TRES MITOS

a desmontar en torno a la identidad política de los desaparecidos

Por Aldo Duzdevich

Perfil, 30 de noviembre de 2019

Un análisis de la metodología de la represión permite desmentir el mito de que la mayoría de las víctimas no tenía militancia política

En Poder y Desaparición, la politóloga y ex prisionera de la ESMA Pilar Calveiro, afirma: “Los desaparecidos eran, en su inmensa mayoría, militantes. Negar esto (…) es una manera más de desaparecerlos, ahora en sentido político. Lo de la corrección o incorrección de sus concepciones políticas es otra cuestión, pero lo cierto es que el fenómeno de los desaparecidos no es el de la masacre de “víctimas inocentes”, sino el del asesinato y el intento de desaparición y desintegración total de una forma de resistencia y oposición: la lucha armada y las concepciones populistas radicales dentro del peronismo y la izquierda.”

Los tres mitos más difundidos

El primero es la creencia de que la mayoría de los desaparecidos no tenía una militancia política activa.

El segundo, relacionado con el anterior, es que el terrorismo de Estado con desaparición y muerte se aplicó por igual a los militantes de todos los partidos de izquierda.

El tercero, muy en boga, es que la mayoría de los desaparecidos pertenecía a la clase trabajadora, en especial a comisiones internas o que eran delegados de fábricas.

Como voy a referirme a cantidades de desaparecidos, hago mío otro criterio de Calveiro: “Diez, veinte, treinta mil torturados, muertos, desaparecidos... En estos rangos las cifras dejan de tener una significación humana. (...) La misma masificación del fenómeno actúa deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un problema de registro. Como lo señala Todorov, ‘un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información"'.

Los desaparecidos de la izquierda no armada

El comunicado Nº45 de la Junta Militar publicado el 26 de marzo de 1976, declaraba “prohibidas las actividades de las siguientes organizaciones: Partido Comunista Revolucionario (PCR); Partido Socialista de los Trabajadores (PST); Partido Política Obrera (PO); Partido Obrero Troskista; Partido Comunista Marxista Leninista.”

Nótese que no figura el Partido Comunista Argentino (PC) el cual inicialmente saludó la llegada de los militares al poder. Sin embargo, Edo E. Balsechi en su libro Raíces y proyección antiimperialista contabiliza 117 militantes del PC desaparecidos.

Respecto el PST, según el trabajo realizado en 2016 por sus dirigentes Nora Ciapponi y Gustavo Reynoso, de 1976 a 1982, esa fuerza política tuvo 86 desaparecidos y/o asesinados.

El Partido Comunista Revolucionario (PCR), que manifestó su oposición al golpe desde el mismo 24 de marzo, contabiliza, según su órgano de prensa Hoy, 11 militantes asesinados antes del golpe y 23 desaparecidos con posterioridad a esa fecha.

El Partido Comunista Marxista Leninista, una organización pequeña heredera de Vanguardia Comunista, informa en su web PRML, que tuvo 19 desaparecidos, entre ellos sus máximos dirigentes Roberto Cristina, Elías Semán y Rubén Kriscautsky.

Según la publicación Historia de Política Obrera, de Laura Kohn, antes del golpe, el PO estableció una política de estricta clandestinidad y medidas de seguridad para resguardar a los cuadros más expuestos. No hay mención de militantes del PO desaparecidos, salvo el caso de su dirigente Pablo Rieznik, secuestrado y liberado en 1977. Es interesante la visión del PO, que destaca como un mérito de su organización el haber preservado la vida de sus cuadros, eludiendo la represión, a diferencia de muchos jefes sobrevivientes de organizaciones armadas que señalan como meritorio el tener miles de bajas en sus filas.

Entre todos los partidos de izquierda suman una cifra aproximada de 260 desaparecidos; un número enorme de jóvenes asesinados, pero que dista mucho de ser mayoritario en la cifra total.

Comisiones Internas y delegados de fábrica

Esta es una idea muy difundida entre quienes siguen la temática del terrorismo de Estado. Se dice que la mayoría de los desaparecidos pertenecieron a la clase trabajadora, en especial a comisiones de base. En “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” (2015), informe conjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y la FLACSO, se analiza a las 25 principales empresas involucradas en secuestros, torturas y desapariciones. Contabilizados y comprobados, son 354 los casos de personas desaparecidas y 65 los de asesinadas.

Nuevamente, 350 o 400 víctimas es un número horroroso, pero está claro que no se trata de la “mayoría de los desaparecidos”. Además, hay que considerar que muchos delegados obreros tenían la doble condición de militantes en partidos de izquierda o en alguna organización armada.

La mayoría fueron víctimas “inocentes”

A partir de 1983, en una democracia naciente todavía muy débil, jaqueada por permanentes desplantes militares, y quizás con la idea de que ello facilitaría el juicio a los culpables, se generalizó la hipótesis de que la mayoría de los desaparecidos no tenía militancia política, y se impuso la idea de “víctimas inocentes”.

Pero la palabra inocentes escondía una grave contradicción. Si había “victimas inocentes”, entonces existían otras que no lo eran. Y claramente ningún acto de las víctimas por grave que fueses habilitaba a los organismos del Estado a responder con el secuestro, tortura y asesinato. El prólogo del Nunca Más, el informe de la CONADEP sobre el terrorismo de Estado, alimentaba esa confusión: “Durante la década del 70 -decía- la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda(…) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido (…) ...se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpables de nada; porque la lucha contra los ‘subversivos’ se había convertido en una represión demencialmente generalizada... (…) Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.”

Hoy suena chocante la calificación de “terroristas” y “subversivos”. Pero hay que recordar el contexto histórico. La guerrilla había llegado a 1973 con un importante consenso social. Ahora bien, cuando el ERP y luego Montoneros deciden continuar con la lucha armada durante el gobierno constitucional, rápidamente comenzaron a perder apoyo popular y a aislarse de la sociedad, lo que luego facilitaría su exterminio.

1975 es el año de la violencia en la Argentina. Las bandas de ultraderecha -digitadas por la Inteligencia militar- desatan una ordalía de sangre. Y los grupos guerrilleros llegan a su máxima expansión y operatividad militar. Los militares adoptan la teoría de la “fruta madura”: fomentar el caos y esperar el hartazgo de la sociedad para dar el golpe.

El 24 de marzo los militares asumen el poder, con el aplauso de las clases altas, el silencio cómplice de las clases medias y la resignación de la clase obrera. Los diarios celebran en sus titulares el “retorno a la normalidad” y la detención o la muerte de “elementos terroristas”.

El verdadero objetivo del golpe

El objetivo principal del golpe era terminar con el gobierno nacido en 1973, hacer desaparecer al peronismo de la escena política y reinstaurar un plan económico liberal y antinacional cuyo cerebro era José Alfredo Martínez de Hoz. Aunque fue presentado como la principal excusa, el objetivo del golpe no era combatir la guerrilla. Ya en marzo del 76 ésta estaba muy golpeada en el plano militar, y su accionar la había llevado al aislamiento político y a la pérdida de apoyo popular. Pero, para movilizar a los militares e impulsarlos a dar un nuevo golpe, el establishment debía dotarlos de una renovada mística. Las propuestas de Martínez de Hoz: “libertad del mercado cambiario”, “libertad de tasas de interés”, “libertad de importaciones”, “libertad de precios y congelamiento de salarios”, “privatización de empresas públicas”, etc. no seducían especialmente a los cuadros medios y jóvenes de las fuerzas armadas. Ni siquiera los militares más torpes sentían que valiera la pena la lucha por “la libertad de las tasas de interés de los bancos”.

Había que encolumnarlos detrás de un objetivo más movilizante: “defender la civilización occidental y cristiana de la amenaza del comunismo”; “defender la bandera nacional contra la intención de reemplazarla por un ‘sucio trapo rojo'”. Entonces destruir a la guerrilla pasaba a ser el objetivo central de las Fuerzas Armadas, mientras Martínez de Hoz y su equipo se ocupaban de los grandes negocios de y con el Estado. A tal punto existió esta “división del trabajo” que a las patotas represivas les dejaron la rapiña de los muebles y de los dineros que les pudieran sacar a los guerrilleros, mientras el establishment engordaba de millones de dólares sus cuentas en el exterior. Muchos años después, desde la cárcel, el dictador Jorge Rafael Videla se quejaría amargamente de aquellos hombres de negocios que los empujaron a tomar el poder y luego los dejaron solos en su desgracia.

La voz de las madres y familiares

Cuando madres y familiares comenzaron a reclamar por las desapariciones, era muy entendible que evitasen hacer mención a cualquier militancia política de sus hijos. Al riesgo, se le sumaba la estigmatización social, el “algo habrán hecho”; incluso algunas sufrieron pintadas en sus casas: “madre terrorista”.

Por otra parte, era razonable que la mayoría de los padres desconociera la militancia de sus hijos, sobre todo si era armada. La primera regla de la clandestinidad es el secreto, incluso en el núcleo más cercano. O no se les decía nada, o se mostraba militancia estudiantil, activismo social o gremial. Es por eso que, en la mayoría de los casos, genuinamente los padres pensaban que sus hijos “no andaban en nada”. La dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeyda, dijo: “Después de muchos, muchos años, me enteré de que mi hijo militaba en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)”.

En 1983, durante los juicios a las Juntas, el principal argumento de las defensas de los militares era acusar a los testigos de pertenecer a organizaciones “terroristas”. Los sobrevivientes de los campos de concentración que daban testimonio evitaron reconocer su militancia y se presentaban como simples simpatizantes o militantes de grupos juveniles.

Recién a fines de los 90, las agrupaciones de H.I.J.O.S. comenzaron a reivindicar la identidad política de sus padres. Y sólo después de las primeras condenas por delitos de lesa humanidad en 2006/7, se comenzó a tratar con mayor libertad el tema de la militancia de testigos y víctimas, y a relacionar la “secuencia de las caídas” según el área de la organización a la cual pertenecían.

La metodología de la represión

El 24 de marzo de 1976, a la madrugada, se inició la “Operación Bolsa”, como la llamó Videla. Consistió en detener a varios centenares de funcionarios y dirigentes peronistas, empezando por la presidente, Isabel Perón, que pasó 5 años detenida. La intención era anular cualquier intento de resistencia civil al golpe y mostrar hacia adentro y afuera del país una represión “civilizada”, de presos “a disposición del Poder Ejecutivo”, sin causa ni condena pero en cárceles oficiales.

Simultáneamente, en total clandestinidad, las fuerzas armadas aplicaron la doctrina antisubversiva que los franceses usaron en Argelia. La represión clandestina apuntaba primordialmente a ERP y Montoneros y seguía el procedimiento “captura-tortura-información-nueva captura”. Las primeras víctimas de secuestro eran los cuadros llamados “de superficie”, que no eran clandestinos pero tenían nexos hacia dentro de las organizaciones. Los más expuestos eran, en caso del ERP, la Juventud Guevarista y militantes del FAS (Frente Antiimperialista y por el Socialismo); y de Montoneros sus agrupaciones JUP, UES, JP, JTP y otras.

Es decir, se iba de los cuadros menos comprometidos a los cuadros combatientes. Con este mecanismo repetido infinidad de veces, avanzaban muy rápidamente hacia los niveles más altos de la organización. En el caso del ERP, en sólo cuatro meses, el Ejército aniquiló a todo su estado mayor. En Montoneros, el jefe de columna Paco Urondo cayó en junio del 76 y en diciembre fue el turno de Carlos Hobert, n°2 de la conducción nacional, lo que motivó la salida del país de Firmenich y el resto de la conducción.

La represión ilegal tuvo por objetivo principal destruir al ERP y Montoneros. Claro que sirvió a otros objetivos no menos importantes, como diseminar el terror en la población, disciplinar a los sectores más combativos de las grandes concentraciones fabriles, secuestrando y asesinando delegados y comisiones internas enteras.

No hay cifras exactas, pero se calcula que el ERP llegó a tener unos 6000 militantes de los cuales sólo diez o quince por ciento eran combatientes. Montoneros tenía unos 10 mil, con el mismo porcentaje de combatientes. La mayoría cumplía tareas políticas y/o de apoyo y logística. Por eso cuando se dice “militante montonero” no necesariamente se alude a jóvenes que hayan participado de alguna acción armada. Pero, al estar dentro de la organización, eran secuestrados y torturados para que dieran información sobre su “responsable” o jefe. En algunos casos luego de la tortura eran liberados y su relato contribuía a diseminar el terror.

El comandante montonero Juan Carlos Scarpati, que logró escapar de Campo de Mayo, afirmó que el 95% de las caídas de cuadros eran por la información obtenida en la tortura y solo el 5% por otras fuentes de inteligencia militar. La descripción de Pilar Calveiro del tratamiento en los campos de concentración deja claro que casi ningún ser humano podía resistir ese nivel de tortura sin hablar. Probablemente hubo excepciones o casos, como el de algunos altos jefes o personajes conocidos que les fueron más útiles vivos, para que los recién llegados al campo creyesen que estaban allí por haber delatado, quebrando así su voluntad de resistir.

Los desaparecidos vinculados a ERP y Montoneros

Aunque existe mucha literatura sobre el terrorismo de Estado, hay escasos análisis estadísticos de la militancia política de los desaparecidos. Solo a través de datos parciales podemos inferir algún tipo de conclusiones.

El listado más importante se lo debemos a Roberto Baschetti quien, con el aporte de militantes sobrevivientes, creó y actualiza la página web “Uno por uno los militantes del peronismo revolucionario”. Allí figuran aproximadamente 4500 nombres de desaparecidos con la historia militante de cada uno, todos de organizaciones peronistas y básicamente del Capital y GBA. Es una página en permanente construcción, es decir incompleta por definición.

La gran mayoría de los desaparecidos tenía militancia política, en las organizaciones armadas clandestinas o en las agrupaciones de superficie de esas mismas formaciones

La gran mayoría de los desaparecidos tenía militancia política, en las organizaciones armadas clandestinas o en las agrupaciones de superficie de esas mismas formaciones

Un relevamiento parcial de 560 casos, de los apellidos de A a D da como resultado: 41% en la categoría “militante montonero”; 22%, “militante JUP-montoneros”; 11%, “militante JP-montoneros”; 7,5%, “militante JTP-montoneros”; 3,3% “militante UES-montoneros”; y 15% “otros”, que engloba PB, FAP, y MR-17 y FR-17, dos agrupaciones poco conocidas, pero que tienen una cantidad importante de desaparecidos.

Otro ejemplo más acotado es el caso de la ciudad de Santa Fe. Luis Larpin, de ATE Santa Fe, y miembro del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, manifiesta que, en la capital santafesina, hubo 83 desaparecidos, de los cuales 7 estaban vinculados al ERP y el resto a Montoneros. Y que, si bien hubo casos de secuestrados sin vínculos con alguna organización, posteriormente eran liberados.

En el libro Las Viejas, historia de Madres Línea Fundadora, se entrevista a 29 madres. Cruzando la información que da cada una de sus hijos el resultado es que, sobre esos 29 casos, hay 19 vinculados a JP-Montoneros, 8 al ERP y sólo dos de militancia desconocida.

El Colegio N°4 D.E. 9 Nicolás Avellaneda publicó un listado de 17 ex alumnos desaparecidos: 8 pertenecían a Montoneros, 2 al ERP, 4 a partidos de izquierda y sólo 3 de militancia política desconocida.

De los veinte jugadores del La Plata Rugby Club desaparecidos, según publica en “ El Grito del Sur” la periodista Yair Cybel, once militaban en UES-JUP- Montoneros, cinco en el ERP y cuatro en el PCML.

Conclusión

Es innegable que hubo casos de secuestrados “por error”, personas sin militancia política. Incluso los hubo por venganzas personales, con el solo objeto de robo o por estar en el momento y lugar equivocados. Pero los represores tenían el olfato entrenado y, al poco tiempo de golpear o torturar, percibían si el secuestrado les era “útil” o no, según la información que podían obtener. El secuestrado por error podía morir en la tortura, ser asesinado si había visto la cara de los verdugos, pero también con frecuencia era liberado.

Lo importante es comenzar a dilucidar aspectos de la tragedia que nos tocó vivir. Uno de ellos es devolverle la identidad política a los desaparecidos, su pertenencia a una determinada organización y a un proyecto por el cual estaban dispuestos a dar la vida.

A partir de allí, se puede y se debe dar una discusión seria y madura respecto al acierto o al error de políticas que llevaron a un enfrentamiento abierto, dejando un doloroso saldo de miles de muertos, en su mayoría jóvenes.

Algunos ex dirigentes montoneros, entre ellos Mario Eduardo Firmenich, consideran un mérito de su organización tener semejante cantidad de bajas. Dos ex-montoneros replican ese argumento. “El martirologio –dice por ejemplo el historiador Ernesto Salas- es una característica de la guerra. Quien va al combate quiere morir como héroe. El problema es cuando el martirologio se convierte en tu única política. Cuantos más mueren, más ganamos”. Y Miguel Fernández Long (ex-columna norte) afirma por su parte: “Firmenich era un tipo convencido de que la mayor representatividad política se lograba trepando sobre los muertos”.

Aquí se abre otro debate. Si los desaparecidos murieron en una “guerra contra la dictadura”, como afirmaban las conducciones guerrilleras desde el exilio, o fueron víctimas de una feroz cacería de las fuerzas represivas contra las que nada podían oponer, ni siquiera la pastilla de cianuro que les habían dado para “proteger a la organización”.

Nuestra generación, en especial quienes fuimos participes de esa etapa, tiene la obligación hacia las nuevas generaciones de hacer un balance histórico que vaya más allá del dolor por el recuerdo de las víctimas o de la mera exaltación de la muerte heroica.

LAS COOPERATIVAS

 podemos hacer las tareas que el municipio terceriz

La Nueva Mañana, 29/11/2019

Por Andrés Acha

Se realizó el primer Encuentro de Cooperativas de la Ciudad de Córdoba. Entrevista con Sylvia Peñaloza, presidenta del Ificotra, una de las entidades convocantes.

El jueves 21 de noviembre se realizó en un hotel céntrico el primer Encuentro de Cooperativas de la Ciudad de Córdoba, convocado por el Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo (Ificotra), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y el Espacio Tinku Centro Cultural, con el “objetivo de llegar con propuestas a las autoridades de la próxima gestión del Gobierno municipal, más allá de comunicar la necesidades del sector”, le dijo a La Nueva Mañana Sylvia Peñaloza, presidenta del Ificotra.

“Del encuentro se desprendió que las cooperativas de trabajo estamos en condiciones de realizar todas las actividades que el municipio terceriza, y eso no sólo significa un aporte al desarrollo local y a la creación de puestos de trabajos, sino también es un beneficio directo para el vecino, que viene cansado de pagar sumas millonarias en contrataciones de empresas de capital privado. La idea es que se hagan contrataciones en beneficio de empresas de la economía social y solidaria”, señaló Peñaloza.

Y agregó: “Estamos convencidos de que el cooperativismo es una herramienta para salir de esta crisis económica, institucional y política que atravesamos. Siempre las cooperativas hemos dados respuestas ante las crisis. Ya sean las cooperativas de créditos, de viviendas, de servicios públicos o las de trabajo”.

–¿En qué áreas se podrían desarrollar relaciones de trabajo con el municipio?

–En la ciudad de Córdoba el sector cooperativo se desarrolla principalmente en el cooperativismo de trabajo, de crédito, ahorro y seguros y las principales ramas de trabajo son en vivienda, producción en el cinturón verde de la ciudad, seguridad, textil y calzado, gráficos, reciclado con los carreros, en el cuidado de vehículos con los naranjitas, en salud, educación, en la pequeña producción industrial, en bancos cooperativos, en cooperativas de crédito, ahorro y seguros, en los changarines del Mercado de Abasto.

–¿Cuáles son las necesidades que tienen las cooperativas?

–Varían de acuerdo al rubro y a cada cooperativa. Pero hay una necesidad institucional que es un relevamiento de las cooperativas de trabajo para que tanto nosotros como el municipio sepamos cuántas y qué cooperativas hay. En función de eso, hay que relevar las necesidades de esas cooperativas, que pueden ser no sólo económicas sino también de gestión. Hay otra necesidad que es plantear alguna exención de los impuestos municipales, porque no tenemos fines de lucro. Otro tema es trabajar en que el “Compre cooperativa” deje de ser una cuestión declamativa y pase a ser una realidad. Y también necesitamos negociar las modalidades de pago, porque hay muchas cooperativas que han tenido experiencias nefastas con la Municipalidad de Córdoba porque el Estado decide no pagar, sin tener en cuenta que lo que percibimos no es ganancia, sino que más del 80 por ciento va al bolsillo del asociado para el sostenimiento de su familia. Necesitaríamos que desde el municipio se jerarquice a las cooperativas de trabajo con una Secretaría que se ocupe del tema. Buscamos también la creación de una mesa de trabajo entre las cooperativas y el municipio para proyectar una agenda común.

–¿Cuáles son las medidas más urgentes que necesitaría el sector?

–Una mesa de diálogo con los distintos estamentos del Estado, pero sobre todo con la Municipalidad de Córdoba. Hay dos cooperativas con temas pendientes urgentes. Una es la de naranjitas, que tienen una disputa judicializada con el municipio: les han sacado puestos de trabajo. Otra situación conflictiva que amerita una mesa de diálogo es el Mercado de Abasto de Córdoba, donde hay cooperativas que no son tales y se necesitan controles.

–¿Qué balance hacen de este primer encuentro?

–Estamos muy contentos por la convocatoria y por la respuesta que tuvimos del sector. Surgió la propuesta de trabajar en redes, de empezar a conocernos y a trabajar de manera más colaborativa y solidaria entre el cooperativismo y algunas organizaciones civiles y ONGs. Esperamos hacer un próximo plenario el 19 de diciembre y hay una posibilidad de tener una entrevista con funcionarios de la nueva gestión de la Municipalidad de Córdoba. Coincidimos también en que en estos ocho años de gobierno de Ramón Mestre no hemos podido tener una relación con el municipio. En este sentido, tanto la Carta Orgánica municipal como la Constitución provincial, en sus artículos 37 y 36 respectivamente avalan la promoción de este sector de la economía social y solidaria.

Datos del sector

8.618 cooperativas, el 80 por ciento están radicadas en el interior del país, por fuera de los grandes centros urbanos (Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario).

17.818.197 asociados. El 70 por ciento se encuentran en el interior del país, por fuera de los grandes centros urbanos (Córdoba, Ciudad autónoma de Buenos aires y Rosario).

115.730 puestos de trabajo.

392.000 millones de pesos generados al 31 de diciembre de 2018.

Fuente: últimos datos obtenidos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) publicados en el documento realizado en el encuentro.

BELIZ EXPUSO

en un foro sindical, con citas de Perón y de Francisco

María Paula Etcheberry Comentar

La Nación, 28 de noviembre de 2019 

Con referencias al papa Francisco y a Perón, Gustavo Beliz, uno de los principales asesores del presidente electo, Alberto Fernández, alentó la conformación de un "nuevo contrato social", basado en la "justicia social digital". Fue en el lanzamiento del Instituto de Inteligencia Artificial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la central que reúne a los gremios de comercio del país, encabezada por el dirigente histórico del ramo, Armando Cavalieri.

"Es fundamental crear un nuevo contrato social, tecnológico, solidario y humanista. Es lo que pidió Perón cuando volvió a la Argentina, una nueva dirección sobre la base del trabajo, con la tecnología como eje central", apuntó Beliz, ante un auditorio compuesto por los secretarios generales de los sindicatos de comercio de cada provincia, que participaron del acto en Parque Norte.

De fondo, las pantallas gigantes del salón mostraban una imagen de Perón, en blanco y negro, con la leyenda "en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo". La imagen formaba parte del PowerPoint que preparó el propio Beliz.

Instantes después, la foto cambió por una más reciente y a color. Los dirigentes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, aparecieron junto al presidente electo, en su reciente visita a la central gremial a principios de este mes. "Alberto Fernández resaltó que la CGT debe transformar su edificio central en un polo tecnológico. Debemos transformar ese pasado glorioso en un futuro glorioso", continuó, mientras cosechaba los aplausos de un público entusiasmado. Beliz habló de pie, recorriendo con la mirada y sus gestos a los distintos sectores del auditorio.

Para alcanzar el nuevo "contrato social", el hombre de confianza de Fernández designado para la transición hizo hincapié en la "justicia social digital", basada en comprender el funcionamiento de los algoritmos presentes en la tecnología actual.

"Los grandes cerebros a nivel mundial dijeron: 'Hay que ponerle freno a esta locura' y hay que pensar en el concepto de justicia social tecnológica. Justicia digital. Justicia algorítmica. No lo está planteando un grupo de populistas trasnochados, locos. Lo están planteando los principales dueños de empresas tecnológicas a nivel mundial y los principales académicos", sostuvo el exministro de Justicia.

Al mismo tiempo, llamó a utilizar la tecnología "para trabajar por el bien común y no solo por la ganancia. Todo esto no va a suceder si dejamos librado el fenómeno a las manos mágicas del mercado. Requiere de gobiernos con una mirada estratégica. Y trabajadores conscientes de esa mirada estratégica".

En su recorrido, que abarcó temas como la ética detrás del uso de los robots y la inteligencia artificial, el cambio en las relaciones laborales que produce la tecnología y el impacto de ella en los jóvenes, tampoco faltaron referencias a Francisco.

"En el pontificado que inauguró hace unos años nuestro querido papa Francisco, se pusieron en marcha las discusiones más importantes a nivel mundial en el tema tecnológico. Francisco hoy es el principal líder mundial que está encabezando la discusión sobre este tema", afirmó Beliz, al recordar los encuentros organizados en el Vaticano para debatir sobre los efectos de la tecnología.

"Me tocó participar en varias de esas cumbres. La última la desarrollamos hace poquito, hace unos meses en Roma", afirmó, en referencia a la cumbre sobre el "calentamiento global tecnológico", de la que participó a mediados de octubre junto al Papa. Otra vez, la imagen de Francisco junto a un par de frases de la encíclica Laudato si coparon la pantalla.

Beliz leyó en voz alta un fragmento de esas citas: "Es justo alegrarse ante los avances tecnológicos. Pero no podemos ignorar que las tecnologías dan a quienes tienen el conocimiento y el poder económico un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad", agregó.

Presentes

Estuvieron presentes el secretario de Cultura y Capacitación de la federación anfitriona, Raúl Guiot; el profesor Aldo Carreras, coordinador del proyecto, y el secretario general Cavalieri. Estos dos últimos también fueron oradores en el encuentro.

No participaron del acto otros dirigentes políticos del albertismo, ni referentes de otros sindicatos o la CGT.

En la Federación de Empleados de Comercio trataron de relativizar el peso político de la convocatoria, al insistir en que se trató de una reunión anual con referentes sindicales de cada provincia para presentar el nuevo proyecto sobre inteligencia artificial, que continuará con cursos y capacitaciones.

DECRETO

que garantiza la estabilidad de empleados jerárquicos nombrados en el Estado

Infobae, 27 de noviembre de 2019

El presidente Mauricio Macri estableció por decreto un régimen que garantiza la estabilidad de los cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. La decisión se tomó ayer, a dos semanas de finalizar el mandato, en acuerdo con gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El decreto 788/19, firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, define la creación de un “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, entre los que se incluyen directores generales -nacionales o equivalentes- y coordinadores. Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que representa el 10% del planta del Estado.

El nuevo marco normativo permite a los funcionarios que hayan sido nombrados bajo el mandato de Mauricio Macri permanecerán en su cargo como mínimo por un año más, ya con la gestión de Alberto Fernández.

Al garantizar la estabilidad en el puesto, el personal jerárquico gozará los beneficios de los agentes de la planta permanente, cuentan con una escala salarial diferenciada y superior al escalafón vigente al sistema tradicional de empleo público, y podrán ser indemnizados en caso de que sean despedidos de la administración pública.

Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”.

“Al próximo Presidente no le vamos a dejar un “campo minado”. El gobierno de Alberto Fernández se va a encontrar con un Estado más ágil y transparente, que tramita de manera 100% digital y cuenta con servidores públicos idóneos y capacitados”, argumentaron en la Secretaría de Modernización.

Críticas

El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández definió al decreto como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”. La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente".

En esa clave, Rubén Ramos del gremio de los abogados (AGAE) resolvió que van a “judicializar” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Y definió la cuestión como "un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.

“¿Existe algún límite moral en un proceso de transición de entrega del poder? ¿Es éticamente aceptable que un gobierno disponga esas medidas de fondo a muy escaso tiempo de su finalización? El límite debe ser la prudencia, que hoy no abunda”, sostuvo Ramos.

A través del área de Modernización, el Gobierno y el gremio de UPCN firmaron un acta paritaria donde se habilitó el ingreso y permanencia al personal jerárquico a una carrera paralela, la Alta Dirección Pública (ADP), diferente del sistema de administración pública común (SINEP) .

El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial homologa al acuerdo establecido el 6 de junio pasado, cuando se fijó una modificación al Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN (241/06).

En medio de una fuerte prédica por reducir el gasto público, la nueva decisión se enmarca en una fuerte controversia durante los últimos meses entre el Gobierno, el Frente de Todos y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por la aprobación de 4883 concursos públicos a cargos del Estado impulsados por Mauricio Macri y la gestión de Cristina Kirchner.

Decreto 788/2019

DECTO-2019-788-APN-PTE - Homologaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 25/11/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-53963306-APN-DGDMT#MPYT, las Leyes Nros. 11.672, 18.753, 24.185, 25.164 y 27.467, los Decretos Nros. 447 del 17 de marzo de 1993, 214 del 27 de febrero de 2006 y 2098 del 3 de diciembre de 2008, y las Actas Acuerdo del 6 de junio de 2019 y 22 de julio de 2019 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional y de la Comisión Negociadora Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, y el Acta de la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales (COPAR) N° 173, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.185 estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública Nacional y sus empleados, e instituyó al entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO como Autoridad Administrativa de Aplicación de dicha ley.

Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo, el 6 de junio de 2019 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios.

Que las partes de la citada Comisión Negociadora acordaron con fecha 6 de junio de 2019, incorporar como Anexo IV del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, el Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública y adecuar en consecuencia el citado Convenio Colectivo de Trabajo General.

Que el 22 de julio de 2019, la referida Comisión Negociadora acordó prorrogar la entrada en vigencia del Capítulo IX del Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública y establecer un período de transición en materia retributiva para el personal encuadrado en dicho Régimen.

Que el 6 de junio de 2019 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público a fin de acordar las modificaciones a introducir a dicho escalafón, en atención a lo acordado por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional, respecto del Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública.

Que la precitada Comisión Negociadora Sectorial se reunió nuevamente el 22 de julio de 2019 y acordó posponer la derogación del artículo 84 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, al 1° de enero de 2020.

Que con fecha 22 de agosto de 2019 se suscribió el Acta de la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales (COPAR) N° 173 por medio de la cual se estableció “que el Régimen para la Alta Dirección Pública Nacional, cuya incorporación como Anexo IV al Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG), homologado por el Decreto N° 214/06, se acordó por Acta Acuerdo de fecha 6 de junio de 2019, cobrará vigencia a partir de la fecha de su homologación”.

Que de conformidad con lo manifestado en el considerando precedente y ante la necesidad que el Régimen del Personal Integrante de la Alta Dirección Pública y las adecuaciones acordadas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público se implementen en forma simultánea, resulta necesario que ambas medidas entren en vigencia a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto.

Que se cumplimentaron las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención de su competencia.

Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 6 de junio de 2019 que, como ANEXO (IF-2019-102399929-APN-MPYT) y su ANEXO I (IF-2019-102400373-APN-MPYT), forman parte integrante del presente decreto, por la cual se acordó incorporar como ANEXO IV del referido Convenio el Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública.

ARTÍCULO 2°.- Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 22 de julio de 2019 que como ANEXO (IF-2019-102400554-APN-MPYT), forma parte integrante del presente decreto, por la cual se acordó prorrogar la entrada en vigencia del Capítulo IX del Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública previsto en el Acta Acuerdo referida en el artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), de fecha 6 de junio de 2019 que, como ANEXO (IF-2019-102400785-APN-MPYT), forma parte integrante del presente decreto, por la cual se procedió a la adecuación del referido Convenio en relación al Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública aprobado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

ARTÍCULO 4°.- Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), de fecha 22 de julio de 2019 que, como ANEXO (IF-2019-102401843-APN-MPYT), forma parte integrante del presente decreto, por la cual se acordó prorrogar la entrada en vigencia de lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 3° de la presente medida, en relación al artículo 84 del citado Convenio Colectivo Sectorial.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que la entrada en vigencia del Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública que se homologa por el artículo 1° de la presente medida será a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto, a excepción de su Capítulo IX que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas Primera y Segunda del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 2° de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que la entrada en vigencia del Acta Acuerdo homologada mediante el artículo 3° del presente decreto será a partir del día siguiente al de la publicación del mismo, a excepción de lo establecido en su Cláusula Tercera en relación al artículo 84 del Sectorial en cuestión, cuya vigencia será a partir del 1° de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en el Acta Acuerdo referida en el artículo 4° del presente decreto.

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO para dictar las normas aclaratorias y complementarias que dieran lugar a la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MACRI - Marcos Peña - Dante Sica

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

ARDE LATINOAMÉRICA

Autor: Santiago MARTÍN, sacerdote

Católicos-on-line, noviembre 2019

El Santo Padre se encuentra ya en Japón en el momento en que escribo este artículo, pero no se sabe nada aún del mensaje que dirigirá a los pocos católicos japoneses y a ese pueblo en general. En su visita a Tailandia, país de abrumadora mayoría budista, ha insistido en el diálogo interreligioso para que las religiones sean causa de paz y no sean manipuladas por los políticos para justificar sus guerras. Una vez más ha alertado a los católicos contra el proselitismo, a la vez que les pedía que anunciaran el Evangelio a todos los hombres, como un regalo y no como una imposición. Esa es la diferencia entre proselitismo y evangelización: el uso de la violencia o de cualquier estrategia que fuerce a la persona a convertirse. En realidad, si alguna vez se hizo, hace ya muchísimo tiempo que está en desuso. La Iglesia no tiene poder alguno para exigir a nadie que se haga católico y no existe ningún misionero que condicione la ayuda social a la conversión. Desde luego, en Tailandia y en Japón ambas cosas son impensables.

Esta semana, además del viaje del Papa, ha sido noticia, triste noticia, el ataque que sufre la Iglesia en varios países latinoamericanos. Las protestas sociales, que forman parte de los derechos de las sociedades democráticas, se han transformado en violencia que, en algunos casos, ha incluido saqueos a templos preferentemente católicos. Las escenas de lo ocurrido en Chile han aterrorizado al continente y han servido para que todos entiendan por dónde pueden ir las cosas si los violentos se hacen con el poder. Pero no sólo ha sido la Iglesia chilena la víctima de la violencia, también la de Nicaragua ha probado en sus carnes el ataque de los paramilitares sandinistas; la catedral de Managua fue profanada y golpeados sin piedad el sacerdote y la religiosa que quisieron impedirlo; varias iglesias, en Masaya y en otras ciudades del país, también conocieron la violencia de las hordas comunistas. Porque hay que decirlo claramente: los que están detrás de todo esto son los comunistas y eso lo ha reconocido la OEA -Organización de Estados Americanos-, que ha admitido que Cuba y Venezuela han sido los que han instigado las revueltas en Chile y Ecuador. Mientras, en Bolivia han sido arrestados diplomáticos cubanos acusados de pagar a los que reclaman con violencia la vuelta de Evo Morales. Colombia no se ha quedado atrás y el jueves vivió una jornada de manifestaciones que, afortunadamente, fue pacífica en la mayor parte del país, menos en Bogotá y Cali, donde los radicales mostraron su poder.

Las legítimas reivindicaciones sociales y la necesidad de que se ponga fin a la corrupción, es manipulada por la extrema izquierda para derribar a Gobiernos que han sido elegidos en las urnas, como en Chile, Ecuador, Perú o Colombia. La Iglesia debe entender que, si bien hay que rechazar el capitalismo salvaje que tanto daño está haciendo, la solución no pasa por echarse en brazos del comunismo, como pretende la teología de la liberación. Lo que está pasando en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua debería servir de lección a todos aquellos a los que de verdad les preocupa el bien del pueblo y no el triunfo de su ideología.

La Doctrina Social de la Iglesia, que rechaza tanto el comunismo como el capitalismo salvaje, es el camino, y los obispos deberían pedir a los Gobiernos que la aplicaran. Lo demás se está pagando ya muy caro y se puede llevar por delante la democracia en todo el continente.

NARCOSUBMARINO

Interceptaron en España el primer narcosubmarino de Europa con 3.000 kilos de cocaína

Infobae, 25 de noviembre de 2019

 Las fuerzas de seguridad interceptaron en las costas del noroeste de España un semisumergible cargado, según una primera estimación, con unos 3.000 kilos de cocaína de gran pureza y procedente de Latinoamérica.

Dos de los tres tripulantes, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos y el otro, español, consiguió huir, informaron este domingo fuentes de la Guardia Civil española, que no precisaron el país de origen.

Los tres habrían cruzado el Atlántico a bordo de la embarcación, llegaron a Cabo Verde y subieron hasta Portugal, según medios españoles. Ya a la altura de Lisboa se situaron a 40 millas de la costa para navegar en paralelo hasta España.

Según informó el Faro de Vigo, la tripulación habría decidido en la madrugada del domingo hundir la nave en la ría de Aldán-O Hío, a la altura de Punta Couso, al sentirse descubierta y perseguida por un operativo policial conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera.

El alijo incautado es uno de los mayores en esta zona de España después del de octubre de 2007, en el que fueron aprehendidos 4.000 kilos de esta sustancia en la llamada Operación Piraña.

Los investigadores tratan de aclarar si el semisumergible navegó desde Sudamérica hasta España con la droga o bien fue cargada en alta mar.

Según El Periódico, se cree que el lugar desde el que salió el sumergible fue Guyana o Surinam, cerca de la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela. Sin embargo, la cocaína procedería de Colombia. Según las fuentes consultadas por el diario español, la embarcación se dirigió inicialmente hacia las islas Azores, “probablemente para recibir combustible en algún punto cercano y seguir con el viaje”. Después se dirigió rumbo a la ría de Ares, cerca de La Coruña.

La nave, de 20 metros de eslora, fue finalmente localizada en la playa de Hio, donde quedó sumergida, en el municipio de Cangas de Morrazo (provincia de Pontevedra).

Llegó a la costa anoche, con mala mar, y transcurrirán varias horas hasta que pueda ser reflotada y se complete el pesaje para obtener la cantidad exacta de cocaína. Se estima que su contenido tenga un valor de más de 100 millones de euros.

Los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado no lograron acceder al interior del sumergible. Fue imposible sacarlo a flote, y este lunes está previsto que desde primera hora de la mañana se retomen los trabajos. Este trascendente golpe policial no fue casual. Las fuentes consultadas explican que desde hace tiempo había un operativo conjunto en el que participan el Grupo ECO de la Guardia Civil, el GRECO de la Policía Nacional y el SVA, con apoyo de otros organismos internacionales.

Es un sistema de transporte de droga muy novedoso en Europa, aunque es habitual en América, según las fuentes.

Otros casos recientes

Si bien es una novedad para Europa, la captura de narcosubmarinos es frecuente en Latinoamérica y el Caribe. Los narcotraficantes sudamericanos, especialmente los colombianos, después de utilizar repetidamente aviones y embarcaciones rápidas, recurren también a submarinos más o menos sofisticados para llevar la droga a México y luego a Estados Unidos.

En julio, los guardacostas estadounidenses habían anunciado el decomiso de un total de 13 toneladas de cocaína en varias operaciones exitosas a lo largo de la costa latinoamericana.

En julio la Guardia Costera de EEUU capturó un “narcosubmarino” que en su interior tenía cerca de 7 toneladas de cocaína con un valor de USD 232 millones. La acción fue grabada en un dramático video como parte de un operativo realizado frente a las costas de San Diego, California.

En septiembre, un submarino que transportaba más de cinco toneladas de cocaína fue interceptado en el océano Pacífico por la Guardia Costera de Estados Unidos.

La nave, un semisumergible autopropulsado (SPS) de 12 metros de largo que había sido detectado por un avión de vigilancia marítima, fue apresado el 1 de setiembre en las aguas internacionales con ayuda de la Armada colombiana. A bordo, los efectivos descubrieron 5,4 toneladas de cocaína, con un valor de mercado por más de 165 millones de dólares.

Usado por Pablo Escobar

El propio Pablo Escobar habría sido uno de los primeros en utilizar este medio de transporte para los cargamentos de droga. El mayor misterio sobre el negocio ilícito que ha suscitado el extinto líder del cártel de Medellín es un supuesto submarino que dos ex agentes de la CIA dijeron haber encontrado. Doug Lax y Ben Smith hicieron una inspección en los mares de Colombia donde ubicaron los restos de la nave que, además, se decía que llevaba oculta una guaca con unos 70 millones de dólares.

La expedición fue televisada por el programa Finding Escobar’s Millions del canal de Discovery UK. En el documental se registra cuando los buzos profesionales encuentran restos de metal de la nave, y una caja que parece ser una batería. Pero nunca hallan el supuesto dinero o la droga que se decía permanecía ahí. Pocos dan crédito a que Escobar realmente haya tenido un submarino.

En el mercado negro internacional es imposible conseguir un submarino, por eso los nuevos capos han optado por fabricarlos con sus propios medios. Así lo ha podido confirmar la Fuerza Pública colombiana, que ya ha incautado naves de este tipo.

En 2017, la Armada de Colombia encontró el primer submarino eléctrico usado para transportar cocaína en la cuenca de los ríos San Juan y Baudó, zona rural del departamento de Chocó, fronterizo con Panamá. Fue una enorme embarcación de 11 metros color verde, que contenía, que gracias a su propulsión eléctrica podía navegar a tres metros bajo la superficie, hasta con tres toneladas de coca. Su construcción, que debió tardar entre cinco y seis meses, costó más de 1,5 millones de dólares según estimaciones de las autoridades.

BOLIVIA: LA PRESIDENTE INTERINA

 promulgó la ley que convoca a nuevas elecciones generales

Infobae, 24 de noviembre de 2019

Jeanine Áñez firmó la “Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales”, aprobada anoche por el Congreso. Aún no hay fecha para los comicios. Si bien el partido de Evo Morales, el MAS, sí estará habilitado, ni el ex mandatario ni Álvaro García Linera podrán ser candidatos.

Tras seis horas de debates, ya por la noche de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la ley de urgencia para agilizar la convocatoria de nuevas elecciones, y la remitió al Gobierno transitorio para su promulgación. “No habiendo mayores consideraciones queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, dijo Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados y del partido Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales.

Tras el debate, Choque resaltó que el "MAS cumple sus compromisos" y que han dado una lección de unanimidad en el "marco de empezar a apaciguar" la crisis en el país", para que "no haya más conflictos sociales, ni más muertos ni heridos".

El proyecto de ley ya había sido aprobado este mismo sábado en el Senado, que lo remitió posteriormente a la Cámara de Diputados.

La ley surgió del consenso entre los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, y los partidos opositores Unidad Demócrata, del que era senadora Áñez antes de asumir la Presidencia provisional del país, y el Partido Demócrata Cristiano.

La norma anula los comicios del pasado 20 de octubre e incluye una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la convocatoria a las urnas, empezando por el nombramiento de forma más rápida de un nuevo órgano electoral.

Ese nuevo órgano debe convocar a elecciones en un máximo de dos días una vez que tome posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que deseen presentarse, sin pasar por primarias. Uno de los artículos insiste en respetar el límite de dos mandatos, mientras que otro dejaría sin efecto provisionalmente normas sobre primarias y alianzas entre partidos.

Pero el punto más sobresaliente es el que cierra la puerta a la postulación de Morales, quien ejerció el poder por casi 14 años con una alta popularidad que fue menguando pese a sus logros sociales y económicos, debido a su empeño de mantenerse en el cargo aun con un referendo en contra en 2016.

Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de un fraude a favor de Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo tras las elecciones del 20 de octubre entre denuncias de fraude. La oposición concurrió a esos comicios aunque consideraba ilegal la candidatura de Morales por incumplir el límite de dos periodos seguidos, pero estaba avalado por el órgano electoral de entonces, que luego terminó procesado por el supuesto fraude.

El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en un informe de "graves irregularidades" en los comicios y ese mismo día Morales anunció su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas.

El líder indígena, que gobernó Bolivia casi 14 años, viajó el día 11 de noviembre a México en calidad de asilado. Su renuncia a la presidencia ha sido calificada de golpe de Estado por varios gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, que asumió el poder el pasado 12 de noviembre, y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.