ADHESIÓN

 

Nuestro Centro de Estudios Cívicos "Fabiela Meneghini", adhiere al documento que se adjunta producido por Fuerza Suma +, y se manifiesta dispuesto a integrarlo, para colaborar con los objetivos fijados en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Mario Meneghini

Director

6-9-2026

DOCUMENTO FUNDACIONAL 

NACE FUERZA SUMA+

 

Para participar activamente del debate público sobre la actualidad  y el futuro del país 

Con ideas y propuestas que ayuden a forjar un proyecto nacional  de desarrollo, con justicia social y profundamente federal.

 

La Argentina del presente enfrenta un desafío inédito. La próxima década será  decisiva para el futuro del país. Debemos recuperar la capacidad de decidir  sobre nuestro propio destino, restituyendo el tejido económico nacional y reparando los lazos que unen a la sociedad con sus representantes en el marco de un  proyecto nacional de desarrollo con justicia social. O el riesgo de que el país se  transforme en un “territorio liberado”, donde otras naciones y estados, o incluso  algunas pocas corporaciones transnacionales, impongan decisiones a la medida  de sus exclusivos beneficios, sin que exista una contraparte que desde el estado  nacional defienda los legítimos intereses del pueblo y la nación, se presenta  como una realidad que con el correr de los años puede adquirir un carácter  irreversible.

 

Ese, y no otro, es el horizonte que se presenta para el país de persistir la actual  orientación del programa económico-social y, lo que se corresponde con la  índole del modelo libertario, el alineamiento forzado que en materia de política  exterior fue impuesto a los argentinos por el gobierno. Dicho alineamiento va a  contramano de lo que hacen la inmensa mayoría de los países del mundo, que  fijan su política exterior sobre la base del interés nacional, el respeto al principio  de la no intervención en los asuntos internos de otros países y el reconocimiento  del creciente multipolarismo que, en esta etapa, se impone como tendencia manifiesta en las relaciones internacionales. 

 

Sin embargo, el camino que sigue el gobierno de Milei va en un sentido contrario:  no solo está dañando vínculos con socios cercanos y aliados, sino que está  produciendo un progresivo aislamiento del país que compromete la estabili dad de un sistema de reciprocidades históricas que fueron construidas junto a  otras naciones del mundo en el marco del respeto al derecho internacional. Hay  un deterioro del sistema de alianzas que le dan sustento a la inserción internacional de la Argentina, debilitando la posición de nuestro país en causas fundamen tales como es la reivindicación legítima sobre la soberanía de las islas Malvinas.

 

La culminación de una larga decadencia

No se trata aquí de ahondar en la descripción de cuando se perdió el rumbo del  país y se abandonó el proyecto de forjar una nación próspera para el conjunto de  los argentinos. Lo cierto es que, más allá de todo debate, y aun considerando las  etapas de recuperación y mejora de las condiciones económicas y sociales que  durante períodos más o menos limitados permitieron restablecer el rumbo del crecimiento, la tendencia imperante fue la que marca el progresivo deterioro del  país desde hace décadas.

 

En ese marco, el surgimiento del fenómeno libertario no es un accidente for tuito, es la culminación de una larga decadencia. Nació como reacción a la  profunda crisis de representatividad gestada por el retroceso económico, la  desindustrialización, la precarización del trabajo, el empobrecimiento y el aumen to acelerado de la desigualdad. No es difícil comprender que el sucesivo empeoramiento de las condiciones que impactan sobre la mayoría del pueblo argentino,  incluyendo a sus clases medias, junto a la extendida percepción que relaciona a  la política con la corrupción, terminó por producir un daño profundo del vínculo  que afecta la relación de la sociedad con la dirigencia y las principales insti tuciones del estado.

 

Hay que señalar, además, que esa crisis de representatividad es producto  tanto del mencionado fracaso de la dirigencia, desconectada de los problemas  reales que agobian al pueblo argentino, como de las campañas del odio que, apalancándose en la excusa de la más que evidente crisis dirigencial, alimentan so terradamente en la sociedad argentina las corrientes de la anti-política con  el propósito de debilitar aún más las instituciones y, si es posible, eliminar  toda instancia de mediación o representación. Un propósito que, en plena sintonía con las políticas libertarias, el magnate tecnológico y fundamentalista Peter  Thiel sintetiza cuando dice “ya no creo que la libertad y la democracia sean com patibles”.

 

En lo político, esa es la índole del plan libertario. Su programa, además de  dañar en lo internacional las relaciones con nuestros socios vecinos y aliados,  consiste en inyectar renovadas dosis de veneno y alentar todo tipo de enfrenta mientos, grietas y divisiones con el propósito de evitar que la reacción social ge nerada por sus políticas derive en la formación de un frente de oposición na cional unificado con capacidad de aglutinar a los sectores perjudicados por un  modelo que enriquece a una minoría y empobrece a las amplias mayorías.

 

Es decir, el programa del extremismo libertario viene a profundizar las causas que  explican la crisis de representación que utilizó para llegar al poder, agitando la  bandera de la anti-política. Y esa realidad es la que hoy, cada vez más, se le viene  en contra, en tanto el propio Milei comienza a ser el blanco del rechazo que él  mismo se ocupó de alimentar. Cada vez son más los argentinos que cobran  conciencia de que detrás de su ampulosa promesa de cambio y superación de la  crisis, se esconde el programa de desmantelamiento de la economía y del  estado argentino más agresivo de nuestra historia reciente.

 

El momento de la construcción

 

La presencia en la Argentina del Papa León XIV representa un hecho inspirador  para superar las divisiones, recuperar la sensibilidad por los compatriotas que  sufren la exclusión social y reflexionar sobre lo que hay que hacer para recuperar  el camino de la justicia y el progreso. Tal como surge del legado del Papa Francisco. La reciente Encíclica de León XIV Magnífica Humanitas contiene un verdadero programa de oposición a las políticas que impulsan los extremismos de las  llamadas “nuevas derechas”, reafirmando el concepto de solidaridad y justicia ma nifiesto en la doctrina social de la Iglesia que comparten otras tradiciones del humanismo.

 

Creemos que la crisis de representatividad que se mantiene como trasfondo crea  las condiciones que pueden llevar tanto a su agravamiento como a la posibili dad cierta de su superación. Es una etapa objetivamente abierta al inicio de un  ciclo que deje atrás los fracasos del pasado y de este lamentable presente. Aun  en el rechazo a la política, la sociedad muestra que está en la búsqueda de una  nueva y genuina representación. La dirigencia de signo nacional, la actual o  la que luego de tantos fracasos surja en su reemplazo, tiene que demostrar  finalmente estar a la altura de ese desafío. 

 

El cambio comienza con darle contenido real y verdadero a la “vida política”  en el sentido más amplio del término, recrear los espacios de diálogo y participación que fueron cancelados a fuerza de haber reducido lo político a “lo electo ral”, sin mencionar los casos ciertos de las prácticas corruptas que contribuyeron  a su deslegitimación y dieron lugar a campañas que las usaron (y aún las usan),  dejando desguarnecida a la sociedad argentina y sujeta a todo tipo de mani pulaciones.

 

La crisis de representación no es sólo de un sector ideológico, político o  sectorial. Abarca, con las excepciones del caso, al conjunto de la clase dirigente,  incluyendo a buena parte de la dirigencia gremial y empresaria. Y se extiende  incluso hacia el interior de las principales instituciones de la administración, donde el interés privado termina, en no pocos casos, cobrando una influen cia tal que desplaza el resguardo del interés público, esencia de la función del  estado. 

 

La defección de la clase dirigente difícilmente pueda resolverse en sí misma si no  surge algo distinto, porque las prácticas están muy consolidadas en el marco de  parámetros que excluyen la discusión de los problemas de fondo y también  rechazan la integración verdadera de la inteligencia argentina en la cons trucción efectiva de un proyecto de país viable en el mundo actual. 

Fuerza Suma+ nace como una Corriente de Opinión, amplia y plural, para inter venir activamente en el debate público sobre la actualidad y el futuro de la Argenti na. No solo con el propósito de reflexionar sobre lo que sucede sino con el objeti vo de elaborar y proponer ideas y programas concretos para superar la deca dencia actual en conjunción con los diversos sectores sociales cuyo destino está  indisolublemente atado a la suerte del país. Comenzando por las fuerzas del  trabajo y la producción que son, en última instancia, las fuentes motoras ge nuinas del progreso social. Y en ese camino contribuir decididamente a  forjar la dirigencia que el país necesita para salir adelante.

 

Para ser viable, un proyecto nacional de desarrollo debe concebirse como una es trategia de integración de todas las regiones y provincias argentinas. El desarrollo para ser tal tiene que ser federal, porque la justicia social que lleva implícita tiene trazado en el horizonte el objetivo de incluir y brindar oportunidades de  progreso a los 47 millones de compatriotas y permitirles realizarse en sus terru ños. De lo contrario, la inmensa mayoría del pueblo argentino no tendrá destino y  se profundizará la desigualdad y la exclusión.

 

Quienes formamos parte de Fuerza Suma+ no lo hacemos para sustituir los ám bitos de actuación a los que cada uno pertenece y en los que desarrolla su activi dad social, política, gremial, científica, cultural o empresarial, sino para unir experiencias y forjar en común una visión sobre lo que el país necesita para  salir adelante e impulsarla en cada uno de nuestros lugares de actuación. 

 

Argentina, al contrario de las campañas que buscan destruir la autoestima colectiva, sembrar el pesimismo y convencernos de que nada distinto se puede hacer,  es un país que todavía, aún a pesar de la debilidad estructural que padecemos, cuenta  con extraordinarios recursos humanos, económicos e institucionales capaces de apre hender de su historia y reencausarla. Ese potencial es la base para construir un frente  unido de fuerzas políticas y sociales que pongan freno a la decadencia y puedan respaldar el programa de desarrollo nacional y justicia social necesario, hoy más que  nunca, para recuperar la senda de la reparación y del progreso del pueblo argentino.

¡Sumate y ayudanos a fortalecer este camino de construcción! ¡Por una Argentina soberana, productiva y unida!

 

JUNTA PROMOTORA

Aguirre Martín (Dr. en Economía), Alemann Katja (Artista), Anzaldi Pablo (Docente),  Ariza Guillermo (Politólogo y periodista), Auer Ricardo (Geopolitólogo y periodista), Autón Omar (Dirigente gremial), Barceló Gabriel (Físico Nuclear), Barrera Fernando (Dirigente gremial), Barrios Alicia (Periodista), Blajeau Yvonne (Abogada y académica), Bonifaci Antonio (Diputado Nacional MC, Abogado), Caciabue Matías (Director  de NODAL), Calvo Federico (Historiador), Cornide Osvaldo (Dirigente empresario),  Del Blanco Rafael (Sacerdote), Desideri Cristian (Economista), Díaz Mario (Abogado), Franchi Amelia (Médica), García Solá Manuel (Empresario biotecnológico y aca démico), Giarrizo Victoria (Economista y escritora) Grippo Gerardo (Industrial), Lan daburu Jorge (Periodista y escritor), Módolo Cristian (Economista y docente), Nigro  Daniel (Contador), Olmos Gaona Alejandro (Historiados y Especialista en deuda  externa), Prieto Rafael (Consultor), Reija Gustavo (Economista), Robín Raúl (Produc tor agropecuario), Ruíz María Fernanda (Docente e investigadora), Siede Liliana (Dra.  en Bioética), Soso Elias (Empresario), Stefani Fernando (Investigador, científico),  Tain Marcela (Contadora y Licenciada en Asistencia Social), Zaccagnini Jorge (Fundador de Infoworkers).

 

ADHERENTES

Achile Diego “Chino” (Político, CABA), Adissi Federico Gastón (Escritor e historia dor), Adriani Marcelo (Docente, historiador), Aducci Roberto (Abogado e historiador),  Aguilera Claudio (Técnico mecánico), Alvarez Maldonado Servando (Abogado),  Amado Elías Alejandro (Profesor de Historia), Amicone Agustín (Dirigente gremial),  Aranda Dantti Saturnino (Diputado Nacional y Provincia, MC) Arias Cesar (Abogado),  Ariza Pablo (Médico y docente), Ariza Julia (Editora), Ariza Lucía (Socióloga e investi gadora), Barbiero Federico (Técnico), Barbona Lilian (Docente), Bareiro Carolina  (Asistente), Bathory Beatriz (Docente), Bevilacqua Mario (Ingeniero Agrónomo),  Bogado Eduardo (Profesor), Borrajo Gerardo (Músico), Borrás Mariano (Ingeniero  Civil), Caballero Natalia (Empleada), Caggiano Blanco Ramiro (Abogado, comunica dor), Canevari Ricardo (Arquitecto), Cappa Hugo Andrés (Licenciado en Psicología),  Carbonell Jorge (Empresario), Carlucci María Alejandra (Contadora Pública Nacio nal), Castellanos Facundo (Profesor de Historia), Cefaratti Jorge (Gestor Cultural),  Chechele Gina (Lic. en Ciencias Políticas e investigadora), Claria Gonzalo (Productor  de seguros), Coccaro Marcela (Estudiante), Cohen Néstor (Empresario), Colombo  Eduardo ( Ex funcionario Cancillería), Cordero Lucas (Periodista e investigador), Cor nide Gonzalo (Consultor), Cornide María (Emprendedora), Costa Francisco (Aboga do), Cruz Juan Carlos (Médico), Damasco Luis (Profesor de Historia), Daraio Alfon so (Abogado), De Miguel Mariano (Economista), Del Prado Horacio (Periodista  deportivo), Di Paolo Leonardo (Abogado), Di Paolo Santiago (Licenciado en Ciencias  Políticas), Di Paolo Adriana (Artista musical), Domínguez Lorenzo (Médico, diputado  Nacional MC y ex Intendente de Puerto San Martín), Echevarria Fernando (Empresa rio), Echezarreta Francisco (Abogado), Escobar Martín (Empresario, Misiones), Es peche Martín Aitor (Profesor de Educación Física), Favale Walter (Empresario  PYME), Fernández Abel (Politólogo), Fernández Patricia (Empresaria), Fernández  Gasalla Gabriel (Docente e investigador universitario), Ferreyra Mario (Decano Univ.  Nac., Tierra del Fuego), Fontau Pablo (Ejecutivo), Franklin Diana (Jubilada), Franze ro Gastón (Abogado y empresario), Freibrun Nicolás (Politólogo y docente), Freibrun  Bernardo (Empresario pyme), Galdós Facundo (Fundación Pro Buenos Aires, PBA),  Galli María Alejandra (Politóloga), Gálvez José Ariel (Ejecutivo), Gambaro Edgardo (Dirigente Industrial), Giaquinta Horacio (Actor teatral), Giordan Claudia (Empresa ria), Giuliano Héctor (Contador y especialista en deuda externa), Gómez Claudia (Eje cutiva), González Carlos Alberto (Psicoterapeuta), González Cabañas Francisco (Filósofo y escritor), Gotte Luis (Escritor e investigador), Guerrero Valeria (Licenciada  en Psicología), Guerrieri Hugo (Dip Pcial. MC, PBA),Guerrieri Mario (Empresario),  Guillén Rubén L. (Economista), Guttner Carlos (Abogado), Hashiba Marcia (Comer ciante), Jaluf Viviana (Licenciada en RRHH), Juárez Ricardo Alberto (Empresario  PYME), Krause Paula (Ejecutiva), Lamberto Oscar (Diputado y Senador Nacional  MC), Lamberto Santiago (Abogado), Lera Máximo (Dirigente ferroviario), Lerena  César (Experto Atlántico Sur y pesca, PBA), López Martínez Amable (Economista), Losada José María (Profesor de Historia e historiador), Loyola Daniel (Empresario),  Lucero Ibar R (Politólogo), Magliano Roberto (Filósofo y abogado), Maldonado  Miriam (Ejecutiva), Marano Rubén (Contador), Mas Juan N. (Empresario, Misiones),

Mauri Eduardo (Profesor de Educación Física), Medina Horacio (Historiador), Mendez  Andrés (Contador Público Nacional), Méndez Jorge (Profesor universitario, Córdoba),  Merlín Nora (Psicóloga), Muciaccia Facundo (Dirigente gremial), Najul Jorge Eduar do (Contador Público y productor agrario), Nanni Cecilia (Abogada), Navarro Gonzalo (Abogado), Nicolás Sandra (Empresaria), Nonis Gustavo (Dirigente social), Olivo  Exequiel Enrique (Empleado público), País Juan Manuel (Dirigente jubilados), Pala cios Adrián (Empresario), Paleo Martin (Teniente General “R”), Panaro Daniel (Dra maturgo y actor), Pandolfi Lionel (Lic. en Ciencias Políticas), Pasquale Roberto (Inge niero, Neuquén), Paunero Juan (Dirigente sindical), Pazzano Fernando (Técnico), Pérez Daniel (Artista plástico), Pérez Germán (Empresario), Piaggi Alejandra (Pro ductora teatral y TV), Pino Mario (Embajador MC), Ponce Fernando (Lic. en Enferme ría), Puigbó Adriana (Catequista y Diplomada en Antropología Cristiana), Quarracino  José (Docente, PBA), Ragonesi Carlos (Economista, PBA), Recondo Miguel (Mov.  Cooperativo 25 mayo), Repetto Víctor Ricardo (Dirigente empresario), Rey Luis  Alberto (Economista y académico), Ríos Norma (Empresaria), Robín Raúl (Economis ta especializado en Economías Regionales), Robledo Héctor (Ex funcionario Cancille ría), Rodríguez Viviana Greta (Dra. en Ciencias Políticas), Rodríguez Hermes (Em presario), Rosella Brenda (Empleada), Rossi Eduardo (Ingeniero), Salomone Estefa nía (Empleada), Santillán Osvaldo (Político, CABA), Saverio Tedesco (Médico sanita rista), Seratti Lidia (Ingeniera electrónica), Sigalevich Diego “Catón” (Abogado y  escritor), Soterlino Emilio (Pyme textil), Surra Roberto “Coco” (Docente, escritor e  historiador), Taccetti Victorio (Embajador MC), Taibi Alejandro (Lic. en Relaciones  Internacionales), Tanzi Antonio (Empresario, PBA), Tassani Rosa (Instructora),  Tofalo Román (Empresario), Torosoni Damian (Dirigente Sindical), Tripodi Adolfo (Empresario), Vacarezza Juan Carlos (Contador Público Nacional, PBA), Velazco  Emilio (Ingeniero agrónomo), Velázquez Atilio (Dirigente Político), Verdomar Bautista (Estudiante universitario), Vicente Jorge Mario (Profesor de Educación Física), Vinchi  Claudio (Dirigente industrial), Vouillat Gustavo (Ingeniero industrial), Zainderberg 

Carlos (Médico), Zammito Ricardo (Arquitecto), Zanin Enrique (Empresario).  Y siguen las firmas...

Agosto 2026

 

CLASE POLÍTICA

Por Miguel Ángel Iribarne

Foro Patriótico, 06/09/2026

 

 

Además de la estratificación social, que alude a las diferencias de nivel en materia de riqueza, poder o influencia, existe otro fenómeno sociológico que viene a cuento: el de la diferenciación social. Esta se refiere a los diversos roles o funciones que las personas pueden desempeñar en el orden de la convivencia. Naturalmente, también este discernimiento es necesario para comprender cómo se constituyen las infraestructuras políticas.

 

Según observa MONNEROT, «la conducción política de la república es asunto particular (…) de cierto número de personas. La teoría no engendra la realidad, y ninguna teoría llamada democrática puede hacer que todos los ciudadanos se ocupen de política. Es un hecho de estructura«¹⁹. Ciertamente, una concepción normativa de la democracia puede afirmar que todos los ciudadanos deben ocuparse de política. Quizás. Pero no pueden, no saben o no quieren. En la agenda existencial de la inmensa mayoría de los miembros de determinada unidad política, la atención, el tiempo y la energía dedicada a tales cuestiones cede el paso a tres o cuatro focos de atracción más imperativos. Y esto al margen de cualquier determinación por parte de los regímenes políticos establecidos. Aun en los que convencionalmente consideramos más «democráticos», existe una «curva de involucramiento» que va desde los políticos profesionales en un extremo hasta los que ni siquiera hacen uso del derecho a votar, pasando por distintas gradaciones: los militantes políticos, los simplemente simpatizantes, los meros votantes regulares y los votantes ocasionales. Ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, incluyendo toda una diversidad de matices. Sólo los primeros integran la clase política.

 

Ahora bien: dada la estructura oligárquica de la unidad política (polis, regnum, Estado), el sujeto de la misma es la clase política. 

De ello deriva que todos los conflictos internos a aquélla resulten conflictos entre fracciones de la clase política, sean ellos previamente reglados o no. Estos pueden incluir, desde las intrigas y tensiones entre bandos y clanes propias de los regímenes no electivos hasta la competencia interpartidaria plenamente institucionalizada, que proclama el fair play, aunque no por ello carezca de fouls en abundancia.

 

En este último caso –el conflicto político como «juego» reglado– es fundamental considerar la distancia ideológica entre los actores. Si ella es demasiado reducida, cualquier situación de insatisfacción pública generalizada puede conducir a un rechazo masivo del conjunto de ellos; en otras palabras, a una rebeldía «populista». Si, en cambio, la distancia es excesiva, si cada actor se hace portador de una weltanschaung incompatible con las restantes, es grave el riesgo de colapso del sistema. Cuando la estructura de la familia, la subsistencia o no de sectores privados en la economía o la libertad religiosa, por ejemplo, dependen del resultado aleatorio de las urnas, se reduce dramáticamente la posibilidad de que la alternancia sea respetada. Es el caso de Alemania en 1933, España en 1936 y Chile en 1973, entre tantos ejemplos.

 

¿Ha existido siempre una clase política? Sí, sin duda, en tanto y en cuanto, en función de la división del trabajo social, siempre ha existido un sector de personas que se han ocupado específicamente de lo público. Sin embargo, este sector no ha estado siempre perfilado con la misma nitidez. En las monarquías estamentales, por ejemplo, ha sido habitual que los «notables» de los distintos órdenes fuesen asociados al consejo del Rey y a la toma de decisiones sin abandonar necesariamente sus respectivos «oficios». En la medida en que se fue afirmando la forma estatal se desarrolló un conjunto de operadores que fueron desde los «legistas» bajomedievales hasta los parlamentarios (tanto en la acepción francesa como en la británica de la palabra) que compartieron con los remanentes feudales y eclesiásticos el asesoramiento y la gestión pública. Pero habría que llegar a las democracias emergentes en el siglo XIX para asistir a la aparición de profesionales de la política; es decir, de gente que no sólo «vive para la política, sino que vive de la política», como observara WEBER. En este caso la aplicabilidad del concepto de clase resulta incontestable.

 

Cabe apuntar que en el devenir histórico los fenómenos de estratificación (jerarquía) y diferenciación (división del trabajo) se entrecruzan. De allí que la clase política no se identifica sin más con la élite política, en el sentido que PARETO asigna a éste último concepto. Dentro de la CP existen escalas. En el nivel superior se encuentran aquéllos que acceden a los centros decisionales más significativos. Con lo que –de ese modo– cumplen con los requisitos paretianos de performance. Más abajo, los que se inscriben en, o aspiran a, ámbitos de poder de menor alcance territorial o sectorial. Y así hacia abajo, donde pululan los bosses o punteros que aseguran el enraizamiento de la clase en el conjunto de la sociedad.

 

Desde un punto de vista dinámico, de entre la misma elite política se destaca un «equipo de poder«. Este es el núcleo activo de aquélla, y lo compone el conjunto de hombres inmediatamente ligados al vértice del poder (vid. infra «Monocracia»), es decir «todos los hombres del Rey» o «todos los hombres del Presidente«. Naturalmente, la fluidez permanente de la vida política hace que los equipos se sucedan con mucha más velocidad que las élites, y éstas que las clases políticas, las cuales apenas si desaparecen como resultado de profundas transformaciones de índole revolucionaria.

 

El conjunto de este replanteo explica el porqué de la «fecunda intuición» de PARETO y de WEBER, quienes vaticinaron que la eventual abolición socialista de la propiedad privada de los medios de producción no eliminaría ni la estratificación ni la diferenciación sociales, aseveración a la cual todo el siglo XX aportó una clamorosa confirmación.

 

Ahora bien: cuál es la relación entre la CP y las clases económico-sociales en las que la concepción marxiana ha identificado los verdaderos sujetos de la historia, hasta el punto de radicar inequívocamente el poder en la «burguesía» y calificar a los políticos como meros «apoderados» o «mandatarios» de aquélla? La investigación histórica de la centuria pasada y lo que va de la presente ha ido desmontando prolijamente los presupuestos de tan simplista concepción. JULES MONNEROT sintetiza los resultados de tal trabajo: «Se puede, o más exactamente se ha podido en el siglo XIX, considerar como menos inexacta en los EE.UU. que en otros países la fórmula de Marx (…) pero es un caso extremo, y ello ha sido, aún en ese caso extremo, solo relativamente verdadero para un tiempo determinado, extrapolando el movimiento de la historia de Inglaterra a mediados del siglo XIX en la línea de la economía política inglesa (…) A decir verdad ese caso límite no se produjo en Inglaterra donde la revolución industrial y capitalista no destruyó en el siglo XIX las estructuras políticas preexistentes, sino que pactó con ellas de un modo muy flexible (…) Marx elevó al rango de ley general un hecho mucho más limitado de lo que creía»²⁰.

 

En un sentido análogo, GIANFRANCO MIGLIO recupera los trabajos de MOSCA, PARETO y el propio WEBER, para todos los cuales, «de frente a aquellos que sostenían que la historia es exclusivamente una lucha de clases económico-sociales (…) oponen la tesis en base a la cual para el estudio de los fenómenos políticos es esencial la identificación de aquel estrato particular de personas que luchan por el poder (y que obtienen seguidores en esta lucha) que definimos como ‘clase política'». Abundando en este razonamiento, juzga MIGLIO que las clases económico-sociales no tienen más que una realidad estadística, y que aquella condición que, de acuerdo a la interpretación marxiana las convertiría en sujetos, es decir «la autoconciencia de clase» apunta a transformarlas en base de apoyo de la CP²¹. Tal lo ocurrido con la «burguesía» y tal lo ocurrido, igualmente, con el «proletariado».

 

Si la relación entre la CP y las clases socioeconómicas es la que MIGLIO formula –hipótesis a la que adherimos– podría proponerse como una de las invariantes de la Política la «primacía (relativa) de la oferta«. ¿Qué queremos decir con ello? Va de suyo que dentro de toda sociedad existe una multiplicidad variopinta de demandas que, en algún momento, se dirigen centralmente al Poder. Si la relación entre las distintas fracciones de la CP y los diversos segmentos sociales tiene ciertas analogías con el Mercado, la probabilidad de que alguna de aquéllas demandas llegue a incidir eficazmente en la elaboración de las políticas públicas tendría que ver, fundamentalmente, con la eventualidad de que una fracción decisiva de la CP se haga cargo de la misma, la visibilice y la articule (oferta), sin lo cual el más profundo de los malestares resulta políticamente inocuo. Y eso vale tanto para el caso de las transformaciones realizadas dentro de la institucionalidad vigente como en las de carácter revolucionario.

 

De lo que no cabe duda es de que la CP sí posee la antes aludida «autoconciencia». La expresa, en primer lugar, negándose a aceptar su catalogación como «clase», que pondría en riesgo la ideología de la representación que invoca para legitimarse. Y, por otro lado, denunciando permanentemente las interferencias de raíz «corporativa» o «tecnocrática» que limitarían su gestión.

 (Del libro "Infraestructura de la política", editorial Dunken, 2019)

¹⁹ Sociologie de la revolution, Fayard, Paris, 1969, cap. 14. ²⁰ Op. Cit., cap. 14. ²¹ Lezioni di Politica II, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 394 y sgts.

MALVINAS

 y la tentación de no hacer lo que hay que hacer

 

Por Santiago Lucero Torres

Foro Patriótico, 06/09/2026

 

 

Las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición de Estados Unidos respecto de las islas Malvinas despertaron en la Argentina un entusiasmo comprensible. Pero conviene no apurarse. Malvinas es demasiado importante como para interpretar cada gesto desde Washington como aquello que nos gustaría que fuera.

 

El episodio nació en el marco de una presión mucho más amplia de Estados Unidos sobre sus aliados europeos. Washington dejó trascender que podría revisar su respaldo diplomático a determinadas posesiones de ultramar como parte de la discusión sobre gasto militar y compromisos dentro de la OTAN. Malvinas apareció en ese contexto como una herramienta de presión sobre Londres, no como consecuencia de una repentina revisión por parte de EE.UU. de los derechos argentinos en el Atlántico Sur.

 

Trump, consultado sobre el tema, mantuvo una necesaria ambigüedad. Dijo que Estados Unidos revisa permanentemente sus posiciones y no profundizó. Y eso nos obliga a separar el dato del deseo. Hasta ahora, Washington no modificó formalmente su posición histórica sobre la cuestión Malvinas.

 

Tampoco sería la primera vez que Estados Unidos usa las Malvinas para incomodar a Londres. Durante la administración Obama acompañó llamados a la negociación e incluso Hillary Clinton ofreció mediar. Nada de eso alteró la posición británica. Y mucho antes, en 1982, cuando fracasó la mediación de Alexander Haig, Washington terminó brindando apoyo decisivo al Reino Unido. Los antecedentes nos obligan a mirar estos gestos con bastante cautela.

 

Pero tampoco hay que subestimarlos. La política estadounidense volvió a poner al Hemisferio Occidental en el centro de su estrategia y, dentro de esa lógica, la permanencia de una potencia europea en el Atlántico Sur puede empezar a ser vista de otra manera en Washington. Eso no significa que Estados Unidos haya adoptado la posición argentina, pero sí que se abre un escenario novedoso y que tiene que ser trabajado con inteligencia.

 

Hay una convicción que sostengo desde hace años y que estos acontecimientos vuelven a poner en evidencia. Las Malvinas se recuperan en Washington. No porque Estados Unidos vaya a entregarnos las islas, sino porque el Reino Unido difícilmente se siente alguna vez a discutir seriamente la soberanía mientras tenga asegurado el respaldo estratégico estadounidense. El día en que Washington considere más conveniente para sus propios intereses una solución negociada que la continuidad indefinida del statu quo, la posición británica habrá cambiado de manera sustancial. Pero esto es solamente una parte del problema. La otra, y más importante, depende completamente de nosotros.

 

La Argentina tiene que volver a estar en condiciones de defender lo que dice que le pertenece y, antes incluso, aquello sobre lo que hoy ejerce soberanía efectiva. Durante los próximos años nuestro territorio debería incorporar una enorme cantidad de nueva infraestructura crítica. Vaca Muerta, la minería, los puertos, las redes energéticas, los gasoductos, las plantas de GNL, las centrales eléctricas, las comunicaciones, los corredores logísticos y la infraestructura antártica van a multiplicar activos estratégicos que alguien tiene que proteger. Hay una inconsistencia grave en pretender convertirnos en una potencia energética, minera y de alimentos, con un sistema de defensa diseñado para un país cuyos dirigentes de repente decidieron que ya no existen amenazas.

 

Necesitamos recuperar la capacidad de controlar nuestro espacio aéreo y nuestro mar, proteger nuestras rutas marítimas, recursos naturales e infraestructura estratégica. Eso requiere radares, satélites, inteligencia, ciberdefensa, comunicaciones seguras y sistemas modernos de comando y control. Pero también aviones de combate y patrullaje, drones, buques de superficie, submarinos, defensa antiaérea, artillería de largo alcance, cohetería, misiles y capacidad para operar de manera sostenida en el Atlántico Sur y la Antártida.

 

También requiere recuperar una base industrial y tecnológica para la defensa. INVAP, FAdeA, Tandanor, Fabricaciones Militares, nuestros astilleros, universidades, empresas tecnológicas y una industria privada de defensa mucho más importante tienen que formar parte de ese esfuerzo. No con la fantasía de fabricar todo en la Argentina, ni la coartada de industria nacional boba. Se trata de decidir qué capacidades no podemos perder, en cuáles necesitamos autonomía y en cuáles podemos asociarnos con países aliados o comprar en góndola.

 

Además, hay otro factor que la política no ha querido ver, y es que la disuasión también pasa por la economía. Después de 1982 el Reino Unido tuvo que realizar un esfuerzo extraordinario para asegurar las islas. Sólo en 1983/84 el gasto de defensa vinculado con Malvinas fue de 637 millones de libras y al año siguiente 644 millones. A medida que la Argentina dejó de representar una preocupación militar concreta, ese costo cayó abruptamente. A fines de los años ochenta ya rondaba los 60 a 100 millones de libras anuales.

 

Gran Bretaña construyó Mount Pleasant, consolidó su dispositivo militar y, con el tiempo, comprendió algo todavía más conveniente: no necesitaba mantener indefinidamente el esfuerzo de los primeros años porque la propia dirigencia política argentina se ocupó de degradar durante décadas su sistema de defensa. No hizo falta que Londres destruyera nuestros aviones, nuestros buques, nuestros submarinos ni nuestra industria de defensa. Lo hicimos nosotros mismos.

 

Gobiernos de distinto signo político postergaron inversiones, desprogramaron capacidades sin reemplazarlas y aceptaron como normal que un país con casi cinco mil kilómetros de litoral marítimo, enormes recursos naturales, presencia antártica y un conflicto de soberanía pendiente prácticamente renunciara a la disuasión. Ese terminó siendo uno de los mejores aliados de la ocupación británica.

 

Por eso una política seria sobre Malvinas debería perseguir también un objetivo muy concreto: que sostener militarmente la ocupación vuelva a ser una decisión costosa para el Reino Unido y sus contribuyentes. Estoy hablando de construir suficiente capacidad nacional para que ningún planificador británico pueda partir de la premisa de que la Argentina carecerá indefinidamente de medios para proteger sus intereses en el Atlántico Sur y/o recuperarlos.

 

La disuasión funciona precisamente cuando evita la guerra. Una Argentina capaz de controlar su espacio aéreo, vigilar su mar, operar submarinos, disponer de aviación de combate moderna, desarrollar misiles y drones y mantener una presencia permanente en el Atlántico Sur modifica inevitablemente los cálculos de cualquiera que pretenda proyectar poder sobre nuestros espacios de interés.

 

Ahí se encuentran las dos políticas. Malvinas se recupera en Washington, porque la relación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido es una pieza central del problema, pero también se recupera reconstruyendo poder argentino. Una cosa sin la otra es insuficiente. La diplomacia sin poder termina convirtiéndose en una sucesión de declaraciones. Y el poder sin una estrategia diplomática inteligente conduce a aventuras que nuestra historia ya conoce bastante bien.

 

Por eso cualquier cambio favorable en la posición estadounidense debe ser aprovechado y trabajado diplomáticamente, pero sin construir nuestra política alrededor de una expectativa que dependa de Donald Trump, de su relación con Londres o de una discusión circunstancial dentro de la OTAN. La única variable sobre la que la Argentina tiene verdadero control sigue siendo su propio poder nacional. Una economía que funcione, presencia efectiva en el Atlántico Sur, capacidad militar creíble, infraestructura patagónica, desarrollo científico y tecnológico, marina mercante, energía, industria para la defensa y una política exterior seria y sostenida.

 

Trump puso Malvinas sobre la mesa. Es una oportunidad y debemos prestarle atención. Pero no confundamos una oportunidad con un cambio histórico que todavía no ocurrió. Nuestra obligación es trabajar para que, si ese momento llega, encuentre a una Argentina capaz de aprovecharlo.

MALVINAS

 

del dicho al hecho

 

Cnel My (R) Gabriel Camilli

La Prensa, 05.09.2026

 

El mensaje presidencial recupera principios históricos verdaderos. Pero la soberanía no se demuestra mediante anuncios: se ejerce con continuidad, autonomía de decisión y Poder Nacional.

 

La sabiduría popular suele condensar en pocas palabras aquello que los discursos procuran disimular: del dicho al hecho hay mucho trecho. En materia de soberanía, ese trecho se mide en presupuesto, capacidades militares, desarrollo científico y tecnológico, control territorial, inteligencia estratégica, infraestructura y libertad de decisión frente a las grandes potencias.

 

Las Malvinas son argentinas. Fueron ocupadas por Gran Bretaña en 1833 mediante un acto de fuerza. Sus habitantes actuales constituyen una población implantada y, por lo tanto, no pueden invocar legítimamente el principio de autodeterminación para resolver una disputa territorial. La Constitución Nacional establece que la recuperación de las islas, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

 

Hasta aquí, en esa enumeración de verdades, el reciente mensaje presidencial no merece objeciones. Su introducción histórica y jurídica recupera principios que la Argentina nunca debió relativizar. También corrige algunas ambigüedades peligrosas que durante los últimos años otorgaron una importancia indebida a la voluntad de los isleños, aproximándose al argumento sostenido por Londres.

 

¿CAMBIO ESTRATEGICO?

El problema comienza después. Porque de la verdad de aquellas premisas no se desprende necesariamente la conclusión que el discurso pretende instalar: que nos encontramos ante una nueva política soberana, que la Argentina ha comenzado a reconstruir su Poder Nacional y que los anuncios realizados demuestran un cambio estratégico profundo.

 

¿Estamos ante un razonamiento falaz en el sentido estricto de la palabra? No porque todo lo afirmado sea falso, sino porque se utilizan verdades indiscutibles para otorgar credibilidad a conclusiones que los hechos todavía no permiten demostrar.

 

La secuencia argumental parece sencilla: la explotación británica de nuestros recursos constituye una amenaza; el Estado argentino habría comprendido finalmente la dimensión estratégica del problema; por consiguiente, las medidas anunciadas demostrarían que el país ha comenzado a ejercer efectivamente su soberanía.

 

El primer enunciado es verdadero. El proyecto petrolero Sea Lion representa una amenaza concreta y urgente. Porque es una apropiación indebida que deriva de la usurpación. Pero los otros dos enunciados necesitan ser probados.

 

Una administración puede pronunciar correctamente la doctrina argentina sobre Malvinas y, al mismo tiempo, debilitar los instrumentos necesarios para sostenerla. Puede anunciar una política de seguridad nacional mientras reduce recursos destinados a la Defensa. Puede invocar el Poder Nacional y, simultáneamente, subordinar decisiones estratégicas a los intereses de otra potencia.

 

Puede presentar como novedosas iniciativas concebidas, financiadas y comenzadas muchos años antes. (y que, en julio pasado dispuso vender terrenos en esa zona estratégica) Ya lo señalamos en estas páginas: la soberanía no se declama, se ejerce. Ejercerla exige continuidad, autonomía de decisión y capacidades materiales. Exige Fuerzas Armadas equipadas, industria naval, vigilancia y control del mar, protección aeroespacial, inteligencia estratégica, ciencia, tecnología, diplomacia e infraestructura.

 

Nada de eso nace con una cadena nacional ni pertenece exclusivamente al gobierno que circunstancialmente ocupa la Casa Rosada. Son políticas permanentes de la Nación.

 

UNA OBRA CON HISTORIA

La denominada Base Naval Integrada de Ushuaia ofrece una primera oportunidad para contrastar el discurso con la realidad. Fue presentada como una decisión vinculada con el fortalecimiento de la Defensa y con una nueva proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Sin embargo, la iniciativa posee una historia mucho más extensa.

 

Desde la década de 1990, los gobiernos de Tierra del Fuego promovieron diferentes proyectos para convertir a Ushuaia en un centro logístico antártico. En 2011, la provincia presentó formalmente, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, la propuesta de un enclave logístico multimodal. En 2017 cobró impulso el denominado Polo Logístico Antártico, concebido principalmente desde una perspectiva civil y comercial.

 

La Base Naval Integrada, con ese nombre y con una finalidad específicamente militar y conjunta, tampoco nació con el anuncio reciente. Su piedra fundamental fue colocada el 3 de marzo de 2022. El proyecto contemplaba la participación de las tres Fuerzas Armadas y de Tandanor-Cinar, debía financiarse con recursos del Fondo Nacional de la Defensa y tenía como objetivo fortalecer la presencia argentina en el extremo austral.

 

La obra ya poseía antecedentes, presupuesto, organismo ejecutor y una fecha estimada de finalización y fue paralizada por esta administración. Por lo tanto, no estamos ante la creación de una nueva base, sino frente al anunciado reimpulso de una infraestructura concebida, iniciada y parcialmente ejecutada con anterioridad.

 

Reconocer esta continuidad no disminuye la importancia de terminarla. Por el contrario, permite comprender que las obras estratégicas pertenecen a la Nación y deben trascender a los gobiernos. Lo que resulta discutible es apropiarse de una iniciativa preexistente y presentarla como demostración de un cambio histórico.

 

También aparece una contradicción que no puede soslayarse. ¿Cómo puede utilizarse esta obra como prueba de una nueva política de Defensa cuando, al mismo tiempo, se debilita o elimina el instrumento presupuestario creado para garantizar su financiamiento?

 

Una base naval no existe porque sea mencionada en un discurso. Existe cuando posee recursos asegurados, muelles terminados, talleres, depósitos, sistemas de comunicaciones, defensa aérea, vigilancia marítima, unidades asignadas, personal capacitado y una cadena logística sostenible.

 

El decreto anunciado podrá constituir un primer paso. Pero todavía pertenece al terreno de la intención. La voluntad estratégica se demostrará mediante recursos presupuestarios, obras concluidas, medios incorporados y capacidad operacional efectiva.

 

Del dicho al hecho, también en Ushuaia, queda todavía mucho trecho.