Por Marcelo
Veneranda
El Frente Renovador
presentará mañana un proyecto de ley para que el Estado pueda quedarse con el
dominio de los bienes asociados al narcotráfico y al lavado de dinero, pero que
también alcanza los vinculados con actos de corrupción de funcionarios y de
evasión de privados. También extiende la persecución a los activos que heredan
los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país.
Esa ley hoy no
existe. Lo que no faltan son los ejemplos sospechosos: el jet que un
funcionario usa como propio, la casa de country del último narco descubierto en
el país, el piso de Puerto Madero que alguien olvidó declarar o la sociedad
anónima que no para de facturar pese a los vaivenes económicos.
La intención de la
bancada que responde al diputado Sergio Massa es impulsar, por un lado, la
creación de una acción de extinción de dominio, de carácter imprescriptible y
autónoma de la investigación penal, para que pase al Estado la titularidad de
los activos asociados con actividades ilícitas (narcotráfico, lavado,
corrupción) y antijurídicas (infracciones, evasión, monopolios).
"El problema es
que, con penas bajas a los delitos y sin perseguir el dinero ilícito, lo único
que queda es la impunidad", señaló Massa a LA NACION , para completar:
"Lo que sucede hoy es que en el mejor de los casos los delincuentes pasan
un tiempito en la cárcel, pero se quedan con la plata, sea un narco, el Luis
«el Gordo» Valor o María Julia [Alsogaray]".
El proyecto se acopla
a otras iniciativas ya presentadas por el senador socialista Rubén Giustiniani
(sobre narcotráfico), su par radical Gerardo Morales (aplicable cuando la
acción prescribe o fallece el imputado) y tres iniciativas de los diputados
Manuel Garrido y Ricardo Alfonsín (patrimonio de funcionarios) y Elisa Carrió
(hechos de corrupción).
Pero el texto
massista, elaborado por un equipo encabezado por el diputado bonaerense Ramiro
Gutiérrez y la legisladora nacional Graciela Camaño, no sólo es más abarcativo
que los anteriores, sino que apela a tratados internacionales para avanzar
sobre la protección constitucional de la propiedad de los condenados.
"Lo que
sostenemos es que una persona que comete un delito no merece la protección
constitucional de sus bienes", señaló Camaño, sin ocultar que esa
"severidad" busca compensar el espíritu "abolicionista"
que, según el massismo, encarna el proyecto de reforma penal del kirchnerismo
que impulsa el juez de la
Corte Eugenio Zaffaroni. "Para terminar con la impunidad
necesitamos que los delincuentes tengan miedo a la ley y miedo a perder su
patrimonio", agrega Massa.
En esa línea, el
proyecto avanza no sólo sobre los bienes directamente vinculados al lavado,
narcotráfico y corrupción, sino también sobre los activos
"equivalentes" del condenado, cuando no se pueda actuar sobre los
primeros o los que herede a sus familiares. Elimina la posibilidad de oponer el
secreto bancario o bursátil y aplica tanto sobre bienes de argentinos en el
extranjero como sobre los que se encuentren en el país, pero sean identificados
como ilícitos por tribunales del exterior.
La intención,
señalan, es que la Argentina
empiece a comportarse como "territorio jurídicamente hostil" para las
organizaciones criminales, atacando su financiamiento y convirtiendo sus bienes
en propiedad del Estado, sin compensación y más allá del resultado de la causa
penal. De ahí la intención de crear una acción legal nueva, imprescriptible,
aplicable al fuero civil y comercial.
El proyecto se
inspiró en leyes que se aplican en Colombia y Guatemala, entre otras, y recibió
aportes de especialistas como Edgardo Buscaglia y Diego Gorgal.
También fija el
destino de los bienes comprometidos: el 90%, para financiar el programa de
infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación. El 10% restante, a
la capacitación del personal involucrado en la recuperación de activos. En el
caso de narcotráfico, el 45% de los bienes se destinan al programa de
prevención de la Sedronar
y el 45% restante, a obras de educación.