que miembros de grupos guerrilleros uruguayos
cobraron indemnizaciones millonarias en Argentina
Fabio Ferrer
Infobae, 23 de
Junio de 2022
Se presentó una
ampliación de denuncia en el juzgado federal Nro. 4 a cargo del juez Ariel Lijo
en el que se detallan nuevas irregularidades en las indemnizaciones que reciben
familiares y personas que declararon haber sido víctimas de la represión
durante la última dictadura militar. Según la presentación -hecha por el
investigador José D’Angelo- hay detectados hasta ahora veinte casos de
ciudadanos uruguayos que recibieron montos indemnizatorios en simultáneo tanto
del Estado argentino como del uruguayo. Lo llamativo es que todos los
involucrados fueron detenidos en la Argentina pero permanecieron muy pocos días
en nuestro territorio y fueron enviados al vecino país.
La mayoría
pertenecían al momento de ser detenidos al Partido de la Victoria del Pueblo,
provenientes de las organizaciones guerrilleras Tupamaros, Organización Popular
Revolucionaria 33 Orientales y de la Resistencia Obrera Estudiantil.
“Venimos por la
presente a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las
maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas
víctimas de los años 70 por las llamadas leyes “reparatorias”, como
consecuencia, ahora, del descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad:
el caso de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina que a los pocos días
fueron remitidos por pedido de las autoridades uruguayas a su país de origen,
en el cual habrían permanecido detenidos por distintos motivos durante varios
años”, dice el escrito presentado al juez Lijo.
En la ampliación
de denuncia, D’Angelo señala que “la República Argentina les ha pagado a
cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos,
sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay,
haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por
actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros.”
La denuncia es por
los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los
deberes de funcionario público contra los integrantes de la administración del
gobierno nacional que participaron de esta operatoria autorizando los pagos en
el marco de las llamadas leyes reparatorias como así también contra los
beneficiados con esta maniobra. En los casos detectados, a cada uno de estos
ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias
indemnizaciones como si todos los días en que estuvieron detenidos hubieran
sido en jurisdicción argentina. Todos los pagos fueron hechos durante la
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Los casos
detectados
A continuación el
listado de los casos de miembros de organizaciones guerrilleras uruguayas que
recibieron indemnizaciones del Estado argentino pese a haber estado detenidos
en nuestro país muy pocos días y en algunos casos horas. Por tratarse de hechos
ocurridos hace varios años y a fin de tener una mejor comprensión de la
magnitud de la maniobra los montos han sido actualizados al mes de mayo de este
año.
GASTÓN ZINA
FIGUEREDO: uruguayo. Detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y
trasladado el 24 del mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal
“Libertad” y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades
argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del
Estado argentino, en enero de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández,
en liquidación N° 13.927 del Ministerio de Economía, la suma de $ 25.783.575.-
BEATRIZ VICTORIA
BARBOZA SÁNCHEZ: uruguaya. El 30 de septiembre de 1976 fue detenida en Buenos
Aires. Ese mismo día fue trasladada a Uruguay y en su país estuvo detenida en
el Penal de “Punta de Rieles” hasta el 30 de septiembre de 1980. Estuvo un día
detenida por autoridades argentinas y cuatro años en jurisdicción uruguaya. Cobró
del Estado argentino, en agosto de 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández,
en liquidación N° 15.436, la suma de $ 7.693.537.-
VÍCTOR HUGO LUBIÁN
PELÁEZ y MARTA AMALIA PETRIDES: argentino, él, y uruguaya, ella. Casados. El 15
de julio de 1976 fueron detenidos en el Gran Buenos Aires y el 24, trasladados
a Uruguay. Al ser liberados se exiliaron en Suecia. Estuvieron 9 días detenidos
por autoridades argentinas y se desconoce qué período bajo jurisdicción de
autoridades uruguayas. Cobraron, respectivamente, del Estado argentino, durante
el gobierno de Cristina Fernández, Lubián Peláez: $ 16.548.067.-, en
liquidación N° 14.139, de junio de 2011, y Petrides, $ 7.006.651.-, en
liquidación N° 14.138, de noviembre de 2010. Por los 9 días de detención del
matrimonio Lubián – Petrides en nuestro país, el Estado argentino abonó $23.554.719.-
ANA MARÍA SALVO
SÁNCHEZ: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 del
mismo mes, fue trasladada al Uruguay adonde fue encarcelada un año y medio.
Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción
de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009,
durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.981, la suma de
$ 9.515.130.-
ALICIA RAQUEL
CADENAS RAVELA: uruguaya. El 14 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y
el 24 la repatriaron forzadamente a Uruguay, donde permaneció detenida hasta
1979, en que se exilió a Suecia. Estuvo 10 días detenida por autoridades
argentinas y tres años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del
Estado argentino, en junio de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández,
en liquidación N° 13.987, la suma de $ 8.036.876.-
MARÍA ELBA RAMA
MOLLA: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a
su país el 24. En Uruguay estuvo cinco años detenida en el establecimiento de
reclusión en Punta Rieles. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y
cinco años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado
argentino, en enero de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en
liquidación N° 13.449, la suma de $ 17.266.873.-
SARA RITA MÉNDEZ
LOMPODIO: uruguaya. El 13 de julio de 1976, en Buenos Aires, fue detenida y el
24 fue trasladada a Montevideo. Estuvo detenida en Uruguay y, años más tarde,
liberada. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no
consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas y cobró del Estado
argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en
liquidación N° 13.450, de octubre de 2007, por la suma de $ 16.388.192.- y la
segunda, en liquidación N° 16.066, de marzo de 2015, por la suma de $
5.726.788.-, lo que hace un total de $22.114.980.-; ambos pagos durante el
gobierno de Cristina Fernández.
ASILÚ SONIA
MACEIRO PÉREZ: uruguaya. El 13 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y
el 24 trasladada a Montevideo. Años más tarde, fue liberada. Estuvo 11 días
detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción
de autoridades uruguayas y cobró del Estado argentino, en enero de 2012, durante
el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.232, la suma de $
5.724.515.-
ANA INÉS QUADROS
HERRERA: uruguaya. Detenida en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 y el 24
repatriada forzadamente. Permaneció detenida en su país. Estuvo 11 días
detenida por autoridades argentinas y un período no consignado bajo
jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero
de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.626,
la suma de $ 16.554.758.-
EDUARDO DEAN
BERMÚDEZ: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, fue
repatriado el 24 y permaneció detenido en su país, donde tiempo después
recuperó la libertad. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y un
periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del
Estado argentino, en noviembre de 2009, durante el gobierno de Cristina
Fernández, en liquidación N° 14.028, la suma de $ 7.250.446.-
SERGIO RUBÉN LÓPEZ
BURGOS: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y llevado a
su país el 24. Alojado en un instituto penal uruguayo donde permaneció hasta
1981. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cinco años bajo
jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en
septiembre de 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación
N° 13.435, la suma de $ 24.613.413.-
CARLOS ENRIQUE
RODRIGUEZ MARTINEZ: uruguayo. En 1973, una vez instaurada la dictadura en
Uruguay, se radica en la Argentina. El 30 de junio de 1976 fue detenido en la
vía pública cerca del barrio de Flores, Capital Federal. El 24 de julio de 1976
fue trasladado clandestinamente a Montevideo. Liberado en el año 1982. Tiempo
después emigró a Suecia. Estuvo 24 días detenido por autoridades argentinas y
seis años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado
argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en
liquidación N° 14.010, de noviembre de 2009, por $ 4.071.275.- y la segunda, en
liquidación N° 14.011, también de noviembre de 2009, por $ 67.628.537.-, lo que
hace un total de $71.699.812.-; ambos pagos durante el gobierno de Cristina
Fernández.
RAQUEL NOGUEIRA
PAULLIER: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 fue
trasladada a Montevideo. Fue derivada a un establecimiento penal y liberada en
enero de 1978. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 10 días detenida por
autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas.
Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la
primera, en liquidación N° 14.008, de noviembre de 2009, por $ 3.557.131.- y la
segunda, en liquidación N° 14.009, también de noviembre de 2009, por $
22.246.325.-, lo que hace un total de $25.803.456.-; ambos pagos durante el
gobierno de Cristina Fernández.
MARGARITA
MICHELINI DELLE PIANE: uruguaya. Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran
Buenos Aires. Once días después fue trasladada a Uruguay. Encarcelada en
establecimientos penales uruguayos, recuperó su libertad en mayo de 1981.
Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y cuatro años bajo
jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en marzo
de 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.448,
la suma de $ 16.077.258.-
RAÚL ALTUNA FACAL:
uruguayo. Fue detenido el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once
días después fue trasladado a Uruguay. Luego de 4 años recluido en distintos
establecimientos penales uruguayos, en mayo de 1981 recuperó su libertad.
Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cuatro años bajo
jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio
de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.820,
la suma de $ 17.119.789.-
CECILIA IRENE
GAYOSO JÁUREGUI: uruguaya. Detenida el 8 de julio de 1976 en Buenos Aires y
trasladada al Uruguay el 24, adonde estuvo en prisión hasta el 31 de diciembre
de 1977. Estuvo 16 días detenida por autoridades argentinas y un año bajo
jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero
de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.394,
la suma de $ 3.139.271.-
MARÍA MÓNICA
SOLIÑO PLATERO: uruguaya. Detenida el día 7 de julio de 1976 en Buenos Aires y
trasladada al Uruguay el 24. Estuvo presa en el Penal de “Punta Rieles”, de
donde fue liberada el 31 de diciembre de 1977. Estuvo 17 días detenida por
autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades
uruguayas. Cobró del Estado argentino, en abril de 2008, durante el gobierno
de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.764, la suma de $ 5.203.510.-
MARÍA DEL CARMEN
MARTÍNEZ ADDIEGO: uruguaya. Detenida el 15 de junio de 1976 en Buenos Aires y
liberada, también en Buenos Aires, el día 21 del mismo mes. Se exilió en
Suecia, viajando a Estocolmo, un mes después, el 23 de julio de 1976. Estuvo 6
días detenida por autoridades argentinas y cobró del Estado nacional, en
julio de 2006, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N°
13.260, la suma de $ 17.351.982.-
JORGE GONZÁLEZ
CARDOZO: uruguayo. Detenido el 15 de junio de 1976, en el Gran Buenos Aires. El
24 de julio lo trasladaron a Uruguay donde estuvo encarcelado en el centro de
detención conocido como “La Mansión”. Tiempo después recuperó la libertad.
Estuvo 40 días detenido por autoridades argentinas y un periodo no consignado
de tiempo bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado
argentino, en julio de 2005, durante el gobierno de Cristina Fernández, en
liquidación N° 13.157, la suma de $ 28.660.665.-
MARÍA DEL PILAR
NORES MONTEDÓNICO: uruguaya. Detenida el 9 de junio de 1976, en Buenos Aires.
El 20 de julio de ese año fue trasladada a Montevideo en un vuelo de “Pluna”.
Encarcelada en su país, recuperó su libertad, el 22 de diciembre de 1976.
Estuvo 49 días detenida por autoridades argentinas y cinco meses bajo
jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, de
febrero de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N°
16.017, la suma de $ 10.102.002.-
ORLINDA BRENDA
FALERO FERRARI y JOSE LUIS MUÑOZ BARBACHAN: uruguayos. El 9 de junio de 1976
fueron detenidos en Buenos Aires y “cuatro o seis días después”, liberados en
el barrio de Floresta en la capital argentina. El 30 de septiembre de 1976, con
el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
(ACNUR), viajaron exiliados a Francia. Estuvieron “4 o 6″ días detenidos por
autoridades argentinas y cobraron, respectivamente, del Estado argentino,
Falero Ferrari: $ 15.284.427.-, en liquidación N° 15.771, de septiembre de 2014
y Muñoz Barbachan, $ 16.066.448.-, en liquidación N° 15.666, de agosto de 2014.
Por los “4 o 6″ días de detención del matrimonio Muñoz Barbachan – Falero
Ferrari, el Estado argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández, abonó
$31.350.875.-
La causa penal
comenzó a instruirse con una denuncia del mismo investigador D’Angelo en
noviembre de 2019, en la que se detallaron una decena de casos fraudulentos de
cobro de indemnizaciones de supuestas víctimas de la represión a organizaciones
armadas en los años 1970. Tras una serie de dilaciones, la Justicia ordenó
medidas de prueba y comenzó a dar los primeros pasos para investigar los hechos
denunciados.