Por Héctor GIULIANO
(22.8.2014).
La Argentina se encuentra en cesación de pagos independientemente
de la cuestión de los Holdouts: la
sentencia Griesa es sólo un disparador o detonante del problema de fondo que
implica sostener una Deuda Pública impagable, tanto Externa como Interna.
Colocado en una
gravísima encerrona financiera y legal – producto de sus propias
responsabilidades en el manejo de la cuestión del endeudamiento y no sólo de
circunstancias heredadas - la administración Kirchner trata ahora desesperadamente de diferir los efectos de la
nueva Crisis de Deuda que le estalla este verano del 2014 (antes del rechazo de
la apelación ante la
Corte Suprema de los Estados Unidos del 16.6) pero lo hace
sin querer reconocer el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010,
que es la verdadera explicación de la crisis que en este momento vive la Argentina.
FICCIONES VERSUS
REALIDADES.
El gobierno engaña a
la opinión pública sobre la realidad y gravedad del problema financiero
insoluble de la Deuda
Pública en base a tres ideas-eje que son tan falsas como
inconsistentes:
1. Que la Argentina se está
des-endeudando, cuando el stock de la
Deuda viene creciendo a un ritmo promedio superior a los
10.000 Millones de Dólares (MD) por año.
2. Que la Argentina tiene
solvencia y liquidez para atender el pago de los servicios de la Deuda, cuando en los hechos
todas las cancelaciones de Capital se hacen con nuevas deudas e incluso parte
de los intereses se capitaliza por anatocismo, cuando el Estado tiene Déficit
fuertemente creciente y Balanza de Pagos negativa (esto es, déficits gemelos);
y cuando el Tesoro no dispone de divisas para atender las transferencias al
exterior, de modo que la política de pagos de la Deuda externa con Reservas
Internacionales (RI) del Banco Central (BCRA) se sostiene con divisas que se
compran con Deuda cuasi-fiscal (las Lebac/Nobac).
3. Que – en la formulación textual del
gobierno – se dice “Queremos pagar pero no nos dejan” y “Los Fondos Buitre (FB)
y el juez Griesa pretenden llevar a la Argentina al default”, cuando la Argentina ya se
encuentra en default, que es cesación de
pagos, porque las cancelaciones que se realizan se hacen íntegramente con
nuevas deudas, en lo que constituye sólo un enmascaramiento del default.
Por ende, si la Argentina tiene cada vez
más Deuda Pública, si los servicios de Capital e Intereses por esta Deuda
provocan más Gasto y más Déficit Fiscal, y si este déficit se cubre con más
deuda, el círculo vicioso de la Deuda Perpetua se cumple. Se cumple como ha
venido ocurriendo desde hace 40 años de Historia Financiera Argentina.
FALSAS EXPECTATIVAS Y
FRUSTRACIONES.
Aparentemente el
gobierno Kirchner esperaba que después de haber hecho “buena letra” en materia
de regularización de pagos externos las cosas le irían mejor este año:
- A fines de 2013 se aceptaron y
financiaron con deuda nueva cinco laudos perdidos ante el CIADI (por 600
MD-Millones de Dólares).
- En Febrero de este año se convino una
fuerte indemnización a Repsol por YPF pagando también con más deuda de nuevos
bonos: 6.000 MD de Capital más 5.000 de
Intereses a pagar.
- En Mayo pasado, después de haberse
allanado a las exigencias totales del Club de París, la administración Kirchner
llegó a un acuerdo sobre plan de pago en cuotas, reconociendo un monto de
obligaciones por 9.700 ND que todavía no ha sido claramente explicado.
- Entre Marzo y Junio de este año el
gobierno retomó la colocación de títulos públicos locales por 10.000 M$
(Millones de Pesos), pagando una tasa de interés del 28 % anual (BONAR 2017).
- Continuando con su política de pagos
de Deuda Externa con reservas del BCRA, el gobierno ha seguido utilizando este
mecanismo a través del Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA), que consiste
en retirar divisas contra entrega de otros títulos de deuda, que son Letras
Intransferibles a 10 años de plazo que no tienen capacidad de pago.
Habiendo dado todos
estos pasos, el gobierno confiaba en que contaría con la predisposición
favorable de la Corte
Suprema de los Estados Unidos en su apelación de la sentencia
Griesa, para avanzar en el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou y volver con ello al Mercado
Internacional de Capitales.
Pero el rechazo de la Corte (del 16.6) y el
estrangulamiento de los plazos para el pago de los servicios de la deuda del
Megacanje Kirchner-Lavagna (30.6) habrían estropeado las esperanzas del
gobierno de poder diferir “pacíficamente” el pago a los holdouts hasta el 2015,
zafar de los alcances de la cláusula RUFO y trasladar la mayor parte de los
compromisos iniciales por nuevas obligaciones al futuro gobierno.
Esta desagradable
sorpresa explica el desconcierto que lleva a las improvisaciones,
desprolijidades y contradicciones en las acciones y dichos del gobierno, a las
declaraciones desubicadas de la presidenta, del jefe de gabinete y del ministro
de economía que se vienen haciendo “para la galería” contra los FB, el Juez
Griesa y hasta el Gobierno Norteamericano cuando lo único que está en juego
aquí es una definición concreta y expresa acerca del cumplimiento o no de un
fallo emitido contra la
Argentina:
- Si el Estado puede cumplir con la
sentencia Griesa sin que la misma empeore aún más su posición jurídica y
financiera, el gobierno debiera efectivizarla y listo, es decir, pagarla.
- Pero si el fallo es de cumplimiento
imposible para el país – como lo es en realidad dado los efectos de la
sentencia sobre el resto de los holdouts y el problema de la cláusula RUFO -
entonces el gobierno tendría que notificar formalmente al juez esta situación
blanqueando así el Default, como corresponde.
Aceptar un fallo – un
fallo ya apelado y perdido en todas las instancias legales que el propio
gobierno reconoció ante la justicia norteamericana - y eludir u obstaculizar
después su cumplimiento es una contradicción mayúscula porque un fallo se
cumple o no se cumple; y no se negocia.
ACCIONES MAL
IMPROVISADAS.
La “negociación” del
fallo – con un mediador nombrado por el juez de por medio - no tiene sentido
cuando la forma de pago de la sentencia no cambia el fondo de la cuestión, que
es la incapacidad de pago de la
Argentina frente al perfil de vencimientos de la Deuda, frente a la avalancha
cierta del resto de los holdouts (estimada entre 20 y 30.000 MD) y frente a la
apertura de un nuevo frente de tormenta jurídica de los bonistas del canje por
la cláusula RUFO (que podrían llegar a reclamar más de 120.000 MD).
Ante esta situación,
como agravante, el gobierno Kirchner actúa en sentido también contradictorio:
1. Soslaya el cumplimiento del fallo
Griesa, aduciendo que el mismo es de “cumplimiento imposible” – como
efectivamente lo es – pero no lo formaliza ante el tribunal, o sea, no le
informa al juez dicha imposibilidad de pago (que significa default) como motivo
de incumplimiento, sino que persiste en impugnar los términos de la sentencia y
en afirmar que el país quiere pagar a los bonistas del canje pero el juez no se
lo permite.
2. Como complemento de la inconsistencia
anterior, el gobierno acepta la mediación abierta por el juez para negociar la
forma de pago de su sentencia cuando la Argentina no tiene nada que negociar ya que el
problema no reside en la forma de pago sino en las consecuencias ineludibles
del fallo.
3. En lugar de blanquear su posición de
manera directa y formal – una situación de default - el gobierno se embarca en
una cadena de acciones y declaraciones destinadas a burlar el cumplimiento de
la sentencia del juez lo que, con cada nuevo paso, complica y empeora aún más
su propia situación de desacato.
El gobierno Kirchner
trata así desesperadamente de dilatar de cualquier manera los tiempos del
problema pero este comportamiento, cada día que pasa, agrava aún más su
situación financiera y jurídica, externa e interna.
TIEMPO VERSUS
ACCIONES.
A los fines de ganar
tiempo – un tiempo que, en realidad, no le juega a favor sino en contra - la administración K incurre actualmente en
una serie de chicanas que complican y descolocan cada vez más las posiciones
oficiales frente a una realidad incontrastable:
a) En lo inmediato, están creciendo en
forma exponencial los gastos por intereses a pagar, recargos por acumulación y
por punitorios, honorarios directos e indirectos de letrados (no sólo de los
abogados propios sino también de los demandantes y del mediador) y gastos
administrativos de todo tipo.
b) La avalancha de reclamos del resto de
los Holdouts – los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de
2005-2010 (hayan hecho o no juicio contra el país) – aumenta paralelamente en
forma proporcional, agravada por el hecho que ya existen otras sentencias
contrarias en firme (1.600 MD sólo en
manos del mismo fondo NML-Elliot, de Paul Singer), estimándose – como dijimos -
que el total de estos reclamos sumaria entre 20 y 30.000 MD.
c) Cualquiera sea el resultado que permita
dilatar para el 2015 la efectivización de los pagos de la sentencia Griesa, eso
no libra a la Argentina
de otra tormenta de juicios por parte de bonistas del canje por la mala fe en
tratar de esquivar el cumplimiento de las cláusulas RUFO y del Acreedor más
Favorecido (MFC).
d) Por la cláusula Cross Default o de
“incumplimiento cruzado” – firmada por este gobierno en el 2005 – el país se
encuentra expuesto a la aceleración de los pagos de los bonistas del canje
debido a que el Default dispara el derecho al reclamo de estos tenedores de
bonos.
e) El proyecto de ley de pago local a los
bonistas del canje reitera abiertamente la intención ya declarada del gobierno
Kirchner de burlar el fallo Griesa, con lo que el país se coloca en una
posición fáctica y legal de desacato ante el juez.
f) Después de haberle reconocido la
competencia a ese “juez municipal” de Nueva York y de aceptadas todas las
instancias legales de la justicia norteamericana, la misma administración
Kirchner acomete una desubicada presentación ante la Corte Internacional
de Justicia de La Haya
contra el gobierno de los Estados Unidos cuando no se trata de una cuestión
entre Estados.
g) La posición política de la
administración Kirchner – sostenida esencialmente “para la galería” y desconectada
de los reales términos de la grave disputa en curso – no se corresponde con la
posición jurídica del estudio Cleary ni con las verdaderas posibilidades
legales de torcer los compromisos ya asumidos por el gobierno.
h) La actitud de dilatar y entorpecer las
“negociaciones” con el mediador Pollack cuando, en la realidad, no hay nada que
negociar sino la forma de pago, ha constituido un burdo intento de soslayar la
lógica y necesaria formalización del default, que es la única forma de escapar
a los efectos directos e inmediatos de la sentencia Griesa.
i) Convirtiendo a la Argentina – una vez más
- en campo de experimentación y especulación extrema, se abre hoy una serie de
posibles operaciones combinadas de triangulación por parte de los actores del Club
y del Partido de la Deuda,
la mayoría de las cuales se hace sobre la base de la variante Gramercy o de
tercerización de la obligaciones, por compra de los derechos de la sentencia
Griesa para renegociarla luego con el gobierno argentino.
j) El proyecto de ley del Poder Ejecutivo
al Congreso, que busca cambiar la jurisdicción de pago y reabrir el canje es
tan incompleto como tardío y no soluciona el fondo de la cuestión de la crisis
de los holdouts, que es la incapacidad de pago.
En síntesis, la suma
de malas improvisaciones de la administración K no sólo no ha conseguido
resultados concretos frente a terceros sino que, por el contrario, ha agravado
su posición, externa e interna.
ERRORES EN LA ESTRATEGIA K.
El gobierno trata de eludir
el hecho que el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010 (al que todavía llama
“negociación exitosa”) ha fracasado y buscaría por ello dejar la puerta abierta
para que sea el juez Griesa quien lo diga y “provoque” entonces el default
(aunque el mismo ya ha sido declarado por la ISDA - la Asociación Internacional
de Derivados y Swaps – lo que da derecho al reclamo de los seguros de default o
CDS).
La sanción de un
híbrido “default técnico” por la cuestión de los holdouts sirve de argumento
para seguir pagando los servicios de intereses sobre las demás deudas del
Estado y como modo de enmascarar el fracaso del Megacanje, presentando las
cosas como si el default se derivase de una intervención exógena y no resultado
de las propias falencias en el diseño de la reestructuración del 2005 y en su
cumplimiento.
Pero el juez Griesa
dictó el bloqueo o congelamiento del depósito argentino en el BoNY Mellon más
no el embargo, con lo que los 539 MD siguen en un “limbo jurídico”, nuestro
país continúa en rebeldía frente al cumplimiento de la sentencia, sigue
expuesto al reclamo de bonistas del canje - que pueden invocar la aceleración
de pagos por el default - y los tiempos se le acortan adicionalmente a medida
que se acerca la fecha del próximo vencimiento de intereses del 30.9 por los
Bonos Par.
El gobierno Kirchner
oculta la real gravedad de esta situación y trata de taparla con toda una
“puesta en escena” de declaraciones públicas y medidas improvisadas para cubrir
lo que son, en realidad, sus propios errores en la estrategia legal seguida
desde el origen frente a la demanda de
los FB en Nueva York:
1. Porque insiste en porfiar que el
Megacanje Kirchner-Lavagna fue un éxito cuando sus servicios no se pueden pagar
y oculta que la quita efectuada fue compensada con los cupones ligados al PBI.
2. Porque aceptó sin cuestionar la
legitimidad de los títulos reclamados pese a que los mismos estaban y siguen
estando bajo investigación de la Justicia Argentina (causas Olmos I – con
sentencia en firme desde el fallo Ballestero del año 2000) – Olmos II,
Megacanje 2001, Olmos Gaona-Marcos y la más reciente de Mario
Cafiero-Llorens-Negri sobre inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción
ante tribunales extranjeros).
3. Porque el Estado Argentino – que estaba
y sigue estando bajo la vigencia de la
Ley de Emergencia Económica 25.561 y conexas – si hubiera
querido desarticular la estrategia de los FB debiera haber planteado el
reconocimiento sólo de una Deuda auditada, aceptada como legítima y por el
valor de compra de los títulos reclamados, no por el valor nominal de los
mismos.
Después de haber
cometido todos estos errores jurídicos, financieros y políticos, el mismo
gobierno trata de presentarse ahora como campeón de una lucha contra los FB y
contra las sentencias supuestamente parciales de un juez después que todas sus
instancias de apelación le fueron rechazadas.
LA ARGENTINA COMO EXPERIENCIA PILOTO.
Estrictamente
hablando, no fue Griesa quien torció arbitrariamente el criterio de
interpretación del pari passu a favor de los holdouts sino el error del
gobierno argentino de haber dictado la Ley Cerrojo 26.017 y sus modificatorias, con lo
que le dio el argumento a los FB de haber sido excluidos de toda oferta.
El resultado fáctico
de esto es que, en definitiva, el país ha quedado peor y doblemente expuesto en
la mira de todos los acreedores: desde los demandantes y el resto de los
holdouts a los bonistas que entraron en el Megacanje 2005-2010, y desde el
reclamo posible de todo acreedor tercero hasta los eventuales participantes de
la “solución Gramercy”.
Todo ello, sin
embargo, tendría una explicación final de otro orden, que es que la Argentina está sirviendo
hoy - otra vez más - como experiencia piloto de una nueva forma de manejo
internacional en materia de Crisis de Deuda Soberana y que, en este sentido, el
gobierno Kirchner se encuentra alineado con el Sistema Financiero Internacional
(SFI) en la búsqueda de nuevas fórmulas de salida consensuada – no de
confrontación o discusión - en el tratamiento de casos particularmente
complejos como el nuestro, cuyos lineamientos van siendo definidos
experimentalmente (por prueba y error):
1. Buscando encauzar aquellos casos en que
los títulos públicos no tengan Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y requieran,
por lo tanto, innovaciones en el manejo de mayorías como sustituto de dicha
carencia.
2. Avanzando en la instalación de la idea
del híbrido de Default parcial, sectorial o “selectivo”, para mantener la
ficción de capacidad de repago y evitar las reestructuraciones totales de
Deuda.
3. Experimentando – por aproximaciones
sucesivas y en el terreno práctico – la instauración de nuevos mecanismos
diseñados por el SFI (con el viejo proyecto Anne Krueger del FMI como modelo)
para el encauzamiento de casos rebeldes o complicados como el de la Argentina.
En este contexto, uno
de los capítulos centrales es despejar las acciones entorpecedoras de los FB
contra países deudores como el nuestro, porque las mismas terminan bloqueando
la colocación de nuevas deudas en los Mercados Internacionales de Capital y,
más específicamente, de bonos de Países Emergentes en la Bolsa de Nueva York.
El gobierno Kirchner
se ubica así - en los hechos y más allá de todas sus declaraciones altisonantes
– como estrecho aliado del SFI y en contra de los FB, a través de una lucha de
desgaste, en la búsqueda de “soluciones” institucionales para los casos de
default y reestructuración de deuda soberana, aunque sin cambiar el sistema de
endeudamiento perpetuo que rige en la Argentina y en la mayor parte del mundo.
Después de haber
hecho la buena letra antes citada con el acuerdo de los laudos del CIADI, con
la indemnización a Repsol por YPF y con el nuevo arreglo con el Club de París,
después de haber comenzado a emitir deuda nueva de bonos en pesos (con el Bonar
17), después de haber traspasado la mayor parte de su Deuda Externa con
Terceros a Deuda intra-Estado para descongestionar el perfil de vencimientos de
su Deuda Total sin bajar su monto sino, por el contrario, aumentándolo; después
de todo esto, el país estaría en condiciones de completar la Hoja de Ruta Boudou, que
tiene por objeto volver al Mercado Internacional de Capitales, precisamente
para tomar más Deuda Externa.
Esto ya se había
comenzado a hacer con algunos emprendimientos de obras públicas e
infraestructura, a través de diversas provincias (particularmente Buenos Aires
y la CABA) y con
algunas empresas de capital público (con YPF a la cabeza); y a ello se sumaría
la nueva Deuda Externa que, directa o indirectamente, contraiga el BCRA (caso
swap de monedas con China), ya que nuevas colocaciones abiertas del Estado
Central en el mercado financiero externo no serían factibles a corto plazo.
De allí que para la
vuelta a la colocación de deuda externa a más largo plazo se espere, en
principio, a la asunción del nuevo gobierno en 2015, que sería el
reestructurador de todo el cúmulo de deudas que actualmente se están
contrayendo sin capacidad de repago, más las que se agreguen con la actual
crisis de los holdouts.
Es la forma en que
las estructuras de poder financiero manejan las decisiones del Estado y
condicionan el financiamiento de las Políticas Públicas.
EN CONCLUSIÓN:
DEFAULT O MÁS DEUDA.
El default, como
reconocimiento de la cesación de pagos, es la única alternativa hoy viable para
sustraerse a la encerrona legal y financiera en que la administración Kirchner
ha metido a la Argentina:
es la forma necesaria de “barajar y dar de nuevo” en el marco de la nueva
crisis de deuda que estamos viviendo, porque la otra alternativa es volver a
tomar más deuda externa e impagable.
Frente al dilema de
ir a un nuevo Default o tomar Deuda Externa, y en lugar de continuar con el
enmascaramiento de la Crisis
de Deuda, nuestro país debe blanquear su default, debe sincerar su cesación de
pagos para poder replantear los términos de una nueva y diferente
reestructuración de su Deuda Pública.
La Argentina tiene que blanquear el default porque el país no
tiene solvencia ni liquidez fiscal para afrontar los servicios de la Deuda, como no sea tomando
nuevas deudas y capitalizando obligaciones por intereses y por juicios
perdidos.
Pero el default no es
una solución en sí misma porque no es punto de llegada sino punto de partida:
producida la suspensión de pagos, debe realizarse una Auditoría integral de las
acreencias para determinar su legitimidad y debe establecerse la verdadera
capacidad de pago futura del Estado para – recién con estos dos elementos
perfectamente definidos - ir a una reestructuración forzosa y no voluntaria de la Deuda Pública.
Es la única manera de
enfrentar la encrucijada de las crisis nacionales de Deuda Soberana, por medio
de conversiones forzosas de Deuda, a través de la toma de decisiones de un
Estado Soberano.