lunes, 30 de junio de 2008

Declaración de la Academia Nacional de Derecho

26/06/08

"La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en cumplimiento de los fines que le impone el art. 2º, inc. 3º) de su Estatuto, no puede permanecer al margen ni ignorar las graves vicisitudes sociales, políticas y económicas que afronta la Nación debido a la creciente desarticulación del sistema institucional establecido por la Ley Fundamental, máxime advirtiendo que su grado de intensidad es, quizás, el más elevado que se registra en el curso de los últimos 25 años.
El apartamiento del mensaje constitucional, forjado por quienes organizaron la República, no se percibe en un acto aislado. En varias oportunidades la Academia destacó la presencia de una serie de sucesos que conforman eslabones de una cadena que, retirándose paulatinamente del camino de transición a la democracia iniciado en 1983, acarrean un retroceso preocupante que desemboca en una transición al caos institucional y consecuente autoritarismo.
Uno de tales eslabones se manifiesta en el conflicto social suscitado recientemente con motivo de las retenciones impuestas a la exportación de productos agropecuarios, y que perturba seriamente la paz social.
Las retenciones son derechos o impuestos de exportación reglados por el art. 724 y siguientes del Código Aduanero sancionado por la Ley Nº 22.415 publicada el 2 de marzo de 1981. Esa ley, si bien tipifica la contribución, determina el hecho imponible y prevé al sujeto pasivo, faculta al Poder Ejecutivo para fijar, en forma directa o implícita, el monto del gravamen que es uno de los elementos esenciales del tributo.
Sin embargo, todos los elementos que componen un impuesto deben ser inexorablemente establecidos por ley del Congreso. Así lo disponen los arts. 4, 16 y 75, inc. 1º, de la Constitución Nacional. Este último categóricamente establece que corresponde al Congreso: "Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación".
Solamente el Congreso, actuando como Cámara de origen la de Diputados (art. 52 CN), está habilitado para imponer derechos fiscales, impuestos, tasas y contribuciones. Se trata de una potestad del órgano legislativo, cuya consagración se remonta a la Carta Magna Inglesa de 1215 y que fue incorporada a todos los textos constitucionales forjados por el secular movimiento constitucionalista. Así, en nuestro país, desde el mismo 25 de mayo de 1810, el órgano ejecutivo fue privado de la potestad de imposición tributaria, y tal determinación fue reiterada en todos los antecedentes constitucionales anteriores a la organización nacional concretada con la Constitución de 1853/60.

Resulta, constitucionalmente, inadmisible que el Poder Ejecutivo se arrogue atribuciones propias del Congreso estableciendo el monto de un impuesto, pues tal solución sólo sería viable si el legislador estableciera montos máximos y mínimos razonables, autorizando al Presidente de la República a variar su determinación entre ellos, tal como acontece con la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido desde 1922 hasta la fecha que un impuesto o la acumulación de éstos que supere un tercio de la renta es manifiestamente confiscatoria y violatoria de los derechos y garantías establecidos en la primera parte de la Constitución Nacional.
Sin embargo, la inobservancia de semejante regla elemental por el Código Aduanero y el Poder Ejecutivo, permiten sostener la inconstitucionalidad de las retenciones impuestas que, ni siquiera, pueden provenir de un decreto de necesidad y urgencia o de una legislación delegada (arts. 76 y 99, inc. 3º, CN). Menos aun pueden ser establecidas por una resolución ministerial considerando que, el art. 103 de la Constitución Nacional, prohíbe a los ministros dictar resoluciones que no conciernan al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires considera que el citado conflicto social es consecuencia del incumplimiento de las normas constitucionales. Si su tratamiento hubiera sido sometido a la consideración del Congreso, con el consiguiente debate público, requerimiento de opiniones a los sectores involucrados y emisión de juicios por parte de los grupos sociales de opinión pública, se habría dado fiel cumplimiento al principio de legalidad fiscal, sin perjuicio del cuestionamiento que, en algún caso particular, se pudiera efectuar ante el Poder Judicial. Pero, la legalidad y el debate público republicano impuestos por la Constitución, habrían privado de toda licitud y legitimidad a los factores desencadenantes del conflicto

El grave deterioro del sistema institucional que diluye la firmeza propia de un auténtico Estado de Derecho no es consecuencia del problema suscitado por la imposición inconstitucional de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Es, tan sólo, el último de los eslabones de una desafortunada cadena compuesta por medidas y conductas cuya rectificación se impone para concretar los grandes objetivos de la Constitución Nacional: la libertad responsable, la dignidad y el progreso de los habitantes del país.
En este marco, resulta preocupante la inoperancia del Congreso de la Nación en el ejercicio de su función de control sobre el Poder Ejecutivo. Si bien es comprensible que los legisladores guarden fidelidad a las directivas que emanan de los grupos políticos que integran, sobre ella se impone la fidelidad que se debe al pueblo y que está conformada por el logro del bien común a la luz de una política gubernamental arquitectónica. Deben tener conciencia, a igual que todos los funcionarios gubernamentales que, en el ejercicio de sus mandatos, están obligados a reconocer la supremacía de esa política sobre la política agonal.
La doctrina de la separación de las funciones del poder estatal, esbozada por Locke, formulada por Montesquieu y complementada por Loewenstein, es una de las garantías fundamentales para la manifestación de una república y una convivencia democrática. El respeto hacia esa separación y a su digna sustentabilidad, garantizando asimismo el funcionamiento eficiente de todos los órganos de control, es condición ineludible de un sistema político democrático constitucional que, si bien puede presentar falencias, es el más eficiente que se conozca para salvaguardar la libertad y dignidad del ser humano.

La vigencia de esa doctrina no se compadece con la permisividad del Congreso frente a la emisión arbitraria e injustificada de innumerables decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, muchos de ellos sin dar cumplimiento a las condiciones establecidas por el art. 99, inc, 3º de la Constitución. Corresponde, retomando plenamente su función legisferante, que el Congreso se ajuste al art. 82 de la Ley Fundamental y que, a la brevedad, se expida sobre el rechazo, tácito o expreso, o la aprobación de tales decretos soslayando la ausencia de un plazo a tal fin, omitido incomprensiblemente por el art. 22 de la Ley Nº 26.122.
Para fortalecer el control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Art. 101 de la Constitucional ordena que el Jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente y de manera alternativa a cada una de sus Cámaras para informar sobre la marcha del gobierno. Sin embargo, el incumplimiento de esta cláusula durante el último lustro es manifiesto. Ni el Jefe de Gabinete cumple con su deber institucional ni las Cámaras del Congreso le exigen que honre el texto constitucional. Tal situación cercena ese control fundamental, impidiendo que los integrantes de las minorías congresuales, algunos miembros de la mayoría y el pueblo puedan conocer las razones determinantes de ciertos actos de gobierno, sus proyectos y medios para concretarlos.

Situación similar se presenta con las reuniones de gabinete de ministros impuestas por el Art. 100, inc. 5º, de la Ley Fundamental. Ellas no son convocadas por el Jefe de Gabinete, y mucho menos presididas por el titular del órgano ejecutivo como, en principio y como regla general, lo impone esa norma.
Tampoco resulta razonable que, durante más de seis años, subsista la legislación de emergencia contemplada en el Art. 76 de la Constitución, que ha permitido una expansión, por cierto riesgosa, de la función ejecutiva del gobierno. En un Estado de Derecho, el estado de emergencia es una situación excepcional y limitada en el tiempo, porque la vida de los pueblos presupone la manifestación de crisis, cuya envergadura es variable, que deben ser resueltas con inteligencia, procurando resguardar los derechos y garantías, y no mediante el sobredimensionamiento de un órgano del poder.
Esa tolerancia injustificada del Congreso, que trae aparejada una importante concentración del poder en el órgano ejecutivo del gobierno, explica la desafortunada legislación presupuestaria que otorga amplias y desmesuradas facultades al Jefe de Gabinete para decidir sobre el destino que corresponde asignar a las partidas presupuestarias.
En síntesis, el hiperpresidencialismo gestado por la pasividad del Congreso, está determinando una continua y creciente absorción de funciones legislativas por el Presidente de la República en desmedro de la garantía que configura la separación de las funciones del poder estatal. A esta situación patológica, se añade el paulatino deterioro de la estructura del Poder Judicial generado por el Poder Ejecutivo con la necesaria colaboración del Congreso y el Consejo de la Magistratura

A la morosidad del Consejo de la Magistratura en la selección de las ternas de candidatos a jueces, se añade la indefinición del Poder Ejecutivo en la selección de uno de sus integrantes para, previo acuerdo del Senado, asignarle la cualidad de juez natural de la Constitución. Esa morosidad y esa indefinición han determinado la existencia de numerosas vacantes en la titularidad de los juzgados y tribunales de alzada que perturban el eficaz desempeño del Poder Judicial. Tales actitudes conspiran contra la excelencia que tradicionalmente imperó en el Poder Judicial sin que, en modo alguno, pueda considerarse como una solución satisfactoria la sanción reciente de la Ley Nº 26.376 sobre subrogancias. Es que, de mantenerse la situación actual, existe el riesgo serio y cierto de que la mayoría de las vacantes se cubran con subrogantes elegidos por el Poder Ejecutivo en función de sus objetivos políticos, transformando un régimen de excepción en una regla general que dista de adecuarse a nuestro sistema constitucional.
No escapa a esta crítica el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. A su ausencia de agilidad, fruto de una endeble reglamentación legislativa e interna, se añaden las circunstanciales presiones ejercidas sobre algunos magistrados judiciales para que el contenido de sus sentencias se ajuste a ciertas líneas políticas.
Esa lesiva intromisión para la independencia del Poder Judicial acarrea un margen preocupante de inseguridad en jueces probos, precipitando un éxodo de ellos mediante la renuncia a sus cargos. Considerando el lapso que insume la formación de un buen magistrado judicial, resulta incongruente desde el punto de vista institucional que se precipite su alejamiento del Poder Judicial cuando alcanza la aptitud ideal para el eficiente desempeño de su cargo.
Pero, al margen de la presión sobre los jueces ejercida por algunos integrantes del Consejo de la Magistratura y que, públicamente, fue avalada por integrantes del Poder Ejecutivo, se opera también una ilegítima presión sobre algunos funcionarios administrativos de ese organismo que ha concluido con la renuncia de alguno de ellos. Tal el caso del ex secretario del Consejo, doctor Pablo Hirschmann, funcionario de carrera que registra antecedentes intachables a lo largo de su extensa trayectoria en el Poder Judicial.

La estructura del sistema institucional establecido por la Constitución presenta, como objetivos fundamentales e imperecederos, abogar por la plena vigencia de la libertad, la dignidad y el progreso de la sociedad y cada uno de sus integrantes. El logro de tan nobles objetivos, comunes a todas las democracias contemporáneas consolidadas, impone una especie particular de cultura forjada por la tolerancia, el pluralismo, la convivencia armónica y la seguridad, que consolidada la paz que añora toda sociedad.
Sin embargo, la serie de eslabones que conforman la cadena a que hemos hecho referencia, impiden la manifestación de aquellos elementos en la sociedad actual. La intolerancia de ciertos sectores gubernamentales y de grupos de presión fomentados por ellos es manifiesta y se traduce en actos de violencia cuya impunidad es sugestiva. Grupos utilizados con el deliberado propósito de producir divisiones en la sociedad argentina, transformando a los adversarios en enemigos. Se procura socavar el tradicional pluralismo argentino descalificando a quienes expresan un pensamiento que difiere del gubernamental.
No se opera un intercambio y confrontación de ideas en el cual se impone la razón, sino el rechazo arbitrario del disenso mediante el agravio, y si es conveniente, acudiendo a la fuerza. La intolerancia, que destruye al pluralismo democrático, se extendió a los medios de prensa y periodistas que adoptan una postura crítica frente a ciertos actos gubernamentales o presuntos hechos delictivos que involucran a funcionarios públicos.
Otro tanto mediante el proyecto de crear un observatorio oficial de los medios de prensa y de modificar la ley de radiodifusión sin un amplío y previo debate público que permita definir una normativa en función del interés general y no meramente del interés político gubernamental.
Desprovista de tolerancia y pluralismo, la convivencia social jamás podrá ser armónica ni democrática, y, por añadidura, jamás podrá ser un medio idóneo para alcanzar los objetivos de libertad, dignidad y progreso que la Constitución Nacional aspira a que realicen quienes acceden a los cargos gubernamentales. La división de la sociedad, el temor y la inseguridad, el odio, y por añadidura la ausencia de una convivencia pacífica, son los anticuerpos que impiden la concreción de las metas constitucionales.

Los eslabones de la cadena que precipita el grave deterioro institucional de la República no se agotan con los descriptos. A ellos se añaden muchos más, como la creciente inseguridad de los habitantes, víctimas de hechos delictivos; la insuficiente prevención por parte de las fuerzas de seguridad; los niveles insatisfactorios en materia de educación y salud pública; el incumplimiento efectivo e inmediato de las prestaciones jubilatorias; la ausencia de un plan de viviendas que satisfaga la dignidad que merecen quienes habitan asentamientos precarios; la defensa del valor de la moneda, rectificando las causas que originan la inflación y el aumento del costo de vida; promover las inversiones con exenciones impositivas y otros estímulos y garantías; fomentar las exportaciones; afianzar el federalismo garantizando la autosuficiencia económica de las provincias mediante la sanción de la tan anhelada ley convenio en materia fiscal; estructurar la reorganización de los partidos políticos y no confundirlos con las facciones políticas.
Todas ellas son materias pendientes, expresamente impuestas por la Constitución Nacional, que correspondería abordar en forma progresiva y orgánica para que la democracia sea real, y no meramente formal. Para que el proceso de degradación institucional sea suplantado por el que marca la Ley Fundamental para el logro de sus nobles y concretos objetivos".

Santos Cifuentes Académico Secretario y Julio César Otaegui Académico Presidente

domingo, 29 de junio de 2008

Inversión oficial en soja

La ANSES tendría 70 millones de dólares invertidos en pools de siembra

Mientras Cristina Kirchner demoniza los grandes grupos de siembra, los senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Juan Carlos Marino investigan si varios de ellos reciben fondos de la ANSES. Sospechan que inversiones que hacían las AFJP fueron traspasadas del sistema privado al de reparto. Son más de 70 millones de pesos.
En los primeros días de junio, en la cumbre de la FAO en Roma, Cristina Fernández de Kirchner criticó fuertemente a los pooles de siembra. Los fustigó por realizar “movimientos especulativos”. Sin embargo, esto no significa que en todas las dependencias gubernamentales tengan la misma concepción. O, de tenerla, no les parecería algo negativo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, está en la mira porque tendría inversiones por más de 70 millones de pesos en los demonizados pooles de siembra. Los senadores radicales Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Juan Carlos Marino presentaron el viernes último, amparados por el decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública, un pedido de informes en el organismo solicitando datos sobre las inversiones que el organismo efectúa.
“El tema es explicitar el doble discurso e hipócrita del Gobierno, porque con los fondos de los jubilados invertirían en pooles de siembra”, le aseguró Morales a PERFIL. “La ANSES debería administrarlos para mejorar las jubilaciones que paga y aplicar la correspondiente movilidad que ordena la Constitución nacional y ratifica la Corte Suprema de Justicia. La timba financiera o el apoyo encubierto a los grupos más concentrados de parte del Estado, de confirmarse sería una real vergüenza”, agregó el senador jujeño.
A fines de 2007, cuando se volvió al sistema de reparto, las AFJP tuvieron que realizar un traspaso masivo de portafolios a la ANSES. Según los legisladores, “por analogía con las informaciones suministradas por la Superintendencia de AFJP se infiere que esos fondos se mantienen en inversiones en pooles de siembra”. Se refieren a 74.565.845,81 pesos que la ANSES invierte bajo el rubro “Fondos de inversión directa”. Esa información Morales y compañía la consiguieron en febrero, en respuesta a un pedido de informes anterior. Allí la ANSES expuso las inversiones que realizaba con “instrumentos recibidos desde las AFJP”. Lo que despertó la atención de los senadores es que en la información que suministra mensualmente la Superintendencia de AFJP, con el resumen de la cartera de inversiones de las administradoras privadas, existe un ítem que también se denomina “Fondos de inversión directa”. A diferencia de la información brindada por la ANSES, allí se especifica dónde se invierte ese dinero. Y, efectivamente, la Superintendencia consigna inversiones en los siguientes pooles: Agrícola Grobo II, Chacarero II, Agrícola AGD, Fideiagro 2009 clase A, Fideiagro 2009 clase B, Faid 2011, Fondo Agrícola Inversión Directa 2007, Fondo UBS Brinson.
Por otra parte, al comenzar la investigación, llegó a oídos de Morales un chisme que le despejó las dudas. En una reunión en Necochea, el director ejecutivo de la ANSES, Amado Boudou, habría expresado su felicidad porque su organismo estaba invirtiendo en pooles de siembra.
Más de uno podría preguntarse si no es correcto que, al igual que las AFJP, la ANSES invierta su superávit. “Entonces que la Presidenta no teatralice con lo perjudicial de los pooles”, responde Morales.Por Gabriel Ziblat


NuevoEncuentro 29/06/08









sábado, 28 de junio de 2008

Jubilados: cayó el poder de compra

El poder de compra de cientos de miles de jubilados y pensionados acumula una caída de hasta el 36 % desde diciembre de 2001. Esto significa que, debido a que el alza de precios superó al aumento de los haberes, en muchos casos los ingresos hoy alcanzan sólo para hacer frente al 64 % del gasto que podía realizarse hasta el inicio del proceso inflacionario.
El deterioro tiene que ver con la falta de un índice de movilidad que permita mantener el valor de los haberes. El viernes último, un juez de primera instancia ordenó un alza para todos los pasivos cuyos ingresos no hayan tenido una suba que por lo menos siguiera la evolución promedio de los salarios entre 2002 y 2006, que fue del 88,57 por ciento. En rigor; eso significa extender lo dispuesto en un fallo de la Corte Suprema –dictado para el caso del jubilado Adolfo Badaro- a todas las personas afectadas por una recomposición insuficiente. Los jueces también habían instado al Congreso a dictar una ley en la materia, una orden que ha habían dado a mediados de 2006.
Quien cobraba $ 1000 siete años atrás, recibe ahora $ 1517. Suponiendo que en 2001 consumía bienes y servicios por los $ 1000, el valor actual de esos consumos es de $ 2376. Así, el haber equivale ahora al 64 % del precio de los productos que antes era posible adquirir con la jubilación.
Como es complejo conocer el número de pasivos que podrían estar alcanzados por el fallo dictado el viernes, el juez dispuso que la ANSES, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, que presentó la demanda, resuelva por la vía administrativa caso por caso. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, sostuvo anteayer que irá a la ANSES mañana para intentar consensuar un mecanismo que permita cumplir lo dispuesto, pero desde el organismo de la seguridad social insistieron en que la sentencia será apelada. Y así sus efectos quedarán suspendidos.

(La Nación, 23-6-08)

domingo, 22 de junio de 2008

Policía colombiana destruye 48 laboratorios de cocaína de las FARC

Agentes de la Policía Antinarcóticos y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) de Colombia, hallaron y destruyeron un total de 48 laboratorios de producción de cocaína en selvas del departamento del Vichada, este del país, informaron hoy fuentes oficiales.

El comandante de la Policía del departamento del Meta, coronel Pablo Emilio Gómez, dijo a periodistas que los 48 centros de producción de drogas pertenecían a los frentes 16 y 43 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En uno de esos centros, localizados en zona rural selvática de la localidad de Cumaribo, asimismo, fue encontrado un escondite de armas y material de guerra.
Los laboratorios y las armas fueron hallados en el marco de la operación 'Fortaleza' lanzada desde hace ocho días en la zona contra las guerrillas y el narcotráfico, añadió el coronel Gómez.
Las autoridades hallaron, asimismo, equipos industriales para el proceso de la coca y también equipos de comunicaciones.
En la operación, en la que participaron helicópteros y decenas de hombres, no se registraron detenciones pues los narcotraficantes al detectar la presencia de las autoridades huyeron, concluyó la fuente policial.
El sábado, fuentes policiales habían dado cuenta del hallazgo y destrucción de 79 laboratorios de proceso de base de coca, también a las FARC en zonas rurales del departamento de Arauca, este del país.
Portavoces policiales precisaron que en la llamada operación 'Frontera' se descubrieron esos centros de producción de la pasta básica de la coca en jurisdicción de los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame en Arauca, pero no se registraron detenciones.

(Terra Actualidad – EFE, 22-5-08)


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La falacia de las retenciones móviles (avance)


Por Mario Cafiero y Javier Llorens


Una de las características con las que solemos abordar los conflictos en nuestra Argentina, es la falta de datos concretos del problema en cuestión. Entonces el debate, así planteado, tiende a reducirse a prejuicios o a simplemente tomar partido a favor o en contra, por afinidad o antagonismo político.
Esta metodología ha dado como resultado que muchos "sapos" fueron tragados, apelando solo a determinadas afinidades simbólicas del pasado. También ha posibilitado que enormes elefantes blancos se hayan introducido en la vida política y económica argentina; al calor de encendidos discursos en contra precisamente de esos elefantes blancos.
Esto lo estamos viviendo nuevamente hoy, con motivo del conflicto entre el gobierno y el campo.
Por un lado el gobierno sostiene que la postura del campo es movilizada por sectores golpistas "destituyentes" y antidemocráticos, a los que no precisa; y financiada por poderosos “pooles" de siembra” de soja, a los que no identifica.
Por su parte los representantes rurales dicen que las medidas del gobierno tienden a beneficiar a esos poderosos “pooles" de siembra”, y a los sectores concentrados de la intermediación agroalimentaria, que son un puñado de empresas que todos conocemos y se pueden contar con los dedos de las manos, expulsando la competencia de los pequeños y medianos productores,

La evidencia de los hechos que a continuación se exponen, le da enteramente la razón a la postura del campo. Y además muestra la existencia de graves inconductas, lindantes con ilícitos penales, por parte del gobierno. Aunque a primera vista parezca sorprendente, hemos llegado a la conclusión que:
Las retenciones móviles habrían sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos.
Esta afirmación aunque parezca temeraria, tiene su fundamento en el hecho que hacia fines del año pasado, al compás de que la soja llegaba a su máximo nivel de precios históricos, los exportadores presentaron declaraciones juradas de venta al exterior por volúmenes desproporcionados con el objeto de congelar las retenciones a pagar, cuya suba se concretó inmediatamente después con la resolución 369.
Pero seguidamente en forma inesperada, por la irrupción de la especulación financiera internacional, la soja siguió subiendo ininterrumpidamente, hasta llegar en marzo del 2008 al doble del valor que tenía en el 2007. Esto les jugó en contra a los exportadores de granos. No podían efectivizar las masivas ventas anticipadas, comprando en el mercado interno a precios muy superiores a los precios de exportación ya fijados.
Necesitaban imperiosamente que los precios se retrotrayeran a noviembre del año anterior. Y el gobierno cómplice de la maniobra les dio la mano salvadora, dictando la medida de las retenciones móviles.
• No habrá este año ni tal vez nunca, ningún excedente recaudatorio por retenciones por sobre el 35 % del valor FOB, que pueda ser aplicado a programas redistributivos sociales, como anunció recientemente el gobierno. Desde el dictado de la resolución 125 hasta ahora, pese al sustancial aumento de las retenciones móviles, el fisco solo ha recaudado el 22 % sobre el valor FOB de las exportaciones de soja. Muy lejos de superar el 35 % que permitirá destinar fondos a dichos programas.
En consecuencia las retenciones móviles serían una falacia, o sea un engaño, fraude o mentira, con la que se está procurando beneficiar a las multinacionales cerealeras, sin importar el perjuicio causado a otros, en este caso los productores agrarios. Y sin que ello reporte ningún beneficio sustantivo al fisco.
La falacia también le ha servido al gobierno para movilizar a su favor a organizaciones sociales que aspiran a una más justa distribución de la riqueza, pese a que esto no sucederá con esta medida. La promesa inicial del gobierno de una redistribución de los ingresos extra de esta superrenta agraria, era ambigua. Pero atrapado por la dinámica del conflicto, tuvo que salir a comprometer el destino de los fondos, y dice que se van a realizar hospitales, viviendas y caminos en el interior. Pero estos nunca se construirán, al menos no con los dineros recaudados de las retenciones agrícolas por encima del 35%.
El anuncio de la Sra. Presidente de que no le importan "las cuentas fiscales, sino la cuenta social" sería así solo otro cuento, para tratar de justificar el gran cuento de las retenciones móviles, cuya parte sustancial ha sido ya subrepticiamente privatizada a favor de los exportadores de granos, mediante la letra chica de distintas medidas que adoptó el gobierno a la par que se desarrollaba el conflicto.
De acuerdo a nuestros cálculos la diferencia entre lo que los exportadores liquidaron al fisco y lo que estos le descontaron al productor, desde el dictado de la resolución 369 de noviembre pasado hasta el 31 de mayo de este año, es de u$s 1.316.150.768.
En tal sentido cabe que todos los argentinos nos hagamos un reproche, por la incapacidad que tenemos de ir "a las cosas", y verlas tal como son, sin dejarnos engañar por la retórica discursiva, para lamentarnos muy a posteriori de los engaños sufridos.
El informe, que tenemos en elaboración, procura ser un aporte para que esto no nos suceda nuevamente, al menos en relación con este conflicto. Para su confección hemos analizado 55.319 Permisos de Embarque de Exportación, autorizados por la Aduana desde el 1/1/07 al 31/5/08, respecto las mercaderías sometidas a las conflictivas retenciones móviles.
• ANTES DE REFERIRNOS A LAS CONCLUSIONES VALE LA PENA ACLARAR PREVIAMENTE ALGUNAS CUESTIONES:
• Que los exportadores de granos, tienen el cuestionable privilegio de poder presentar anticipadamente Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) y congelar tanto la alícuota del Derecho de Exportación (retenciones) como el valor FOB declarado.
• Que a fin del año pasado, los exportadores contaron con información privilegiada que se iban a aumentar las retenciones, como efectivamente sucedió con la Resolución 389 del 11/9/2007. En función de ello, anticiparon DJVE ficticias por cifras absolutamente desproporcionadas en relación a los niveles históricos.
• Que en ese contexto, la abrupta suba internacional de precios de este año descalzó a los exportadores, quienes necesitaron entonces de medidas tendientes a que los precios internos de los granos volvieran a ser planchados en los niveles del año pasado. Esto lo consiguieron con las retenciones móviles de la resolución 125.
• Que de esta manera con alícuotas congeladas por las DJVE y precios planchados por las retenciones móviles, los exportadores pueden consumar un gigantesco negociado, que puede reportarles hasta u$s 100 por tonelada adicionales, cuando lo usual en la intermediación es de u$s 2 la tonelada. EL gobierno nacional no puede desconocer esta situación, por su propia responsabilidad, y por las denuncias públicas y en el Parlamento que se formularon oportunamente.
• Que también, los exportadores tienen la ventaja de contar con una Aduana "ciega, sorda y muda", que a pesar que en todos los medios especializados y no especializados se difunde que las retenciones son un porcentaje del valor FOB, la mayor parte de ellos se liquida por debajo de ese valor. En efecto, desde el 01/01/2007 a la fecha, en 35.096 Permisos de Embarque hemos detectado que la Base Imponible sobre la que se calculan los derechos de Exportación es inferior al Valor FOB. Asimismo, tal como lo denunciáramos oportunamente, hemos encontrado 6.434 Permisos donde la Base Imponible es el valor FAS (Free Alongside Ship) y no el valor FOB. Por esta diferencia entre el valor FOB y la base imponible disminuida estimamos una pérdida de ingresos adicionales de u$s 283.117.926 para el período del 1/01/07 al 9/11/2007
• Que por último nos tomamos el trabajo de comparar los precios que los exportadores liquidan en la aduana y los que figuran en su página web (www.ciara.com.ar), sacando la conclusión que las diferencias en contra del fisco alcanzan a otros u$s 1.624.387.453 en el período del 1/1/2007 al 31/5/2008..
• ALGUNOS PORMENORES DEL INFORME:
Uno de los objetivos de ese análisis fue responder a los siguientes interrogantes:
A) ¿Cuánto ha recaudado de más el fisco desde el dictado de la conflictiva Resolución 125/08 de retenciones móviles? ¿Cuanto se podrá destinar al Fondo de Redistribución, para hospitales, viviendas y caminos rurales?
B) ¿Cuanto hubiera recaudado el fisco si se anularan las falsas DJVE, y a los permisos de embarque se le aplicara la Alícuota de exportación vigente en cada momento; y no la congelada mediante las DJVE?. En este caso ¿Qué exportadoras se beneficiaron y se benefician con estas maniobras?.
C) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se le aplicara como Base Imponible el valor FOB; y no una cifra menor como sucede en la mayoría de los casos? En este caso ¿Cuales Aduanas son las más permisivas?
D) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se les aplicara el precio FOB vigente internacionalmente; y no el congelado mediante las DJVE?
En definitiva nos preguntamos que hubiera sucedido -o que puede llegar a suceder- si el Estado en vez de estar al servicio de un hiper-concentrado grupo de empresas transnacionales exportadoras, estuviera al servicio de la producción nacional y de los intereses nacionales y populares.

• CONCLUSIONES:
A) ¿Cuánto ha recaudado de más el fisco desde el dictado de la Resolución 125/08 de retenciones móviles?. ¿Cuanto se podrá destinar al Fondo de Redistribución, para hospitales, viviendas y caminos rurales?
La respuesta es que POR AHORA NADA y es muy probable que en el FUTURO TAMPOCO. Esta respuesta surge porque los 1.479 permisos de embarque correspondientes al complejo soja autorizados desde el 13/03/2008 a la fecha, totalizaron u$s 2.511.182.751 de valor FOB, habiéndose liquidado por ellos u$s 573.785.762 de Derechos de Exportación, lo que equivale solo a un 22% sobre el valor FOB.
Estas cifras están muy por debajo del piso del 35% necesario para financiar el recientemente anunciado programa de redistribución social (decreto 904/2008). Por lo tanto, este programa no cuenta por el momento con ningún fondo porque los exportadores están liquidando los Derechos de Exportación con las alícuotas congeladas a un año atrás, o más, por efecto de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.
B) ¿Cuánto hubiera recaudado el fisco si a los permisos de embarque se le aplicara la Alícuota de exportación vigente en cada momento; y no las congeladas mediante las DJVE?
El total exportado desde el dictado de la resolución 389 de noviembre pasado (que elevó la alícuota para la soja del 27,5 al 35 %) asciende hasta el presente a u$s 12.547.615.867 y el total recaudado por Derechos de Exportación fue de u$s 2.917.070.126 Esta cifra es notablemente inferior a los u$S 4.233.220.895 que debería haber recaudado el fisco si se computaran al momento del despacho de aduana las alícuotas vigentes por derechos de exportación; y no las CONGELADAS por DJVE fraudulentas.
Se asume que los exportadores descuentan al productor el Derecho de Exportación vigente y liquidan a la Aduana el Derecho de Exportación (DE) congelado mediante la DJVE. En esta hipótesis la diferencia a su favor que habrían embolsado los exportadores, es de u$s 1.316.150.768 desde la vigencia de las Resoluciones 369/07 y 125/08.
¡¡¡ACA ESTÁ EL GRAN NEGOCIO !!!

Gentileza: El faro del fin del mundo
13-6-08
http://desdeelfarodelfindelmundo@blogspot.com

Importación de gas: $ 15 millones diarios

La importación de gas por barco para cubrir los incumplimientos de Bolivia y la mayor demanda local va camino a convertirse en una de las operaciones energéticas de emergencia más costosas de los últimos años.
Según los valores que manejan los especialistas en energía, el aprovisionamiento externo de GNL (gas natural licuado) durante el período mayo-agosto le costará al Gobierno entre $ 11 y 15 millones por día.
Pese a la ausencia de información oficial, los números que se barajan en el sector coinciden en señalar que la opción del GNL implicará para las arcas fiscales un costo total de hasta US$ 620 millones durante los cuatro meses que se prevé utilizar esta alternativa de suministro.
El gas que arriba por vía marítima a Bahía Blanca y se inyecta en la red nacional tiene un precio promedio de US$ 17 por millón de BTU. Ese valor se compone de US$ 13 que corresponden al combustible y alrededor de US$ 4 por el alquiler del barco regasificador.
Ahora bien, el precio final promedio de ese gas tiene una doble particularidad:
-Es casi ocho veces superior al valor promedio de US$ 2,10 por millón de BTU que se les reconoce a los productores locales.
-Y resulta casi el doble del precio que actualmente Argentina le está pagando a Bolivia por el gas que entrega por debajo de los volúmenes comprometidos.

(Clarín, 22-6-08)

martes, 17 de junio de 2008

Tronar el escarmiento

Susana Viau

Néstor Kirchner asumió la presidencia con la firme determinación de no ser Fernando de la Rúa ni tener su final. Creyó que para ello debía reforzar el rol presidencial.
Pero el ex jefe del Estado no es un político florentino, es un hombre tosco, equivocó las cantidades e inoculó al gobierno de su esposa, reducida hoy a figura fantasmal, una sobredosis de poder, sin percibir que los vientos habían comenzado a rolar. Los argentinos que habían votado la continuidad y cambio, continuidad de la bonanza económica y cambio en los modales políticos, comenzaron a darse cuenta de que ninguna de esas cosas iba a suceder.
La protesta de anoche, ahora extendida a todas las ciudades del país, tuvo –cómo no- una base material: la inflación disimulada en estadísticas absurdas, un conflicto gratuito y desquiciante manejado con vivezas de fulleros. Sin embargo, por encima de eso se inscribió la imagen de Kirchner ganando la Plaza de Mayo con las patotas y usurpando el protagonismo que le estaba reservado al Gobierno; la que debió ser mesurada palabra presidencial fue delegada en Luis D’Elía y sus compadradas provocadoras. Bocinazos, redobles, marchas, indignación enfrentaron a Kirchner con su infierno tan temido. El presidente del PJ se había pasado de la raya, había olvidado las enseñanzas de su líder: “Cuando los pueblos se cansan, hacen tronar el escarmiento”.


(Extractado de Crítica de la Argentina, 17-6-08)

Método de Obama para su campaña política

La pregunta parece anticipar un chiste: ¿qué se obtiene si se junta a los gurúes de Silicon Valley con el candidato demócrata Barack Obama? Pero la respuesta dista de ser una broma: un portal de Internet que recaudó mas de US$ 250 millones en poco más de un año en donaciones menores a 200 dólares y que contribuyó a armar una red de 750.000 voluntarios dispuestos a todo.
Obama acaba de vencer a los Clinton, dueños de la maquinaria más perfecta jamás montada por la política tradicional en este país. Para lograrlo, ni siquiera intentó armar una estructura similar a la de su rival. Opto por una est4ategia insurgente: debilito a Hillary en los grandes estados y ganó en los pequeños.
Para eso convoco a los programadores de Facebook, MySpace, LinkedIn, MyYahoo y otros similares, que gestaron un estilo online para hacer política.
Entre esos ejecutivos y programadores figura Chris Hughes, uno de los cofundadores de Facebook, que se tomo un año sabático, y Joe Rospars, un veterano de la campaña de Howard Dean de 2004 que creo su propio firma para recaudar fondos online y al que Obama nombro director de campaña para nuevos medios. A ellos se sumo otro referente de Silicon Valley, Steve Spinner, como el reclutador de, justamente, expertos informáticos.
El resultado es barackobama.com, un portal que permite tejer redes sociales, sumar amigos o convocar a los propios, mantener chats sobre temas de interés común o compartir fotos y videos. Pero, en este caso, todo gira alrededor de la campaña de Obama.
Todo eso demuestra una evolución tanto política como tecnológica. “Si el evento típico de Al Gore eran 20 personas en un living firmando cheques de seis cifras y el evento de John Kerry eran 2000 personas en un hotel con cheques de cuatro cifras, este año Obama llena estadios con 20.000 personas que no pagan nada, van a sus casas y contribuyen con unos pocos dólares online”, dice Mark Gorenberg, otro ejecutivo de Silicon Valley que hoy integra su comité financiero nacional.
Pero tan distinto es en su forma de recaudar como de gastar. Mientras que el vocero de Clinton, Howard Wolfson, cobro US$ 266.000 en enero, su contraparte en la campaña de Obama, Robert Gibas, gano US$ 144.000…en todo 2007.
Mas aun, sus colaboradores comparten las habitaciones de hotel durante las giras, los voluntarios llevan su propia comida y la campaña reembolsa los US$ 2 que cuesta el subte que lleva del aeropuerto de Chicago a su cuartel central. Pero no reintegra los US$ 50 que cuesta el taxi.

(Extractado de La Nación, 16-6-08)

lunes, 16 de junio de 2008

Octogesima adveniens





CARTA APOSTÓLICA
OCTOGESIMA ADVENIENS
DE SU SANTIDAD EL PAPA
PABLO VI
AL SEÑOR CARDENAL MAURICIO ROY,
PRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LOS SEGLARES
Y DE LA COMISIÓN PONTIFICIA «JUSTICIA Y PAZ»
EN OCASIÓN DEL LXXX ANIVERSARIO
DE LA ENCÍCLICA «RERUM NOVARUM»

Vaticano, 14 de mayo de 1971
(párrafos seleccionados)


Señor Cardenal:

1. El LXXX aniversario de la publicación de la encíclica Rerum novarum, cuyo mensaje sigue inspirando la acción en favor de la justicia social, nos anima a continuar y ampliar las enseñanzas de nuestros predecesores para dar respuesta a las necesidades nuevas de un mundo en transformación.
La sociedad política

24. La doble aspiración hacia la igualdad y la participación trata de promover un tipo de sociedad democrática. Diversos modelos han sido propuestos; algunos de ellos han sido ya experimentados; ninguno satisface completamente, y la búsqueda queda abierta entre las tendencias ideológicas y pragmáticas. Toda persona cristiana tiene la obligación de participar en esta búsqueda, al igual que en la organización y en la vida políticas. El hombre y la mujer, seres sociales, construyen su destino a través de una serie de agrupaciones particulares que requieren, para su perfeccionamiento y como condición necesaria para su desarrollo, una sociedad más vasta, de carácter universal, la sociedad política. Toda actividad particular debe colocarse en esta sociedad ampliada, y adquiere con ello la dimensión del bien común (18). Esto indica la importancia de la educación para la vida en sociedad, donde, además de la información sobre los derechos de cada uno, sea recordado su necesario correlativo: el reconocimiento de los deberes de cada uno de cara a los demás; el sentido y la práctica del deber están mutuamente condicionados por el dominio de sí, la aceptación de las responsabilidades y de los limites puestos al ejercicio de la libertad de la persona individual o del grupo.

25. La acción política ―¿es necesario subrayar que se trata aquí ante todo de una acción y no de una ideología?― debe estar apoyada en un proyecto de sociedad coherente en sus medios concretos y en su aspiración, que se alimenta de una concepción plenaria de la vocación del ser humano y de sus diferentes expresiones sociales. No pertenece ni al Estado, ni siquiera a los partidos políticos que se cerraran sobre sí mismos, el tratar de imponer una ideología por medios que desembocarían en la dictadura de los espíritus, la peor de todas. Toca a los grupos establecidos por vínculos culturales y religiosos ―dentro de la libertad que a sus miembros corresponde― desarrollar en el cuerpo social, de manera desinteresada y por su propio camino, estas convicciones últimas sobre la naturaleza, el origen y el fin de la persona humana y de la sociedad. En este campo conviene recordar el principio proclamado por el Concilio Vaticano II: «La verdad no se impone más que por la fuerza de la verdad misma, que penetra el espíritu con tanta dulzura como potencia» (19).

Ideologías y libertad humana

26. El hombre o la mujer cristiana que quieren vivir su fe en una acción política concebida como servicio, no pueden adherirse, sin contradecirse a sí mismos, a sistemas ideológicos que se oponen, radicalmente o en puntos sustanciales, a su fe y a su concepción de la persona humana. No es lícito, por tanto, favorecer a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a su dialéctica de violencia y a la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al ser humano y a su historia personal y colectiva. Tampoco apoya la comunidad cristiana la ideología liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales como consecuencias más o menos automáticas de iniciativas individuales y no ya como fin y motivo primario del valor de la organización social.

27. ¿Es necesario subrayar las posibles ambigüedades de toda ideología social? Unas veces reduce la acción política o social a ser simplemente la aplicación de una idea abstracta, puramente teórica; otras, es el pensamiento el que se convierte en puro instrumento al servicio de la acción, como simple medio para una estrategia. En ambos casos, ¿no es el ser humano quien corre el riesgo de verse enajenado? La fe cristiana es muy superior a estas ideologías y queda situada a veces en posición totalmente contraria a ella, en la medida en que reconoce a Dios, trascendente y creador, que interpela, a través de todos los niveles de lo creado, a la humanidad como libertad responsable.

28. Otro peligro consiste en adherirse a una ideología que carezca de un fundamento científico completo y verdadero y en refugiarse en ella como explicación última y suficiente de todo, y construirse así un nuevo ídolo, del cual se acepta, a veces sin darse cuenta, el carácter totalitario y obligatorio. Y se piensa encontrar en él una justificación para la acción, aun violenta; una adecuación a un deseo generoso de servicio; éste permanece, pero se deja absorber por una ideología, la cual ―aunque propone ciertos caminos para la liberación de hombres y mujeres― desemboca finalmente en una auténtica esclavitud.

29. Si hoy día se ha podido hablar de un retroceso de las ideologías, esto puede constituir un momento favorable para la apertura a la trascendencia y solidez del cristianismo. Puede ser también un deslizamiento más acentuado hacia un nuevo positivismo: la técnica universalizada como forma dominante del dinamismo humano, como modo invasor de existir, como lenguaje mismo, sin que la cuestión de su sentido se plantee realmente.

Los movimientos históricos

30. Pero, fuera de este positivismo, que reduce al ser humano a una sola dimensión ―importante hoy día― y que con ella lo mutila, la persona cristiana encuentra en su acción movimientos históricos concretes nacidos de las ideologías y, por otra parte, distintos de ellas. Ya nuestro venerado predecesor Juan XXIII en la Pacem in terris muestra que es posible hacer distinción: «No se pueden identificar ―escribe― las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen y la
finalidad del mundo y del hombre con los movimientos históricos fundados en una finalidad económica, social, cultural o política aunque estos últimos deban su origen y se inspiren todavía en esas teorías. Las doctrinas, una vez fijadas y formuladas, no cambian más, mientras que los movimientos que tienen por objeto condiciones concretes y mudables de la vida, no pueden menos de ser ampliamente influenciados por esta evolución.

Por lo demás, en la medida en que estos movimientos van de acuerdo con los sanos principios de la razón y responden a las justas aspiraciones de la persona humana, ¿quién rehusaría reconocer en ellos elementos positivos y dignos de aprobación?» (20).

El atractivo de las corrientes socialistas

31. Hoy día, los grupos cristianos se sienten atraídos por las corrientes socialistas y sus diversas evoluciones. Tratan de reconocer en ellas un cierto número de aspiraciones que llevan dentro de sí mismos en nombre de su fe. Se sienten insertos en esta corriente histórica y quieren realizar dentro de ella una acción. Ahora bien, esta corriente histórica asume diversas formas bajo un mismo vocablo, según los continentes y las culturas, aunque ha sido y sigue inspirada en muchos casos por ideologías incompatibles con la fe. Se impone un atento discernimiento. Porque con demasiada frecuencia las personas cristianas, atraídas por el socialismo, tienden a idealizarlo, en términos, por otra parte, muy generosos: voluntad de justicia, de solidaridad y de igualdad. Rehúsan admitir las presiones de los movimientos históricos socialistas, que siguen condicionados por su ideología de origen. Entre las diversas formas de expresión del socialismo, como son la aspiración generosa y la búsqueda de una sociedad más justa, los movimientos históricos que tienen una organización y un fin político, una ideología que pretende dar una visión total y autónoma de la persona humana, hay que establecer distinciones que guiarán las opciones concretas. Sin embargo, estas distinciones no deben tender a considerar tales formas como completamente separadas e independientes. La vinculación concreta que, según las circunstancias, existe entre ellas, debe ser claramente señalada, y esta perspicacia permitirá a los grupos cristianos considerar el grado de compromiso posible en estos caminos, quedando a salvo los valores, en particular, de la libertad, la responsabilidad y la apertura a lo espiritual, que garantizan el desarrollo integral de hombres y mujeres.

Evolución histórica del marxismo

32. Otros cristianos se preguntan también si la evolución histórica del marxismo no permitiría ya ciertos acercamientos concretos. Notan, en efecto, una cierta desintegración del marxismo, el cual hasta ahora se ha presentado como una ideología unitaria, explicativa de la totalidad del ser humano y del mundo en su proceso de desarrollo, y, por tanto, ha sido ateo. Además del enfrentamiento ideológico que separa oficialmente las diversas tendencias del marxismo-leninismo en la misma interpretación del pensamiento de los fundadores, y además de las oposiciones abiertas entre los sistemas políticos que se manifiestan hoy como derivados de él, algunos establecen distinciones entre diversos niveles de expresión del marxismo.

33. Para unos, el marxismo sigue siendo esencialmente una práctica activa de la lucha de clases. Experimentando el vigor siempre presente y la dureza, que siempre reaparece, de las relaciones de dominio y de explotación entre los seres humanos, reducen el marxismo a una lucha, a veces sin otra perspectiva, lucha que hay que proseguir y aun suscitar de manera permanente. Para otros, el marxismo es en primer lugar el ejercicio colectivo de un poder político y económico bajo la dirección de un partido único que se considera ―él solo― expresión y garantía del bien de todos, arrebatando a los individuos y a los demás grupos toda posibilidad de iniciativa y de elección. En un tercer nivel, el marxismo ―esté o no en el poder― se refiere a una ideología socialista basada en el materialismo histórico y en la negación de toda trascendencia. Finalmente, se presenta, según otros, bajo una forma más atenuada, más seductora para el espíritu moderno: como una actividad científica, como un riguroso método de examen de la realidad social y política como el vínculo racional y experimentado por la historia entre el conocimiento teórico y la práctica de la transformación revolucionaria. A pesar de que este tipo de análisis concede un valor primordial a algunos aspectos de la realidad, con detrimento de otros, y los interpreta en función de una ideología arbitraria, proporciona; sin embargo a algunos, a la vez que un instrumento de trabajo, una certeza previa para la acción: la pretensión de descifrar, bajo una forma científica, los resortes de la evolución de la sociedad.

34. Si bien en la doctrina del marxismo, tal como es concretamente vivido, pueden distinguirse estos diversos aspectos, que se plantean como interrogantes a los cristianos para la reflexión y para la acción, es sin duda ilusorio y peligroso olvidar el lazo íntimo que los une radicalmente, el aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, el entrar en la práctica de la lucha de clases y de su interpretación marxista, omitiendo el percibir el tipo de sociedad totalitaria y violenta a la que conduce este proceso.

La ideología liberal

35. Por otra parte, se asiste a una renovación de la ideología liberal. Esta corriente se apoya en el argumento de la eficiencia económica, en la voluntad de defender al individuo contra el dominio cada vez más invasor de las organizaciones, y también frente a las tendencias totalitarias de los poderes políticos. Ciertamente hay que mantener y desarrollar la iniciativa personal. Pero los grupos cristianos que se comprometen en esta línea, ¿no tienden a su vez a idealizar el liberalismo, que se convierte así en una proclamación a favor de la libertad? Estos grupos querrían un modelo nuevo, más adaptado a las condiciones actuales, olvidando fácilmente que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una afirmación errónea de la autonomía del ser individual en su actividad, sus motivaciones, el ejercicio de su libertad. Por todo ello, la ideología liberal requiere también, por parte de cada cristiano o cristiana, un atento discernimiento.

36. En este encuentro con las diversas ideologías renovadas, la comunidad cristiana debe sacar de las fuentes de su fe y de las enseñanzas de la Iglesia los principios y las normas oportunas para evitar el dejarse seducir y después quedar encerrada en un sistema cuyos límites y totalitarismo corren el riesgo de aparecer ante ella demasiado tarde si no los percibe en sus raíces. Por encima de todo sistema, sin omitir por ello el compromiso concreto al servicio de sus hermanos y hermanas, afirmará, en el seno mismo de sus opciones, lo específico de la aportación cristiana para una transformación positiva de la sociedad (21).

Renacimiento de las utopías

37. Hoy día, por otra parte, se nota mejor la debilidad de las ideologías a través de los sistemas concretos en que tratan de realizarse. Socialismo burocrático, capitalismo tecnocrático, democracia autoritaria, manifiestan la dificultad de resolver el gran problema humano de vivir todos juntos en la justicia y en la igualdad.

En efecto, ¿cómo podrían escapar al materialismo, al egoísmo o a las presiones que fatalmente los acompañan? De aquí la contestación que surge un poco por todas partes, signo de profundo malestar, mientras se asiste al renacimiento de lo que se ha convenido en llamar «utopías», las cuales pretenden resolver el problema político de las sociedades modernas mejor que las ideologías. Sería peligroso no reconocerlo. La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas.

46. (…) Ciertamente, el término «política» suscita muchas confusiones que deben ser esclarecidas. Sin embargo, es cosa de todos sabida que, en los campos social y económico ―tanto nacional como internacional―, la decisión última corresponde al poder político. Este poder político, que constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, debe tener como finalidad la realización del bien común. Respetando las legitimas libertades de las personas, de las familias y de los grupos subsidiarios, sirve para crear eficazmente y en provecho de todos las condiciones requeridas para conseguir el bien auténtico y completo de toda persona, incluido su destino espiritual., Se despliega dentro de los límites propios de su competencia, que pueden ser diferentes según los países y los pueblos. Interviene siempre movido por el deseo de la justicia y la dedicación al bien común, del que tiene la responsabilidad última. No quita, pues, a la persona individual y a los cuerpos intermedios el campo de actividades y responsabilidades propias de ellos, los cuales les inducen a cooperar en la realización del bien común. En efecto, «el objeto de toda intervención en materia social es ayudar a los miembros del cuerpo social y no destruirlos ni absorberlos» (30).
Según su propia misión, el poder político debe saber desligarse de los intereses particulares, para enfocar su responsabilidad hacia el bien de toda persona, rebasando incluso las fronteras nacionales. Tomar en serio la política en sus diversos niveles ―local, regional, nacional y mundial― es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad. La política ofrece un camino serio y difícil―aunque no el único―para cumplir el deber grave que cristianos y cristianas tienen de servir a los demás. Sin que pueda resolver ciertamente todos los problemas, se esfuerza por aportar soluciones a las relaciones de las personas entre sí. Su campo y sus fines, amplios y complejos, no son excluyentes. Una actitud invasora que tendiera a hacer de la política algo absoluto, se convertiría en un gravísimo peligro. Aun reconociendo la autonomía de la realidad política, mujeres y hombres cristianos dedicados a la acción política se esforzarán por salvaguardar la coherencia entre sus opciones y el Evangelio y por dar, dentro del legitimo pluralismo, un testimonio, personal y colectivo, de la seriedad de su fe mediante un servicio eficaz y desinteresado hacia la humanidad.

Participación en las responsabilidades

47. El paso al campo de la política expresa también una exigencia actual de la persona: mayor participación en las responsabilidades y en las decisiones. Esta legítima aspiración se manifiesta sobre todo a medida que aumenta el nivel cultural, se desarrolla el sentido de la libertad y la persona advierte con mayor conocimiento cómo, en el mundo abierto a un porvenir incierto, las decisiones de hoy condicionan ya la vida del mañana. En la encíclica Mater et magistra (31), Juan XXIII subrayaba cómo el acceso a las responsabilidades es una exigencia fundamental de la naturaleza de la persona, un ejercicio concreto de su libertad, un camino para su desarrollo; e indicaba cómo en la vida económica, particularmente en la empresa, debía ser asegurada esta participación en las responsabilidades (32). Hoy día el ámbito es más vasto: se extiende al campo social y político, donde debe ser instituida e intensificada la participación razonable en las responsabilidades y opciones. Ciertamente, las disyuntivas propuestas a la deliberación son cada vez más complejas; las consideraciones que deben tenerse en cuenta, múltiples; la previsión de las consecuencias, aleatoria, aun cuando las nuevas ciencias se esfuerzan por iluminar la libertad en esta importante coyuntura. Por eso, aunque a veces es necesario imponer límites, estas dificultades no deben frenar una difusión mayor de la participación de toda persona en las deliberaciones, en las decisiones y en su puesta en práctica. Para hacer frente a una tecnocracia creciente, hay que inventar formas de democracia moderna, no solamente dando a cada persona la posibilidad de informarse y de expresar su opinión, sino de comprometerse en una responsabilidad común. Así los grupos humanos se transforman poco a poco en comunidades de participación y de vida. Así la libertad, que se afirma con demasiada frecuencia como reivindicación de la más plena autonomía, en oposición a la libertad de los demás, se desarrolla en su realidad humana más profunda: comprometerse y afanarse en la realización de solidaridades activas y vividas. Solamente entonces, como bien sabe la comunidad cristiana, la persona, entregándose al Dios que le libera, encuentra la verdadera libertad, restaurada en la muerte y en la resurrección del Señor.

Con estos sentimientos les otorgamos, señor cardenal, nuestra bendición apostólica.

Vaticano, 14 de mayo de 1971.

PABLO PP. VI.

domingo, 15 de junio de 2008

Sembrar marihuana: ¿ya no es delito?



La Cámara Federal sostuvo que es inconstitucional penar la siembra al revocar un fallo de primera instancia y dictar el sobreseimiento de un hombre que tenía plantitas de "cannabis sativa" en su balcón.

Según el fallo, un hombre R.B.R fue acusado por haber tenido en su poder seis plantas de la especie Cannabis Sativa (marihuana), en el balcón de su domicilio en la calle Venezuela al 4000 del barrio de Almagro de esta Ciudad.

En su momento el juez federal Sergio Torres consideró el hecho bajo el delito del artículo 5 inc a de la ley 23.737 en su forma atenuada, que pena el cultivo de dichas plantas para luego producir estupefacientes y destinarlos al consumo personal, y además lo obligó a hacer un tratamiento.

Ese artículo castiga con una pena de entre cuatro y quince años la conducta de quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, mientras que una figura atenuada, que es la que aplicó el juez, fija un marco penal de un mes a dos años de prisión.

Por su parte el defensor oficial del imputado cuestionó la decisión, al entender que trasponía el ámbito de privacidad ajeno a la autoridad de los jueces, porque la conducta de su defendido no ponía en riesgo la salud pública.

La Cámara utilizó los mismos argumentos que viene adoptando para declarar inconstitucional la tenencia de estupefacientes para su consumo personal y resolvió revocar el fallo y sobreseer al acusado.

Para los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah la siembra, el cultivo y la guarda de semillas para la fabricación de estupefacientes es inconstitucional "cuando tales actividades, por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, estuvieran destinadas a obtener estupefacientes para consumo personal", según dice el fallo.

www.politicaydesarrollo.com.ar, 13-Jun-2008

Diputada Ginzburg

La Diputada Ginzburg y su voto negativo acerca de la ESMA

La Cámara de Diputados ratificó ayer un convenio entre el gobierno nacional y el porteño en noviembre de 2007, por el cual se crea el "Museo de la Memoria" en el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada. Publicamos el discurso de la Diputada Nacional Nora Ginzburg explicando el porque de su voto negativo.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Ginzburg.- “Señor presidente: estaba pensando recién que todo está relacionado. La nombro porque está aquí -aclaro que no se trata de una descortesía- y recuerdo que el jueves pasado, mirando el programa “Juego Limpio” que conduce Nelson Castro, escuché que la diputada Patricia Vaca Narvaja, quien debatía con una diputada santafesina, también del Frente para la Victoria, decía que la renta excesiva de los campos de la pampa argentina le pertenecen a la sociedad. Eso no es más que el concepto de la plusvalía del marxismo, y entonces esto me llevó a Stalin”.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia solicita a los señores diputados que respeten a la oradora.

Sra. Ginzburg.- “Decía que esto me llevó a Stalin y a recordar cómo había empezado Stalin, con las tierras negras de Ucrania, cuando mandó a los campesinos a los gulags, a los campos de concentración, y murió una tercera parte de ellos.
Asimismo se hizo una propaganda feroz, diciéndoles que eran oligarcas, que eran subversivos, enemigos del pueblo, y además se utilizó la fuerza bruta y todo lo que sabemos.
Muchos historiadores han comparado a Stalin con Hitler por la cantidad de muertos. Se llegó a la conclusión de que Hitler fue peor por esta cuestión patológica racial. Sin embargo, Stalin cometió más crímenes.
Fue mucha la gente que murió en esa parte del campo con lo que se llamó la ley de la espiga, donde se condenaba a muerte a estos campesinos que comían su propio trigo o su propia cebada. Aunque muchísimas personas murieron de hambrunas y abandonados, nunca fueron juzgados los crímenes de lesa humanidad cometidos por Stalin, y sí los de Hitler.
Esto muestra que la humanidad tiene una mirada parcial. La última jurisprudencia de la Corte Internacional, como ya lo he dicho, ha sostenido que los crímenes de lesa humanidad -yo reconozco también que no tienen banderías- no tienen que ver con quienes los cometen sino con la trascendencia internacional que tienen.
En tal sentido, aunque en enero Chávez pidió que se considerara como grupos beligerantes a las FARC, como ahora están destartaladas les está pidiendo que bajen las armas. Se ha indemnizado a víctimas de la ETA y de las FARC en Colombia, y se está siguiendo el mismo camino con las de los Tupamaros en Uruguay.
Sería bueno que muchos leyeran la causa Trece. Uno salía consternado de las audiencias. Tanto es así que recuerdo que en una de ellas vi llorar a Marcelo Stubrin por lo que allí se escuchaba; pero eso no me hará olvidar lo que viví antes. Lo último, que fue lo peor, no me permitirá olvidar lo que viví antes.
He leído los fundamentos, y mientras se hable de la memoria de algunos y no de la Justicia y la historia total, no se haga también un museo en Garay 3254 de la ciudad de Rosario, donde estuvo y fue muerto el teniente coronel -ingeniero militar- Julio Argentino del Valle Larrabure en épocas del gobierno constitucional, y no se consideren los crímenes de tantos civiles que fueron ejecutados a manos de las bandas subversivas, Montoneros, ERP, votaré por la negativa este proyecto por considerar que es parcial, injusto y no revela toda la historia argentina”.

www.politicaydesarrollo.com.ar, 12-Jun-2008

viernes, 13 de junio de 2008

Dilemas sobre la participación en democracia

Mario Meneghini

Muchos intelectuales católicos, en Europa y América, sostienen que la democracia –generalmente mencionada así, sin distingos, como si fuese un vocablo unívoco- conduce inevitablemente a la perversión en la sociedad donde existe; siendo moralmente ilícita cualquier participación en ese tipo de régimen. Consideramos necesario profundizar en este tema, pues da lugar a legítimos disensos, no sólo en los aspectos instrumentales de la acción política, sino también en la interpretación de los principios doctrinales. Por razones de espacio, los argumentos detallados de nuestra posición se encuentran en un blog[1], limitándonos en este artículo a resumir la conclusión.

Que la política contemporánea ofrece un panorama desolador nadie lo puede negar, pero ante este horizonte, consideramos que no basta con trabajar en el campo de la cultura, y criticar la realidad presente, esperando que se produzca un cambio positivo, puesto que: “El poder es la facultad de mover la realidad, y la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa”[2].
Como se pregunta Gómez Pérez[3]: ¿qué hacer mientras tanto? Porque, si mientras damos el buen combate en el plano religioso e intelectual, nos abstenemos de actuar a través de las instituciones vigentes, “la política, que es un asunto humano de primera importancia, queda relegada al campo de lo casi pecaminoso y, de rechazo, el cristianismo se convierte en algo ya ultraterreno, cuando en realidad su dimensión trascendente no ahorra ahora sino que estimula la acción en las entrañas de la historia”.

Cuando se analizan cuestiones temporales, conviene recordar la afirmación de Fulvio Ramos[4], quien reflexionó sobre la democracia:
“Los cristianos sabemos que en la búsqueda de una recta ordenación social, las soluciones que se hallen serán siempre imperfectas como imperfecta es toda obra humana, y que el sumo bien y la suma perfección no son atributos humanos sino divinos, que sólo podremos alcanzar en la eterna bienaventuranza”.

En otro párrafo del mismo libro, al referirse Ramos a la enseñanza pontificia sobre las formas de gobierno y temas conexos, afirma: “Como ya expresamos, respecto de estas cuestiones tan contingentes y variables no caben las posturas dogmáticas. Lo que sí ha rechazado la Iglesia es el principio de la soberanía popular, el individualismo como base de la vida social y la democracia de masas que es su consecuencia”.

Precisamente, un problema, al abordar cuestiones políticas, es no precisar adecuadamente el límite entre lo doctrinal y lo prudencial. Por cierto que es lícito a todo católico opinar de acuerdo a su propio criterio en temas opinables, pero no en cuestiones que han sido definidas por la Doctrina Social de la Iglesia. Si se afirma, por ejemplo, “la intrínseca ilegitimidad de origen que posee todo gobierno democrático”[5], debe aclararse que se trata de una opinión, que no se basa en ningún pronunciamiento del Magisterio. Sorprende que personas inteligentes y honestas, crean que la acción cívica sólo se justifica cuando existen posibilidades de acceder al poder para aplicar íntegramente la sana doctrina.
Asumir una posición rigorista en temas de procedimiento, implica colocar a quien defiende la necesidad de actuar en la vida cívica, pese a las dificultades, en una situación casi herética, siendo que dicha participación ha sido insistentemente recomendada por los Papas.

El enfoque realista en materia política ha sido destacado por Joseph Ratzinger[6]:
“Ser sobrios y realizar lo que es posible en vez de exigir con ardor lo imposible ha sido siempre cosa difícil… El grito que reclama grandes hazañas tiene la vibración del moralismo; limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos”.

Es cierto que, en determinadas circunstancias, el lícito negarse a participar activamente en política. Pero, la decisión de abstenerse, de manera permanente y en todas las instancias y niveles electorales, no puede fundamentarse en ningún documento pontificio. Pese a las objeciones que la Iglesia ha hecho al sufragio universal –método utilizado en casi todos los países- nunca ha afirmado que votar implique una falta; por el contrario, exhorta a votar como exigencia moral, según se indica taxativamente en el Catecismo de la Iglesia Católica (p. 2240), y en la Constitución Gaudium et Spes (p. 75).

Procurar el reemplazo de los procedimientos actuales de selección de gobernantes, constituye un noble esfuerzo, siempre que la alternativa propuesta sea factible y no una fórmula abstracta, para ser aplicada en un futuro indefinido. Sobre eso escribió Pablo VI: “La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas”[7].

Para finalizar, nos estimulan a continuar el arduo camino de servir al bien común con los instrumentos disponibles, los consejos de Santo Tomás Moro[8], Patrono de los Gobernantes y Políticos:

-“Si no conseguís todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal”.

-“La imposibilidad de suprimir enseguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad, porque no puede dominar los vientos”.


Córdoba (Argentina), junio 10 de 2008.-

[1] Para facilitar la lectura, hemos agrupado varios artículos en dos archivos, a los que puede accederse directamente desde este lugar:
a) Doctrina política de la Iglesia:

http://foroazulyblanco.blogspot.com/search/label/Doctrina%20pol%C3%ADtica%20de%20la%20Iglesia

b) Dilemas que plantea la acción política:

http://foroazulyblanco.blogspot.com/search/label/Dilemas%20de%20la%20acci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica



[2] Guardini, Romano. “El poder”; Guadarrama, 1963, pág. 22.
[3] Gómez Pérez, Rafael. “Introducción a la política activa”; Editorial Magisterio Español, 1978, págs. 105/106.
[4] Ramos, Fulvio. “La Iglesia y la democracia”; Cruz y Fierro, 1984, págs. 200 y 183.
[5] Revista Cabildo, nº 74, editorial.
[6] “Cristianismo y política”; Revista Internacional Communio, julio-agosto de 1995.
[7] Carta Apostólica “Octogesima Adveniens”, p. 37.
[8] “Utopía”; Sopena Argentina, 1944, pág. 64.

La solución por la ley


Por Gustavo Bossert[1] y Ricardo Gil Lavedra[2]

La fijación de los derechos de exportación -impuesto aduanero- sólo puede ser hecha por ley del Congreso y esta atribución no puede ser delegada en el Poder Ejecutivo. Esta conclusión no admite errores de interpretación, surge literalmente de varias disposiciones de su texto (art. 4, 9, 17, 52, 75 inc. 1, 76), que incluso condena a la nulidad absoluta e insanable los actos del Ejecutivo que invadan dicha zona de reserva legislativa (art. 99, inc. 3).
La Corte Suprema ha ratificado reiteradamente que sólo el Poder Legislativo puede “establecer impuestos, contribuciones y tasas”, y que esa facultad no puede ser delegada en el Ejecutivo (por ejemplo, fallo “Salcro SA” del 21-10-2003, entre otros).
De manera que la resolución 125 [del Ministerio de Economía] está afectada de inconstitucionalidad en razón de su origen. Este vicio no queda salvado por el art. 755 del Código Aduanero, dictado por el último gobierno militar, cuando no existía el Congreso y en el pensamiento de los dictadores de entonces no volvería a existir (norma que ahora es invocada como fundamento de la resolución 125), puesto que, justamente, dicho art. 755 está en contradicción con las disposiciones de la Constitución que hemos citado.
Pero, además, los porcentajes de las “retenciones móviles” pueden violar el principio de no confiscatoriedad, de acuerdo con la interpretación que, desde hace ya largos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación realiza del art. 17 de la Constitución, al considerar confiscatorio todo tributo superior al 33 % de la propiedad o la renta.
De manera que, en tanto la retención supere ese porcentaje, la disposición puede ser declarada inconstitucional por confiscatoria, conforme a la doctrina de nuestro máximo Tribunal.

(Extractado de La Nación, 13-6-08)




[1] Ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
[2] Ex Ministro de Justicia de la Nación.

La civilización iberoamericana

Carlos Escudé

Obsérvese que, a diferencia de otras grandes regiones, los diversos nombres por los que se conoce a la nuestra develan su origen mestizo: América latina, Iberoamérica, Hispanoamérica, Lusoamérica. Los términos “latino”, “hispano”, “luso” e “íbero” refieren directamente a Europa. Incluso “América” (también usado por Estados Unidos, pero sin adjetivo indentitario) tiene su origen en el nombre de un lúcido navegante italiano al servicio de las coronas de España y Portugal.
Esta filiación, por otra parte, se condice con la condición de “madre patria” y mae pátria que los manuales escolares latinoamericanos adjudican a sus antiguas metrópolis. A diferencia de la memoria de la Conquista, que produce gran escozor en sectores indigenistas, en la mayoría de nuestros países este romántico punto de referencia genero pocos resentimientos.
Sin jamás habérselo propuesto, los reinos ibéricos prohijaron una nueva civilización allende el Atlántico, de la que -Guerra Civil Española por testigo- no son parte.
Aunque nuestras burguesías explotan a sus clases populares como en ninguna otra de las grandes regiones del mundo, no será desde aquí que se desencadene la guerra holocáustica que termine con la especie humana.
Con sus luces y sombras, nuestra novísima civilización es un actor relativamente benigno de la comunidad global. Es bicentenario de su nacimiento se aproxima. Sin renunciar a la corrección de sus imperfecciones históricas, es hora de rendir tributo a su grandeza.

(Extractado de La Nación, 13-6-08)

miércoles, 11 de junio de 2008

Moreno advierte que crisis rural será cada vez peor



“Esto va para largo, el año que viene va a ser peor”, se confesó el secretario de Comercio ante un grupo de militantes del PJ porteño, más un selecto grupo de jóvenes de La Cámpora, en referencia a la tensión con el campo y el problema de los precios en alza.
“La tierra se va a encarecer producto de los montos que se pagan por el arrendamiento para la soja. Eso va a reducir las superficies destinadas a actividades como carne, leche y trigo, lo que va a derivar en el encarecimiento de los precios de esos productos”, precisó.
Ante esa variación, explicó Moreno, el gobierno deberá reforzar paulatinamente la “intervención” en el mercado. ¿Cómo? Restringiendo las exportaciones “hasta donde sea necesario” para productos de consumo interno como la leche, la carne y el trigo.
Manoteó un ejemplo preciso: en el país se producen 10 mil millones de litros de leche de los cuales 2.000 millones se exportan. “Cada litro que manda afuera es un litro que dejan de tomar nuestros chicos, los chicos argentinos”, detalló vehemente el funcionario.
Y, tras una pausa, completó la idea: “Si quieren exportar van a tener que producir más, si no van a exportar nada”, afirmó terminante.
El mismo mecanismo se aplicará con la carne. Según Moreno, la determinación del gobierno es garantizar suficiente provisión de carne para el consumo interno sobre la base de 65 o 70 kilos anuales por habitante. Sólo se permitirá la exportación de los excedentes, dijo.

(Ámbito Financiero, 10-6-08)

Cristina copió el contenido de un decreto a la oposición



El decreto que anunció ayer Cristina de Kirchner para crear un fondo destinado a obras en salud, educación, rutas y viviendas financiadas con las nuevas retenciones sobre la soja, en realidad no tiene demasiados puntos originales. En el Congreso descansan decenas de proyectos similares e inclusive este diario reprodujo una idea casi igual al anuncio presidencial que el radical entrerriano Gustavo Cusinato presentó el 18 de mayo pasado. La diferencia esencial del decreto de Cristina de Kirchner con esos proyectos es que la Presidente ahora les da los fondos que se recauden por encima de un nivel de 35 % en las retenciones a tres ministros para garantizar que los gobernadores tengan que seguir negociando en la Capital Federal para conseguir esas escuelas y hospitales. Es decir, la democracia de la lapicera que tanto seduce al kirchnerismo.
El proyecto de Cusinato es similar a otro que en 2003 presentó el senador radical chaqueño Eduardo Moro. Allí se fijaba una distribución de la recaudación por retenciones con porcentajes similares a los de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
En realidad, esas presiones siempre tuvieron un trasfondo más político que económico: los gobernadores saben que las retenciones son un ingreso de la Nación que no está incorporado a la coparticipación. De hecho, el campo nunca quiso que se hiciera: de distribuirlas, significaría que en el futuro nunca podrían derogarlas.
La intención real, entonces, fue siempre presionar por ese costado para que el gobierno distribuyera de forma eficaz impuestos nacionales que sí son coparticipables como Ganancias, IVA o combustibles.
Queriéndolo o no, Cristina de Kirchner con su nuevo decreto no sólo reprodujo lo que la oposición viene planteando desde hace años, sino que hizo socios a las provincias y los municipios en la peor versión posible: no podrán decidir sobre el dinero de las retenciones, pero vivirán pidiendo que éstas no se deroguen para que, aunque sea por goteo, algo les toque en obras.

(Ámbito Financiero, 10-6-08)

lunes, 9 de junio de 2008

Estado fallido


Mariano Grondona

Algunos observadores internacionales han estado usando dos expresiones para descalificar a los Estados disfuncionales. A algunos de ellos, como Irán, Cuba y Corea del Norte, los consideran Estados abusivos (rogue states) por violar a sus anchas el derecho internacional. A otros en cambio los llaman Estados fallidos (failed states) por no asegurar ni siquiera el orden interno. Naciones como Haití y Afganistán, por ejemplo, bordean peligrosamente esta calificación.
Estas observaciones negativas, ¿Podrían acercarse de algún modo a la situación actual de la Argentina? En cuanto al concepto de Estado fallido, ya desde el derrumbe de Alfonsín y todavía más desde el de De la Rúa, quedo la impresión de que los cimientos de nuestro Estado están flotando sobre un terreno barroso, inestable. Los asaltos a los supermercados, los piquetes, los cacerolazos, los escarches, los cortes de rutas, las corridas bancarias, la consigna que se vayan todos afloran con frecuencia en situaciones diversas que tienen en común, empero, algo axial como el sitio de un Estado impotente por parte de una sociedad en estado de aguda disconformidad.

(Extractado de La Nación, 8-6-08)

Deuda pública



Según información oficial, la deuda pública que en 2007 era de 144.728,6 millones, pasó a fin de marzo a 144.492,6 millones de dólares.
En dólares corrientes y como porcentaje del PBI (del orden del 50 %), la Argentina adeuda ahora lo mismo que a fines de 2001, antes del default.

(Clarín, 8-6-08)

miércoles, 4 de junio de 2008

El hambre amenaza al mundo

Los expertos creen que si se hacen bien las cuentas son 1.300 millones los pobres del mundo que corren grandes riesgos de hambre, desnutrición, sed y de ser víctimas de desastres naturales. Un tsunami silencioso pero devastador como los maremotos que arrasan zonas de Asia, se va extendiendo y promete causar migraciones bíblicas de poblaciones desesperadas que necesitan agua, comida y un poco de tierra fértil para autoabastecerse. No hay un estudio serio que en pespectiva no plantee este panorama sombrío, que favorecerá nuevas guerras, esta vez por necesidades tan imperiosas que no habrá discusiones ideológicas sino simples argumentos de supervivencia.
Un informe de los tantos que circulan entre los delegados que pululan por el centro de Roma y rinden homenaje a la magnífica gastronomía italiana, mientras leen y discuten este escándalo, señala que la producción mundial de cereales aumentó en 2007 un 5 % y en 2008 crecerá otro 2,8 % hasta sumar un récord de 2.164 millones de toneladas. Una paradoja difícil de explicar. Mucho más si se tiene en cuenta que teóricamente hay el doble de alimentos suficientes para dar de comer a los casi siete mil millones de habitantes de la Tierra.
Los países ricos derrochan cifras impresionantes de alimentos que van a parar a la basura. El diario londinense The Independent investigó y descubrió que familias, supermercados y productores ingleses descartan así 20 millones de toneladas de alimentos por un valor de 21 mil millones de libras esterlinas, o sea lo que bastaría para quitar el hambre a toda Africa en un año.

(Clarín, 1-6-08)

La gran oportunidad

El país enfrenta, actualmente, los mejores precios relativos para su economía de que se tenga registro, comparables a los de 1946-47 y hasta similares a los de principios del siglo XX. Lo que debió ser una buena noticia, la mejor que la Argentina recibió en años, se transforma en una pesadilla. O al menos esa es la percepción de las consecuencias que el boom del mercado internacional de alimentos trae para nuestra gente. Conflicto entre el campo y la ciudad, la economía regional paralizada, cadena de pagos congelada y perspectivas de inversión y crecimiento mucho más pesimistas que tres meses atrás. Una paradoja que ya ha sido materia de curiosidad en los principales medios del mundo, sin entender cómo el maná que vienen repartiendo los mercados aquí no es aprovechado.
Es entendible que una mitad del planeta esté preocupada por lo que los economistas han denominado agflación (aumento de precios causado por la suba en los productos agrícolas). Esa mitad que hoy mira con horror cómo cambia el tablero internacional del ingreso, es la más rica, la más industrializada. Los que peor la llevan son los aquellos que no producen energía, alimentos o minerales. Los que aguantan son los que, al menos, tienen alguna de esas fortalezas. Y los que salen triunfadores, son los que tienen todo lo que hoy reluce. O sea aquellos que durante décadas se vieron confinados al grupo de los grandes perdedores, como sistematizaron el economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986), con su teoría del deterioro secular de los términos del intercambio, y el andamiaje político-intelectual del ex presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, con su teoría de la dependencia. Ambos situaron específicamente a América latina entre los países a merced de los vaivenes del mercado y los caprichos de los poderosos. Todo se visualizaba en una cuenta de resultados por la que cada vez había que trabajar más para comprar lo mismo. La ecuación clave: cuántos kilos de lomo de ternera por kilos de Audi 0 km. Eran los años del milagro económico europeo y japonés, de la guerra fría y la supremacía norteamericana, con las excepciones de algunos que implementaban fórmulas heterodoxas de crecimiento, como Brasil (1960-1985) y los cuatro Tigres Asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong-Kong).
La Argentina se inscribe, por esta vez, en el bando de los que han comprado todos los números ganadores. Dotada de un territorio entre los más extensos del mundo, con diversidad geográfica y climática notable, con una llanura de las más fértiles del planeta y cursos de agua en abundancia. Agregando el factor demográfico (la cuarta parte que Brasil o la séptima de los Estados Unidos), tenemos la ecuación perfecta para construir nuevamente una gran potencia agroexportadora. Quizás para balancear estas ventajas competitivas o culpa de ellas, está poblado de una rara mezcla de gente e instituciones proteccionistas y anárquicas, en donde cada vez es más difícil encontrar un rumbo común.

(Noticias, 31-5-08)

lunes, 2 de junio de 2008

Desempleo disminuye: para algunos

Cae el desempleo en la familia D’Elía

Luis D’Elía $ 1.400
Alicia Sánchez (esposa) $ 3.000
Pablo D’Elía (hijo) $ 1.800
Facundo D’Elía (hijo) $ 1.800
Belén D’Elía (hija) $ 1.800
Guilermo Rodas (sobrino) $ 1.800
Leandro Rodas (sobrino) $ 1.800

Total: $ 13.400

(Fuente: Noticias, 31-5-08)

Nota: excepto el padre, que tiene un ingreso como docente, los demás cobran sueldos oficiales, habiendo sido designados por el actual Gobierno. Ahora bien, una familia que tiene un ingreso mensual de $ 13.400, ¿integra la puta oligarquía?

Cortar rutas: ¿delito o derecho humano?

La Policía Federal y la Prefectura, que hasta ahora tenían órdenes de no intervenir en cortes de rutas de piqueteros y otros activistas, avanzó sobre dirigentes ruralistas y políticos de la oposición con trato desigual respecto de los quejosos ligados al oficialismo.
No es un cambio trivial: el gobierno argentino apeló a la legitimidad de los cortes como un derecho humano cuando redactó las demandas al Uruguay por la papelera Botnia. Pagó fortunas a abogados para que desarrollasen el argumento de que cuando no hay respuesta a los reclamos de un gobierno es lícito cortar rutas y que es una manera de expresión. Tanto permeó esa idea que los ruralistas vieron el mérito de ese método para su queja contra las retenciones móviles que aplicó el gobierno el 10 de marzo, una decisión sobre la cual el kirchnerismo quiere que -como en las épocas bravas del conservadurismo o en las dictaduras- los dirigentes reflexionen en un calabozo.

(Ambito Financiero, 2-6-08)