Las propuestas de los candidatos se basan en lo que la
opinión pública quiere escuchar, sin tener en cuenta la evidencia empírica.
Cualquier política contra el narcotráfico debería cimentarse en una visión
estratégica, en donde predomine la coordinación entre las distintas agencias
del Estado y entre los diferentes niveles de gobierno.
Por Martín De Simone
Politólogo
Alfil, 30-7-15
La inseguridad es desde hace tiempo una de las
principales preocupaciones de la ciudadanía, y la provincia de Buenos Aires es
el distrito que más la sufre. En plena época de campaña, se espera que los
candidatos propongan soluciones. Aquí pretendo hacer referencia a algunos de
los postulados que más resonancia han tomado en las últimas semanas,
relacionados en particular al narcotráfico, que tuvo una mayor relevancia en el
debate.
Durante los últimos días ha regresado a la agenda el
interrogante respecto de si Argentina es o no productora de estupefacientes, de
la mano de candidatos que afirman que nuestro país sigue siendo únicamente una
zona de tránsito de drogas. Resulta al menos llamativo que esta discusión siga
en agenda cuando hay informes oficiales que se inclinan claramente por afirmar
la existencia de cierto nivel de fabricación de estupefacientes en el país.
Así, por ejemplo, la SEDRONAR (2011), en base a un conjunto de causas
judiciales, infiere la existencia de al menos cuarenta y tres centros de
procesamiento ilícito de estupefacientes: el 68% vinculado a la adulteración o
fraccionamiento y el 32% a la fabricación ilícita. De igual manera, según la
información pública otorgada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación en sus informes al Congreso, entre los años 2000 y 2006, según las
estadísticas de la Base de Datos Estadísticos de Procedimientos por Infracción
a la Ley 23.737, se informaron un total de 80 centros de procesamiento ilícito.
En el período 2000-2012 el 69% de los centros se hallaron en Buenos Aires, y un
12% en la CABA (JGM, 2014).
Por supuesto que por cuestiones naturales las primeras
etapas de producción de algunas drogas no pueden realizarse en Argentina. Pero
esto no implica que no se realicen etapas posteriores, como la fabricación y
adulteración, ni que se dejen de fabricar drogas sintéticas, que no requieren
de condiciones naturales específicas y cuya producción se ve favorecida por el
desarrollo de la industria química argentina y por la escasez de controles.
Por otro lado, los datos también muestran que la
disponibilidad y el acceso a las drogas se han incrementado. Un reciente
estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión
Pública (2015) muestra que, entre los países de la región, Argentina tuvo el
mayor porcentaje de encuestados que considera que el narcotráfico ha aumentado
en los últimos cinco años (92%). Asimismo, de acuerdo a un flamante informe de
la UADE (2015), en el área metropolitana un 31% de los encuestados afirma
conocer lugares de venta de drogas, mientras que en 1989 sólo un 6% lo hacía.
Las distintas fuentes, y los datos oficiales y
públicos, parecen zanjar la discusión en torno a si Argentina produce o no
drogas, y a si el acceso a estupefacientes se ha vuelto más sencillo.
Las soluciones que han propuesto los candidatos para
el problema de la inseguridad y el narcotráfico son variadas. Dentro de las
propuestas más institucionales, ha tomado amplia difusión la de crear un
Ministerio provincial contra el narcotráfico, así como una agencia con el mismo
objetivo. Aquí es necesario tener en cuenta que los grupos abocados al crimen
organizado cuentan con un amplio poder de adaptación, y perseguir únicamente al
narcotráfico implicaría que las mismas estructuras criminales se dediquen a
cometer otros delitos.
Los grupos criminales deben concebirse como empresas que
logran su cometido mediante actividades ilícitas. Estas empresas cuentan con
estructuras que, de verse imposibilitadas de dedicarse al negocio narco –que
es, por cierto, el más rentable- mutarán a otras actividades. Cualquier
persecución criminal contra estos grupos debe realizarse desde un enfoque
amplio y multi-agencial, porque en el caso contrario se corre el riesgo de que
el delito se desplace a modalidades aún más deletéreas para la sociedad.
Otros candidatos han insistido en la necesidad de
reforzar el rol de las policías municipales. Se presenta a estas fuerzas como
una herramienta para luchar contra el narcotráfico “desde cerca”. Pero el
crimen organizado posee una dimensión cada vez más transnacional, por lo que
enfocarse en combatirlo desde el ámbito local parece poco adecuado. La
experiencia internacional muestra que las instituciones descentralizadas a
nivel local suelen ser más vulnerables a los procesos de captura, penetración y
cooptación por parte de grupos criminales, que pueden comprar voluntades a
costos menores. El caso más paradigmático es el de México, que ha emprendido un
proceso de centralización en reemplazo de sus más de mil ochocientas policías
municipales, que se han demostrado absolutamente ineficaces.
La descentralización no solo se ha demostrado
ineficiente en el ámbito de las policías. La Ley Nº 26.052, sancionada en 2005,
estableció la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de
estupefacientes. Buenos Aires se encuentra entre las provincias que adhirió a la
ley y un reciente informe del Ministerio Público Fiscal (2014), que analiza el
impacto de la aplicación de la ley en la provincia, muestra que se incrementó
la persecución de la tenencia simple, la tenencia para consumo personal y la
comercialización en pequeña escala, sin que ello derive en una mayor
persecución de los tipos penales más complejos. Por el contrario, la
posibilidad de la Justicia Federal de acceder a ilícitos más complejos se
redujo. Son claras las muestras de que la desfederalización no contribuye a
menguar el narcotráfico y perjudica a los eslabones más bajos de las cadenas
criminales, que son en general jóvenes sin recursos, fácilmente reemplazables
como mano de obra. Sin embargo, varios candidatos a la gobernación bonaerense
siguen defendiendo la adhesión a la ley.
Esa defensa suele estar acompañada por propuestas que
buscan terminar con la oferta, enfocadas sobre todo en eliminar los pequeños
puntos de expendio de estupefacientes. Lo que no toman en cuenta estas ideas es
que mientras las estructuras criminales se mantienen intactas, estos puntos de
venta se reproducen a toda velocidad. Así, el combate contra el narcotráfico se
vuelve absolutamente ineficiente y apunta contra los sectores más vulnerables.
En suma, un breve repaso por las propuestas más
resonantes contra el narcotráfico, muestra que las mismas no suelen tomar en
cuenta la evidencia empírica, sino que más bien se basan en pre-conceptos o, en
el mejor de los casos, en lo que las encuestas dictan que la opinión pública
desea escuchar. Cualquier política contra el narcotráfico debe cimentarse en
una visión estratégica en donde predomine la coordinación entre las distintas
agencias del Estado y entre los diferentes niveles de gobierno. Al fin y al
cabo, más allá de lo que prime en las campañas políticas provinciales, el
combate al narcotráfico es una atribución del gobierno federal.
Las políticas
públicas contra el crimen organizado deben tener un enfoque más preventivo que
reactivo, y tener como objetivo fundamental la reducción de daños, lo que
necesariamente implica dejar de concebir a la lucha contra el narcotráfico como
una tarea únicamente policial. Las políticas sanitarias, sociales, educativas,
la regulación de los flujos financieros y la política exterior para lograr una
coordinación regional son incluso más relevantes.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de fortalecer
la calidad de las instituciones estatales. La expansión del narcotráfico, así
como de otras formas de crimen organizado, está inexorablemente ligada a la corrupción,
por lo que cualquier política que no se sustente en instituciones transparentes
que contengan órganos de control robustos, está condenada al fracaso.
Fuentes
SEDRONAR. Centros de Procesamiento Ilícito de
Estupefacientes en Argentina. Un análisis a partir de los casos judicializados,
marzo de 2011
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Informe N° 83 al Senado de la Nación, marzo de 2014.
Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas
& Opinión Pública. Estudio anual sobre políticas de drogas y opinión
pública. América Latina 2014-2015, 2015.
Centro de Investigaciones Sociales – Fundación UADE.
Opiniones y percepciones sobre el narcotráfico y el consumo de drogas en la
Argentina, junio de 2015.
Ministerio Público Fiscal – Procuraduría de la
Narcocriminalidad. Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad. Sobre la
distribución de causas iniciadas por estupefacientes, población y empleados en
el Ministerio Público Fiscal, Año 2012. 2014.
