Por Héctor GIULIANO
(
2.1.2015).
El nuevo año se abre con
una peculiar expectativa de arreglo de la cuestión de los Holdouts (los
bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010) en el
marco de la Crisis de Deuda Pública que arrastra la Argentina.
Habiendo logrado diferir
el cumplimiento del fallo Griesa hasta el fin del 2014 – con la aquiescencia de
los principales actores del sistema financiero pero con una “soga corta” que le
restringe su libertad de movimientos – el gobierno CFK encararía ahora las
negociaciones del caso para fijar las condiciones de pago de la sentencia
judicial, una sentencia que perdió en todas las instancias legales de los
tribunales norteamericanos cuya competencia reconoció.
El establishment le está
recordando a la presidenta que con el supuesto vencimiento de la cláusula RUFO
se le habrían acabado las “excusas” al gobierno para no pagar lo que manda el
juez Griesa y que los tiempos urgen para dejar acordada la forma de pago a los
acreedores siguiendo la modalidad de firma por esta administración de
obligaciones que tienen que pagar las venideras.
LAS CLÁUSULAS DEL
MEGACANJE KIRCHNER-LAVAGNA.
Las graves complicaciones
para el Estado Argentino del entramado jurídico y financiero del Megacanje
2005-2010 no provienen sólo de cláusulas pre-existentes sino de agregados
particularmente concesivos aceptados por la administración Kirchner a través de
dicho acuerdo:
a)
Prórroga de Jurisdicción ante Tribunales Extranjeros.
b)
Renuncia a oponer la inmunidad soberana.
c)
Exenciones impositivas – presentes y futuras – a los
acreedores, sin retenciones de ningún tipo sobre pagos de Capital e Intereses.
d)
Paridad de trato a los Acreedores – Pari Passu – en la
emisión de los nuevos bonos.
e)
Cláusula del Acreedor más Favorecido, consistente en
extender a todos los acreedores cualquier mejora concedida a uno de ellos.
f)
Compromiso de no hacer – Negative Pledge – consistente en
el compromiso de no gravar activos del Estado a favor de otros acreedores (como
el caso de prendas o hipotecas) como garantía de disponibilidad de bienes para
el caso de embargos contra el país.
g)
Cláusula Cross Default o incumplimiento cruzado, según la
cual la falta de cumplimiento de uno sólo de los servicios (Capital y/o
Intereses) implica automáticamente la mora y posibilidad de reclamo de todos
los acreedores, disparando la aceleración o exigencia anticipada de las
obligaciones.
h)
Cláusula de Acción Colectiva (CAC) o incorporación de la
regla según la cual ante cualquier problema futuro con los nuevos bonos
emitidos rige el criterio que lo decidido por la mayoría obliga también a la
minoría de los tenedores.
Toda esta batería de
cláusulas implica que la Argentina ha quedada “atada de pies y manos” en
materia legal frente a cualquier forma de incumplimiento de los nuevos bonos.
Parte de este tipo de
condiciones ya habían sido aceptadas en casos precedentes del país –
especialmente desde el Plan Brady 1992/93 – pero otras fueron cláusulas nuevas
incorporadas por la actual administración.
Mas independientemente de
sus antecedentes, la realidad es que esto lo hizo el gobierno de Néstor
Kirchner en el 2005, con la responsabilidad técnica del Ministro de Economía
Roberto Lavagna y su Secretario de Finanzas Guillermo Nielsen; y que lo
ratificó su esposa, Cristina Fernández, con la reapertura del canje en el 2010,
bajo la responsabilidad técnica del Ministro Amado Boudou y el Secretario
Hernán Lorenzino.
EL
FRACASO DEL MEGACANJE KIRCHNER.
La actual nueva Crisis de
Deuda que vive la Argentina – crisis por Insolvencia, debido a que el país no
tiene capacidad de repago y crisis por Iliquidez, porque no tiene las divisas
necesarias para atender los servicios de Capital e Intereses – está
directamente relacionada con el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna.
Un plan de refinanciación
de deuda fracasa cuando – después de haber sido “vendido” a la opinión pública
como un “éxito de negociación” – resulta que en la práctica no puede pagarse si
no es cancelando vencimientos con nuevas deudas y contrayendo deuda adicional,
que es lo que la administración Kirchner ha venido haciendo en su “década
ganada”.
El gobierno Kirchner ha estado
falseando abiertamente los resultados de su Megacanje con el engaño del
“des-endeudamiento” público y con la misma regla seguida por todos los
gobiernos que lo precedieron – desde el Proceso Militar hasta la fecha - en
materia de reestructuraciones de Deuda.
Los Acuerdos de Nueva York
1985-1987 bajo la administración Alfonsín (con el equipo económico Sourrouille-Brodersohn-Marx),
el Plan Brady 1992-1993 bajo la administración Menem (con el equipo
Cavallo-Marx) y el Megacanje 2001 bajo la administración De la Rúa (también con
el tándem Cavallo-Marx) fueron todos presentados en su momento como grandes
éxitos de negociación pero terminaron en fracasos y en sendas crisis de Deuda,
que llevaron incluso a la caída dos de esos gobiernos: crisis de los años 1989
(Hiper-Inflación y crisis de Balanza de Pagos), 1995 (Efecto Tequila) y 2001
(fin de la Convertibilidad, que había sido sostenida con Deuda Externa).
De la misma manera que los
anteriores, tampoco el Megacanje Kirchner-Lavagna pudo ser atendido con
recursos genuinos y el gobierno debió apelar desde entonces a recursos
extraordinarios y no propios del Estado: uso de las reservas internacionales
del Banco Central (BCRA) para el pago de Deuda Externa a Organismos Financieros
Internacionales – empezando por el FMI – y Acreedores Privados, estatización de
las AFJP para usar los recursos previsionales de la ANSES en forma masiva
transfiriéndole la carga de la Deuda a los Jubilados y desvío de los recursos
crediticios del Banco Nación (BNA) y de una pluralidad de organismos oficiales
con el mismo objetivo.
Habiendo agotado así
prácticamente la capacidad de traspaso de sus obligaciones externas a Deuda
intra-Estado (hoy casi un 60 % de la Deuda Total) y habiendo asumido a la vez
un stock igualmente creciente de Deuda Pública por toma de nueva deuda a un
promedio mayor a los 10.000 Millones de Dólares (MD) por año, la administración
Kirchner terminó en el mismo tipo de crisis que todos los gobiernos
precedentes: Crisis de Deuda por incapacidad de Pago y paliativo de
re-endeudamiento permanente.
LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA
RUFO.
Todo el mundo viene
diciendo que concluido el año 2014 se produce la caducidad de la cláusula RUFO
y por ende el gobierno quedaría liberado de la obligación de extender los
beneficios de mayor pago a los holdouts también a los bonistas del Megacanje.
En esto coinciden las
interpretaciones del gobierno, la oposición política, los medios de prensa y
todo un coro de economistas del establishment, deseosos que el país acelere su
retorno al Mercado Internacional de Capitales en función de la Hoja de Ruta
Boudou, cuyo cumplimiento está en curso.
Pero todas estas voces
parecen desconocer los términos reales de la grave situación que enfrenta hoy
la Argentina y que ha puesto en advertencia un trabajo – ya citado por nosotros
más de una vez – de Javier Llorens: “La Argentina Zombi III: Un perro llamado
RUFO o el perro de la RUFO, para disimular la RUFO FOR EVER que acecha a la
Argentina” (Agosto 2014).
Básicamente, lo que
sostiene Llorens es lo siguiente:
- Que
la Cláusula RUFO – Derecho a futuras Ofertas – contenida en el prospecto
de emisión de los bonos del Megacanje Kirchner-Lavagna permitía al país
efectuar nuevas ofertas de canje o llegar a acuerdos privados con los
holdouts, sin tener que aplicar la Cláusula MFC (Acreedor más favorecido).
- Que
el problema lo generó el gobierno K con el dictado de las Leyes cerrojo y
conexas – Ley original 26.017, Ley 26.547 de reapertura del Canje, Ley
derogatoria 26.886 y leyes anuales de Presupuesto – que establecieron la
prohibición de mejorar las condiciones de canje a los holdouts en relación
a las acordadas con los bonistas.
- Que,
como consecuencia de haber suspendido y anulado el gobierno Kirchner – por
las leyes citadas - la alternativa de las cláusulas RUFO/MFC al prohibir
mejoras y acuerdos futuros, la RUFO no habría vencido en Diciembre sino
permanecería en vigencia, lo que expone al Estado a tener que extender a
los Holdin (los bonistas del canje) cualquier oferta más favorable que obtengan
los Holdouts (los que no entraron).
El tema es sumamente
complicado y las interpretaciones al respecto pueden ser discutibles pero
seguramente no le evitarán al Estado Argentino nuevos dolores de cabeza por
reclamos de acreedores.
No va a faltar algún
bonista díscolo que pueda intentar un reclamo de este tipo pese a que el
gobierno confía en estar liberado de la cláusula RUFO por vencimiento a fin del
2014 cuando ello no estaría asegurado.
Más aún, cualquier bonista
del canje pudiera accionar contra el Estado Argentino por mala fe en el
cumplimiento de los compromisos pactados y, particularmente, por la intención evidente
de dilatar cualquier acuerdo de pago con los Fondos Buitre (FB) a partir del
2015, especulando con burlar el cumplimiento de la RUFO.
Es obvio que el país puede
sufrir un reclamo por este motivo dado que si el gobierno no se creyese
obligado por las cláusulas RUFO-MFC no hubiera asumido este comportamiento
dilatorio, apelando a toda una serie de cuestiones de procedimiento para burlar
la aplicación de la RUFO, aunque sin poder escapar a la orden del juez Griesa
de pago a los holdouts a valor nominal.
El gobierno Kirchner
lógicamente no va a reconocerlo – nunca admite sus errores sino que, por el
contrario, trata de disfrazarlos en forma bastante burda (Inflación,
Crecimiento, Salarios Reales, Pobreza/Indigencia, Deuda Pública) – pero la
verdad es que esto es producto no sólo de la estructura de arrastre del
problema de la Deuda sino además, y muy especialmente, de sus propios errores
en la forma de negociación de la misma y en la estrategia legal seguida frente
a los acreedores, fundamentalmente: no cuestionando la legitimidad de los
bonos, aceptando la condición de los FB como tenedores y reconociendo el valor
nominal de los títulos en lugar del valor de compra.
Por ello, frente a la
encerrona financiera y legal, un gobierno nacional que quisiera replantear las
reglas de juego debería hacer hoy tres cosas básicas:
- Blanquear
el Default de la Deuda Pública suspendiendo el pago de sus Servicios.
- Abrir
una Auditoría integral de la Deuda, esto es, investigarla para determinar
su grado de legitimidad.
- Una
vez determinada la Deuda Legítima y la Capacidad real de pago del Estado,
proceder a una reestructuración forzosa y no voluntaria de toda la Deuda.
Es
probablemente la última oportunidad que tendría esta administración si quisiera
intentar la confrontación necesaria para no seguir hundiendo al Estado en esta
nueva ola de endeudamiento perpetuo, en lugar de seguir siendo fautor de tal
endeudamiento.
Caso contrario, el país
marcha hacia un nuevo allanamiento a las exigencias de pago de todos los holdouts
(con los FB a la cabeza), hacia una muy probable derogación de las leyes
cerrojo y conexas (incluyendo la Ley 26.984, que establece la creación de una
comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda y que el gobierno incumple
en constituirla) y con ello hacia el objetivo buscado del Megacanje
Kirchner-Lavagna y la Hoja de Ruta Boudou, que es volver al Mercado Externo de
Capitales, precisamente para tomar más Deuda.