por Alejandro
Bongiovanni
En contraste con la
inicial abulia opositora, el kirchnerismo siempre se dedicó a marcar la cancha
política, impulsando leyes que –cuando
no eran francamente apoyadas por algunos espacios de oposición– fueron
sancionadas gracias a su mayoría casi automática. Cada una de estas leyes logró
acrecentar el poder político y económico del gobierno, muchas veces en desmedro
del sistema republicano. Cada una de estas leyes ofició como bastión para el
engordamiento de un Estado cada vez más abarcador, sostenido por un relato
unilateral, que opera como verdadero contrato de adhesión, al que uno debe
suscribir en su totalidad si no quiere ser relegado hacia los confines del
“inicuo golpismo opositor”. Repasemos las diez leyes más polémicas de esta
década kirchnerista.
1. ESTATIZACIÓN DE
AEROLÍNEAS ARGENTINAS (septiembre de 2008)
Con esta ley, el
gobierno re-estatizó Aerolíneas Argentinas –privatizada a comienzo de la década
de los noventa– comprando su paquete accionario. La compañía, dirigida por
Mariano Recalde, joven miembro de La Cámpora, ya ha insumido más de US$ 3.566
millones del erario público, lo cual le permitiría al estado comprar más de
tres American Airlines, según una estimación de Franciso Olivera. Cabe añadir,
que la empresa deficitaria tiene como principal competidor a la filial de la
chilena LAN Airlines, razón por la cual sectores camporistas que operan en
Aerolíneas Argentinas impulsan incidentes con la empresa trasandina a través de
Intercargo –también controlada por La Cámpora–
que presta el servicio de rampas.
2. REFORMA DEL
SISTEMA PREVISIONAL (noviembre de 2008)
A través de la ley
26.425 –sancionada con amplias mayorías tanto en Diputados como en Senadores–
se hizo desaparecer el sistema de jubilación privada en el país y se
transfirieron $74.000 millones al gobierno nacional, además de paquetes
accionarios de diversas empresas que estaban en poder de las antiguas AFJP. Luego
vendría algo sospechado: la plata del ANSES se utilizó –y se utiliza– para
maquillar el déficit fiscal. El Congreso, con el impulso de la oposición aprobó
más adelante una ley para otorgar el 82% móvil a los jubilados. Cristina
Fernández, a través de un decreto, vetó dicha ley. "Lo que se sancionó
ayer en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado y como presidenta no
puedo permitir la quiebra del Estado argentino", dijo en aquella
oportunidad.
3. LEY DE MEDIOS
AUDIOVISUALES (octubre de 2009)
Con el objetivo
declarado de democratizar los “medios de comunicación”, un gobierno que nunca
brinda conferencias de prensa se dio a la tarea de impulsar esta polémica ley,
hecha a medida de su némesis: el Grupo Clarín. La ley que pretende atacar la
estructura económica de Clarín aún espera un dictamen de la Corte sobre su
constitucionalidad, habida cuenta de los polémicos artículos 45 y 161, que
claramente buscan atomizar a los medios en aras de controlarlos a través de la
pauta oficial. La guerra con Clarín –iniciada a partir de la fallida resolución
125– es un obsesivo blanco para el kirchnerismo, que cobra especial valor a
partir de la incorporación de Jorge Lanata y la cercanía de las elecciones.
4. LEY ANTITERRORISTA
(diciembre de 2011)
2011 el kirchnerismo logró
sancionar en trámite brevísimo la ley 26.734, conocida como “ley
anti-terrorista”, impulsada por el oficialismo por pedido del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) y con el objetivo –hoy paradójico– de evitar el
“lavado de dinero” como fuente de financiamiento del terrorismo internacional.
La polémica en torno a la norma –que modifica una serie de artículos del Código
Penal– radicó en que castiga a quienes intenten o logren “aterrorizar a la
población”, habida cuenta de que la amplitud del tipo penal permitiría
sancionar manifestaciones sociales contra el gobierno. Aún dos adeptos al
modelo criticaron la ley. Estela de Carlotto, se manifestó sobre su inutilidad
y dijo que “en la Argentina no hay terrorismo”. Por su parte el juez Eugenio Zaffaroni
declaró que "en cuanto al terrorismo, no hay ningún delito vinculado al
mismo que desde siempre no haya estado severamente penado en nuestras leyes, de
modo que no es más que un pretexto".
5. EXPROPIACIÓN DE
YPF (mayo 2012)
Con una abrumadora
mayoría, la Cámara de Diputados declaró de utilidad pública al 51% de las
acciones de la petrolera YPF, que estaban en manos de Repsol. Esta drástica
medida, tomada con el declarado objetivo de lograr la ansiada “soberanía
energética” no ha surtido los efectos deseados. Los volúmenes de gas producidos
por YPF en el primer bimestre de este año están un 2,7% por debajo de igual
bimestre del 2012, mientras la producción de petróleo está un 4,2% por debajo
en igual periodo. Además el auto abastecimiento energético está cada vez más
lejos, las importaciones de combustibles aumentaron un 57% anual en el primer
trimestre del año. Tampoco se han cumplido las metas de perforación de pozos de
exploración. Además, la nafta súper de YPF, el combustible más usado por los
argentinos, aumentó 26,2% desde la estatización de la empresa.
6. EXPROPIACIÓN DE LA
EX CICCONE CALCOGRÁFICA (agosto de 2012)
En medio de un
escándalo de corrupción, el gobierno –otra vez apoyado por muchos legisladores
de la oposición– logró sancionar una ley
que declaró de utilidad pública y expropió la Compañía de Valores Sudamericana
(CVS), ex Ciccone Calcográfica. La empresa, dirigida por el supuesto testaferro
del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, fue rápidamente
expropiada con el fin de echar un manto de piedad sobre el asunto que socavó la
imagen del por entonces candidato kirchnerista para el 2015.
7. LEY DE REFORMA DEL
MERCADO DE CAPITALES (noviembre de 2012)
En la última sesión
del año legislativo, el gobierno logró sancionar una ley que estableció nuevas
y fuertes regulaciones en el mercado de capitales mediante la cesión de amplias
facultades de intervención en el sistema a la Comisión Nacional de Valores
(CNV). El punto más polémico fue el inciso agregado en el artículo 20, el cual
le otorga a la CNV la facultad de designar veedores con capacidad de veto en
las empresas cuando "resulten vulnerados los intereses de los accionistas
minoritarios". La misma cláusula permite la intervención por hasta 180
días de los órganos de decisión de las empresas. Esta ley, sumada a la de
estatización de AFJP le da la posibilidad al gobierno de intervenir y
desbaratar económica y periodísticamente al Grupo Clarín durante 180 días, cosa
que aún no hace por el costo político que esta medida tendría.
8. MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO CON IRÁN (marzo de 2013)
Luego de una polémica
sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley un memorándum que Argentina
firmó con Irán en el marco de la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido
en julio de 1994. El pacto –que fue muy
cuestionado por la AMIA, la DAIA y la organización Memoria Activa– consta de
nueve artículos en los cuales, entre otras cuestiones, se crea una “Comisión de
la Verdad”. El memorándum fue tachado como una renuncia tácita al derecho de
descubrir la verdad y obtener justicia por muchos analistas y organizaciones
sociales. Además, para un órgano oficial del gobierno iraní de Mahmud
Ahmadinejad, el acuerdo es parte del esfuerzo que está haciendo Irán para
romper con el aislamiento internacional y de reforzar su influencia en América
Latina. El marcado anti-norte-americanismo argentino es lo que uniría a Irán
con nuestro país, según dijeron miembros del gobierno iraní.
9. LEY DE REFORMA JUDICIAL
(mayo de 2013)
A raíz de la trunca
pelea con Clarín, el gobierno impulsó un modelo que pervierte de manera expresa
el sistema republicano de división de poderes. Esto lo realizó a través de una
ley que amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo de la Magistratura, baja las
mayorías para designar y destituir jueces (se reducen de dos tercios a la mitad
más uno de los miembros) e impone la elección por voto popular de los
representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos. Al mismo tiempo,
se limitan duramente las medidas cautelares que pueden pedirse contra el
accionar del Estado. De este modo, el ejecutivo en ejercicio tie ne una gran
ventaja a la hora de dominar la justicia, puesto que obliga a jueces a meterse
dentro de la campaña política y a no desviarse de los deseos del kirchnerismo,
so pena de ser destituidos sin más. Cabe agregar que la controvertida medida,
disociada de cláusulas constitucionales básicas, está siendo actualmente
impugnada por varias vías y tarde o temprano exigirá una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia.
10. PROYECTO DE LEY
DE BLANQUEO DE CAPITALES (mayo de 2013)
Este proyecto, que
seguramente se convertirá en ley sin problemas, es un retroceso de la mentada
“pesificación” de la economía que pretendía el gobierno. Mediante el mismo, el
Ministerio de Economía creará el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo
Económico (BAADE) y el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) –además
de un Pagaré‚ de Ahorro para el Desarrollo Económico–. Estos bonos podrán ser
adquiridos por quienes deseen cambiar divisa extranjera, y no estarán obligados
a revelar su origen ni la procedencia de los recursos con los que se obtuvo.
Además, estarán exentos del pago del Impuesto a las Ganancias y de cualquier
gravamen especial. Si esto generará un paraíso fiscal o si sólo servirá para
que algunos allegados al gobierno laven el producido de negocios turbios es una
cuestión que depende del volumen que tenga el blanqueo.
Bonus track: PROYECTO
DE EXPROPIACIÓN DE PAPEL PRENSA.
Carlos Kunkel y Diana
Conti impulsan un proyecto para que el gobierno se haga de 24% de las acciones
de Papel Prensa, la principal empresa privada de fabricación de papel de
diario. De este modo, y sumada al 27,5% de acciones que el Estado ya posee, se
generaría un monopolio público sobre la fabricación y distribución de papel, lo
que le permitiría al gobierno desabastecer de papel a los diarios cuya línea
editorial le resulta molesta, sin importar su nivel de tirada y consumo, bajo
algún pretexto “democratizador”. Este proyecto representa un gran peligro a la
ya bastante amenazada libertad de prensa argentina.