viernes, 31 de julio de 2015

LA LEY QUE SE PRESUME CONOCIDA, ¿LO ES?


Por Carolina Granja y Damián Pertile - Carolina Granja es Magíster en Gestión Política, Esp. en Derecho Judicial y de la Judicatura, Lic en Comunicación, Abogada.
 Damián Pertile es Docente Universitario, Abogado.

La Voz del Interior, 29 de julio de 2015 

Nada se dice sobre las profundas modificaciones que marcarán las relaciones jurídicas de los argentinos ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.

En definitiva, forma parte de lo que la programación del contenido mediático o agenda setting nos muestra. Ya lo señalaba Bernard Cohen (1962): “La prensa quizás no sea eficaz en decir a la gente cómo pensar pero es asombrosamente exitosa en decir a sus lectores en qué pensar”.

Ahora bien, un Código con un importante impacto social está presto a ser aplicado. En los tribunales del país se realizan foros de debate jurídico, existen encuentros abogadiles donde se estudian las posibles implicancias inmediatas.

Pero, ¿alguien comentó al actor principal de este gran cambio normativo qué sucederá con su vida de relación de aquí en más? ¿Cuánto se informó a ese ciudadano que convive, se casa, se divorcia, procrea, hereda, se endeuda, dona, contrata o fallece? ¿Sobre quiénes debería recaer esa necesaria tarea de informar, instruir o educar en derechos?

El Estado pareciera haberlo dejado en un segundo plano y, los medios de comunicación, haber dado mayor cobertura periodística a la discusión del proyecto que modificó nuestro Código Civil que a su implementación misma. 

Hay una realidad: el Estado, a través de un gobierno y sus distintas funciones, al diseñar y gestionar políticas públicas debe garantizar también su difusión a lo largo de todo el proceso.

Más aún cuando aquéllas tienen un impacto decisivo en la vida social. Bien sabemos, por ejemplo, que si existe una campaña de vacunación infantil, desde el Ministerio de Salud se invertirá en publicidad para difundir dónde y cuándo los padres o tutores deberán llevar a sus niños a vacunar.

Sin esa necesaria difusión, la política pública estratégicamente diseñada indudablemente no encontraría el éxito esperado. Trasladémoslo a los recursos informativos con que cuenta cada ciudadano frente a la inminente aplicación del nuevo Código Civil. 

La discusión excede a si se está o no de acuerdo con esta reforma, pues lo cierto es que se trata de una ley y, como tal, se presumirá conocida por todos, aunque a nadie se haya informado mínimamente al respecto. Claro está, siguiendo el razonamiento que aquí se pretende exponer, que es el Estado en sus diversas órbitas el que debe velar por una difusión clara de las modificaciones normativas básicas, aptas para guiar jurídicamente las relaciones sociales. Para ello es preciso educar en derecho, o en los nuevos derechos, obligaciones y responsabilidades ciudadanas, si se quiere.

Esto no significa pretender transformar un ciudadano común en un experto jurista sino, más bien, mínimamente programar espacios mediáticos o “micros” (con pauta publicitaria) de breves minutos donde se explique a grandes rasgos y en un lenguaje llano y apropiado para una correcta comprensión, acerca de los principales cambios y cómo estos repercutirán en cada realidad.

Velar por ello es responsabilidad del Estado, aunque no exclusiva ni excluyente, dado que los medios masivos de comunicación deben acompañar en ese proceso no sólo como portavoces informativos sino también como propulsores de dudas e inquietudes ciudadanas, como canales eficientes de verdadero diálogo entre mandatarios y mandantes sobre “la cosa pública”. 

Marcados esfuerzos comunicacionales se han desplegado para legitimar la reforma en cuestión, pero ello no debe dejarse abandonado allí para ser tomado por quien quiera o pueda interpretarlo en la medida de su propia necesidad. 

Es un imperativo y clamor de nuestros tiempos: la existencia de una planificación comunicacional estatal capaz de formar ciudadanos en el apropiado uso de las herramientas que el Derecho ha diseñado, partiendo de la noble pretensión de adecuar la normativa a aquellos cambios que previamente se han insertado en nuestra propia cotidianidad familiar y social.

jueves, 30 de julio de 2015

NUEVO CÓDIGO CIVIL

 el impacto en la vida cotidiana de los argentinos

Por Evangelina Himitian y Soledad Vallejos 
| LA NACION, 30-7-15

A partir de pasado mañana cambiarán las reglas de juego en la vida cotidiana. Ya nada será igual ante la ley: nacer, casarse, tener hijos e incluso morir. Ese día entrará en vigor el nuevo Código Civil de la Nación, que es a la vida privada lo que la Constitución Nacional es a la pública, según las propias palabras de su ideólogo, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

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Ver más:

EL NARCOTRÁFICO Y LA CAMPAÑA ELECTORAL


Las propuestas de los candidatos se basan en lo que la opinión pública quiere escuchar, sin tener en cuenta la evidencia empírica. Cualquier política contra el narcotráfico debería cimentarse en una visión estratégica, en donde predomine la coordinación entre las distintas agencias del Estado y entre los diferentes niveles de gobierno.

Por Martín De Simone
Politólogo

Alfil, 30-7-15

La inseguridad es desde hace tiempo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y la provincia de Buenos Aires es el distrito que más la sufre. En plena época de campaña, se espera que los candidatos propongan soluciones. Aquí pretendo hacer referencia a algunos de los postulados que más resonancia han tomado en las últimas semanas, relacionados en particular al narcotráfico, que tuvo una mayor relevancia en el debate.

Durante los últimos días ha regresado a la agenda el interrogante respecto de si Argentina es o no productora de estupefacientes, de la mano de candidatos que afirman que nuestro país sigue siendo únicamente una zona de tránsito de drogas. Resulta al menos llamativo que esta discusión siga en agenda cuando hay informes oficiales que se inclinan claramente por afirmar la existencia de cierto nivel de fabricación de estupefacientes en el país. 

Así, por ejemplo, la SEDRONAR (2011), en base a un conjunto de causas judiciales, infiere la existencia de al menos cuarenta y tres centros de procesamiento ilícito de estupefacientes: el 68% vinculado a la adulteración o fraccionamiento y el 32% a la fabricación ilícita. De igual manera, según la información pública otorgada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en sus informes al Congreso, entre los años 2000 y 2006, según las estadísticas de la Base de Datos Estadísticos de Procedimientos por Infracción a la Ley 23.737, se informaron un total de 80 centros de procesamiento ilícito. En el período 2000-2012 el 69% de los centros se hallaron en Buenos Aires, y un 12% en la CABA (JGM, 2014).

Por supuesto que por cuestiones naturales las primeras etapas de producción de algunas drogas no pueden realizarse en Argentina. Pero esto no implica que no se realicen etapas posteriores, como la fabricación y adulteración, ni que se dejen de fabricar drogas sintéticas, que no requieren de condiciones naturales específicas y cuya producción se ve favorecida por el desarrollo de la industria química argentina y por la escasez de controles.

Por otro lado, los datos también muestran que la disponibilidad y el acceso a las drogas se han incrementado. Un reciente estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública (2015) muestra que, entre los países de la región, Argentina tuvo el mayor porcentaje de encuestados que considera que el narcotráfico ha aumentado en los últimos cinco años (92%). Asimismo, de acuerdo a un flamante informe de la UADE (2015), en el área metropolitana un 31% de los encuestados afirma conocer lugares de venta de drogas, mientras que en 1989 sólo un 6% lo hacía.

Las distintas fuentes, y los datos oficiales y públicos, parecen zanjar la discusión en torno a si Argentina produce o no drogas, y a si el acceso a estupefacientes se ha vuelto más sencillo.
Las soluciones que han propuesto los candidatos para el problema de la inseguridad y el narcotráfico son variadas. Dentro de las propuestas más institucionales, ha tomado amplia difusión la de crear un Ministerio provincial contra el narcotráfico, así como una agencia con el mismo objetivo. Aquí es necesario tener en cuenta que los grupos abocados al crimen organizado cuentan con un amplio poder de adaptación, y perseguir únicamente al narcotráfico implicaría que las mismas estructuras criminales se dediquen a cometer otros delitos. 

Los grupos criminales deben concebirse como empresas que logran su cometido mediante actividades ilícitas. Estas empresas cuentan con estructuras que, de verse imposibilitadas de dedicarse al negocio narco –que es, por cierto, el más rentable- mutarán a otras actividades. Cualquier persecución criminal contra estos grupos debe realizarse desde un enfoque amplio y multi-agencial, porque en el caso contrario se corre el riesgo de que el delito se desplace a modalidades aún más deletéreas para la sociedad.

Otros candidatos han insistido en la necesidad de reforzar el rol de las policías municipales. Se presenta a estas fuerzas como una herramienta para luchar contra el narcotráfico “desde cerca”. Pero el crimen organizado posee una dimensión cada vez más transnacional, por lo que enfocarse en combatirlo desde el ámbito local parece poco adecuado. La experiencia internacional muestra que las instituciones descentralizadas a nivel local suelen ser más vulnerables a los procesos de captura, penetración y cooptación por parte de grupos criminales, que pueden comprar voluntades a costos menores. El caso más paradigmático es el de México, que ha emprendido un proceso de centralización en reemplazo de sus más de mil ochocientas policías municipales, que se han demostrado absolutamente ineficaces.

La descentralización no solo se ha demostrado ineficiente en el ámbito de las policías. La Ley Nº 26.052, sancionada en 2005, estableció la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. Buenos Aires se encuentra entre las provincias que adhirió a la ley y un reciente informe del Ministerio Público Fiscal (2014), que analiza el impacto de la aplicación de la ley en la provincia, muestra que se incrementó la persecución de la tenencia simple, la tenencia para consumo personal y la comercialización en pequeña escala, sin que ello derive en una mayor persecución de los tipos penales más complejos. Por el contrario, la posibilidad de la Justicia Federal de acceder a ilícitos más complejos se redujo. Son claras las muestras de que la desfederalización no contribuye a menguar el narcotráfico y perjudica a los eslabones más bajos de las cadenas criminales, que son en general jóvenes sin recursos, fácilmente reemplazables como mano de obra. Sin embargo, varios candidatos a la gobernación bonaerense siguen defendiendo la adhesión a la ley.

Esa defensa suele estar acompañada por propuestas que buscan terminar con la oferta, enfocadas sobre todo en eliminar los pequeños puntos de expendio de estupefacientes. Lo que no toman en cuenta estas ideas es que mientras las estructuras criminales se mantienen intactas, estos puntos de venta se reproducen a toda velocidad. Así, el combate contra el narcotráfico se vuelve absolutamente ineficiente y apunta contra los sectores más vulnerables.
En suma, un breve repaso por las propuestas más resonantes contra el narcotráfico, muestra que las mismas no suelen tomar en cuenta la evidencia empírica, sino que más bien se basan en pre-conceptos o, en el mejor de los casos, en lo que las encuestas dictan que la opinión pública desea escuchar. Cualquier política contra el narcotráfico debe cimentarse en una visión estratégica en donde predomine la coordinación entre las distintas agencias del Estado y entre los diferentes niveles de gobierno. Al fin y al cabo, más allá de lo que prime en las campañas políticas provinciales, el combate al narcotráfico es una atribución del gobierno federal. 

Las políticas públicas contra el crimen organizado deben tener un enfoque más preventivo que reactivo, y tener como objetivo fundamental la reducción de daños, lo que necesariamente implica dejar de concebir a la lucha contra el narcotráfico como una tarea únicamente policial. Las políticas sanitarias, sociales, educativas, la regulación de los flujos financieros y la política exterior para lograr una coordinación regional son incluso más relevantes.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de fortalecer la calidad de las instituciones estatales. La expansión del narcotráfico, así como de otras formas de crimen organizado, está inexorablemente ligada a la corrupción, por lo que cualquier política que no se sustente en instituciones transparentes que contengan órganos de control robustos, está condenada al fracaso.

Fuentes
SEDRONAR. Centros de Procesamiento Ilícito de Estupefacientes en Argentina. Un análisis a partir de los casos judicializados, marzo de 2011
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Informe N° 83 al Senado de la Nación, marzo de 2014.
Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas & Opinión Pública. Estudio anual sobre políticas de drogas y opinión pública. América Latina 2014-2015, 2015.
Centro de Investigaciones Sociales – Fundación UADE. Opiniones y percepciones sobre el narcotráfico y el consumo de drogas en la Argentina, junio de 2015.

Ministerio Público Fiscal – Procuraduría de la Narcocriminalidad. Informe Estadístico sobre Narcocriminalidad. Sobre la distribución de causas iniciadas por estupefacientes, población y empleados en el Ministerio Público Fiscal, Año 2012. 2014.

miércoles, 29 de julio de 2015

DOCUMENTO QUE CONFIRMA POSICIÓN DEL VATICANO

  
Esta declaración ratifica el criterio ecologista sobre el calentamiento global: que es provocado por el hombre. Tesis rechazada por muchos científicos, como se documenta en "Comentarios sobre la encíclica Laudato Sii", publicada en este blog.
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“Esclavitud moderna y cambio climatico: el compromiso de las ciudades”

Declaración de la Cumbre Mundial de Alcaldes con el Vaticano, organizado por las Academias Pontificias de las Ciencias y de las Ciencias Sociales (22 de julio de 2015)

Aica, 29-7-15

Los abajo firmantes nos hemos reunido aquí, en la Academia Pontificia de las Ciencias y la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, con el objeto de abordar dos dramáticas emergencias correlacionadas: el cambio climático inducido por el ser humano, y la exclusión social en las formas extremas de radical pobreza, de la esclavitud moderna y de la trata de personas. Hemos llegado hasta aquí desde diversos ámbitos y diferentes culturas, y somos así el fiel reflejo del deseo, compartido por toda la humanidad, de paz, felicidad, prosperidad, justicia y sostenibilidad ambiental.

Siguiendo cuanto afirma la encíclica Laudato si', hemos considerado la abrumadora evidencia científica que confirma la existencia de un cambio climático provocado por el ser humano, al igual que la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad de los más pobres a los desastres económicos, sociales y ambientales.

Ante las urgencias planteadas por el cambio climático antropogénico, la exclusión social y la pobreza extrema, es nuestra intención declarar lo siguiente, fruto de nuestro consenso. El cambio climático antropogénico es una realidad científicamente comprobada, y su efectivo control es un imperativo moral que alcanza a toda la humanidad.

En este fundamental espacio moral, las ciudades de todo el planeta cumplen un papel clave. Todas nuestras tradiciones culturales afirman la inherente dignidad y la responsabilidad social de cada individuo en su relación con el bien común de la humanidad toda. Proclaman lo bello y lo maravilloso del mundo natural, al igual que su inherente bondad, y lo valoran como un don precioso que ha sido confiado a nuestro común cuidado; por eso es nuestro deber moral respetar, y nunca devastar, este jardín que es nuestra "casa común".

Los pobres y los excluidos, a pesar de que participen mínimamente en la disrupción del clima, están expuestos a temibles amenazas por causa de perturbaciones climáticas antropogénicas tales como la mayor frecuencia de sequías, tormentas extremas, olas de calor y el aumento incesante del nivel del mar. Hoy la humanidad cuenta con los instrumentos tecnológicos, los medios financieros y el conocimiento adecuado para revertir el cambio climático antrópico, poniendo fin, al mismo tiempo, a la pobreza extrema, mediante la aplicación de soluciones relativas al desarrollo sostenible tales como la adopción de sistemas bajos en carbono, con el respaldo de las tecnologías de la información y de la comunicación.

El financiamiento de las iniciativas en pro del desarrollo sostenible, tales como las que apuntan a tener un efectivo control del cambio climático antropogénico, debe estar impulsado por incentivos que ayuden a la transición hacia energías bajas en carbono y renovables, y debe incorporar la búsqueda incansable de la paz, lo que permitirá que los presupuestos de los gobiernos pasen a priorizar las inversiones en la sostenibilidad, que tanto hacen falta, en desmedro del gasto bélico.

El mundo debe saber que la cumbre sobre el cambio climático, a celebrarse en París hacia el final de este año (COP2 1), puede ser la última oportunidad efectiva de negociar acuerdos para mantener el calentamiento antropogénico por debajo de los dos grados centígrados, y para apuntar, para mayor seguridad, a mantener el clima del planeta bien por debajo de ese umbral. Sin embargo, de seguir la trayectoria actual, la humanidad fácilmente podría alcanzar la devastadora cifra de cuatro grados centígrados o más.

Los líderes políticos de todos los Estados Miembros de la ONU tienen la especial responsabilidad de consensuar, en el marco de la COP21, un osado acuerdo en pro del clima que confine el calentamiento del planeta a un límite seguro para la humanidad, y que proteja a los más pobres y vulnerables del cambio climático ininterrumpido, que pone sus vidas en grave peligro. Tal como lo han prometido, los países de altos niveles de ingresos deben ayudar a financiar los costos de la mitigación del cambio climático en las naciones más necesitadas.

Para revertir el cambio climático antrópico, será necesaria una veloz transformación que haga de nuestro hábitat un mundo impulsado por energías bajas en carbono —entre ellas las renovables—, y fundado en la gestión sostenible de los ecosistemas. Dichas transformaciones deberán llevarse a cabo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que consensuados a nivel mundial, tendrán por objeto poner fin a la pobreza extrema; garantizar el acceso universal a la salud, a la educación de calidad, al agua potable, y a la energía sostenible; y fomentar la cooperación para erradicar la trata de personas y todas las formas modernas de esclavitud.

Como alcaldes nos comprometemos a reforzar en nuestras ciudades y asentamientos urbanos la capacidad de resilencia de los pobres y de aquellos en situación de vulnerabilidad y reducir su exposición a los eventos extremos relacionados con el clima y otros impactos, y catástrofes económicos, sociales y medioambientales, que fomentan la trata de personas y los riesgos de la migración forzada.

Asimismo nos comprometemos a terminar con el abuso, la explotación, la trata de personas y todas las formas de esclavitud moderna, que son crímenes de lesa humanidad, incluido el trabajo forzado y la prostitución, el tráfico de órganos, y la esclavitud doméstica. Nos comprometemos también a desarrollar programas nacionales de reasentamiento y reintegración que eviten la repatriación involuntaria de las personas víctimas de trata (cf. la revision de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, n. 162, realizada por la PASS).


Queremos que nuestras ciudades y asentamientos urbanos sean cada vez más socialmente inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (cf. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, n. 11). Todos los sectores y todas las partes interesadas deberán desempeñar el papel que les corresponde: este es un compromiso al que cada uno de nosotros se suma plenamente ya como alcaldes ya como personas.

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REFLEXIÓN DE MONS. AGUER

“Aristóteles, la política y el bien común”

 Aica, 28 Jul 2015

“Mis amigos, esta semana voy a hablarles de Aristóteles y de la política de Aristóteles”, comenzó su reflexión semanal en el programa “Claves para un mundo mejor” por el Canal 9 de TV, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer. Pero inmediatamente, y haciéndose cargo de la sorpresa de los televidentes que lo siguen todos los sábados en sus reflexiones sobre problemas de la actualidad, aclaró: “No se asusten porque no es nada complicado. Aristóteles escribió una obra que se llama “Política” y allí, en el tercer libro, hace una distinción que es de lo más interesante. Aristóteles dice que no es lo mismo la virtud en general -que hace buena a una persona, las virtudes de un hombre o una mujer de bien-, que las virtudes propiamente cívicas o políticas”.

Y explicó el prelado: “Se llama virtud en general a las virtudes que tratamos nosotros de practicar; una persona es virtuosa cuando es una persona de bien. Así pensaba Aristóteles y así tenemos que pensar nosotros también. Existen, por otra parte virtudes propias y específicas del hombre o la mujer en cuanto a ciudadano, en cuanto a miembros de la pólis. Política viene de allí, de polis, que en griego significa ciudad. ¿Y cuáles son estas virtudes propias del ciudadano? Fundamentalmente, dice, es la prudencia. La prudencia y las otras que se llaman cardinales: la fortaleza, la templanza, la justicia; pero importa sobre todo la prudencia. La prudencia no consiste en hacer equilibrio entre el bien y el mal, sino que es lo que nos ayuda a elegir lo mejor, y lo mejor en cada momento”.

“La prudencia -prosiguió explicando el arzobispo- es una virtud eminentemente práctica. Aristóteles subraya especialmente que los gobernantes tienen que ser prudentes. A partir de esta distinción entre la virtud en general, la que hace al hombre bueno y la virtud propiamente cívica o política que hace al buen gobernante y al buen ciudadano, se pueden hacer varias combinaciones”.

“Por ejemplo, puede haber una sociedad en la cual la mayoría de la población es buena gente, poseen virtudes comunes, son personas honradas y sin embargo carecen de virtudes cívicas. ¿Por qué? porque no participan debidamente de la vida social, no se preocupan por el bien común, porque no piensan seriamente en lo que van a hacer con su voto por ejemplo. ¡Qué cambios favorables, o que desastres se pueden realizar a través de ese medio en las sociedades democráticas!”.

“Podría darse también que en una sociedad la mayoría de la gente sea gente mala, moralmente reprochable pero que tengan la habilidad de votar bien, de elegir bien, son prudentes en esto, en lo cívico. Es un poco raro que se den estos casos, especialmente cuando se trata de los que tienen responsabilidades importantes en la sociedad o están a cargo del gobierno. Esta es una hipótesis que quizás Aristóteles no se planteó”.

“¿Qué ocurre en un país cuando los gobernantes ni son buenas personas, porque llevan una vida moralmente reprochable, ni son buenos gobernantes porque carecen de prudencia? Uno no puede ser verdaderamente justo si no es prudente. ¿Cómo podrían elegir bien a sus colaboradores? Sería grave también que en lugar de poner su carisma y su cargo al servicio de la sociedad se aprovechen de ello”.

Monseñor Aguer explicó que “los problemas que se planteaba Aristóteles siglos antes de Cristo, son problemas reales de hoy en todo el mundo. La lección que podemos sacar de este planteo es la importancia de cultivar las virtudes propiamente cívicas; que uno no viva enroscado en sí mismo. El papa Francisco lo llama, con una palabra un poco difícil, autorreferencialidad. Esto significa que uno está solo refiriéndose a si mismo. No le importa lo que pasa en su país, en la sociedad a la que pertenece. Mira todo desde afuera, encerrado en su egoísmo”.

“Lo propio del buen ciudadano, con mayor razón podríamos decir del buen cristiano, es referirse a los demás, al interés de los demás. No buscar sólo el propio interés sino lo que se llama en la gran tradición de la Doctrina Social de la Iglesia el bien común. Ya Aristóteles –y vuelvo a citarlo- hablaba del “bien común”.


En la parte final de su reflexión el arzobispo platense expresó: “Si se buscara con mayor ahínco, con mayor lucidez, con perseverancia, el bien común, las cosas andarían mejor. Lo que pasa sobre los males sociales es precisamente el egoísmo. Y no se puede ser prudente si uno es egoísta. No puede ser uno verdaderamente objetivo y preocuparse de un modo serio, real, perseverante por el bien del prójimo y colaborar a que las cosas en la sociedad mejoren si uno es autorreferencial. Recojamos esto, también en la Argentina de hoy. Es necesario que haya mucha más gente, que no solamente sean buenas personas sino que sean buenos ciudadanos y que se preocupen por el bien común”.+ 

EL FORO ADHIERE A INICIATIVA



Convocan a los ciudadanos a no votar parlamentarios del Parlasur

 Informador Público • 29/07/2015

Lanzaron una campaña de convocatoria a no votar parlamentarios del Parlasur; la invitación a esta propuesta surge de la iniciativa de los dirigentes políticos, Carlos Traboulsi y Oscar Dufour, de extracción demócrata-cristiana y justicialista respectivamente, que lo hacen como simples ciudadanos afectados en sus derechos elementales de representación y participación ciudadana, y llaman a los argentinos a cortar la boleta para esa categoría, lo que sería equivalente al “voto en blanco”.

La convocatoria denominada #novotamosparlasur, realizada en conjunto por Traboulsi y Dufour, expresa la firme intención de dejar a las claras la ilegitimidad de la elección para votar parlamentarios del Parlasur, fundamento esencial para solicitar ante las autoridades, la inconstitucionalidad de la Ley 27120 en la parte pertinente, y presentar un recurso de amparo, para derogar el decreto de convocatoria a elecciones del Parlasur, y en consecuencia, que las mismas no se realicen en octubre próximo.

En conferencia de prensa, brindaron detalles de los fundamentos del llamamiento, atento a que recién el 31 de diciembre de 2020 debe estar constituido el Parlamento del Mercosur (PARLASUR) con la totalidad de sus miembros elegidos por voto universal, obligatorio y secreto en cada uno de los países que lo integran. Sostienen, que habiendo empezado a funcionar el Parlasur el 7 de mayo de 2007 siendo designados sus representantes por medio de los Poderes Legislativos respectivos, no se encuentra razón para la elección que está en marcha. Traboulsi y Dufour resaltan, que la elección de parlamentarios con facultades legislativas internacionales requiere de una interrelación con los ciudadanos de cada País, en este caso Argentina, y expresen sus plataformas electorales para que el elector conozca los alcances de las mismas.

En la actualidad, no solo una inmensa mayoría de argentinos desconoce que es el Parlasur, sino que desconoce los precandidatos y menos aún conocen sus plataformas, pudiendo incluso aseverar que la muchos de los precandidatos al Parlasur ignoran los alcances del mismo. No hay una adecuada difusión para permitir una elección donde se exprese el mandato popular ya que los parlamentarios del MERCOSUR se asemejan a los Diputados Nacionales (art. 16 de la ley 27120), esto es que representan al Pueblo. Por lo tanto, Traboulsi y Dufour concluyen que nunca puede estar representado un ciudadano que desconoce los “alcances de SU mandato”.

Por último, los autores de la iniciativa, Carlos Traboulsi y Oscar “Cacho” Dufour, cuya vía de contacto es novotamosparlasur@gmail.com, al tiempo que aseguran la viabilidad de la convocatoria general y en particular el apoyo de dirigentes de distintos sectores de la comunidad nacional, resaltan un dato que no consideran menor, y es que esta elección significa un dispendio de fondos públicos que pueden ser aprovechados para otros fines inmediatos de necesidad y urgencia (pobreza, salud, educación, etc.); ya que se calculan que por Parlamentario (43) se les asignará un asesor y un secretario, más la infraestructura, viáticos, etc., lo que representa en los cuatro años próximos un gasto de más de 300 millones de pesos.


El Parlasur, con sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay, frente a la rambla, debe reunirse una vez por mes, pero la suerte de las sesiones está atada a la coyuntura de cada País, en tiempos electorales, es difícil que sus miembros garanticen su presencia; sucedió el año pasado con los brasileños y uruguayos y este año, con los argentinos. Si no hay garantía de quórum, los parlamentarios que también gozan de “fueros judiciales”, entre otros muchos beneficios, evitan viajar a Uruguay y por lo tanto su cargo se convierte en un cargo “ñoquis” de lo cual los argentinos conocemos desgraciadamente mucho, concluyeron Traboulsi y Dufour.

lunes, 27 de julio de 2015

AHORA LOS PRESOS GANAN 46 % MÁS QUE LOS JUBILADOS


"Así el Gobierno cuida a los delincuentes que matan a tus familiares"

 (Urgente24), 27-7-15

 Luego de que el salario mínimo se elevara 18,5%, a $5.588 desde el 1 de agosto y 10,5% más en enero, a $6.060, el Servicio Penitenciario Federal deberá enfrentar un gran gasto.

Se estima que solo en el primer tramo del aumento el gasto adicional sea de $130 millones anuales que se los gira Economía. Lo peor es que una parte de esos giros provienen de la Anses...

¿Y cuál es la mínima de un jubilado? $3.821,33, por lo que un preso gana 46% más que éste.

Sin contar que el interno tiene, además, la ventaja de que ese salario lo disfruta íntegro porque la comida la aporta el SPF, igual que la luz, el gas y los servicios de salud y educación.

Según cuenta Luis Beldi en el sitio 'Infobae' desde 2012, cuando Víctor Hortel estuvo al frente del SPF, con "una generosidad desconocida hasta ese momento, el salario mínimo se extendió a casi todos los presos, aún a los que no trabajaban. Hortel, que había formado "Vatayón Militante", un grupo afín a 'La Cámpora', pretendió incluir a los presos en el movimiento kirchnerista. Les dijo que iban a ser parte de la revolución y decidió transformarlos en militantes".

Para divertirlos se organizó una murga. Hortel toca muy bien el redoblante y el saxofón. La murga la bautizó "Negros de mierda", que incluyó a femicidas como el asesino de Soledad Bagna. Ellos iban a mítines políticos con mínima custodia. Los presos estaban en el paraíso. Gozaban de privilegios nunca vistos. Sus celdas tenían plasmas, equipos de música. Había lavarropas táctiles y juegos de computadora. A veces los militantes venían de visitas y las pizzas y cervezas corrían por los distintos pabellones. El porro era parte de ese festín.

Los guardias tenían prohibidas las requisas en horas de la noche, lo que le daba a los internos vía libre para la fabricación de "facas", cuchillos tumberos.

Entretanto, se repartían a discreción las anotaciones de trabajo de 200 horas mensuales que permiten cobrar íntegramente el salario mínimo. En Devoto, nadie, trabajara o no, quedó al margen del beneficio. Si alguien no lo percibía hacía una presentación a la justicia e inmediatamente se lo aprobaban.

A mediados de 2012, como casi todos los prisioneros cobraban el salario mínimo fundaron el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulante, que adhirió a la CTA oficialista. Afortunadamente, el actual director del SPF, Emiliano Blanco, apeló la medida y la personería jurídica está suspendida.


(...) La Argentina es el único lugar del mundo en que el preso es sostén de familia".

domingo, 26 de julio de 2015

ORIENTACIÓN DOCTRINARIA PARA LAS ELECCIONES


MAL MENOR EN LAS ELECCIONES POLÍTICAS
VOTAR: ¿OPTATIVO O MORALMENTE OBLIGATORIO? [1]

Mario Meneghini

1. Es lugar común en la Argentina la queja sobre el mal funcionamiento del sistema político, y sobre la calidad de la mayoría de los dirigentes. Por eso, en los últimos años -en especial desde la crisis de 2001- se han lanzado muchos proyectos para intentar mejorar dicho sistema político.
El principal problema es que la misma base teórica en nuestro sistema institucional parte de un principio falso: la soberanía popular, que consiste en conferir al pueblo la atribución ontológica del poder. Esta teoría ha quedado consolidada jurídicamente en nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el nuevo Art. 37 garantiza el ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular. Bidart Campos (1961) demuestra que los supuestos en que se basa esta tesis son científicamente falsos:
Es ficción considerar al pueblo como susceptible de representación, y como entidad unificada que confiere mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo; ficción que el pueblo gobierna.

2. Ahora bien, que señalemos los errores en que se basa la legislación vigente, no nos autoriza a abandonar el campo de la vida cívica. En primer lugar, pues la realidad indica que la teoría democrática no es más que una máscara totemística, y la partidocracia -que implica desmentir la teoría- se impone al margen de las elucubraciones y de las normas. Cuando el electorado es convocado a las urnas, participa en una especie de ballotage, para seleccionar de entre los candidatos que han sido previamente postulados por los partidos.

En segundo lugar, no es correcto cuestionar un ordenamiento institucional por que sean discutibles sus fundamentos intelectuales (Palacio, 1973). En el plano de las ideas es lícito preferir un régimen político que consideremos el mejor, pero, en toda sociedad se impone, con el tiempo, una forma determinada de selección y reemplazo de los gobernantes. Si esa forma no afecta de manera directa la dignidad humana, y rige de hecho en una sociedad, su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común. [2]

3. En la Argentina tiene vigencia, desde 1853, un ordenamiento constitucional, que, como se ha dicho (Lamas, 1988) es tributario de una serie de pactos y compromisos en el curso de los acontecimientos políticos nacionales, y rige, desde entonces, con una aceptación pacífica y estable, lo que le confiere legitimidad.
Consideramos inaceptable, entonces, la actitud de algunos distinguidos intelectuales de negarse a participar en la vida cívica, por considerar cuestionable la misma Constitución y el sistema electoral que de ella deriva, y promover la abstención como única conducta válida para quienes rechazan la teoría de la soberanía popular [3]. Por el contrario, la obligación moral de participar será tanto más grave, cuanto más esenciales sean los valores morales que estén en juego (Malinas, 1959).

Participación en política

4. Luego de esta introducción, podemos abocarnos al tratamiento de la doctrina del mal menor en el proceso electoral. La historia nos muestra que en todas las épocas y en todos los países, el sufragio ha sido utilizado normalmente como instrumento de selección de las autoridades políticas. Es un modo de poner en acto el derecho natural del ciudadano de participar en la vida pública de su sociedad (Martínez Vázquez, 1966). En todos los tiempos y lugares, se han elegido magistrados, reyes, presidentes y hasta dictadores, sin que de ello se derivara necesariamente un mal para la sociedad. Y la forma republicana de gobierno, que fija nuestra Constitución, implica la periódica elección de autoridades, lo que no es objetable moralmente [4], por el contrario, existe la obligación moral de votar, salvo excepciones [5].

5. Estimamos que, sostener en vísperas de toda elección, que es inútil y hasta una falta moral ejercer el voto, pues todos los candidatos son malos y todos los programas defectuosos, revela una apreciación equivocada de la actividad política. Precisamente en una época histórica caracterizada por problemas sumamente complejos y una gran confusión de ideas, se hace más necesario que nunca acudir a la política para procurar resolver los problemas. Rehusarnos a intervenir en la vida comunitaria porque no nos gusta lo que vemos, equivale a avalar la continuidad de lo existente. Destaca Tomás Moro (1944): Si no conseguís realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal.

6. Tampoco es correcta la impresión de que la política necesariamente conduce a la corrupción, como afirmaba Lord Acton. Es cierto que el poder es ocasión de peligro moral, lo que ocurre, asimismo, con otras cualidades humanas, como la inteligencia, la cultura, la belleza, la riqueza, lo que no significa que merezcan calificarse de intrínsecamente malas. Puesto que la autoridad ha sido creada por Dios, su ejercicio no puede ser malo en sí mismo [6].

7. Suele alegarse que la decisión de no participar en un proceso electoral, deviene de una obligación de conciencia. Ahora bien, la conciencia debe estar iluminada por los principios y ayudada por el consejo de los prudentes. No es posible identificar la conciencia humana con la autoconciencia del yo, con la certeza subjetiva de sí y del propio comportamiento moral (Ratzinger, 1998) [7]. 
Por otra parte, como señala el Prof. Tale (2006), el abstenerse de hacer algo por objeción de conciencia es válido, si es la única manera de no afectar el principio en que se funda: no dañar. Y, en muchos casos, la objeción de conciencia no basta para cumplir con el deber moral de participar en la vida comunitaria. Antes de invocar la obligación de conciencia, cada persona debe procurar disponer de la información necesaria para evaluar correctamente a los partidos que se presentan a una elección, así como a los candidatos respectivos. Como ejemplo, podemos citar la última elección presidencial en la Argentina (2003), a la que muchos ciudadanos concurrieron, creyendo que sólo se presentaban cinco candidatos, cuando en realidad fueron dieciocho, de los cuales, por lo menos cuatro no merecían ninguna objeción a quien profese los principios del derecho natural.

8. Como explica Bargallo Cirio (1945): Adecuarse a las circunstancias es sólo contar con ellas para actuar. Para defenderlas o apoyarlas cuando se deba, o para atacarlas, torcerlas o dominarlas, cuando sea necesario. (...) La acción política es antes que nada humilde contacto con la realidad.
Criticar la realidad social contemporánea, despreciándola por comparación con alguna forma que existió históricamente, o con un esquema de lo óptimo, implica caer en el utopismo. Es preciso conocer la realidad, tal cual es, antes de intentar mejorarla. No es racional desconocer la fuerza de los hechos. Reconocer que no podemos modificar una situación injusta, no equivale a convalidarla. Tras las ilusiones, vienen las frustraciones, y la conciencia de la miopía padecida conduce, finalmente, a la abominación del objeto, en nuestro caso de la política (Ayuso Torres, 1982).

9. Para cada sociedad política, pueden existir, simultáneamente, tres concepciones del régimen político: el ideal, propuesto por los teóricos; el formal promulgado oficialmente; y el real - o constitución material-, surgida de la convivencia que produce transformaciones o mutaciones en su aplicación concreta. De modo que negarse a reconocer una constitución formal, implica, a menudo, enfrentarse con molinos de viento, limitándose a un debate estéril, porque, además, no se tiene redactada la versión que se desearía que rigiera.

Por eso, como enseña Pablo VI: La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas [8].

La Constitución Nacional (Art. 38) reserva la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, a los partidos políticos, por lo que la única forma de participar en la vida cívica es a través de los mismos, ya sea incorporándose a uno, creando uno nuevo, o simplemente votando por el más afín.

Aplicación del mal menor

10. Afirma Santo Tomás que: Cuando es forzoso escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquélla se debe elegir de que menos mal se sigue [9]. Por cierto que nunca es lícito, ni aún por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado, pero sí es lícito tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande [10].

Aplicando la doctrina, al tema eleccionario, el Prof. Palumbo (2004) explica que: “En el caso concreto de una elección, al votarse por un representante considerado mal menor, no se está haciendo el mal menor, sino permitiendo el acceso de alguien que posiblemente, según antecedentes, lo hará”.

11. En ocasiones, el ciudadano no tiene la posibilidad de elegir entre varios partidos, pues ninguno le ofrece garantías mínimas, al presentar plataformas que permiten prever acciones perjudiciales para la sociedad, o declaraciones de principios que contradicen la ley natural. En esos casos, tiene el deber de abstenerse de votar. Pero no es habitual que no haya ningún partido aceptable; por lo tanto, aunque no le satisfaga totalmente, debe votar al partido que parezca menos peligroso. Al proceder así, no está avalando aquellos aspectos cuestionables de su plataforma, sino, simplemente, eligiendo el mal menor (Haring, 1965).

Voto útil

12. A menudo se exhibe, incorrectamente, al llamado voto útil, como ejemplo de mal menor. El voto útil consiste en que el elector otorgue su voto a un partido que tiene posibilidades de ganar, aunque no sea el que más le atrae, para que el voto no se desperdicie. Este enfoque pragmático tiene ribetes de exitismo, cuando no de cobardía. El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que admite hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. El mal menor consiste en tolerar un mal, no realizarlo. Un caso típico es el de la ley seca, en Estados Unidos; la experiencia indicó que prohibir el consumo de alcohol era más perjudicial que tolerarlo.

Votar un partido que carece de posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal, no es una acción inútil. Si el partido satisface las expectativas, pues defiende principios sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, y/o postula a dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. El voto, en este caso, servirá de estímulo para quienes se dedican a la política en esa institución, les permitirá ser conocidos, y facilitará una futura elección con mejores perspectivas.

El concepto de cleavage

13. Los politólogos utilizan el concepto de cleavage, entendido como línea divisoria entre las distintas opciones electorales, ya que el análisis de los sufragios emitidos muestran que la mayoría de los electores deciden su voto en base a cuestiones concretas evaluadas según su posición previa respecto de ellas (Paramio, 1998). Si bien es admisible que el voto esté influenciado por el grupo social de pertenencia, es falso que sean los intereses quienes determinen las preferencias electorales, pues éstas nunca son unidimensionales. Normalmente, los electores votan al partido que se aproxima más a sus propias preferencias, de acuerdo a las propuestas de la plataforma respectiva. De allí que pueda estimarse que se da una relación de identificación entre los electores y un partido, que los lleva a apoyarlo por considerar que es una opción satisfactoria, en base a los antecedentes, en cuanto a los programas y los candidatos. Esta identificación representa un estímulo para superar la tendencia al abstencionismo o a pensar que todos los políticos son iguales.

Sin embargo, en vísperas de una elección cada partido debe definir posiciones sobre múltiples temas, siendo difícil que el ciudadano pueda compartir lo que se propone en todos ellos. La identificación, entonces, se acentúa en algunas cuestiones que cada persona considera más relevantes según su escala de valores. La forma en que se pronuncien los partidos sobre dichas cuestiones termina de decidir el voto en cada ocasión.

14. Se ha dicho que la clásica división de izquierda y derecha, se mantiene aunque con otro contenido, y acota Hernández (2001) -en referencia a la vida práctica jurídica- que la divisoria en las ideas pasa hoy por las oposiciones: individualismo-solidarismo y cultura de la muerte-cultura de la vida. Agrega Tale (2006), que es necesario defender un derecho natural completo, para no limitarnos a la protección de la vida, descuidando las cuestiones económicas y políticas donde también debe cumplirse el orden natural.
En un documento del Magisterio Pontificio -Sacramentum Caritatis- se señala la grave responsabilidad social de decidir correctamente, cuando están en juego valores que no son negociables:

-Defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural;
-La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer;
-La libertad de educación de los hijos;
-La promoción del bien común en todas sus formas [11].

Esta orientación puede servir de guía para el análisis de las plataformas electorales y decidir el voto, ya que se concentra en los temas esenciales.

Opción electoral

15. En base a lo expuesto, la opción electoral no resulta tan difícil, puesto que nuestra adhesión a los principios, y la información recopilada, nos van a indicar el camino correcto entre las distintas posibilidades:

1. Anular el voto: no resulta una opción válida, en ningún caso, y denota una actitud infantil de desquite imaginario contra los malos dirigentes.

2. Votar en blanco: debe distinguirse entre dos aspectos:

a) parcial: es decir, votar en blanco, para algunos niveles de gobierno o determinados cargos; esto es admisible, en muchas elecciones.

b) total: el voto en blanco para todos los cargos y niveles, únicamente puede admitirse en casos excepcionales, cuando todos los partidos y candidatos resulten inaceptables o peligrosos. Si tenemos en cuenta que en este año electoral, habrá que votar por cargos agrupados en 9 o 10 boletas, y optar entre una docena de partidos o frentes, según el distrito, es prácticamente imposible que no haya ningún candidato aceptable.

3. Abstenerse: si se da la situación descripta anteriormente, esta opción parece más lógica que concurrir al comicio para introducir en la urna un sobre vacío. Consideramos, que en la Argentina, hubo un sólo caso justificable para la abstención -o el voto en blanco total-, que fue la elección de convencionales constituyentes de 1957.
Es inaceptable esta opción cuando está en juego una decisión crucial para la comunidad. Un ejemplo reciente ilustra al respecto: en el referéndum sobre el aborto, realizado en Portugal, el 56 % de los ciudadanos se abstuvo; esto permitió que los partidarios del aborto obtuvieran la mayoría de los votos positivos, y si bien no se alcanzó el mínimo legal requerido, el gobierno quedó fortalecido y pudo aprobar la ley respectiva en el Parlamento.

4. Voto positivo: puede desagregarse esta opción en varias alternativas:

1. Votar por un partido que satisface íntegramente, para todos los niveles.

2. Votar a varios partidos simultáneamente, seleccionando los mejores candidatos en cada caso.

3. Votar a un partido y/o candidato, pese a merecer objeciones, aplicando la doctrina del mal menor.

Conclusión

La participación en la vida cívica incluye varias acciones, pero el modo más simple y general de participar en un sistema republicano, es el ejercicio del voto, y ninguna causa justifica el abstencionismo político pues equivale a no estar dispuesto a contribuir al bien común de la propia sociedad. Si, como afirma Aristóteles, es imposible que esté bien ordenada una polis que no esté gobernada por los mejores sino por los malos [12], resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas. Consideramos que en esta compleja actividad, resulta necesario utilizar la antigua doctrina del mal menor, como aplicación concreta de la virtud de la prudencia que debe regir la acción política.




Bibliografía:

Ayuso Torres, Miguel (1982). “La política como deber: sentido y misión de la caridad política”; en: “Los católicos y la acción política”; Actas de la XX Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, Madrid, Speiro, pág. 353.

Bargallo Cirio, Juan M.(1945) “Ubicación y proyección de la política”; Buenos Aires, Colección ADSUM, Grupo de Editoriales Católicas, págs. 45/46.

Bidart Campos, Germán José (1961). “Doctrina del Estado democrático”; Buenos Aires, EJEA, pág. 186.

Haring (1965). “La ley de Cristo. La teología moral expuesta a sacerdotes y seglares”; Barcelona, Herder, t. II, págs. 124/134).

Hernández, Hector H. (2001). “Interpretación, principios y derecho natural”; cit. p.: Tale, op. cit., pág. 11.

Lamas, Félix Adolfo (1988). “La Constitución Nacional. Sus principios de legitimidad y su reforma”; en: Moenia, Nº XXXIII, págs. 11/40.

Malinas-Unión Internacional de Estudios Sociales (1959). “Código de Moral Política”; Santander, Sal Terrae, pág. 91.

Martínez Vázquez, Benigno (1966). “El sufragio y la idea representativa democrática”; Buenos Aires, Depalma, págs. 20, 25, 31.

Moro, Tomás (1944). “Utopía”; Buenos Aires, Sopena Argentina, pág. 64.

Palumbo, Carmelo (2004). “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, CIES, pág. 150.

Paramio, Ludolfo (1998). “Clase y voto: intereses, identidades y preferencias”; Ponencia presentada en el VI Congreso Español de Sociología, A Coruña, 24/26-9-1998 (tomado de: www.iesam.csic.es/doctrab1/dt-9812.htm)

Ratzinger, Joseph (1998). “Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista”; Madrid, Rialp, pág. 54.

Tale, Camilo. “La lucha por el Derecho Natural verdadero y completo”; en: El Derecho, Serie Filosofía del Derecho, Nº 11.539, 28-6-06, págs. 11 y 12.

Referencias:

[1] Exposición en Simposio de Filosofía Política (15-6-07), en el I Congreso Nacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y IV Jornadas Nacionales de Derecho Natural, San Luis.

[2] León XIII, “Au millieu des sollicitudes”, p. 22 y 23. “Juzgamos innecesario advertir que todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación de aceptar los cambios constituidos y que no pueden intentar nada para destruirlos o para cambiar su forma”, id., p.17.

[3] “Porque quien pone un voto positivo se hace cómplice avalando el resultado electoral, y al incurrir en lo que los teólogos nombran como cooperación activa al mal, su fe viva no está puesta en Dios sino en la soberanía popular”: Gelonch Villarino, Edmundo. “La secta imperante y la debilidad mental”; en: Centros Cívicos Patrióticos, noviembre de 2002, p. 8.

[4] “Si un pueblo es razonable...es bueno promulgar una ley que permita a ese pueblo darse a sí mismo los magistrados que administran los asuntos públicos”: San Agustín, cit. por Santo Tomás, Suma Teológica, I-II, 97, 1.

[5] “Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).

[6] “Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija. Autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la Naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor”; León XIII, Inmortale Dei, p. 2.

[7] “No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de la Iglesia”; Catecismo de la Iglesia Católica, p. 2039.

[8] Pablo VI. “Octogesima adveniens”, p. 37.

[9] Santo Tomás de Aquino. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, Editorial Cultural, 1945, Vol. 1ro., p. 35.

[10] Pablo VI. Carta Encíclica “Humane Vitae”, 25-7-1968.

[11] Benedicto XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis”, 22-2-07, p. 83.

[12] Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág. 182.