El Ateneo Cívico "José de San Martín", ha organizado una reunión en "Homenaje a Liniers, héroe nacional", que se efectuará el martes 12 de agosto, día de la Reconquista de Buenos Aires.
En la oportunidad, expondrán:
*Mario Meneghini: Liniers y las dos Argentinas
*María Rosa Marcone: Defensa de la vida y Orden Natural
*Aurelio García Elorrio: Control de legalidad y la honestidad
El encuentro se realizará en La Rioja 532 (Córdoba), desde las 18 hs., siendo libre el acceso.
ARQUETIPO DEL
OBJETOR DE CONCIENCIA (1)
(Consideramos oportuno publicar nuevamente este artículo, dada la situación especial que atraviesa nuestra patria.)
La objeción de
conciencia constituye una forma de desobedecer al derecho positivo, motivada en
razones éticas o religiosas (2). Enseña el magisterio de la Iglesia: “En lo más
profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no
se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando
es necesario, en los oídos de su corazón, adviertiéndole que debe amar y
practicar el bien y que debe evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el
hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia
consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente” (3).
Precisamente por
el testimonio, ofrecido hasta el derramamiento de su sangre, de la primacía de
la verdad sobre el poder, Santo Tomás Moro es venerado como ejemplo
imperecedero de coherencia moral. Y también fuera de la Iglesia, especialmente
entre los que están llamados a dirigir los destinos de los pueblos, su figura
es reconocida como fuente de inspiración para una política que tenga como fin
supremo el servicio a la persona humana.
De profesión
abogado, a los 27 años ya gozaba de gran prestigio, en los ámbitos profesional
y cultural, cuando fue elegido para representar al condado de Londres en el
Parlamento, comenzando su actuación en la función pública. Posteriormente, y en
forma sucesiva, desempeña otros cargos: Sub-Sheriff de Londres, miembro del
Consejo Privado del Rey, embajador en cortes europeas, Sub-tesorero del Reino,
Canciller del Ducado de Lancaster y, finalmente, Canciller de Inglaterra. Este
era el cargo de mayor jerarquía –equivalente a un primer ministro de hoy-, y el
rey lo designa para ocuparlo, en un momento de crisis política y económica del
país.
Como primer laico
en ocupar este cargo –reservado habitualmente para obispos-, Tomás afrontó un
período extremadamente difícil, esforzándose en servir al rey y al país. Fiel a
sus principios, se empeñó en promover la justicia e impedir el influjo nocivo
de quien buscaba los propios intereses en detrimento de los débiles. En 1532,
no queriendo dar su apoyo a la pretensión de Enrique VIII de que Roma anulara
su matrimonio, para volver a casarse, presentó su renuncia y se retiró de la
vida pública.
Constatada su gran
firmeza en rechazar cualquier compromiso contra su propia conciencia, el rey,
en 1534, lo hizo encarcelar en la Torre de Londres dónde fue sometido a
diversas formas de presión psicológica. Tomás Moro no se dejó vencer y rechazó
prestar el juramento que se le pedía. Desde la prisión, le escribe a su hija
Margarita: “A nadie impedí prestar el juramento; ni siquiera persuadí a ninguno
para que lo resistiera. A nadie infundí escrúpulos por prestarlo, ni lo haré,
sino que dejo a cada uno librado a su conciencia. Y encontraría razonable que
se me permitiese seguir la mía” (4).
El hombre no se
puede separar de Dios, ni la política de la moral. Esta es la luz que iluminó
su conciencia. Y fue precisamente en la defensa de los derechos de la
conciencia donde el ejemplo de Tomás Moro brilló con intensa luz.
La historia de
Santo Tomás Moro ilustra con claridad una verdad fundamental de la ética
política. En efecto, la defensa de la libertad de la Iglesia frente a indebidas
injerencias del Estado es, al mismo tiempo, defensa, en nombre de la primacía
de la conciencia, de la libertad de la persona frente al poder político. En
esto reside el principio fundamental de todo orden civil de acuerdo con la
naturaleza del hombre.
Cuando Moro acepta
el sello de Canciller, en 1529, lo hace para intentar defender por medio de la
acción lo que no puede sostener ya con la pluma. La aceptación de ese cargo ha
sido considerado un error; pero, en realidad, no podía elegir. Antes de esa
fecha, había explicado al rey Enrique VIII que no transigiría en materia de
divorcio; sabiendo esto, el rey prometió darle libertad de conciencia y
emplearlo en otros asuntos. Por eso, no podía eludir la aceptación, pues como
enseña la Suma Teológica (5): “Si un hombre domina sobre los demás por su
ciencia y virtud, sería un mal que no emplease en provecho de los otros su
superioridad, según las palabras del Apóstol San Pedro: Cada uno debe emplear
en beneficio de los demás la gracia que recibiera”.
Moro lo explicaba
así: Desanimo y temor impiden a una persona realizar el bien para el que
estaría capacitado si sumergiese su ánimo en la confianza de la ayuda divina.
Muchas veces la cobardía se enmascara de humildad (6).
Moro creía que
podría detener algunos de los desastres que preveía. Era el deber que él mismo
había afirmado en su libro “Utopía”, en el diálogo con Rafael: Si no conseguís
realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo
menos la intensidad del mal (7).
Cumpliendo
funciones en la corte, era natural para Moro obedecer al Rey y a su superior
directo, el Cardenal Wolsey (8). Siempre actuó con lealtad, pero distinguía
entre opiniones, que pueden ser discutidas, y certezas, cosas que tenía por
seguras, por motivos de fe o de conciencia. La disconformidad parcial, no tenía
por qué llevarlo a la desobediencia ni a la necesidad de renunciar. Moro
consideraba que no tenía que justificarse ante Dios por la política de
Inglaterra, sino únicamente por el cumplimiento honrado de sus funciones.
En el Libro
Primero de la “Utopía”, sintetiza magistralmente su posición: Un buen actor
encarna sus personajes de la mejor manera posible, sea cual fuere la obra que
represente, pero no turba el conjunto con la mera finalidad de añadir un trozo
mejor de otra. En esa forma conviene proceder cuando se interviene en los
negocios del Estado y en los consejos de los príncipes. La imposibilidad de
suprimir en seguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale
como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave
en la tempestad porque no puede dominar los vientos (9).
Consideramos que
la posición indicada coincide con la doctrina tradicional del “mal menor”. Como
señala León XIII en la Encíclica Libertas: no pudiendo la autoridad humana
impedir todos los males, debe permitir y dejar impunes muchas cosas que son,
sin embargo, castigadas justamente por la divina Providencia (San Agustín, De
libero arbitrio) (10). El Papa agrega que la tolerancia al mal es un postulado
propio de la prudencia política.
Para alcanzar la
prudencia, es inteligente pedirla a Dios, ya que se trata de una virtud y,
según señala el P. Ribadeneira “así como el gusto estragado juzga mal de los
sabores, así la voluntad estragada con alguna pasión se ciega y juzga mal de
las cosas. Y por eso, dice Aristóteles que es imposible que sea prudente el que
no es virtuoso” (11).
Contrasta la
actitud de Moro con la de muchos hombres de hoy, inteligentes y honestos, que
parecen creer que la acción cívica sólo se justifica cuando existen garantías
de acceder al poder para aplicar íntegramente la sana doctrina. Como explicó
Juan Pablo II: Para el cristiano de hoy, no se trata de huir del mundo en el
que le ha puesto la llamada de Dios, sino más bien de dar testimonio de su
propia fe y de ser coherente con los principios, en las circunstancias
difíciles y siempre nuevas que caracterizan el ámbito político (Discurso,
4-11-2000).
El mismo
pontífice, 31 de octubre del año 2000, proclamó a Santo Tomás Moro “Patrono de
los Gobernantes y de los Políticos”, afirmando: Su vida nos enseña que el
gobierno es, antes que nada, ejercicio de las virtudes (Carta de Proclamación).
Al respecto,
debemos destacar que la Política debe ser regida por la virtud de la prudencia,
no por el arte, ya que pertenece al campo de lo agible, no de lo factible. Como
enseña Santo Tomás: el arte versa sobre las cosas factibles, es decir que están
constituídas en la materia exterior, como la casa, el cuchillo y semejantes; y
la prudencia, sobre las operables, a saber, las que están en el mismo operante
(12).
El juicio
prudencial debe evaluar la situación concreta del aquí y el ahora, y determinar
la decisión de lo que debe hacerse y cómo hacerlo. Por ello Moro conserva su
cargo de Canciller mientras parecía haber una mínima posibilidad de impedir el
divorcio del rey. Exactamente hasta el 15 de mayo de 1532, en que se sometieron
los obispos y el rey se declaró cabeza de la Iglesia de Inglaterra en lugar del
Papa. A partir de entonces, continuar en el cargo hubiese significado
complicidad, por eso renuncia ese día y no otro. Pero se va en silencio, sin
criticar al rey; simplemente se abstiene de opinar. Varios años antes había
escrito sobre la orden de Cristo a sus discípulos de que, si los perseguían en
una ciudad huyeran a otra. Los cristianos, decía Moro, no deben perseguir el
martirio y ponerse en riesgo de negar a Cristo por no poder soportar alguna
tortura.
Con este sentido
de la prudencia, asume el martirio, recién cuando no puede evitar hablar,
porque para el rey y su nuevo canciller, sólo servía un Moro que callaba porque
estaba muerto, o que vivía porque asentía.
Finalizamos con
palabras de Juan Pablo II: Que por intercesión de Santo Tomás Moro todos los
hombres y mujeres comprometidas en la vida pública se preocupen por el bien
común y actúen siempre de acuerdo con la verdad y su conciencia (5-11-2000).
ACCIÓN; Boletín Nº 141 Córdoba, marzo 5 de 2011
NOTAS
1) Tomamos la
expresión de Portela (ob. cit., p. 80).
2) Portela, ob.
cit., p. 30.
3) Constitución
pastoral Gaudium et Spes, 7-12-1965, nº 16.
4) Moro, Tomás.
“Palabras de animación”; Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1980, pp. 56/57.
5) Suma Teológica,
Ia. Iiae, c. XCVI, a. 4.
6) Moro,Tomás.
“Consuelo en la Tribulación, II.13; cit. en “Palabras…”, ob. cit., p. 80.
7) Utopía; Buenos
Aires, Sopena Argentina, 1944, p. 64.
8) No se priva
Moro, sin embargo, a decirle al Cardenal: “Yo creo que los hombres de estado
que renuncian a su propia conciencia en atención a sus deberes políticos, no
hacen más que llevar a su país al caos por el camino más corto”.
9) Ibid., p. 64.
10) Encíclica
Libertas; Nº 23.
11) Ribadeneira,
P. Pedro de. “El Príncipe Cristiano”; Buenos Aires, Sopena Argentina, 1942, p.
147.
12) Suma Teológica;
Cuestión XLVII, art. V.
Fuentes:
-Boletín Acción,
Nº 53 (julio 2001).
-Juan Pablo II.
Carta Apostólica en forma de Motu Propio, para la proclamación de Santo Tomás
Moro como Patrono de los Gobernantes y los Políticos, 31-10-
-Portela, Jorge
Guillermo. “La justificación iusnaturalista de la desobediencia civil y de la
objeción de conciencia”; Buenos Aires, EDUCA, 2005.
-Prévost, André.
“Tomás Moro y la crisis del pensamiento europeo”; Madrid, Ediciones Palabra,
1972.
DEMOCRACIA VERSUS
JURISTOCRACIA
La tendencia al
constitucionalismo
Aleardo Laría
Rajneri
El cohete a la
luna, FEB 19, 2023
Desde principios
del siglo actual se ha venido consolidando en el mundo anglosajón una fuerte
corriente crítica del derecho que denuncia los excesos en que incurren los
jueces que interpretan la Constitución al adoptar decisiones políticas
disfrazadas de argumentación jurídica, recortando de esta manera los poderes de
los Parlamentos. Estos textos no han sido traducidos al castellano, por lo que
han tenido escasa difusión en el mundo latinoamericano a pesar de que abordan
una problemática de rabiosa actualidad. El ensayo que ha alcanzado mayor
difusión es Hacia la juristocracia (Towards Juristocracy, Harvard University
Press, 2004) de Ran Hirschl, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad
de Toronto. El politólogo canadiense ha examinado las reformas constitucionales
que se han registrado en cuatro países —Israel, Canadá, la República de
Sudáfrica y Nueva Zelanda— y que han tenido como resultado la restricción
severa de la soberanía parlamentaria a través de la interpretación
constitucional. Esto ha permitido a los jueces constitucionales revisar
decisiones políticas importantes adoptadas en sede parlamentaria. En estos
cuatro países, salvo Sudáfrica, no se establecieron tribunales
constitucionales, sino que siguieron el modelo de los Estados Unidos, cediendo
la interpretación constitucional a la cúspide del Poder Judicial. En opinión de
Hirschl, este empoderamiento de la judicatura es una estrategia diseñada por
las élites políticas para someter las decisiones políticas sobre temas
sensibles al control de una suerte de tercera Cámara que revisa las medidas
adoptadas por las Cámaras de diputados y senadores bajo la cobertura de hacer
un estudio de constitucionalidad técnico y neutral.
¿Qué está
impulsando este movimiento que santifica los textos constitucionales? Ran
Hirschl argumenta que las élites políticas y económicas aceptan el activismo de
los jueces constitucionales porque “estiman que les conviene respetar los
límites impuestos por la intervención judicial en la esfera política”.
Considera que este entusiasmo por la neo-constitucionalización del derecho se
ve favorecido por la interacción entre tres grupos clave: las élites políticas
que buscan preservar su hegemonía aislando a ciertas políticas del cambio; las
élites económicas que lo ven como una forma de proteger el orden económico
basado en el mercado, y las élites judiciales, para quienes una mayor
constitucionalización aumenta su influencia política. Hirschl concluye que “el
empoderamiento judicial a través de la constitucionalización no se desarrolla
separadamente de las luchas sociales, políticas y económicas concretas que dan
forma a un sistema político, dado que las instituciones políticas y jurídicas
producen efectos distributivos diferenciales: privilegian a unos grupos e
individuos sobre otros”.
En la misma línea
del autor citado, la profesora húngara Béla Pokol, a través de su obra El Estado
juristocrático (The Juristocratic State, Budapest, 2017) denuncia que la
existencia de un derecho constitucional versus un derecho legislativo está
provocando una duplicación del sistema legal. Si bien el régimen democrático
—basado en las elecciones y en la competencia entre partidos políticos—
permanece, está siendo horadado lentamente por un sistema de decisiones de los
jueces constitucionales que apoyándose en unos principios abstractos dan lugar
a una nueva capa de legalidad. En este segundo sistema, no estamos ante
decisiones políticas abiertas, debatidas en los Parlamentos, sino que se
presentan de manera neutral, como simple resultado de la interpretación
constitucional. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha estado a la
vanguardia de la remodelación de la ley en asuntos como el financiamiento de
campañas, la corrupción política, la manipulación y remodelación de distritos
electorales, es el ejemplo más conocido. En este país, donde ya no resulta
elegido Presidente el candidato que obtiene más votos en las elecciones, la
constitucionalización de la política electoral amenaza con hacer avanzar el
constitucionalismo a expensas de la democracia constitucional. Según Béla
Pokol, que ha estudiado el caso de Hungría, ese nuevo poder de los tribunales
constitucionales ha sido impulsado en los antiguos países comunistas por las
élites de poder estadounidenses que, en base al trabajo de los expertos y las
fundaciones norteamericanas, buscan la integración gradual de las
Constituciones de cada país en una suerte de Constitución global unificada.
Como resultado, desde finales de la década de 1980, una oligarquía
constitucional global muy unida se ha organizado progresivamente enfrentando a
los Parlamentos en los estados formalmente independientes, lo que ha dado lugar
a la aparición de una «juristocracia que desplaza a la democracia».
Contra el
constitucionalismo
Dentro de esta
línea de pensamiento se destaca Martin Loughlin, profesor de Derecho Público de
la London School Economist del Reino Unido, quien acaba de publicar un ensayo
bajo el título Contra el constitucionalismo (Again the Constitucionalism,
Harvard University Press, 2022) en el que argumenta que el constitucionalismo
no debe equipararse a la democracia constitucional. Afirma que el constitucionalismo
es un modo aberrante de gobernar que debe ser superado si se quiere mantener la
fe en una democracia constitucional por lo que en su libro defiende la
democracia constitucional contra el constitucionalismo. Su objetivo es mostrar
que el constitucionalismo no es una simple amalgama de valores liberales, sino
una filosofía de gobierno específica y profundamente conflictiva. Es una suerte
de ideología, al igual que el socialismo, el liberalismo o el anarquismo. En su
opinión el constitucionalismo se ha convertido rápidamente en la filosofía de
gobierno contemporánea más influyente del mundo y en el principal medio a
través del cual una élite aislada, mientras habla de labios afuera sobre los
reclamos de la democracia, puede perpetuar su autoridad para gobernar sin
contar con la voluntad popular. Esta tendencia mundial de empoderamiento
judicial a través de la constitucionalización de los derechos es uno de los
desarrollos gubernamentales más importantes de la era contemporánea. Armados
con poderes recién adquiridos, los tribunales constitucionales están
resolviendo una variedad de cuestiones políticas y de orden público que no hace
mucho tiempo habrían estado estrictamente fuera de los límites de su
jurisdicción. Una jurisdicción constitucional en constante expansión abarca
ahora «asuntos de absoluta y máxima importancia política que a menudo definen y
dividen a entidades políticas enteras».
Según Loughlin, el
texto fundacional del constitucionalismo es el conjunto de artículos
periodísticos de James Madison, Alexander Hamilton y John Jay recopilados en
The Federalist Papers, publicado en 1787. El constitucionalismo es una teoría
sobre la forma institucional considerada más apropiada volcada luego en un
documento escrito que denominamos Constitución. Ese texto, teóricamente está
redactado en nombre del pueblo y diseñado para contener los principios
esenciales sobre los que se funda el gobierno de un Estado. Se reconoce al
“pueblo” como autor de la constitución y la fuente última de la autoridad
gubernamental, pero como se señala en el Federalist 10, para “refinar y ampliar
la opinión pública”, las tareas reales de gobernar deben confiarse a un cuerpo
representativo “cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su
país y cuyo patriotismo y amor de justicia será menos probable que la
sacrifique por consideraciones temporales o parciales”. Para el
constitucionalismo, una constitución no solo es una regulación del
funcionamiento de las instituciones, sino que es la representación simbólica de
la unidad nacional. En opinión de Loughlin, “impulsados por una revolución de
derechos que fortalece dramáticamente el poder de los jueces, estos desarrollos
han generado un concepto novedoso de legalidad constitucional que defiende una
constitución invisible de principios abstractos que está adquiriendo
rápidamente una influencia universal”.
En opinión de
Loughlin, “la Constitución no debería ser enaltecida con reverencia santurrona
y considerada como demasiado sagrada para ser tocada”. Si bien puede ser reivindicada
como la expresión autorizada de todos aquellos que la consintieron en su
tiempo, resulta más difícil extraer de un texto centenario la voluntad de las
generaciones posteriores. “Si el Poder Judicial debe estar sujeto a reglas y
precedentes estrictos, entonces el constitucionalismo comienza a parecerse a lo
que Paine llamó ‘la autoridad de los muertos asumida en un manuscrito’. En
forma coincidente, Thomas Jefferson, al adherir al principio de la soberanía
popular, sostenía que el pueblo debe conservar el poder de revisar
periódicamente la constitución y reafirmar su consentimiento. Por lo tanto,
propugnó incorporar en la constitución una cláusula de caducidad por la cual
debía renovarse cada generación lo que, según sus cálculos, significaba renovarla
cada diecinueve años. Sostenía que ‘si la ley fundamental del régimen se basa
efectivamente en la voluntad del pueblo, entonces una generación no debería
poseer el poder de obligar unilateralmente a otra; buscar hacerlo equivaldría a
un acto de fuerza, y no de derecho’”.
La Constitución
invisible
El otro rasgo
destacable del constitucionalismo norteamericano, seguido luego por la
jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, es que encomienda al Poder
Judicial una tarea del todo novedosa, no prevista en la propia Constitución: la
de discernir cuál es la “verdadera” voluntad del legislador constituyente. Como
los textos constitucionales tienen declaraciones de intención y principios
abstractos (libertad, justicia, equidad), en ocasiones desactualizados por el
transcurso del tiempo, se genera una Constitución invisible, que solo aparece a
partir de la libre interpretación de los jueces constitucionales, que bajo esta
ficción se otorgan una amplia discrecionalidad en cuestiones de índole política
altamente conflictivas. En la práctica, los jueces constitucionales terminan
decidiendo como si fueran una tercera y última Cámara legislativa. El resultado
es el debilitamiento de la democracia, al establecer una primacía de los jueces
sobre el Congreso. En esta crítica no se cuestiona el ejercicio del poder de
control cuando se trata de revisar el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos en la propia Constitución para el dictado de las leyes. Lo que se
critica es el avance de los jueces constitucionales sobre el contenido
intrínseco de las leyes dictadas por el Parlamento, dado que se trata de
decisiones políticas que pretenden ser sustituidas por otras enmascaradas bajo
disquisiciones jurídicas.
En la Argentina,
Carlos Nino, en su obra La constitución de la democracia deliberativa
(Editorial Gedisa, España, 1997) alertó tempranamente sobre el hecho de que el
papel de los jueces en el constitucionalismo puede erigirse en una suerte de
“elitismo epistemológico”. Señaló que “la perspectiva usual de que los jueces
están mejor situados que los Parlamentos y que otros funcionarios elegidos por
el pueblo para resolver cuestiones que tengan que ver con derechos parece ser
la consecuencia de cierto tipo de elitismo epistemológico. Este último
presupone que, para alcanzar conclusiones morales correctas, la destreza
intelectual es más importante que la capacidad para representarse y equilibrar
imparcialmente los intereses de todos los afectados por la decisión”.
Esta invasión de
las competencias legislativas es muy evidente en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de la Nación. Por razones de espacio ofrecemos solo algunos ejemplos.
El caso más espectacular, sin duda, ha sido la “declaración de
inconstitucionalidad” de una norma clarísima impuesta en la reforma de 1994,
que establece la obligación de los jueces federales de revalidar su
nombramiento al cumplir 75 años. Carlos Fayt, que había sido nombrado en el año
1983, presentó un amparo para poder continuar en el cargo y en 1999 la Corte
declaró “la nulidad de la reforma introducida por la convención reformadora de
1994 en el art. 99, inc. 4, párrafo tercero y en la disposición transitoria
undécima al art. 110 de la Constitución Nacional”. Otra decisión trabucaire ha
sido la derogación de la ley de impuesto a las ganancias aplicable a los jueces
nacionales mediante el uso de una acordada (Acordada 20 del año 1996). Last but
not least ha sido la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080
reguladora del Consejo de la Magistratura, disponiendo la vigencia de una ley
anterior derogada por el Congreso, una medida de tal audacia que no registra
antecedentes en el derecho comparado.
Frente a estos
inauditos avances sobre la soberanía parlamentaria, el profesor Martin Loughlin
ofrece una respuesta a la pregunta formulada hace muchos años por Bertolt
Brecht: “Todo poder viene del pueblo, pero ¿adónde va?”. Señala el jurista
canadiense que estamos descubriendo una respuesta desconcertante: “Los jueces
ahora tienen el poder de determinar las condiciones del derecho político y, al
hacerlo, se han arrogado el papel fundamental de supervisar el proceso político
de una nación”.
“Muchos políticos profesan la fe, pero como
algo privado. Son católicos vergonzantes”
Javier Navascués,
el 21.04.22
Caballero del
Pilar (Infocatólica)
El profesor
Alberto Bárcena, licenciado en Derecho y doctor en Historia, es un reputado
intelectual, experto en Doctrina Social de la Iglesia, masonería y Nuevo Orden
Mundial (NOM) por destacar solamente alguno de los temas más representativos.
Profesor universitario, escritor y conferencista de renombre, estará presente
el próximo 13 de mayo en Madrid, en la presentación de la re-edición del libro
El Liberalismo es Pecado, junto a Mn. Athanasius Schneider (que prologa el
libro) y al prestigioso pensador Javier Barraycoa. Analiza brevemente lo que
supone la visita del mencionado prelado en el actual momento que atraviesa
España.
¿Cómo valora la
visita de un prelado como Mons. Schneider a España y más el 13 de mayo?
Como una excelente
ocasión para prestar atención a alguien que se caracteriza por la fidelidad a
la doctrina de la Iglesia, que ha hablado siempre sobre dicha doctrina con una
claridad y contundencia verdaderamente encomiables y que ha edificado a muchos
precisamente con esa claridad. Que sea un 13 de mayo, coincide con una fecha
importante en la historia de la salvación como son las apariciones de Fátima,
con todo lo que la Virgen avisa que puede ocurrir o que va a ocurrir si no nos
enmendamos. Un mensaje muy contundente sobre la eficacia de la oración, la
eficacia del sacrificio, del ofrecimiento de obras, en definitiva de la
reparación de todo el pecado que ya entonces se estaba adueñando de la
civilización occidental. Así que la coincidencia del viaje con el 13 de mayo
puede ser una señal para que pongamos especial interés o atención en esta
visita, en lo que se va a decir en ella porque tiene mucho que ver con la
historia de la salvación también.
¿Qué supone para
usted estar junto a este prelado y a Javier Barraycoa en la presentación de la
re-edición del clásico El Liberalismo es Pecado?
Me parece una
responsabilidad importante y pido la asistencia del Espíritu Santo para estar
en línea con Monseñor y con Javier Barraycoa también y poder transmitir también
esa claridad e introducir el tema en la medida que a mí me corresponda y darle
pie, sobre todo a Monseñor, para que desarrolle las ideas que en ese prólogo
del libro ha incluido y en lo que viene defendiendo hace ya tiempo.
Muchos ven en el
liberalismo el germen de la mayoría de los males modernos, pues da derechos al
mal y al error…
Es así, que duda
cabe que el liberalismo parte del relativismo moral. Podríamos remontarnos a
Lutero, en cuanto a la libre interpretación que él defiende. Se ve más
claramente en la Ilustración. En el siglo XVIII la ley natural es totalmente
apartada. Es más, uno de los autores principales, Rousseau, dice que la
legitimidad procede únicamente de los acuerdos, luego ha quitado ya a Dios de
en medio. Y los acuerdos además son mudables. Rousseau está muy presente en el
pensamiento actual. En 1948 el primer presidente de la UNESCO, Julian Juxley,
decía exactamente lo mismo, que nada era eterno ni inmutable en ética. Osea que
ese concepto roussoniano de que los acuerdos son la única fuente de
legitimidad, es lo que viene presidiendo el pensamiento único, el pensamiento
revolucionario, desde el siglo XVIII hasta el presente.
Y el liberalismo
ha sido el gran enemigo de la tradición católica, condenado en numerosas
ocasiones por el Magisterio de la Iglesia.
En muchas. El
poder mismo no es más que en un brote de un liberalismo llevado al extremo,
condenado por San Pío X. Pero es que ya antes Pío IX en la encíclica Quanta
Cura y el documento anexo que desarrolla esta encíclica, el Syllabus, ya
enumera todos los errores que vienen del liberalismo. Y habla de ochenta y
tantos errores…Todos estos errores siguen hoy en vigor, por más que haya
sectores en la Iglesia que hayan condenado el Syllabus como una especie de
reacción integrista y fundamentalista.
¿Por qué el
Syllabus no se puede derogar?
Porque lo que
condena como errores del liberalismo es indiscutible que lo son. Habla del
naturalismo, del materialismo, en definitiva del rechazo a Dios, del rechazo de
la dimensión espiritual del hombre, que eso está en el liberalismo en
diferentes grados. También podíamos hablar de los grados del liberalismo, pero
hay uno de tercer grado, que hoy en día es muy común entre católicos, que es el
de vivir la fe en el espacio estrictamente privado, pero no en el público. Y
eso es quitar a Dios de la vida pública con la gravedad que eso tiene. En
primer lugar la dejación de la obligación del cristiano de dar testimonio de su
fe. Ese liberalismo de tercer grado entre católicos hoy en día está
divulgadísimo. Incluso hay algunos que a veces profesan su fe católica, pero
luego dejan claro que eso es una cuestión absolutamente privada. Esto en
política se ve mucho. Son algo así como cristianos vergonzantes.
Igualmente se
inaugura la asociación Luz de Trento, sin duda inspirada en un referente del
mejor momento del catolicismo en España.
Desde luego el
Concilio de Trento supuso un antes y un después porque vino a contestar a todos
los errores de Lutero, que acababa de destruir la unidad de la cristiandad,
dejando la simiente de la herejía. Y de esa herejía luterana van a surgir luego
múltiples divisiones que destruyen el depósito sagrado de la fe en una buena
proporción. Los sacramentos prácticamente desaparecen. Queda el Bautismo y él
dice que la Eucaristía, pero no es verdad, tampoco queda la Eucaristía. Los
sacramentos del Orden, la Penitencia etc. desaparecen por completo. Trento
viene a clarificar la posición de la Iglesia. No dice nada nuevo porque dice lo
de siempre, pero se reafirma y desarrolla los rasgos propios de cada
sacramento. Viene a refutar todos los errores de Lutero y sus seguidores.
Incluso les da la razón en lo que la tienen, que es bien poco, porque es
gravísimo lo que dicen después. Son cristianos, sí más o menos son cristianos,
unos más que otros, pero han arrancado a la sociedad cristiana occidental
prácticamente todos los canales de la gracia, que son los sacramentos.
Igualmente niegan
la tradición dogmática. Trento no viene más que a aclarar y a reforzar y aunque
no fue un concilio que consiguiese la reunificación entre católicos y
protestantes, sí que fue un concilio que hizo un enorme bien a la Iglesia
porque toca todos los temas y a partir de ahí la Iglesia adquiere una fortaleza
e incluso vuelve a evangelizar territorios que se habían hecho protestantes y
en el mundo católico se hace una labor importantísima que refuerza la fe y la
mejor tradición, la verdadera tradición dogmática, que viene desde los Padres
de la Iglesia.
Por último, ¿qué
importancia tiene que un prelado de la gravedad y el peso de Monseñor Schneider
rece ante el mismo Congreso de los Diputados por la conversión de los
políticos, ahora que están desatadas las leyes inicuas como criminalizar el
rezar delante de un abortorio?
Me parece muy
oportuno porque al final lo que estamos viviendo no es más que un episodio del
combate espiritual que viene librándose desde el pecado original, de manera
ininterrumpida. Como dice San Pablo no luchamos contra la carne ni la sangre,
por lo tanto las armas más importantes que tenemos a nuestra disposición son
espirituales, es la oración. Más fuerte que eso no hay nada y además el ejemplo
de que se rece delante del Congreso por la conversión de quienes tienen en sus
manos seguir debilitando, corrompiendo y destruyendo la sociedad, es un ejemplo
magnífico de lo que tenemos que hacer todos, en grupo y en la calle, no hay
porque ocultarse. No podemos ser católicos vergonzantes. Si se consiguiera la
conversión, por lo menos de algunos, de los políticos que están ahí,
supuestamente, representando a la sociedad española, sería, desde luego, un
logro enorme. El Rosario es una arma importantísima dentro de lo que es la
oración y la oración en común también tiene una fuerza especial. Así que me
parece una excelente iniciativa, verdaderamente inspirada.
