contactó con un tal Emiliano (no se menciona su apellido), otro militante del
Movimiento Evita, quien lo convocó a participar en actos del kirchnerismo.
La investigación
también determinó otro tema muy grave: al menos diez testigos declararon que
durante las noches en el predio tomado se monta una carpa en la que se venden
drogas.
El jefe de los
fiscales porteños, Martín Ocampo, aseguró: “Se deben realizar investigaciones
inteligentes para identificar a las organizaciones criminales que explotan a
las personas con necesidades. Estamos comprometidos en llevarlos a juicio.” Más
allá de los pedidos de detenciones, la jueza López Iñíguez ya firmó la orden
para desalojar el predio. Sin embargo la medida sigue pendiente, en parte por
la dificultad para organizar el operativo entre la Policía Metropolitana ,
la Federal y
Gendarmería; pero sobre todo por la falta de decisión política del Gobierno
porteño. Es que, si bien en la toma hay sólo unas 40 familias permanentes, ante
el primer atisbo de un operativo policial aparecen muchos más.