domingo, 23 de octubre de 2022

SALEN A CONFRONTAR

 

 con el negacionismo de izquierda

 

POR AGUSTÍN DE BEITIA

 

La Prensa, 23.10.2022

 

Un nuevo proyecto de ley por la “Memoria, la verdad y la justicia” presentado en Salta fue duramente cuestionado por el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de esa provincia, por considerar que se basa en una visión parcializada del pasado que tergiversa hechos históricos, que apunta a ser “otro capítulo más del ya conocido negacionismo de izquierda”.

 

El proyecto, que es impulsado por organismos de derechos humanos y fue ingresado en la Cámara de Diputados provincial el pasado 27 de septiembre, fue objetado desde su mismo título, porque el término “memoria” alude necesariamente al sufrimiento de un grupo particular de personas, pero existen otras “memorias” que tienen el derecho a contar su verdad”.

 

“La memoria es siempre parcial y, por ende, no puede erigirse como fundamento de la verdad y la justicia”, recuerda el Centro de Estudios en una carta remitida el viernes al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix

 

Como ejemplo de las distorsiones en que incurre la iniciativa parlamentaria, la carta firmada por el presidente del Centro de Estudios de Salta (CES), Mario Cabanillas, refiere que no se menciona “ni una sola vez a los miles de crímenes perpetrados por las bandas terroristas del ERP y Montoneros”.

 

En ese sentido, la nota indica que debe precisarse el mero concepto de víctima que se emplea, porque “los integrantes de las bandas subversivas que se levantaron en armas contra el gobierno constitucional y fueron muertos en su intento de tomar el poder no pueden revestir idéntica calidad de víctimas que las niñas Paula Lambruschini, María Cristina Viola y otras, que fueron brutalmente asesinadas por miembros de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”.

 

“En este caso, ¿son menos o más víctimas los asesinados que sus asesinos?”, se pregunta el escrito. Y “lo mismo se podría decir -continúa- respecto de los subversivos que troncharon las vidas de José Ignacio Rucci, Rogelio Coria, Atilio Santillán y otros sindicalistas”.

 

El texto recuerda que “en total, entre policías, militares, empresarios y niños, fueron 1.094 las víctimas asesinadas por los grupos guerrilleros” y se pregunta si están incluidas en el proyecto de ley. “¿Hay memoria y derechos humanos para ellas?”, interroga.

 

Otro ejemplo de la misma distorsión ideológica apuntada es la insistencia con que, según el CES, la iniciativa parlamentaria sostiene que el gobierno “perpetró el crimen de Terrorismo de Estado”, algo que califica de “falso”.

 

“Se puede discutir la forma en que se reprimió”, argumenta la nota, pero no decir que fue “terrorismo”, y recuerda que “el fin de la acción represiva no era aterrorizar a la población sino terminar con la violencia de los sediciosos”.

 

El autor de la carta afirma que “el gobierno, el constitucional primero, y el militar después, estaba obligado por ley a reprimir. Y lo hizo por medios legales e ilegales”. Por eso enfatiza que “no es justo tachar de terroristas de estado a los presidentes Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón por el hecho de haber combatido a las bandas subversivas que querían acabar con la democracia”.

 

El Centro de Estudios salteño hace notar cómo el proyecto “elude hablar de los hechos en el marco que les da sentido, esto es la guerra civil declarada en sus publicaciones por el ERP y Montoneros y corroborada en la práctica a través de sus acciones bélicas”, por lo que interpreta que la iniciativa apunta a ser otro capítulo del negacionismo de izquierda.

 

La última objeción señalada alude al hecho de que a la Comisión Provincial de la Memoria que va a crearse se le atribuye la “potestad para intervenir, controlar y decidir en aspectos varios y delicados. Casi todos ellos referidos a la victimización de los subversivos y a la demonización de los que los reprimieron”. El escrito advierte que la función de dicha comisión “no será otra que la de profundizar el uso de los derechos humanos como arma política, maquinación aceitada con el “curro de los derechos humanos”.