Por Lucrecia Bullrich
La Nacion, 4-1-15
Diciembre de 2005. La Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado discute la reforma del Consejo de la Magistratura.
"Este proyecto no ataca el corporativismo, no va a redundar en mejoras en
la administración de justicia ni en la recuperación de la legitimidad del Poder
Judicial", afirma la enviada del CELS, Andrea Pochak, en representación de
un grupo de ONG que exponen sus críticas al proyecto del oficialismo. A pocos
metros, después de haber interrumpido varias veces, escucha la senadora,
presidenta de la comisión y primera dama, Cristina Kirchner.
En el mundo de las ONG y las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) dedicadas a monitorear la política, todos recuerdan
la escena. Y la reconstruyen para marcar el punto de quiebre en el vínculo con
el Gobierno. Una relación compleja. Un buen retrato de los vaivenes del
kirchnerismo (también) en su interacción con el tercer sector.
La "primavera de la participación y la
transparencia", como la describió el ex directivo de una ONG ante LA
NACION, duró poco más de dos años, el tiempo que Néstor Kirchner necesitó para
completar en el ejercicio del poder y en la articulación con actores de la
política y la sociedad civil la escuálida legitimidad que le habían dado las
urnas en 2003, después de la implosión de 2001.
Carrió
y el Instituto Hannah Arendt. La diputada fue una de las primeras en generar un
espacio de pensamiento político propio. Allí realiza las actividades
partidarias más importantes.
Fueron los años de la sanción del decreto de
acceso a la información pública (que el kirchnerismo nunca aceptó convertir en
ley) y de la apertura del proceso de selección de los jueces de la Corte
Suprema, una de las primeras banderas que abrazó Kirchner para seducir a la
clase media.
También, de la creación de la Subsecretaría
de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que quedó a cargo
de Marta Oyhanarte, cofundadora de Poder Ciudadano. "Fortalecer la
relación entre el Estado y la sociedad civil a fin de promover las reformas
institucionales necesarias para desarrollar una democracia gobernable,
transparente, legítima y eficiente" era la misión de la nueva
subsecretaría, que, entre otros temas, impulsó una reforma política. Oyhanarte
renunció a fines de 2009 en medio de denuncias de "hostilidades crecientes"
y tras el ingreso de La Cámpora, Andrés Larroque mediante, al organismo.
Pero la "guerra" con las ONG había
empezado antes, con el proyecto del kirchnerismo para reformar el Consejo de la
Magistratura. Cristina Kirchner había ganado ampliamente la elección que le dio
la banca por Buenos Aires en el Senado y Kirchner se afianzaba en el poder, ya
más recostado en el PJ.
"Una vez que Kirchner se fortaleció,
empezamos a darnos cuenta de lo poco que el Gobierno aceptaba las críticas. Fue
con los primeros informes sobre distribución discrecional de la publicidad
oficial", relató a LA NACION Alejandro Carrió, vicepresidente de la
Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
En 2009, de la mano del triunfo opositor en
las elecciones legislativas, las ONG volvieron a ocupar un lugar preponderante
en la coyuntura, sobre todo, claro, en el Congreso. Pero ya no a partir de la
interacción con el Gobierno, sino con legisladores de la oposición. El rebrote
duró poco, lo mismo que el auge del llamado grupo A.
Fue justamente de ese cambio de
interlocutores del que se valió el Gobierno para ubicar a las organizaciones
del tercer sector entre los "enemigos" del modelo. El enfrentamiento
tuvo su punto de máxima tensión el año pasado durante el debate de la reforma
judicial, cuando el entonces jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de
Diputados, Agustín Rossi, tildó a las ONG de "fascistas" por
identificar en una campaña de presión pública a la docena de legisladores que
esperaron hasta último momento para definir su voto.
Salvo por las críticas del CELS y ADC a la
reforma de los códigos Civil y Procesal Penal, las ONG han perdido presencia y
peso en los debates legislativos
Desde entonces, la guerra es fría. Salvo por
las críticas del CELS y ADC a la reforma de los códigos Civil y Procesal Penal,
las ONG han perdido presencia y peso en los debates legislativos. Quedó claro
que el Gobierno les recortó el espacio y dejó de considerarlas interlocutoras
válidas. Fuera del enfrentamiento quedó el CELS, cuya sintonía con la Casa
Rosada está firme pese a los cuestionamientos a algunas de sus últimas
iniciativas en el Congreso y a la designación de César Milani al frente del
Ejército. "Si antes el objetivo era conseguir la sanción de una ley, hoy
es convencer a un grupo de diputados o armar encuentros para difundir nuestro
trabajo", sintetizó María Barón, directora ejecutiva de Directorio
Legislativo.
Renzo Lavín, director de la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), circunscribió el enfrentamiento entre el
Gobierno y las ONG a la esfera nacional. "En temas vinculados con la
Ciudad, sobre todo vivienda, urbanización de villas y vacantes en las escuelas,
el kirchnerismo es oposición y tiene canales abiertos con nosotros y acepta nuestros
aportes", diferenció.
El Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) reaccionó al
"freezer" de la Casa Rosada estrechando el vínculo con los gobiernos
provinciales. Desde 2006 la ONG trabaja en proyectos sobre educación,
transparencia presupuestaria y boleta electrónica, financiados por las
provincias.
"Es cierto que interactuar con el
gobierno nacional se volvió más difícil, pero no fue una posición
monolítica", intentó matizar Fernando Straface, director ejecutivo del
Cippec, tras destacar que la ONG hoy trabaja "incluso con provincias de
signo oficialista", como Buenos Aires, Mendoza, Salta, Misiones, Chaco y
San Juan.
Casos
emblemáticos. Ducoté dejó Cippec par ser concejal en Pilar de Pro; Martha Oyhanarte
fue la cabeza visible de Poder Ciudadano y terminó como funcionaria; Herrero
pasó de ADC al massismo.
Straface concedió, en cambio, que el
distanciamiento con el Gobierno impactó de lleno en el financiamiento de las
ONG. Las donaciones que las sostienen provienen en su mayoría de organismos
internacionales y entidades del exterior, como la Fundación Ford; la National
Endowment for Democracy (NED), una organización de fomento de la democracia en
América latina financiada por el Congreso de los Estados Unidos; Tinker, y la
Open Society Institute (OSI), de George Soros. También de embajadas de países
como Finlandia, Noruega, Suiza y Canadá. Cualquiera que sea la fuente, el
acceso a fondos se torna más difícil si el interés del Gobierno no está detrás.
"Cuando vas a pedir financiamiento para
un proyecto cualquiera, miden tu capacidad de incidencia y piden que en la mesa
esté sentado el Gobierno", graficó Pablo Secchi, director ejecutivo de
Poder Ciudadano. "Además, hay una cuestión de historia que los donantes
tienen en cuenta. El Gobierno no mostró interés en luchar contra la corrupción
ni en fortalecer las instituciones en casi 10 años, ¿por qué lo haría
ahora?", añadió.
Al cuadro Secchi sumó un tercer factor
geopolítico. "Los financiadores grandes son más o menos siempre los
mismos, y en los últimos años se fueron a países más pobres y no de media renta
y con democracia consolidada, como la Argentina. Priorizan países de
Centroamérica, Medio Oriente y África, que están en vías de democratización",
completó.
También Straface apuntó a las pérdidas.
"Podríamos haber conseguido más financiamiento y más oportunidades. La
sociedad civil y el Estado podríamos haber tenido un papel mucho más destacado
en iniciativas como gobierno abierto u otras del Banco Mundial y del BID, pero
quedamos afuera por falta de acompañamiento del Estado", se lamentó.
DE SALTOS Y LÓGICAS
Que activistas de las ONG cambien el tercer
sector por la política es cada vez más común, tanto en la Argentina como en el
mundo. Pero no por eso deja de ser polémico.
El caso local más resonante fue el de Laura
Alonso, que en 2009 pasó de la dirección de Poder Ciudadano a la lista de
candidatos a diputados de Pro. En las ONG admiten que el pase fue por lo menos
desprolijo, sobre todo porque el arreglo con Mauricio Macri trascendió cuando
Alonso todavía estaba al frente de Poder Ciudadano. Además, fue un salto de
extremos: de la cúspide de una ONG a un cargo electivo. Destacan sin embargo
que en la función pública Alonso nunca abandonó la agenda de las ONG y la llevó
al Congreso. Desde entonces, los casos se apilan. Nicolás Ducoté dejó Cippec y
es concejal de Pilar por Pro; Miguel Braun emigró desde la misma ONG y hacia el
mismo partido; Manuel Garrido dejó el Cippec para asumir en 2011 como diputado
nacional por la UCR.
El
reservorio kirchnerista. La fundación Gestar fue generada por un grupo de
gobernadores peronistas, para promover acciones con ánimo federal; con el
tiempo fue impregnada de kirchnerismo.
Distinto es el caso de Graciela Ocaña, que en
2010 cambió la política por una ONG y terminó reincidiendo en su primer amor.
Después de su paso por la función pública (primero en el PAMI y luego en el
Ministerio de Salud) creó la Fundación Confianza Pública, que el año pasado
devino en partido político para impulsar su candidatura a legisladora porteña.
"Valoro mucho el trabajo del tercer
sector, pero si querés cambiar la lógica de un país o de una ciudad tenés que
involucrarte en política. Desde una ONG podés señalar, analizar, denunciar,
sugerir, pero no transformar", sopesó ante LA NACION.
Ocaña se ilusionó con más mudanzas. "Si
la gran energía que tiene la gente de las ONG se canalizara en la política a
través de los partidos se terminaría con viejas estructuras oligárquicas",
planteó. Sin embargo, apuntó que el "choque de lógicas" no es fácil y
pocas veces da buenos resultados. "Los partidos son muy refractarios al
ingreso de cualquiera que no comparta su lógica. Muchos de los que han
intentado el salto han terminado perdidos, devorados por la lógica de la
política."
Que activistas de las ONG cambien el tercer
sector por la política es cada vez más común, tanto en la Argentina como en el
mundo. Pero no por eso deja de ser polémico
El caso más reciente es el de Álvaro Herrero,
hasta el año pasado director ejecutivo de ADC y hoy asesor de Sergio Massa en
temas de justicia. "Después de años de trabajo en políticas públicas es
natural querer pasar al Estado. Más que como un ascenso o un progreso, lo veo
como una continuidad", opinó sobre su pase y los de sus pares.
Herrero admitió que los saltos, sobre todo a
la oposición, generan "cierto halo de sospecha". Lo atribuyó al
discurso del kirchnerismo contra las ONG, pero también a que las organizaciones
"deberían mejorar sus reglas de ética y transparencia" para
eventuales conflictos de interés. "Es una deuda de las ONG", opinó.
Para Lucas Luna, ex director de Comunicación
de Poder Ciudadano y de ACIJ, los pases se explican por la dinámica de trabajo
de las ONG. "El riesgo de convertirte en un burócrata es alto. La agenda
de temas es reiterativa y genera poco interés en la sociedad civil y en el
Estado, por lo que muchas veces te quedás gritando solo", describió en
diálogo con LA NACION. Convencido de que "para cambiar hay que hacer ruido",
Luna cree que la conexión con "las bases" es crucial. Y desde esa
óptica casi celebra los pases de las ONG al Estado. "Son profesionales muy
valiosos. Es mejor que vayan al Estado y no que se queden detrás de un
escritorio", remató. "Si te gana la estrategia del zapatito blanco,
estás perdido", coincidió otro "ex" que conoce bien los pasillos
del poder de las ONG.
LEGITIMIDADES EN PUGNA
En este contexto, ¿qué papel juegan los
espacios de formación política de los partidos? La experiencia de los últimos
años sugiere que el think tank propio es requisito casi inherente a casi
cualquier proyecto político que se precie. Creados en su mayoría en la última
década, los tienen los partidos tradicionales y los frentes y espacios nacidos
de la crisis de principios de siglo.
"Son dos legitimidades absolutamente
distintas. Una, la de los votos, que manejan los partidos, vinculada al
ejercicio del poder y la gestión de gobierno; y otra, la societal, la de la
ciudadanía activa y sin pertenencia partidaria, que es el capital de las
ONG", distinguió la socióloga e investigadora del Conicet Liliana De Riz.
El Instituto Moisés Lebensohn, de la UCR; el
Instituto Gestar, del kirchnerismo (integrado al PJ); la Fundación Pensar, de
Pro; el Instituto Hannah Arendt, de Elisa Carrió; el Centro de Estudios
Municipales y Provinciales (Cemupro), del Partido Socialista; el Instituto de
Estudios para una Nueva Generación (IGEN), y la más reciente Escuela de
Gobierno, del Frente Renovador, cubren buena parte de la oferta electoral de
este año.
¿A qué obedece la proliferación? Para los
propios impulsores, a la necesidad de "alimentar la legitimidad" de
los candidatos con un aparato académico que dé forma y credibilidad a sus
propuestas de políticas públicas, aunque en la mayoría de los casos, los
programas de gobierno son hasta hoy un misterio.
Unos y otros, ONG de un lado y think tanks
del otro, se preparan para un año clave. Sobre todo, las organizaciones del
tercer sector que se ilusionan con un "barajar y dar de nuevo" que
les permita reconstruir el vínculo con el Estado. Hasta ahora, la agenda de las
ONG está bien lejos de las campañas, aunque en las organizaciones creen que el
avance de causas judiciales contra funcionarios podría cambiar el viento y
habilitarles más espacio.
Sólo el tiempo traerá las (primeras)
respuestas.