domingo, 31 de marzo de 2024

AGENDA 2030


 por qué todos fingen creer en los 17 Objetivos de esta fantasía irrealizable

 

Claudia Peiró

 

Infobae, 31 Mar, 2024

 

Suele decirse que los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) de la Agenda 2030 que la Organización de las Naciones Unidas lanzó en 2015 son incuestionables y que nadie podría oponerse a ellos.

 

Puede ser. Lo que también es cierto es que su lectura despierta incredulidad y hasta mueve a ironía. ¿Cómo es que la Asamblea General de la ONU, que en casi 60 años no ha logrado por ejemplo con sus resoluciones que Gran Bretaña entable un diálogo con Argentina por la soberanía de Malvinas, pudo de pronto anunciar que, en menos que canta un gallo (15 años), erradicaría la pobreza y el hambre, y pondría al alcance de todos educación y salud de calidad, agua potable, infraestructura, energía, empleo, etc., etc.? ¡Y todo ello sin afectar el medio ambiente!

 

Esta es la lista de los 17 ODS: erradicación de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía limpia y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos.

 

Como estos 17 ODS se subdividen en 169 metas, Bjorn Lomborg y Jordan Peterson escribieron una columna cuyo título lo dice todo: “Desarrollo Sostenible: hay poca diferencia entre tener 169 objetivos y no tener ninguno”. En criollo: la Agenda 2030 es poco seria.

 

En septiembre de 2015, en coincidencia con el momento en que la ONU presentaba su Agenda, el papa Francisco habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y pidió evitar “toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias”. “Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos”, agregaba.

 

Lomborg y Peterson (ambientalista danés e intelectual canadiense, respectivamente) recuerdan por su parte que ya estamos a mitad de camino del 2030 y es evidente que los ODS no se cumplirán.

 

Hay un motivo análogo al que trabó la Ley Ómnibus del gobierno de Milei. En palabras de Lomborg y Peterson, “(en la Agenda 2030) hemos equiparado objetivos fundamentales como la erradicación de la mortalidad infantil y la educación básica con otros bien intencionados pero periféricos, como el fomento del reciclaje y la promoción de estilos de vida en armonía con la naturaleza; si intentamos hacerlo todo a la vez, corremos el riesgo de hacer muy poco, como hemos hecho en los últimos siete años”.

 

Difícilmente alguien crea que los ODS son metas cumplibles en los plazos fijados. Por eso lo sorprendente es que la Agenda 2030 esté en boca de todos: políticos, referentes sociales, económicos, activistas medioambientales -y obviamente también las feministas- parecen creer en ella a pie juntillas.

 

Difícil es también entender la masividad con la cual los políticos compran este paquete llave en mano. Salvo que sea por marketing, porque queda bien o por pereza. Se prefiere un activismo sin mucha brújula, una figuración cómoda, antes que el estudio de los problemas y la búsqueda seria de soluciones.

 

Cabe aclarar que la Organización de las Naciones Unidas no es un gobierno mundial. La Asamblea General (su órgano más democrático porque allí se sientan en pie de igualdad todos los países y cada voto vale lo mismo) tiene poco o nulo poder ejecutivo. Muchas de sus resoluciones son pour la galerie. Como la de Malvinas. El bacalao lo corta el Consejo de Seguridad, en especial sus miembros permanentes con poder de veto que son sólo cinco: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China.

 

Los organismos creados como especializaciones o subdivisiones de la ONU (FAO, OIT, OMS, Unesco; PNUD, etc., etc.) están colonizados por una gran cantidad de “partes interesadas” (o “stakeholders”, según el eufemismo usado para lo que son en realidad: lobbies o fachadas de intereses que no dicen abiertamente su nombre), financiados en su mayoría por las elites que gobiernan al mundo. Esa es la gente que redactó la Agenda 2030, como la propia ONU lo reconoce: “Los grupos principales y otros interesados fueron esenciales para el desarrollo y la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al mismo tiempo que trabajaron de manera activa en su aplicación a través de proyectos, iniciativas y actividades de promoción, intercambio de conocimientos y supervisión”.

 

Además, agregan que “los grupos principales y otros interesados suelen trabajar en colaboración con otros sectores, incluidas las autoridades gubernamentales”. A buen entendedor, pocas palabras. Esto último alude al financiamiento condicionado, como presión a las administraciones de ciertos países para influir en sus políticas.

 

Por lo tanto, cuando se escucha “la ONU dice…”, como fuente de autoridad, hay que tener presente que casi siempre se trata de documentos producidos por organismos subsidiarios de Naciones Unidas, que a su vez están influidos por estos grupos interesados. Detrás de una fachada de transparencia, todas las conferencias ONU, sus resoluciones, etc, son en buena medida fruto de operaciones y lobbies cruzados, de stakeholders, que tienen mucha espalda para promover sus objetivos y direccionar al organismo y sus filiales. Y que en muchos casos son agentes de gobiernos; organizaciones para-gubernamentales antes que “no gubernamentales”.

 

Recientemente, la Fundación NEOS, que preside Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior de España, hizo un análisis crítico de los 17 ODS y las 197 metas de la Agenda 2030, que pone de relieve aspectos que en una primera lectura pueden pasar inadvertidos.

 

“La Agenda 2030 consiste en un caramelo envenenado revestido de una envoltura atractiva y seductora”, dice Mayor Oreja en la presentación del documento. La reacción ante los 17 ODS, señala, se divide entre quienes “han querido destacar las partes positivas de la Agenda” y los que directamente “denunciaban la maldad de la raíz y núcleo de esta propuesta”. El trabajo de NEOS zanja la cuestión señalando que “el propio texto de la Agenda”, en “más de 5 ocasiones” advierte “sobre el carácter integrado e indivisible de los objetivos y las metas de la misma”.

 

Es decir “o se acepta todo el contenido” o se está contra la Agenda. Tómalo o déjalo. No se puede discutir no sólo los 17 ODS sino tampoco el cómo y el cuándo alcanzar estas metas tan loables. Los ODS fijan plazos y acciones para alcanzarlas, y determinan los criterios de evaluación. Como si el camino para la solución de un problema fuese uno solo. Y se decidiera en la ONU.

 

En el discurso ya citado, el propio Francisco advertía contra esta pretensión de imponer un camino único: “La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con instrumentos técnicos de medida. Esto, empero, comporta un doble peligro: limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos –metas, objetivos e indicaciones estadísticas–, o creer que una única solución teórica y apriorística dará respuesta a todos los desafíos”.

 

La presentación que hace la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), una de las 5 comisiones regionales de la ONU, es decir otra de sus sucursales, es clara: “La Agenda 2030 es: universal, pues los beneficios del desarrollo deben ser para todos y es responsabilidad de todos los países su logro; indivisible, ya que insta a abordar los 17 Objetivos en conjunto, evitando fragmentaciones; integral, puesto que conjuga las tres dimensiones del desarrollo económico, social y ambiental; civilizatoria, dado que propone erradicar la pobreza extrema como imperativo ético, poniendo a la dignidad y a la igualdad de las personas en el centro; transformadora, ya que requiere aproximaciones alternativas a la forma habitual de hacer las cosas…”

 

Nótese la pretendida superioridad moral de este programa intocable (ética, civilización, dignidad…). ¿Pero cuál es esa aproximación novedosa y virtuosa a los problemas según Cepal? Respuesta: “La igualdad de género y de derechos está presente en toda la Agenda y el enfoque de múltiples interesados se hace imprescindible para su apropiación e implementación”. Traducción: ideología de género y vía libre a los lobbies. Claro que, entre los “múltiples interesados”, también forman fila los voluntariosos que creen estar bregando por un objetivo loable y en realidad están sirviendo a otros intereses.

 

“En una agenda es tan importante lo que se incluye como lo que se deja afuera -advierte el documento de la Fundación Neos. Por ejemplo, ni el envejecimiento de la población, ni la bajísima fecundidad –que no garantiza el reemplazo generacional y que supone serios problemas sociales– aparecen mencionados. Por el contrario, la salud sexual y reproductiva se presenta como una parte obvia del marco, algo que no se discute, siendo que normalmente es un eufemismo usado por las organizaciones internacionales para la promoción de la anticoncepción y del aborto”.

 

La expresión “salud reproductiva” refleja el antinatalismo en boga: el embarazo es una enfermedad, una epidemia que hay que combatir, la anticoncepción es el remedio y, si no alcanza, el aborto, que ha pasado de ser un recurso extremo -como lo vendían los promotores de su legalización- a una práctica banalizada y hasta propagandizada, en particular mediante el reparto indiscriminado de misoprostol y otras drogas abortivas.

 

Todo esto se promueve en un mundo en el que muchísimos países ya tienen una tasa de natalidad inferior a la “de reemplazo”, es decir, la necesaria para mantener una población estable. En Argentina, la curva de natalidad viene cayendo dramáticamente desde 2014, y no es por casualidad sino por política.

 

El documento de NEOS advierte: “La baja natalidad persistente lleva aparejada, a la larga, empobrecimiento económico, puesto que el capital humano de una sociedad tiende a deteriorarse en cantidad (menos gente) y calidad (la que va quedando, más envejecida en promedio), la mano de obra y los consumidores menguan en número y envejecen, hay un gasto creciente en pensiones y sanidad cubierto con ingresos fiscales de una fuerza laboral mermada y avejentada, etc.”

 

“Que la natalidad no sea considerada vital por la ONU en su Agenda 2030 es una clamorosa omisión que nos hace recelar de la misma (porque) pocas cosas hacen más insostenible a una sociedad humana y dificultan más su desarrollo futuro que su pérdida de población”, agregan.

 

También debería preocupar que estas cosas no estén en la agenda de los políticos.

 

La meta 3.7 del Objetivo 5, es “garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”. Es decir, imponer a los países esta política, lo cual es más fácil en los países en desarrollo mediante el condicionamiento de las ayudas y créditos a esta agenda.

 

Como lo demuestra el ODS n° 5 (“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”), la Agenda 2030 es feminista. Parte de la base de que la mujer está en inferioridad de condiciones en todo aspecto y lugar. En palabras de la Fundación Neos, el objetivo 5 “es deudor de la ideología de género: [que] en su vertiente cultural, sostiene una visión del hombre y la mujer como dos realidades enfrentadas en la que el hombre es indefectiblemente un peligro para la mujer”.

 

En cuanto al objetivo 12 -modalidades de consumo y producción sostenibles-, el informe sostiene que se usa lo ambiental “como excusa para imponer políticas limitadoras del desarrollo”, con lo que “se condena a países en desarrollo a que su despegue sea más dificultoso” y “se proscriben ciertas fuentes de energía que podrían ser una manera económica y provisional de pasar de la indigencia al desarrollo”.

 

Los diagnósticos catastrofistas fomentan “una infundada eco-ansiedad en los jóvenes”, sentimiento que ha llegado también a estas orillas; pensemos si no en los activistas veganos que periódicamente irrumpen en la Rural.

 

Aquí interviene el concepto “desarrollo sostenible” o “sustentable”, es decir el que puede mantenerse en el tiempo sin afectar al medio ambiente ni extinguir los recursos; sería el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras. Se postula un uso renovable y no depredador de las riquezas naturales.

 

Suena bonito, pero en la práctica el equilibrio entre justicia presente y futura no es tan sencillo de determinar. Sin mencionar que este concepto puede encerrar una trampa para los países en desarrollo.

 

Bjorn Lomborg denunciaba en otro artículo la “hipocresía” de los países centrales: “Demasiados políticos del mundo rico y defensores del clima olvidan que gran parte del planeta sigue sumido en la pobreza y el hambre. Sin embargo, sustituyen cada vez más su ayuda para el desarrollo por gasto climático. El Banco Mundial (...) ha anunciado que desviará nada menos que el 45% de su financiación hacia el cambio climático. (...) “Esto huele a hipocresía, porque los países ricos obtienen casi cuatro quintas partes de su energía de combustibles fósiles, debido a la falta de fiabilidad y a los problemas de almacenamiento de la energía solar y eólica. Sin embargo, fustigan con arrogancia a los países pobres por aspirar a lograr un mayor acceso a la energía y sugieren que estos deberían ‘adelantarse’ de alguna manera a la energía solar y eólica intermitente, con una falta de fiabilidad que el mundo rico no acepta para sus propias necesidades”.

 

Y concluía: “Es fácil tratar el clima como la prioridad cuando tu vida es cómoda. (...) Los países pobres necesitan más acceso a la energía barata y abundante”.

 

Hace poco leí una crítica al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro por “negar que el Amazonas es el pulmón del mundo”. Es muy gracioso que quieran convertir en verdad revelada lo que no es más que un intento de relativizar la soberanía de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre otros, sobre esa selva. También Lula Da Silva rechazó esta definición, consciente de sus posibles implicancias. “No queremos transformar la Amazonía en un santuario de la humanidad, queremos explotar de la Amazonía aquello que la biodiversidad puede ofrecer”, dijo, en agosto de 2022, frente a parlamentarios europeos.

 

Pareciera como si los países más desarrollados, habiendo agotado ya sus propios “pulmones”, empezaran a mirar a los ajenos con codicia disfrazada de ambientalismo.

 

La consigna sería: haz lo que yo digo pero no lo que yo hice. Ejemplo emblemático es el mítico Bosque de Sherwood, el de Robin Hood, que por poco desaparece. Se extendía de Nottingham a York, y hoy es apenas una manchita en el mapa, convertido en reserva para preservar lo poco que queda de él.

 

Obviamente, no se trata de promover la depredación del Amazonas, pero no corresponde que el discurso de la preservación ambiental -desarrollo sustentable- y demás prescripciones de la ONU sean sólo para los débiles. Como bien dice el informe de la Fundación Neos, “si eres un país poderoso como China puedes incumplir impunemente muchos de los aspectos de la Agenda 2030: sin embargo, si eres un país dependiente de las ayudas internacionales, no tienes alternativa”.

 

Y no se crea que la Argentina está exenta de los efectos de este discurso ambientalista: varias provincias argentinas han vedado o frenado proyectos de explotación minera por estos motivos. Un ejemplo es Chubut, que en 2021 había aprobado la producción de plata y oro y otros minerales en su meseta central, pero a raíz de protestas violentas contra la legislatura terminó vetando la ley y cerrando el camino al desarrollo de una región con gran potencial.

 

“A pesar de sus pretensiones, incluso quienes promueven la Agenda 2030 son conscientes de que muchas de sus metas son inalcanzables”, dice NEOS. La pregunta que se impone es: ¿qué pretende realmente la Agenda 2030?

 

Ésta establece de modo muy detallado, “las actuaciones (a) desarrollar para su efectiva realización, cómo medir su progresiva implementación y la forma en la que se seguirá y observará su cumplimiento”. Es decir que, si bien se la sabe irrealizable, se fijan mecanismos para su aplicación y control. ¿Con qué finalidad?

 

Una agenda ordena prioridades. Entre ellas, no se encuentra la familia por ejemplo, que en ningún momento es mencionada. “La palabra padre no aparece en la Resolución y la palabra madre sólo se emplea para referirse a la ‘madre tierra’”, dice el informe. Además de feminista y ambientalista, la Agenda es antiespecista (la ideología que da origen al veganismo) y de paso panteísta. Como dice Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, se cree en cualquier cosa…

 

En el punto titulado “La visión antropológica de la Agenda 2030″, la fundación denuncia la promoción de “un sometimiento de toda la humanidad al bien superior de la “madre tierra”. “Toda forma de vida debe ser aceptada, promovida, protegida en pie de igualdad o, incluso, insinuando un lugar inferior para la humanidad”, agrega.

 

Para el antiespecismo, no existe diferencia entre el humano y el animal en materia de derechos; los animales tienen “conciencia”, aseguran. No se trata de respeto ni de la protección de los animales, sino de la degradación de la condición humana.

 

Otros rasgos de la antropología de la Agenda que enumera el documento son:

 

-el individualismo (el ser humano como “un ser asocial, como un individuo solitario”;

-el intervencionismo, que “nace de la desconfianza en la libertad humana: el hombre debe ser dirigido a su destino por unas élites (...)”;

-el totalitarismo, “todo aspecto de la vida de las personas tiene que estar bajo control para garantizar que se avanza por el camino correcto”;

-el globalismo, pues el dirigismo “exige eliminar las cortapisas al control global de la población”, en primer lugar, “las soberanías nacionales”;

-el ecologismo/ climatismo, “el ser humano es un componente más de nuestro medio; en ningún caso, superior a otros”.

 

Una “agenda” es además un imperativo, un programa. La Agenda 2030 es impuesta como verdad revelada a todos los países. Sus objetivos no se cumplirán, pero sirven para crear una red de influencia y control sobre las políticas gubernamentales y, más todavía, sobre el pensamiento y el discurso público referido a estas temáticas.

 

“En la implementación no son sólo los países los que están involucrados -explica el documento-. Cada vez tienen más peso los llamados stakeholders (partes interesadas) que, en teoría, son exponentes de la sociedad civil con capacidad de influencia en la ONU”. “El tema -advierten- es que no cualquiera tiene esta capacidad. En realidad, los únicos que pueden acceder a la categoría de stakeholder son organizaciones y fundaciones con muchísimo dinero. Los multimillonarios pueden así, gracias a la Agenda 2030, imponer sus preferencias sobre las naciones soberanas”.

 

La Agenda 2030, dice Neos, “no distingue entre Estados de Derecho, tiranías o regímenes que conculcan los derechos humanos”, pese a que, “por ejemplo, para acabar con el hambre en Corea del Norte no hay que cambiar el tipo de cultivo ni apostar por la agricultura biodinámica, sino empezar por derrocar la tiranía comunista”.

 

La aplicación de la Agenda 2030 en Iberoamérica se realiza a través del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, “una estructura de implementación y control permanente que socava la soberanía y los procesos democráticos de los países de la región”, subraya el documento.

 

Poco después de la creación de ese Foro (2016), en Argentina, un decreto presidencial estableció que “en atención a lo aprobado por la Asamblea General de la ONU”, era “necesario designar un organismo encargado de coordinar las acciones necesarias para su efectivo cumplimiento (de la Agenda 2030)” y la elección recayó sobre el “Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales” que hoy depende del Ministerio de Capital Humano.

 

El decreto, firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Carolina Stanley, invitaba a las provincias y municipios, “así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil y del sector privado, con competencias y/o intereses en la materia, en pos del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos”.

 

En un video institucional, la Auditoría General de la Nación explicó que “cada uno de los planes y proyectos de gobierno deben ser referidos, modificados, adaptados o reinterpretados a uno o varios de los diecisiete ODS”. O sea, una aceptación sin objeciones ni reservas. La Argentina ya presentó dos informes a la ONU sobre cómo estamos aplicando los ODS.

 

La Auditoría General de la Nación presenta la Agenda 2030

“La implementación de la Agenda 2030 busca, en esta etapa, un arraigo tal en la cultura local que asegure que el compromiso con ella se cumplirá aunque cambien los gobiernos”, dice el informe de la fundación de Mayor Oreja. En la Argentina nos encontramos en uno de esos momentos de recambio administrativo. Todavía es pronto para saber si el camino será de continuidad o de cambio en esta materia.

 

Decía el documento de NEOS: “No se trata de no querer reducir el hambre o la pobreza, sino de denunciar el engaño de que ése sea el principal objetivo de la Agenda 2030. Hay que ser claros en afirmar que existen formas mucho mejores de lograr aquellos objetivos formalmente buenos que propone la Agenda 2030, pero sin tener que ser víctimas del contrabando ideológico”.

 

En ese mismo sentido, Bjorn Lomborg y Jordan Peterson hacían algunas propuestas razonables y concretas, por ejemplo: “El hambre golpea con más fuerza en los primeros mil días de la vida de un niño, desde la concepción y durante los dos años siguientes. Podemos suministrar eficazmente nutrientes esenciales a las madres embarazadas. El suministro diario de un suplemento multivitamínico/mineral cuesta poco más de 2 dólares por embarazo”.

 

Y preguntaban con toda lógica: “¿Por qué no tomamos primero este camino?” No sin indulgencia, respondían: “Porque al intentar complacer a todo el mundo, gastamos un poco en todo, ignorando esencialmente las soluciones más eficaces”.

 

El documento de NEOS concluía: “Estos objetivos (de la Agenda 2030) se pueden lograr desde el respeto por la dignidad de las personas, las soberanías nacionales y las tradiciones religiosas, incorporando todos los elementos constitutivos de la persona humana, tanto interiores como relativas a su vida en sociedad, empezando por la familia”.

 

“Por lo tanto -remataba-, paradójicamente, si se quiere lograr todo lo que la Agenda 2030 dice ansiar conseguir, hoy por hoy, lo más prudente es oponerse a ella”.

jueves, 28 de marzo de 2024

VICIOS DEL CULTO A LA CONSTITUCIÓN


 

POR MARTIN BUTELER

 

La Prensa, 24.03.2024

 

Se ha dicho que en nuestro país la Constitución Nacional es objeto de un culto que no tiene semejante en otros lugares del mundo. Sea lo que fuere de ello, se trata de un asunto que amerita una perenne reflexión, de suyo trascendente al orden del derecho positivo, propio en este caso de los constitucionalistas, abocados al estudio e interpretación del texto vigente.

 

En efecto, la sanción del texto original, allá por 1853, fue un acontecimiento de carácter esencialmente político, inteligible a la luz de la historia nacional que le sirvió de antecedente y marco; y que expresó, en este sentido, el triunfo de un determinado proyecto de nación sobre otro, con profundas implicancias ideológicas. Ignorarlo, o pretender que se trató de un evento aséptico, que dio sencilla y pacíficamente a luz los fundamentos sagrados de la Nación Argentina, conlleva la marginación de todo análisis crítico, que la realidad argentina desde entonces impone como una necesidad.

 

EL MALDITO

 

El carácter totémico del texto constitucional, antes apuntado, ha traído como consecuencia la inapelable condenación (¿ya felizmente superada?) de quien fuera a nuestro entender uno de los más grandes próceres de nuestra historia, a saber, Juan Manuel de Rosas; “el maldito de la historia oficial”, al decir de Pacho O´Donnell, que así subtituló su popular biografía de “El Restaurador de las Leyes”.

 

En efecto, la real o supuesta resistencia de Rosas a la adopción de una constitución formal escrita durante su largo gobierno, ha sido retorcida en su contra sin matiz alguno; con la lamentable consecuencia de no profundizarse su rico pensamiento en la materia. Ello agravado por la inclusión en el texto constitucional de la cláusula, todavía vigente, del art. 29, que gravita como un estigma sobre su figura, pese a haber asumido aquél sus omnímodos poderes (facultades extraordinarias y suma del poder público, sucesivamente), sin excepción, por expresa disposición de la Sala de Representantes, y no en virtud de acto de fuerza alguno.

 

Los prejuicios inveterados, de este modo, han terminado por clausurar toda sana discusión, sin que las sucesivas reformas (ya llevamos siete: 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1972 y 1994), y las numerosas y frecuentes interrupciones debidas a golpes de estado y gobiernos militares de facto (cinco, de 1930 a la actualidad), nos hayan traído de vuelta la pregunta acerca del régimen político adecuado a nuestra realidad. Naturalmente, no se trata ya de algo susceptible de replanteamiento, como lo fue hasta 1853, sino sustancialmente irreversible; pero ello no empece la utilidad de una reflexión más profunda sobre el particular, corroborada por la actualidad política de aproximadamente los últimos 200 años.

 

Con la agudeza que caracterizaba todas sus reflexiones sobre el acontecer nacional, señalaba el P. Leonardo Castellani: “La inestabilidad traba decisivamente el progreso de cualquier país, pues no es sino falta de gobierno y guerra civil fría... La Argentina políticamente se halla en estado de pecado mortal; no existe en ella la causa eficiente de una nación, es decir, la autoridad; o sea, llanamente, el Estado sólido” (Lugones-Esencia del Liberalismo-Nueva Crítica Literaria, Ediciones Dictio, 1975, pp. 87-88).

 

Escribía Castellani con varias décadas de Constitución a cuestas, y constataba algo que quizá con mayor razón podríamos verificar hoy, otras tantas después. Ya había señalado Rosas el peligro, desde otro ángulo, en su famosa carta a Facundo Quiroga: “es en vano clamar por el Congreso y por Constitución bajo el sistema Federal, mientras cada Estado no se arregle interiormente y no dé bajo un orden estable y permanente pruebas prácticas y positivas de su aptitud, para formar federación con los demás; porque en este sistema el gobierno general no une sino que se sostiene por la unión” (20 de diciembre de 1834).

 

En síntesis, no basta la adopción de modelos foráneos (particularmente franceses y anglosajones), para dar solución al problema político nacional. Ello ha sido una tentación recurrente para las clases dirigentes e ilustradas de nuestro país de todos los tiempos, y aunque no se les puedan desconocer algunos éxitos, el fracaso está a la vista. No podía ser de otra manera, habida cuenta de los prejuicios ideológicos que están en la base del prurito extranjerizante antes denunciado.

 

¿Qué era, en el fondo, lo que sostenía el Restaurador? Que por encima de cualquier texto escrito (constitución formal), se debe atender a la constitución material e histórica, forjada lentamente a través del tiempo, mediante usos y costumbres que tienen una innegable dimensión jurídica (también normas escritas).

 

Si bien claro está, como dijimos antes, que la historia constitucional argentina nos muestra un proceso irreversible, un poco de claridad al respecto deviene indispensable, pues es evidente que la sanción de la Carta Magna no fue, ni sus reformas posteriores, el expediente apto para traer orden y estabilidad duraderas, por complejas y múltiples que se entiendan ser las causas de nuestra decadencia. Argentina no es Alemania, ni Francia, ni Inglaterra; es lógico, por tanto, que un idéntico sistema no funcione de la misma manera aquí y allá, siendo de elemental buen sentido tomar nota de las diferencias, y un funesto sinsentido la pretensión de suprimirlas.

 

DIVISION DE PODERES

 

Vamos con algún ejemplo, antes de terminar. Y para ello tomemos uno de los pilares del régimen constitucional republicano: la división de poderes. La posibilidad de conflicto es una debilidad inherente a la misma, pero esta posibilidad viene aquí agravada, no solo por nuestra particular idiosincrasia, sino también ahora por la desmedida expansión que a nuestro entender ha asumido la función judicial. De modo que al nivel de conflictividad que existe en un país como el nuestro entre los poderes políticos, sumamos el que entraña una suerte de co-gobierno de los jueces (desde el más humilde de los magistrados hasta la Corte Suprema), al amparo de un control de constitucionalidad de límites y alcances desconocidos; más que co-gobierno, por cierto, sería el desgobierno de que hablaba Castellani. ¿Es esto lo que pregonan los paladines de la democracia?

 

“Diálogo” y “consenso” como fines en sí mismos, y no ordenados al bien común, verdadero y único fin de la comunidad política, no conducen sino al caos (eufemísticamente le llaman “inseguridad jurídica”). No se trata de convertir al Congreso en escribanía del gobierno de turno, o al Poder Judicial en su corte de amanuenses; pero sí de advertir que el estricto apego a la formalidad constitucional no es genuino entre nosotros, y quizá ni siquiera posible. La experiencia política de siglos lo evidencia, y no debería ello sorprendernos en pueblos de tradición latina e hispánica como el nuestro, más propensos a consagrar la figura de un líder fuerte y con poderes vastos (piénsese en el “caudillo”, por ej., pero no exclusivamente), sin por ello caer en el centralismo, ni incurrir en el “atraso” que nos endilga la leyenda negra anti-española.

 

Todo lo señalado no implica desconocer los méritos del texto constitucional histórico y aún del vigente; tampoco cuestionar su autoridad como norma superior del ordenamiento positivo, pese a las críticas que legítimamente se le puedan hacer. Nuestro análisis obedece más bien a lo que entendemos la necesidad de pensar la realidad política argentina desde una perspectiva más amplia, y por lo mismo también más realista. Es lo que hicieron nuestros grandes próceres, y debe realizar en su tiempo cada generación.

miércoles, 27 de marzo de 2024

LA NEGRA PUDRICIÓN

 DE LA MERLUZA NEGRA


César Augusto Lerena

 

STDP, marzo 27, 2024

 

La cuestión no se limita a una violación de la ley del empresario chino Liu Zhijiang, titular de la empresa PRODESUR SA, que le indicó al capitán de su barco que pescase Merluza Negra sin disponer de cuota y además capturar y procesar un 55% de juveniles; es decir, ejemplares de menos de 90cm que no han alcanzado la primera madurez sexual para reproducirse, cuando tienen unos 9/10 años (peces marinos de Argentina, INIDEP, 1999) y asegurar a perpetuidad la sostenibilidad de esta especie y de las que intervienen en su cadena alimentaria en el ecosistema.

 

Este no es un hecho aislado, es solo, un “caso testigo” del descontrol que impera en la pesca y, son muchos los responsables anteriores y actuales, en el campo privado y público.

 

La política

La Ley 24.922 (1998) está vetusta; propicia el extractivismo, no promueve una administración sostenible y sustentable al no regular sus tres ejes principales: la investigación, la conservación (control) y la distribución equitativa; ni se afecta a éstos los recursos económicos derivados de los derechos de captura.

 

Además, no se ha llevado adelante ninguna acción respecto a la pesca en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. ¿Cómo puede otorgar el Consejo Federal Pesquero (CFP) permisos para pescar en la ZEE a empresas del Estado chino, mientras buques igualmente del Estado chino pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar?

 

Y, ¿cómo el CFP admite la radicación en la Argentina empresas de capital español mientras otras de la misma nacionalidad pescan ilegalmente en Malvinas? El CFP debe reformularse para asegurar un manejo cristalino y equitativo de los recursos. Modificarse y modernizar la ley.

 

Sin embargo, no confundamos, el proyecto de modificar la ley por parte del actual gobierno hubiese agravado el descontrol de la actividad a partir de extranjerizar la explotación de los recursos en la ZEE; no exigir el desembarco en los puertos nacionales; no requerir ninguna antigüedad a los buques (el buque Tai An tiene 43 años) ni tripulación argentina, lo que hubiera agregado más evasión y trabajo esclavo.

 

Aparecen como responsables quienes han defendido este proyecto que agregaba además de un atraso de 100 años más caos al actual: la Canciller Diana Mondino; el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el Diputado Bertie Benegas Lynch, son aún promotores de la liberación del mar y de la reforma de la Ley Ómnibus. Están ajenos a la preocupación mundial de cuidar la soberanía de sus mares y ríos troncales.

 

La Autoridad de Aplicación

Son responsables del descontrol todos los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy de Bioeconomía) que delegaron en el Subsecretario de Pesca su condición de Autoridad de Aplicación. Igualmente son responsables los subsecretarios que presiden el Consejo Federal Pesquero (CFP) que demostraron su incapacidad para establecer la política pesquera, conforme establece la ley.

 

En este caso de la pesca ilegal de Merluza Negra, el secretario Fernando Vilella, el subsecretario Juan Antonio López Cazorla y el director de Fiscalización Pesquera Julián Suárez, quienes violaron la ley Pesca (24.922, art. 7º; 17º; 20º; 21º; 23º; 27º; 28º; 32º; 49º; 55º a 62º) y en particular el 55º cuando no se exigió el inmediato destino a puerto del buque infractor y, debería confirmarse, si fue Vilella quien ordenó no cumplir la exigencia de la ley; aunque ello, no deslindaría la responsabilidad de López Cazorla, quién como presidente del CFP, no pudo admitir presión alguna.

 

El 14 de septiembre de 2023, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunciaba pomposamente: “El Certificado de Trazabilidad de Transacciones Comerciales y el Parte Final de Producción a bordo de Merluza Negra (Disp SSPyA 186/2022) permitirá consolidar internacionalmente las exportaciones desde nuestro país” y, continuaba “la Argentina se encuentra a la vanguardia en materia de gobernanza y administración pesquera. Ha sido reconocida a nivel internacional por Chile, Japón y la Unión Europea”.

 

¡Alicia en el País de las Maravillas! con un descarte del 30% (INIDEP, FAO, AGN), prohibidos en Argentina en 1998 y en la Unión Europea en 2004 no pueden admitirse más. Mucho marketing y una Administración poco transparente y eficaz y un empresariado que no está a la altura del mundo moderno que exige el cuidado del medio marino y la pesca.

 

La Cancillería

No encontramos ninguna razón para que un representante de este Ministerio integre en forma permanente el CFP; diplomáticos que, en todo caso, debieran intervenir en cuestiones vinculadas a las explotaciones pesqueras en las aguas de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y en los espacios marinos relacionados a la Convención de los recursos vivos marítimos antárticos. Flojos de papeles en estas materias.

 

La Canciller Diana Mondino y la secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro, al igual que los funcionarios de Agricultura, Ganadería y Pesca y el CFP, deberían explicar porque no aplican desde 1976 a la fecha la Ley 24.922 y 27.564 y sancionan a los buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos que pescan ilegalmente en Malvinas los recursos pesqueros argentinos comprometiendo la sostenibilidad de todo el ecosistema.

 

No se puede garantizar sostenibilidad de los recursos en la ZEE sino se acciona sobre estos buques y se han llevado, a un promedio de 250.000 toneladas por año, unas 11.750.000 por un valor estimado en 47 mil millones de dólares.

 

Ahora, no se entiende, por qué la Canciller Mondino habría designado, además de Coordinador del Ministerio de Relaciones, representante ante el CFP (un asiento habitualmente ocupado por diplomáticos) a quien sería su sobrino político Pablo Ferrara, un abogado que carece de todo conocimiento marítimo y pesquero, quien habría sido quien presionó al referido director Suárez.

 

Sobre esto nos formulamos las siguientes preguntas: ¿puede un funcionario de menor jerarquía de Cancillería impedir por sí la acción de un Secretario de Estado como Vilella o fue una orden de la Canciller? ¿Cuál sería la motivación para impedir el método de control de un buque pesquero que se presumía que estaba realizando pesca ilegal? ¿Hay algún vínculo entre la pesca ilegal que realizaba el buque Tai An con la pesca igualmente ilegal de esta especie que realizan sus nacionales chinos en alta mar y con otros buques en Malvinas? ¿Forma parte de la política de liberar el mar?

 

 

Economía

Dos nombres de Toto Caputo suenan para integrar el CFP. En otro momento no hubiese sido mejor noticia que Economía se interese por la pesca. Hoy es distinto. Ya no importa si saben o no de la materia, la cuestión pareciera ser desregular el mar y, ¿el sector? mandando notas o visitando diputados. Atrasan.

 

La empresa Prodesur y las empresas

No somos ingenuos. Al margen del gravísimo daño del ecosistema que una empresa provoca si captura sin cuota Merluza Negra y el daño económico que le podría provocar este hecho a quienes sí disponen de cuota para pescarla, hay una cuestión de intereses: 3.700 toneladas anuales otorgadas a tres empresas nacionales de capital extranjero Argenova, Estremar y Pesantar, un negocio de entre 70 y 90 millones/año.

 

No es frecuente que empresas pesqueras concesionarias denuncien a otras, por aquello de que “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. La detección de irregularidades debiera estar en manos del gobierno; pero, no obstante, las empresas y las Cámaras empresarias debieran promover y contribuir en la regulación y con sistemas, que den mayores garantías de sostenibilidad, sustentabilidad, equidad y transparencia al conjunto de la actividad.

 

Por ejemplo, es fácil evaluar, que 5 toneladas de Merluza Negra son más valiosas que 50 toneladas de Surimi, para lo que estaba autorizado el buque Tai An; por lo cual la captura de Merluza Negra, más que pesca incidental es una pesca objetivo. ¿A quién se le pasa por alto esto?

 

El portal de Prodesur dice: «el buque captura y procesa especies como Merluza Negra…haciendo una explotación sustentable de los recursos marinos». Es obvio que la captura de Merluza Negra era una pesca objetivo y no incidental, salvo para la Autoridad de Aplicación y el resto de las empresas.

 

Por otro lado, porqué las Cámaras no le exigen al gobierno que vea si hay buques en la Argentina con doble registro que les evita pagar derechos de importación, por ej. China o porqué hay empresas de nacionalidad china y otras que facturan por debajo del valor internacional. La autogestión, los planes HACCP, las Certificaciones, son un marketing caro que nos genera dependencia. Ellos nos dirán quién exporta y a qué precio.

 

Los gremios

 

No pueden seguir admitiéndose pagos en negro ni “coparticipaciones” que distorsionan en favor de unos pocos los salarios de los trabajadores y oscurecen costos y utilidades empresarias en la actividad.

 

La Prefectura Naval Argentina

 

¿Quién se ocupa de la seguridad en el mar? El portal de esta Institución indica: “Autoridad Marítima; cumple funciones de policía de seguridad de la navegación; protección ambiental; policía judicial; auxiliar pesquera; aduanera; migratoria y sanitaria”. ¿Dónde estaba la PNA para preservar el medio marino y la sostenibilidad de las especies cuando el buque Tai An pescaba ilegalmente Merluza Negra?

 

Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea consideran a la pesca ilegal desde el 2014 un problema de seguridad nacional y, la pesca argentina, ya tiene antecedentes de narcotráfico, en 1988 la operación langostino (600Kg de cocaína); en 2005 pez blanco (500Kg); en 2006 merluza blanca (387Kg); en 2013 langostino (110Kg); en 2015 calamar (49Kg).

 

Si la prefectura no puede controlar la pesca ilegal dentro de la ZEE, a los transbordos y en la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas evitando la pesca de arrastre de fondo por parte de buques extranjeros, hay que transformarla en una fuerza capaz de hacerlo. Hoy no lo hace -por más spots de TV- y, el caso testigo “Merluza Negra” se muestra su ineficiencia e ineficacia.

 

Los Observadores e inspectores

 

¿Dónde estaban o a quién respondían? No es posible pescar 163 toneladas de Merluza Negra en un solo lance. ¿No sabían estos funcionarios que el buque no tenía cuota y que se capturaban juveniles? ¿Tal vez confundían la especie o no estaban capacitados? En los ambientes portuarios se dice que “el sistema funciona de otra forma”, como suele ocurrir en la inspección de un local, pero en el mar.

 

SENASA, AFIP y Aduana

 

El día que se crucen los partes de pesca, se inspeccionen a “cara de perro” los desembarques y no haya sustituciones o las balanzas estén desequilibradas; los transportes; los ingresos a las plantas procesadoras o los transbordos; se controlen en serio los stocks de cámaras; se analicen los rendimientos de productos terminados a bordo y en tierra; las materias primas que circulan por plantas fasoneras y cooperativas; los consumos internos y la exportación y, todos los productos circulen certificados, las estadísticas serán otras.

 

En   este caso, de la Merluza Negra, pero también importante es la relación merluza común-langostino; SENASA ya debería estar coordinando un operativo conjunto de los tres organismos para verificar las toneladas de Merluza Negra que están depositadas en las Cámaras Frigoríficas y cuántas de éstas tienen una talla superior a 90 cm.

 

A SENASA y a las delegaciones de la Subsecretaría de Pesca habría que agregarle que su descrédito y la falta de confianza internacional en estos organismos genera la dependencia del país en certificadoras extranjeras.

 

El pescado se pudre por la cabeza. Todo está por hacerse, que sea antes que se lo lleven otros.