jueves, 30 de noviembre de 2017

LA EDUCACIÓN DESPUÉS DE LA GRIETA



 La Nación, 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Mariano Narodowski *

Comenzamos a transitar la Argentina del fin de la grieta: los bordes se multiplican. Es el momento más difícil y se precisa la mirada más constructiva e inteligente allí donde la grieta ordenaba a los medios, a las instituciones y a la política.
En este escenario, ¿cómo salir de la parálisis educacional? ¿Cómo superar el estancamiento que se evidencia en todas las mediciones internacionales, en las que países que han organizado su educación 50 años después e inspirándose en nuestro sistema educativo presentan indicadores de inclusión educativa y de calidad muy superiores a los argentinos?

La peor respuesta es comenzar de cero y refundarlo todo en el país del siempre empezar. Ya hemos vivido esta situación en los años 90, con un intento fallido de reingeniería del sistema educativo, y también en los años dos mil, cuando se derogó la ley federal de educación para refundar, una vez más, una oportunidad que se creía original y no fue más que la repetición de los errores del pasado. La propuesta de una universidad pedagógica en la ciudad de Buenos Aires será una prueba de madurez sobre esta combinación de lo nuevo constructivo y lo viejo valorable.
Es que la estructura de las escuelas sigue siendo la de las primeras décadas del siglo XX y la organización laboral docente es de 1958: el año que viene cumplirá 60 años una norma que muestra signos irremediables de agotamiento. Ambas son pilares de un sistema educativo piramidal y jerárquico, donde voces propias de la administración militar como "la superioridad" o "el orden jerárquico preestablecido" expresan rigidez y autoritarismo. Donde la innovación por la que claman nuestros gurús educativos sólo puede ser una excepción a la regla. Un sistema en el que nadie se hace cargo: la responsabilidad por los resultados es un valor ausente.
Cuanto más releo la ley de educación nacional de 2006 (LEN), más me convenzo de que, aun con todos sus subterfugios y limitaciones, tranquilamente podría ser el marco legal para una inmediata mejora educativa posgrieta. Un punto de partida que sea a la vez una continuidad.

Es cierto que esa ley tiene enormes problemas, desde su redacción hasta la estipulación de institutos de cuestionable apego a la Constitución, como un consejo de ministros de educación que por mayoría puede disponer sobre las escuelas de todo el país. O el fatídico artículo 97, que limita el derecho a la información de las familias sobre los resultados de la escuela de sus hijos en las evaluaciones Aprender.

Sin embargo, una actitud desprejuiciada, técnicamente precisa y muy constructiva es lo que requiere la educación posgrieta. Analizando la LEN con su mejor luz, es posible comenzar a solucionar hoy mismo buena parte de los problemas sobre los que hay un consenso amplio, un piso de coincidencias.

Lo que trato de mostrar es que la base legal para avanzar en un nuevo esquema educativo ya está en la vieja legislación. Sólo falta la voluntad política para concretar esos consensos y ponerlos en práctica.

La organización de la educación por provincias, en la que cada una administra su propio sistema, puede complicar; pero es lo que manda la Constitución desde 1853. Y la Argentina no es única: desde Canadá hasta Brasil, los países han resuelto la tensión entre la nación y las provincias como lo especifica la LEN en su artículo 113: responsabilidad concurrente y concertada.

La LEN establece de hecho la modificación de los estatutos del docente que de modo muy similar rigen en las 24 provincias. En su artículo 69 determina una nueva carrera con dos opciones: quienes se desempeñan en el aula y quienes desempeñan funciones directivas y de supervisión. Este esquema legal, que está vigente pero no se cumple, mejoraría lo dispuesto por los estatutos docentes por los cuales hoy aquel maestro que quiere ser sólo maestro y no director no tiene cómo ascender y no tiene más bonificaciones salariales que la antigüedad: el más perverso y especulativo beneficio que sólo premia el paso del tiempo. A la primacía de la antigüedad, la LEN brinda una respuesta madura: la formación continua será -dice- una de las dimensiones para el ascenso en la carrera profesional docente, aunque no descarta reconocer la innovación, el compromiso social, la calidad del intento pedagógico y otras variables tan relevantes como ignoradas por las leyes provinciales actuales.

Respecto de la actual incorporación de los docentes a las escuelas -por la que el maestro docente elige la escuela en la que va a desempeñarse, pero sus directivos no tienen arte ni parte en la conformación del equipo docente-, la LEN tiene también una propuesta: su artículo 83 establece que los educadores de mayor experiencia y calificación deben desempeñarse en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, lo que mejora mucho los estatutos del docente. Esto hay que aplicarlo ya: beneficiaría a los alumnos de mayor vulnerabilidad socioeconómica y sentaría las bases de la responsabilidad por los resultados, propia de escuelas autónomas y reflexivas. Esto se completa con el artículo 85, en el que se exige a los gobiernos estimular la innovación y experimentación educativa.

Es verdad que respecto de la necesaria autonomía escolar, la LEN es muy amarreta, con muchos subterfugios para eludirla: ni siquiera menciona a los directivos escolares como encargados del funcionamiento de cada institución. Pero en muchos artículos alude a la existencia del "proyecto educativo institucional" que debe ser elaborado y respetado por la comunidad educativa. Una atinada reglamentación hoy mismo puede hacer operativo el proyecto escuela, brindando un mayor margen de maniobra para la toma de decisiones y herramientas de evaluación y autoevaluación escolar.

La evaluación educativa en la LEN es poco ambiciosa pero razonable. En su artículo 94 se establece que el gobierno debe implementar una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para poder tomar decisiones que mejoren la calidad de la educación aplicando criterios justos en la asignación de recursos. O sea, la ley obliga al Estado a evaluar para tomar decisiones políticas y para asignar recursos; una racionalidad de la que hoy carecemos. Con esos pequeños pasos ya habremos avanzado muchísimo en una asignación de recursos menos burocratizada y pro equidad.

El artículo 98 crea el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, que institucionaliza el asesoramiento por parte de organismos y personas especializadas e interesadas en la cuestión, y que jamás fue convocado, salvo un corto período en 2008. Este consejo sería una herramienta poderosa de consenso, al menos hasta que el Senado le dé la media sanción que falta a la creación del Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad y la Equidad Educativas, un instrumento central que propuse hace ya 20 años.

Reconozco que las propuestas son modestas. Pero son alcanzables hoy mismo a través de una ley de ayer nomás. Los postulados grandilocuentes de reformas educativas fracasaron. Algún plan ni siquiera superó la puerta del Ministerio de Educación. Probemos con estas pequeñas epopeyas y cambiemos. Revirtamos el declive educacional argentino.


*Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, miembro de Pansophia Project

martes, 28 de noviembre de 2017

HABLÓ EL HERMANO DEL JOVEN QUE MURIÓ EN RÍO NEGRO

"Le lavaron la cabeza, no tenemos nada que ver con las mapuches"

Por Martín Dinatale
Infobae, 28 de noviembre de 2017

 "No tenemos nada que ver con los mapuches. Si bien nuestro apellido es de origen mapuche nosotros no tenemos nada que ver con esas comunidades. Quizás sea como dice mi mamá, que a Rafa le lavaron la cabeza y por eso terminó así". La voz de Pablo Nahuel se quiebra. No pasaron ni cuatro días desde que a su hermano Rafael lo mataron en un enfrentamiento con el grupo Albatros, de la Prefectura, en unos terrenos de Parques Nacionales de Villa Mascardi ocupados por la comunidad el Lof Lafken Winkul Maipu.

Pablo no acepta tomarse fotos. Pero dialoga con Infobae de su hermano en la vivienda humilde en donde vive la familia en el barrio Nahuel Hue, en la zona del Alto de Bariloche. Es una casa de madera y chapas, hay unos caballos y Pablo interrumpe una reunión familiar para decir: "Mi hermano era pacífico. No tiene nada que ver con grupos violentos y todo eso que se dice. Nunca estuvo relacionado con la RAM". El hermano de Rafael está como aturdido, triste, desolado.
"Estamos todos muy mal", asegura en referencia a sus padres. Pablo Nahuel expresó que la idea de que su hermano empiece a trabajar y colaborar en la comunidad mapuche de Lof Lafken Winkul Maipu fue de una tía suya. Ella fue la que lo contactó con ese grupo. "Mi tía era la que le metió la idea de ir a trabajar con esa comunidad", sostiene Pablo.

Rafael Nahuel se dedicaba a la herrería hasta que empezó a frecuentar esa comunidad mapuche que lo llevó a la ocupación ilegal en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de Bariloche. "Rafa era pacífico, no quería saber nada con la violencia", dijo Pablo. Pero también aclara que ni él ni su familia suscriben a la causa mapuche ni nada que se le parezca. "Todo fue influencia de mi tía", reitera Pablo.

El barrio Nahuel Hue está situado en las afueras de Bariloche y la casa donde vivía Rafael sólo tiene un lujo a la vista: una antena de DirecTV. El resto son todo chapas, maderas y unos caballos. La familia se reunió esta tarde para dialogar de todo lo que pasó.
Cerca de la esquina de la casa de los Nahuel hay vecinos que lo conocían a Rafael. Todos coinciden en que era un joven pacífico. Pero en la familia del joven que murió por una bala 9mm de las que usa la Prefectura no sale del asombro y no quieren saber nada de política. "Nunca tuvimos nada que ver con la política" asegura Pablo quien también negó que su tía haya estado vinculada al kirchnerismo. Y antes de despedirse agrega: "No tenemos nada que ver con la causa de los mapuches". Sus palabras suenan con cierto aire de malestar hacia la comunidad mapuche que lo llevó a la toma en Villa Mascardi.


Peor aun: en las palabras de Pablo flotan en el aire también las palabras de la madre de Rafael que dijo que a su hijo se lo llevaron los mapuches y lo devolvieron en un cajón. "Quizás sea como dijo mi mamá que le lavaron la cabeza. No sé qué pensar", añade Pablo antes de pedir disculpas y volver a su casa.

JUBILADOS


Mayor respeto para nuestros mayores

por Juan Manuel Otero
Informador Público, 28-11-17

El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, defendió la reforma previsional y el nuevo cálculo de la actualización de haberes asegurando que las jubilaciones de la Argentina están entre las "más altas" del mundo.
Claro que al mismo tiempo reconoce que, en Finlandia, por ejemplo, la jubilación mínima ronda los 753 euros, que equivalen a $ 16.164, y agrega que se llega a esa suma a través de un régimen mixto, entre una especie de AFJP y prestaciones mínimas universales con fondos estatales.

Al respecto, nuestro funcionario aclara orgulloso: “Nosotros creemos en un sistema público y por eso lo fortalecemos”…
¿Le parece, Sr. Basavilbaso? ¿Ud. cree que lo fortalecen?
Y al margen del orgullo de nuestro funcionario por la flamante reforma, es del caso aclarar la situación de los jubilados y sus ingresos.
Dicen nuestras autoridades que se ha “hecho justicia” respecto de aquellos que aportaron durante toda su vida con relación a quienes obtuvieron el beneficio sin haber hecho aporte alguno.

Hoy ambos casos están igualados en la suma mínima de $ 7.246 y a partir de la reforma y gracias a la munificencia de nuestras autoridades, quienes hayan aportado durante 30 años se habrán hecho acreedores al 82% móvil que se calculará sobre el sueldo mínimo vital y móvil.
¡Excelente!!!
Veamos los resultados: Hoy el SMVM es de $ 8.870, es decir que aplicado el 82% móvil, esos jubilados llegarán a la suma de $ 7.273, con lo cual se harán acreedores a una diferencia en su favor de $ 27 (veintisiete pesos)!!!
¿Qué harán con semejante suma?

Y en enero 2018 dicho mínimo irá a $ 9.500 o sea que nuestros mayores cobrarán $ 7.790 y ya su superávit será nada menos que de $ 517.

Señor Basavilbaso, dejando de lado de que los presos y los piqueteros ganan más que nuestros jubilados, me parece una falta de respeto el trato que reciben. Eso sin mencionar el estado del PAMI otrora orgullosa obra social de los jubilados ejemplo en el mundo.

Nuestros mayores merecen otro trato y otro respeto. ¿No lo cree así Ud.?

lunes, 27 de noviembre de 2017

LEY DE SALUD MENTAL: OTRA VEZ SOPA



La posible firma de un decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental 26.657

 Juan Alberto Yaría es Doctor en Psicología, y Director General en GRADIVA, comunidad terapéutica profesional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El Ojo Digital, 26 de Noviembre de 2017

La posible firma de un decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental 26.657 (año 2010) por parte del Presidente de la Nación, ha levantado un mar de acusaciones absolutamente incomprensible. Esa sola firma vendría a resolver falencias críticas en la instrumentación de ese marco legal. Precisamente, en el campo de las adicciones, este Decreto reglamentario resolvería la necesidad de la existencia de los centros de atención, tanto para patologías adictivas como para las de doble diagnóstico (espacio en el que conviven patologías psiquiátricas que se potencian con adicciones). Acaso sería importante recordar cómo llegamos a esta situación.

Mientras en la Argentina se ha instalado una red de oferta de comercialización de drogas, a lo largo y a lo ancho del país logró consolidarse un pensamiento o filosofía antiinstitucional, digno de lo peor de los años setenta, en donde la expresión 'comunidad terapéutica' fue mutando en una suerte de insulto, equiparándose este tratamiento innovador en el campo de la psiquiatría y de las adicciones a los manicomios como un instrumento represivo -como si esta práctica médico-social emulase un centro de torturas. Insulto que opera contra la inteligencia colectiva de la ciudadanía y que consigna una alabanza a la ignorancia, conforme la comunidad terapéutica es, ni más ni menos, que la superación del manicomio. Es que así fue creada. Como discípulo del Profesor Maxwell Jones (quien supo ingeniar y dar forma a la comunidad terapéutica, y quien visitó la República Argentina en 2007 en compañía del Dr. W. Grimson), no dejo de asombrarme ante esta idea peregrina, que ciertamente nos retrotrae a un pensamiento esclerótico y precientífico. Al público ignorante ante ciertas realidades, debe recordársele que la comunidad terapéutica rescata la dignidad de la persona, y máxime en tiempos de epidemia como el actual.

Salud mentalEl pensamiento antiinstitucional del que hablábamos lleva a confundir, no sin malicia, el manicomio, equiparándolo a las comunidades terapéuticas y a instituciones psiquiátricas especializadas. Esta percepción deposita a nuestro país en la inermidad de contención de miles de pacientes y de sus familias, las cuales se ven necesitadas de ayuda a los efectos de hacer frente a patologías graves. Mientras se instalaba la más amplia red de comercialización de estupefacientes desde los paraísos energéticos de la Patagonia argentina hasta los centros sojeros de la Pampa Húmeda, y pasando por espacios VIP como Puerto Madero y golpeando a los asentamientos y villas precarios, se ha optado por congelar la totalidad de las estadísticas que explicitan cabalmente el alcance de la epidemia del consumo (desde 2010 hasta 2017, no se conocieron cifras sobre el aumento). Adicionalmente, se prohíbe la apertura de centros de atención (y lo propio sucede con instituciones psiquiátricas y con sistemas especializados en atención en adicciones); se minimizan los efectos perniciosos del  consumo, y se banaliza el proceso de destrucción del sistema nervioso que este padecimiento conlleva. Así las cosas, el negocio es redondo para quienes la emprenden contra las comunidades terapéuticas y centros de atención: no hay más centros, estadísticas de consumo ni políticas preventivas masivas y de detección precoz del daño de las drogas, especialmente en las jóvenes generaciones.

En simultáneo, emergen -en formato de ilegalidad- centros de atención (particularmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires) que carecen de habilitación alguna de parte del Ministerio de Salud de la Nación), como respuesta anómala ante la ausencia de poderes sensatos en el seno del Estado de cara a la acuciante necesidad de miles de familias que cuentan con hijos con severos problemas. A consecuencia de este escenario, se rentan quintas y personal sin capacitación, lo cual amplifica la proliferación de sitios sin control médico-sanitario. El absurdo es absoluto.

Pero este absurdo tan argentino conduce a escenarios con consecuencias inenarrables. Lo cierto es que no existe pensamiento sanitario en relación a los efectos de la epidemia del consumo, como tampoco se registra conciencia alguna sobre el gravoso moméntum epidemiológico que experimentan la República y sus ciudadanos. Se han potenciado las tasas de enfermedades mentales y de consumo adictivo ('recreativo', se le dice; recurriendo a la falacia). Brillan también por su ausencia las respuestas terapéuticas válidas, y las pocas que existen para patologías graves han recibido la orden de proceder a la clausura en el próximo año 2020. El absurdo prosigue su curso: en esa fecha, caería la totalidad de las habilitaciones. En plena pandemia, lo poco que existe y que funciona, se verá en la obligación de cerrar sus puertas. Familias enteras se quedarán sin asistencia, siendo abandonados a su suerte.


Clausura de centros

Más de 150 centros psiquiátricos privados y 200 comunidades terapéuticas culminarán, forzadamente, su tarea en 2020. ¿Quién se responsabilizará por la contención de estas personas? Respuesta: nadie lo hará. Alrededor de veinte mil -portadores ellos de patologías compulsivas graves y severos trastornos psicóticos- irán a parar a la calle. Más de 400 mil pacientes que hoy asisten a tratamientos de día y/o ambulatorios, se verán privados -de súbito- de la referencia de esas instituciones. Complementariamente, el alcance del personal médico, operadores y enfermeros que terminarán en la calle, representa más de un 15% del personal sanitario total.

La realidad exige subrayar que, hoy mismo, los hospitales públicos rehuyen del tratamiento de estos pacientes en los llamados (por legislación de 2010) los servicios polivalentes, así como los sanatorios privados. Los nosocomios públicos no cuentan con la debida preparación para ocuparse de estas personas, y las escasas respuestas terminan remitiendo a los pacientes a la psiquiatría meramente manicomial, esto es, al 'cóctel lítico' (tranquilizantes), a criterio de atemperar la excitación psicomotriz del individuo; todo remata en un proceso de desintoxicación de tres días.

Hemos de decirlo: la República Argentina se ha transformado, en el campo de la atención psiquiátrica y en adicciones, en un gigantesco 'lavadero' o vulgar srevicio de 'chapa y pintura' de bajísima calidad. Las experiencias que se han realizado en sanatorios generales con adictos y esquizofrénicos han culminado desastrosamente, con juicios contra el centro médico y las prepagas.

Este delicado panorama terminará, sin dudarlo, con una cifra más elevada de indigentes mentales en las calles; la cárcel será la parada final para incontables adictos y pacientes esquizofrénicos. En definitiva, nuestro país ha sido condenado a no contar con centros especializados en psiquiatría y en adicciones; en idéntico tren de pensamiento, podría plantearse la prohibición de apertura de centros cardiológicos, o de otras especialidades médicas.

Ya en su oportunidad, un estudio publicado por el matutino estadounidense The New York Times supo explicitar la experiencia de ciertos estados de la Unión: al clausurarse centros de atención, se multiplicaron los números de pacientes en prisión, se redujo la cifra de internaciones, y se disparó la cantidad de indigentes mentales en las calles, así como la cantidad de los 'elsewhere' -personas que están en cualquier sitio, o 'a la buena de Dios'; citándose el concepto de Human Rights Watch.

En la República Argentina, desde 2010 se ha disparado el consumo de drogas en no menos de un 200% promedio, y particularmente entre la población más vulnerable, que va de los 12 a los 17 años de edad. El SEDRONAR -bajo la conducción de la actual Administración- ha sabido mostrarnos la realidad del apagón estadístico que padecimos durante siete años. Las consecuencias en el campo de la salud mental son gravísimas; habida cuenta de lo que es menester reiterarlo: la vulnerabilidad del sistema nervioso en los adolescentes es elevada, y el consumo de drogas opera como disparador de síntomas psicóticos. La relación entre consumo precoz de drogas y esquizofrenia es igualmente alta, y máxime si el individuo pertenece a núcleos familiares pobres en materia de vínculos afectivos. Más aún: hoy día, el 50% de los pacientes esquizofrénicos consumen drogas (predominantemente alcohol, marihuana y cocaína, en ese orden; el 90%, tabaco).

Mientras el panorama solo supo agravarse, se impedía la apertura de nuevos centros de tratamiento (la fecha límite se fijó en 2016, luego prorrogada a 2020). La exigencia para los centros era un imposible: se pretendía que se transformasen en centros médicos que pudieran ocuparse en un 10% de atención en adicciones, pero para ello eran necesarias inversiones millonarias -que ni siquiera el sector privado está en condiciones de ofrecer. El lector deberá tomar nota: la absurda reglamentación aquí descripta continúa vigente. Mientras Usted lee estas líneas, prosiguen las clausuras de centros terapéuticos y se multiplican los núcleos ilegales de asistencia en las provincias. La razón: el sufrimiento no puede esperar.

Naturalmente que la promoción del cierre de los centros de atención viene de la mano con el esfuerzo propagandístico, de parte de los promotores de la aceptación abierta de las drogas. Este esfuerzo publicitario ha llegado a las escuelas del país, y el empeño de sus promotores también ha logrado desactivar todo intento de pergeñar modelos de prevención en las instituciones educativas. Convenientemente, este escenario favorece los intereses de los regentes de redes de comercialización de estupefacientes, por cuanto han logrado consolidarse en los barrios de las ciudades de todo el país, sin importar se trate de sectores de clases bajas o acomodadas.


El oscurantismo argentino

La brillante María Elena Walsh supo describir o anticipar esta filosofía de desencanto e irrealidad, en las estrofas del Reino del Revés. Es que, en nuestro país, el tratamiento serio del tema drogas ha sido dejado en manos de los personeros de la irrealidad; la realidad no solo es negada, sino abolida. El resultado: un mundo ilusorio, que bordea lo delirante.

En el campo de la salud mental, nuestra República transita hoy una etapa oscurantista, construída por aquellos que venían a traer la libertad frente a los 'oscuros poderes psiquiátricos'. Tal declaratoria, innegablemente política y portadora de un ideario trotskista ya vetusto, ha condenado a los pacientes a una realidad peor que la que el progresismo declama combatir: se ha abandonado a los pacientes en la inermidad de sus recurrentes compulsiones y delirios. Esta ideología progresista ha abandonado a su suerte a miles de personas, condenándolas a un lóbrego contexto sanitario y epidemiológico.

En lo personal (y en coincidencia con centenares de colegas que compartimos preocupaciones), esperamos por la reacción del Presidente de la Nación. De lo contrario, habremos de describir el contexto vigente echando mano de la expresión infantil 'Otra vez, sopa'. Aunque, esta vez, la sopa tenga sabor amargo.



ANTECEDENTE CURIOSO



El Intendente de Merlo, será el Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. El año pasado, Gustavo Menéndez fue designado en el partido, en el orden nacional, para dirigir la Secretaría de Culto y Doctrina Social de la Iglesia.

“Durante el lanzamiento, dejaron en claro que la Secretaría se propone como objetivo aplicar “el magisterio conceptual de la Doctrina Social de la Iglesia Católica”, tal como lo especificó Menéndez en la lectura de un extenso documento con citas recurrentes de la Biblia.”

(Fuente: Abcenlinea.com, 17 junio, 2016) 


INSÓLITO: UNA SOLDADO QUE SE ENFRENTA CON CAMARADAS


Villa Mascardi: una mapuche herida era voluntaria del Ejército en Bariloche

Una soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña en Bariloche es una de la militantes que resultó herida ayer durante el enfrentamiento entre un grupo radicalizado mapuche y miembros de Prefectura Naval al interior de un predio en la zona del lago Mascardi. Según trascendió, la soldado decidió no bajar de la montaña y rechazó los cuidados médicos que le ofrecieron los profesionales que se acercaron ayer al sector en varias ambulancias.

Hasta donde se sabe, la mujer permanece oculta y en la clandestinidad en un sector alto de Mascardi. Fuentes locales indican que tiene una herida de bala en el hombro. Miembros de la comunidad aborigen Lafken Winkul Mapu aseguraron que la fugitiva quiere tratar sus lastimaduras mediante la utilización de remedios que son tradicionales dentro de la cultura mapuche.
Para ello, algunos referentes indígenas le habrían solicitado a las autoridades permiso para internarse en Mascardi y tratar con sus medicinas a los mapuches que pudieran haber sido impactados ayer.

Según un reciente comunicado del Ejército Argentino, la soldado Micaela Johana Colhuan habría sido herida en el transcurso del intercambio que ocurrió en horas de la tarde de ayer a 35 kilómetros de Bariloche. Así dice el texto oficial:

“Micaela Johana Colhuan (DNI: 40.994.737), soldado voluntaria perteneciente a la Escuela Militar de Montaña desde abril de 2016, el día 23 de noviembre, día de los hechos, trabajó normalmente en el instituto entre las 08:00 y 17:00 hs, retirándose en uso de franco a partir de ese horario. Al día siguiente, 24 de noviembre, no se presentó a trabajar. Ante tal situación, el director del instituto ordenó que se iniciara el trámite administrativo correspondiente ante la falta sin causa de la soldado voluntaria a fin de dejar constancia del hecho y sus causas”, arranca el documento.

“Asimismo -sigue el comunicado- y al no tener información del paradero de la causante, personal del instituto concurrió a su domicilio el día 24 y 25 de noviembre siendo recibidos por la madre quien les manifestó que la soldado voluntaria había 'tomado una decisión y se encontraba escondida en la montaña'. A las 17:00 hs del día de ayer (por el sábado), la madre de la causante se apersonó a la guardia de la escuela para manifestar que su hija se encontraba herida y rápidamente se fue del lugar”.

El parte concluye: “A raíz de esto, en la noche de ayer, el director de la escuela se reunió con el juez federal a cargo de la causa, Dr. Gustavo Villanueva a fin de transmitirle los hechos y aclarar la situación”.

Un comunicado de la Justicia Federal confirmó este domingo la situación de la soldado. “En el día de ayer —25/11/2017—, continuando con las labores, la patrulla que recorría el lugar habría advertido la presencia de un número no determinado de personas, y se habría producido un enfrentamiento que tuvo como desenlace el deceso de una persona que pertenecería a la Comunidad referida, cuya identidad no fue fehacientemente determinada aún; dos personas fueron detenidas y otras dos habrían resultado heridas con armas de fuego. Miembros de la Comunidad informaron que los heridos no revestían gravedad ni requerían atención hospitalaria, pese a que se encontraban disponibles en el lugar dos ambulancias del Hospital Zonal Bariloche”, indica.
Según pudo averiguar Clarín, Colhuan forma parte de la Comunidad Nahuel Colhuan que tiene como espacio de residencia el barrio obrero mapuche de Virgen Misionera ubicado a 7 kilómetros del centro de Bariloche. Se trata de sector humilde en el cual la mayor parte de la población es de origen aborigen.


En 2013, la joven participó en el control de las elecciones municipales, según consta en los registros públicos del municipio de la ciudad. Recibió 300 pesos por participar como Autoridad de Mesa y Coordinadora en los comicios del 1 de septiembre de ese año.

EL NEGOCIO DE LOS MAPUCHES RAM



por María Celsa Rodríguez
Informador Público, 27-11-17

Hace mas de una semana que el gobierno tomó conocimiento a través de los informes de inteligencia que le llegaron a los despachos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj sobre la toma de tierras de los radicales Mapuches. El Estado de alerta impulsó a que desde Casa Rosada se monitoreara la situación, mientras los RAM se instalaban en el Parque Nacional de Bariloche con el argumento que les pertenecen por "derecho ancestral".

Un día comenzaron a llegar desde Chile expandiéndose con violencia a Río Negro, Neuquén y Chubut, esto empezó primero a generar la preocupación de las autoridades de esas provincias pero ahora ya preocupa al gobierno nacional. Las continuas reinvindicaciones de los derechos mapuches más radicales fue desarrollándose a través de la violencia, usurpando tierras, y quemando propiedades privadas: como viviendas, vehículos y material agrícola. Pero el secreto es que detrás de todo este reclamo hay un gran negocio que son los yacimientos de hidrocarburos donde las empresas deben pagar a los Mapuches que son los "dueños de la tierra". YPF padece esta presión por las dos comunidades Mapuches con quienes deben negociar constantemente para poder operar en la zona: una es la Payndemil y la otra es la Kaxipayiñ.

La primera intimó durante estos últimos años a la petrolera exigiéndole 15.000 hectáreas en la zona, y lo hizo por medio de bloqueos que comprometía el trabajo de la productora petrolífera de Loma de la Lata, poniendo en peligro los alrededores por posibles derrames y fugas de gas que potencia posibles incendios. Las perdidas económicas por estos eventos que se repetían eran cuantiosas.

La otra comunidad, la Kaxipayiñ se llevó millonarias sumas de dinero de la petrolera por usar el territorio "originario y sagrado": "$ 24 millones en 2014; $ 32 millones en 2015 y $ 55 millones en 2016". Y esto fue depositado en una cuenta bancaria a nombre del líder de esta comunidad llamado Gabriel Cherqui quien maneja pequeñas empresas creadas como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), anda en camioneta 4 x 4 de alta gama, con celulares IPhone en sus manos. Por otro lado los mapuches les exigen a las petroleras contratar estas empresas de servicios de limpieza, de transportes y de seguridad creadas y administradas por el grupo mapuche con empleados de la zona. La comunidad Payndemil dirigida por Elba Paydemil ha percibido también compensaciones millonarias de YPF, por el "uso de la tierra".

El lonco Elba Payndemil controla quién entra o sale del yacimiento.

En el año 2009 se crea la empresa La Lata SRL, en que Rolando Gabriel Cherqui y Valeria Silvana Farías, son los dueños, brindando diferentes prestaciónes de servicios como el mantenimientos de equipos eléctricos y mecánicos, y también el alquiler de vehículos y maquinarias pesadas para el trabajo en las petroleras. Según informes del Banco Central, esta empresa emitió 11 cheques sin fondos por importe de 341 mil pesos. La otra SRL de nombre Belcher, también pertenece a Gabriel Cherqui y a Ana Elizabeth Beltrán Salas que se encargan entre otras cosas de la instrumentación de informes de auditorías para el análisis de la calidad de los suelos y toda evaluación de sanidad ambiental. Alternando con el alquiler de transporte y maquinarias pesadas para la construcción de obras civiles, hidráulicas y viales.

Como se ve, Cherqui construyó un verdadero imperio comercial y lo hizo con los fondos petroleros creando sociedades para invertirlos también en la cría de caballos de carrera, en el manejo de negocios turístico, de limpieza y vigilancia, y prestándole sus servicios -bajo presión- a la misma petrolera.

Asimismo hay un conflicto interno en un reclamo a YPF por la perforación de 145 pozos, que para permitir el ingreso de las maquinas deberán pagar a los mapuches $ 50 millones.

Siendo otros de los argumentos que como sus territorios están contaminados por la actividad petrolera deben indemnizarlos usando como elemento de presión los cortes, piquetes y todo tipo de agresiones, tomas de instalaciones, colocar “clavos miguelito” en las rutas, acciones que imposibilitan el trabajo de la petrolera -mientras ellos extorsionan- y así construyen un negocio millonario.



Fernando Jones en el hipódromo.

Los Jones Huala
Se sabe que el padre de Fernando y Facundo Jones Huala, quien -este ultimo- es el líder mapuche que se encuentra detenido, era cuidador de caballos que luego eran vendidos al empresario Cristóbal López“. Ramon Jones hace un tiempo se fue a trabajar en el hipódromo para Ricardo Benedicto, el llamado Zar del juego, y socio de López cuidando y preparando los caballos para las carreras donde su hijo Fernando Jones también trabaja allí. Entonces con "los Jones", ¿podemos hablar de verdaderos mapuches?



Ramón Jones a la izquierda marcado en un círculo.

¿Qué pasa en Chile?
En Chile la cosa tiene un costado mas de terrorismo incendiario con alto grado de violencia, por tal motivo pendula la discusión si los incendios y los ataques a la propiedad privada pueden ser calificada como violencia rural o como terrorismo. Al respeto, "Mauricio Heise que dirige el Observatorio sobre Terrorismo en Chile explica que existe terrorismo en el sur del país. 'Es ejecutado por sectores minoritarios del pueblo mapuche, que no lo representan en términos globales. Es un movimiento nacionalista de liberación nacional y sus objetivos son la autonomía política y el territorio propio, lo que se denomina el Wallmapu, tanto en Chile como en la Argentina', señala. Y agrega que funciona con 'una red de células que fueron creadas desde la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), entre cinco y diez personas cada una, y llamadas órganos de resistencia territorial'".

Chile maneja un protocolo propio en el tema del terrorismo interno que ellos llaman Ciclo de Inteligencia, que son de cuatro instancias:

"La Dirección: Se determinan las necesidades de información, estableciéndose objetivos, planificación y coordinación de medios disponibles.

La Recolección: Corresponde a la obtención de información requerida para análisis y producción de inteligencia.

La Elaboración: Es la transformación de la información obtenida en inteligencia, mediante análisis que implica valoración de pertinencia y exactitud, integración con otra información disponible e interpretación del conjunto. Esto es la producción de inteligencia.

La Difusión: Distribución de la inteligencia producida, en forma segura y por los medios adecuados, a quienes requieren de ella, como pudiesen ser autoridades o mandos policiales".

En la "Operacion Huracán", Carabineros de Chile descubrieron una red que traficaba con armas. En mensajes de WhatsApp y de Telegram se encontraron chats donde se revelaban la cantidad de armas que llevaban desde Argentina al vecino país: "ESCOPETA 6, REVOLVER 10, PISTOLAS 12, FUSIL 2, MUNICIONES 250 CARTUCHOS, APROX 550 BALAS 38, 84 balas 9".



Escondites de armas de las FARC disidentes.

Allí uno de ellos dice que lo que sabe "lo aprendió en el Mir" (MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria). También hay envíos de Chips para celulares que deben usar por tres días y luego tienen que quemarlos para evitar ser rastreados. Programan ataques e incendios y como serán financiados a través de "charlas" en la ciudad de Santiago. Comentando que de tales charlas obtuvieron 19.100 dólares.

Pero las armas también pueden proveerlas los disidentes de las Farc.

Constantemente se encuentran escondites donde se guardan el poderoso arsenal de los disidentes. "Actualmente, alrededor de 346 guerrilleros integran la disidencia de las FARC".[3]

Aquel 23 de septiembre y "a través del Ministerio del Interior, la Corte de Apelaciones de Concepción, Valdivia y Temuco, en conjunto con la dirección de inteligencia de carabineros, desataron una cacería a destacados militantes del movimiento mapuche del Ngulumapu, esta fue denominada 'Operación Huracán'". El propósito era muy claro "detener los ataques incendiarios a maquinaria forestal y camiones en el Biobío". Ya que la recolección de mensajes anunciaban un nuevo ataque. Fue algo similar a otra Operación anterior la “Operación Paciencia” ejecutada entre los años 2002 y 2004 por el gobierno de Ricardo Lagos.

La forma como se puede proceder es a través de una labor de "inteligencia, como actividad de búsqueda y tratamiento de la información, la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, la define como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Para efectos del presente análisis, consideraremos la inteligencia orientada a contrarrestar actividades terroristas de acuerdo a los fines de la Seguridad Pública", dice el Observatorio de terrorismo en Chile. Y que "es en la provincia de Chubut donde se concentra las principales acciones por parte del RAM, habiendo realizado quema de maquinarias e infraestructura productiva, a través de atentados incendiarios y otras acciones de sabotaje, consideradas como de 'resistencia'. Entre los atentados se cuentan la quema de máquinas retroexcavadoras, de cabañas, además de ataques con armas de fuego.

El principal enemigo del pueblo mapuche, que ha sido identificado por la mencionada agrupación violenta, al igual que sus similares en Chile, es el capitalismo, por lo que han anunciado su propósito de lograr la expulsión de todo lo que consideran como expresiones del sistema económico: Latifundio, empresas transnacionales, petroleras, mineras e hidroeléctricas. En concreto, la lucha se plantea como nacional (del Pueblo Mapuche) y revolucionaria anti-capitalista. [...]

En tanto, desde Chile la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha expresado su solidaridad con la lucha que lleva su par en el país trasandino. Mediante un comunicado con fecha 13 de enero de 2017, en que se solidariza con las comunidades del lof en resistencia del departamento de Cushamen y con el grupo RAM, debido a que 'habrían sido permanentemente violentados y reprimidos por el gobierno argentino a través de su policía', para hacer frente al 'creciente proceso de reconstrucción cultural, social, político y militar de nuestro pueblo nación', así mismo, señalan la forma en que se traducirá el apoyo: 'Que nuestra solidaridad será puesta a disposición a través de acciones y la continuidad del sabotaje al circuito productivo trasnacional, sin transar y con la convicción que es nuestro único camino'.

La coordinación, además de ser explícitamente reconocida por los propios grupos terroristas señalados, también se evidencia en las actividades violentas desarrolladas por el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, en el sur de Chile, por lo que es requerido por la justicia chilena, luego que se fugara a Argentina mientras estaba con medidas cautelares por el incendio en el fundo Pisue Pisue en Ríos Bueno (ocurrido en enero de 2013). Lo cierto es que Jones Huala no llevó adelante dichas acciones violentas en solitario, sino que las realizó inserto en una célula local, quienes habrían proporcionado la logística requerida. Actualmente los delitos que se le imputan en Chile son incendio, tenencia de armas e ingreso ilegal al país. Luego que fue rechazada la solicitud de extradición en septiembre de 2016, el Estado chileno apeló y es la Corte Suprema de Argentina que deberá resolver si la acepta o la rechaza".[1]

Pero el trafico de armas por parte de los RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) (RAM) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) es de hace muchos años, ingresando desde la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay con procedencia de Venezuela durante la época del gobierno Kirchnerista. Y como ya es sabido, el entrenamiento lo recibieron "del Movimiento de Izquierda Democrática Allendista (MIDA) de Chile, de Sendero Luminoso (SL) de Perú y guerrilleros disidentes de las FARC".

Al respecto el Gral. Heriberto Justo Auel escribió que "Medio millar de disidentes de las FARC decidieron no ingresar al Tratado. Continúan en rebeldía y con las armas en sus manos. A ello debemos sumar aproximadamente mil quinientos guerrilleros desplegados en Venezuela que continúan en ese país. Lo más trascendente es que existen aun más de novecientos almacenes secretos. Las FARC han manifestado que no tienen inventarios de material de guerra -por lo menos para la ONU y el gobierno-. No hay certeza de lo que aun no se ha entregado, pero es muy probable que lo hecho no llegue al 50% de lo existente.

Un dato preocupante, que no aparece, es el de los misiles portátiles tierra aire y los misiles antitanques. Se calcula que suman varios centenares. A este arsenal disperso se suman las minas antipersonales. Los campos de coca de las FARC están protegidos por campos minados. Hubo once mil bajas producidas por minas en los últimos años y solo las FARC tienen los planos de los campos que han sembrado. El efecto psicológico de su sola existencia, sobre la población, limita seriamente el desplazamiento en las zonas rurales.

A fines del mes de junio de 2017 se habían intervenido setenta y siete depósitos, de un total declarado de novecientos cuarenta y nueve. En esos depósitos, además de armamento, materiales, munición y vestuarios, hay mucho dinero. Hay un gran número de civiles que compiten con los guerrilleros disidentes para apropiarse de los depósitos enterrados. Al no poder bancarizar sus ingresos negros, la organización ha tenido que recurrir a lo que se conoce como 'El Dorado de las FARC', en la selva".[2] Puede ser que los disidentes de las Farc también estén vendiéndoles armas a los Mapuches RAM y CAM.

Aqui el punto es que la actividad terrorista que implementa los Mapuches radicales fue un aporte del entrenamiento recibido de las FARC.

Por ello el trabajo coordinado, colaborativo y estratégico entre ambos gobiernos es fundamental como concluye el informe chileno del Observatorio de Terrorismo: "El terrorismo etno-nacionalista argentino aún no reviste la peligrosidad que tiene en Chile, ni tampoco ha alcanzado esos niveles de violencia, ya que en nuestro país se encuentra en escalada y extendido en una amplia zona geográfica. Al otro lado de la cordillera será fundamental en su contención las acciones que impulse el gobierno y el diseño de una estrategia para enfrentar esta amenaza a la seguridad, salvo que se adoptara la formula de la administración Bachelet, consistente en relativizar el terrorismo y bajarle el perfil ante la opinión pública, bajo el pretexto que simplemente se trata de 'violencia rural'.

La existencia de la RAM representa no sólo un problema de seguridad pública para Argentina, sino también para Chile debido a la coordinación que se está consolidando con la Coordinadora Arauco Malleco, lo cual podría impactar en apoyo logístico, traspaso de armamento y mutuo aprendizaje organizacional respecto a desarrollo de atentados, pudiendo influir en el potencial de violencia y en la capacidad para sostener la campaña terrorista. En este sentido, un factor relevante son los apoyos internacionales que logren en lo relativo a adiestramiento y armamento.

En el plano de la difusión del mensaje radical, la colaboración inter-cordillera posibilitaría fortalecer las labores de activismo debido al tránsito de militantes entre ambos países y al activismo digital, aumentando el potencial movilizador, debido a la extensión de la ideología en el colectivo de referencia, además, los individuos implicados en las actividades terroristas percibirían a su movimiento con mayores posibilidades de éxito debido a su internacionalización, con lo que habría mayor cantidad de personas dispuestas a integrar estas agrupaciones.

Es errónea la visión de quienes consideraran las expresiones de violencia mapuche en Chile y Argentina como conflictos locales de cada país, pues este fenómeno debe ser entendido como un mismo conflicto que abarca territorios de la soberanía de dos países, y que si bien existen especificidades locales propias, las demandas dicen relación con un mismo proyecto impulsado por sectores minoritarios, consistente en la construcción de una nación con autonomía política asentado en territorios de ambos países.

En el nivel estratégico, la eficacia del terrorismo se mide por la consecución del objetivo final, la liberación nacional del pueblo mapuche, que en este caso la factibilidad es a lo menos discutible, sin embargo, el éxito también dice relación con alcanzar ciertos avances que no hubiesen sido posibles sin la acción terrorista, como pudiese ser representación política u otras concesiones, aunque no impliquen la autodeterminación, pues el terrorismo, como una forma de comunicación, permite atraer la atención de la sociedad hacia la causa promovida por quienes ejercen la violencia, lo que ya es un triunfo para ellos.



A modo de conclusión, en el contexto de la estrategia que debiese formularse, la coordinación en el área de seguridad entre ambos países es fundamental, en términos de colaboración, sobre todo en ámbitos como la inteligencia, ya que es un fenómeno que se encuentra en escalada, con impacto en la seguridad pública de Chile y Argentina".[1]

María Celsa Rodríguez Mercado

Directora de ChacoRealidades

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Referencias