LA NECESIDAD DE SANCIONAR

 

 una Ley de Coparticipación como lo dispone la Constitución

 

Por: Guillermo Lipera

Civilidad, febrero 4, 2026

 

No se cumple el mandato de la reforma de 1994; esta anomalía posibilita una excesiva concentración de dinero y poder en manos del gobierno nacional de turno.

 

Llevamos más de 30 años sin cumplir el mandato de sancionar una ley de coparticipación según lo dispuesto en el artículo 75, inc. 2º de nuestra Constitución nacional reformada en 1994. Esta anomalía posibilita una excesiva concentración de dinero y poder en manos del gobierno nacional de turno. Tal circunstancia afecta el normal funcionamiento de la forma de gobierno representativa, republicana y federal adoptada por la carta magna en su artículo 1º.

 

La coparticipación federal de impuestos reconoce sus orígenes en 1934 y fue evolucionando con el paso de los años hasta entrar en una crisis irreversible en 1984. En ese año caducó la ley que regulaba la materia y solo en 1988 se pudo sancionar un nuevo régimen transitorio, lleno de inequidades y con un amplio margen de discrecionalidad en los criterios para el reparto que todavía siguen vigentes.

 

A partir de la década del 90, la masa coparticipable a repartir entre la Nación y las provincias se fue reduciendo sistemáticamente mediante detracciones inconstitucionales por parte del Poder Ejecutivo de turno. Baste como ejemplo de estas apropiaciones indebidas la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Corte Suprema a fines de 2015 respecto del contenido del artículo 76 de la ley 26.078, sancionada en 2005. Esta norma había sido cuestionada judicialmente por las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba.

 

La reforma constitucional de 1994 incorporó el régimen de la coparticipación en el ya citado artículo 75, inc. 2º. Concretamente, dispuso la necesidad de sancionar una nueva ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, a los fines de instituir regímenes de coparticipación de las contribuciones. Acertadamente, el constituyente estableció pautas objetivas de reparto que debían respetarse a la hora de sancionar la nueva ley de coparticipación.

 

En tal sentido, dispuso lo siguiente: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

 

Como ya se adelantó, la no sanción de esta nueva ley posibilitó que el gobierno nacional no tuviese la obligación de respetar pautas de reparto objetivas y equitativas. En consecuencia, pudo continuar manejando discrecionalmente los fondos recaudados mediante el pago de los impuestos.

 

Los resultados están a la vista. Muchas veces las leyes o los nombramientos de jueces suelen obtenerse mediante “negociaciones” con los gobernadores de provincia. La construcción de un puente, por ejemplo, bien puede valer un voto en el Senado de la Nación, ya sea para sancionar una ley o aprobar un pliego para el nombramiento de un juez.

 

Algo similar acontece con la mala costumbre, cada vez más difundida, denominada “transfuguismo”. Se trata de legisladores que fueron elegidos mediante el voto popular debido a integrar la boleta de un partido político y luego se pasan –no por casualidad– al bloque del oficialismo de turno.

 

Sabido es que el poder atrae y suele generar una peligrosa adicción. Como bien lo señalaba Karl Lowenstein, resulta “evidente, y numerosas son las pruebas de ello, que allí donde el poder político no está restringido y limitado, el poder se excede… El poder encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración. Esto quiere decir que, cuando no está limitado, el poder se transforma en tiranía y en arbitrario despotismo”.

 

Al menos en teoría, existe consenso en cuanto a que el sufragio universal, la república y el federalismo son formas de gobierno necesarias para controlar y poner límite al ejercicio del poder. Pese a que la reforma constitucional de 1994 fue motivada en sus orígenes con la única y desafortunada finalidad de posibilitarle un segundo mandato como presidente a Carlos Menem, la oposición de ese entonces, liderada por Raúl Alfonsín, logró introducir objetivos más loables, como lo fueron intentar atenuar el hiperpresidencialismo existente en esos tiempos y fortalecer el federalismo.

 

Lamentablemente, transcurridos más de 30 años de sancionada la reforma de 1994, no se ha logrado implementar un adecuado equilibrio entre los tres poderes del Estado nacional (república), ni fortalecer la autonomía económico-funcional de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (federalismo). Como prueba de ello, vale destacar tan solo dos ejemplos que se vinculan entre sí.

 

El artículo 99, inc. 3º de la C.N. establece que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Asimismo, agrega que solamente podrá emitir decretos de necesidad y urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…”. El fracaso está a la vista: desde la entrada en vigor de la reforma hasta el presente se emitieron aproximadamente 950 decretos de necesidad y urgencia.

 

La disposición transitoria sexta incluida en la reforma constitucional de 1994 dispuso que “un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal serán establecidos antes de la finalización del año 1996…”. Llevamos 29 años de mora en su cumplimiento. Obviamente, la discrecionalidad y la arbitrariedad en el reparto de los fondos públicos continuaron siendo la regla y los criterios objetivos brillan por su ausencia.

 

Esta injustificada demora daña al sistema federal y necesariamente afecta el buen funcionamiento del Congreso. La ausencia de criterios objetivos y equitativos de reparto de los fondos debilita la independencia de los integrantes del Congreso y más específicamente de los senadores, desvirtuando su rol de control de legalidad en defensa de los legítimos intereses de sus provincias.

 

Obviamente, muchas veces algunos de ellos hacen uso y abuso de esta situación a la hora de sancionar una ley, tratar un decreto de necesidad y urgencia o prestar acuerdo para el nombramiento de jueces. Asimismo, pierden eficacia el Poder Judicial, la Auditoría General de la Nación, las comisiones del Congreso y demás organismos de control.

 

Nadie controla efectivamente el funcionamiento de los servicios de inteligencia, el manejo de los fondos reservados ni cuáles son los criterios para otorgar pautas publicitarias, ya sea en forma directa o indirecta por parte del Estado nacional. La opacidad en el manejo de los fondos públicos es la regla. La transparencia es la excepción y los corruptos, obviamente, están de fiesta.

 

Sería imposible tanta corrupción con un Poder Judicial y órganos de control independientes y eficaces que puedan poner límites y frenos cuando los gobernantes están en ejercicio del poder y no cuando ya se hayan retirado. Justo es resaltar que algunos gobernadores reclaman federalismo y división de poderes a la Nación, pero en sus provincias se manejan como señores feudales, sin alternancia en el poder ni respeto de la autonomía de sus intendentes municipales y la independencia de los jueces en sus territorios.

 

La Argentina necesita generar confianza para que vengan inversiones; para ello, debe mejorar la calidad institucional, que se viene deteriorando desde hace muchos años. La reciente sanción de la ley de presupuesto es un paso importante y debe valorarse, pero todavía hay mucho por hacer.

 

Se habla a menudo acerca de la necesidad de contar con “reglas claras de juego” para generar confianza. Parece obvio, pero una vez más hay que recordarlo: la regla máxima de juego por excelencia es nada más y nada menos que respetar nuestra Constitución nacional y todas las normas que se dicten conforme a sus disposiciones.

 

No hay atajos ni deben permitirse los eufemismos. O cumplimos en un todo con la carta magna y nos comprometemos a construir una forma de gobierno auténticamente representativa, republicana y federal o nuestro país no logrará alcanzar el punto de inflexión que tanto anhelamos para terminar con tantas décadas de decadencia.

 

No solo tenemos el derecho, sino también el deber de peticionarlo a nuestros representantes. Como dice el refrán: “No se queje si no se queja”. Estamos viviendo una oportunidad histórica. Una nueva Argentina es posible y vale la pena hacer el esfuerzo. Por nosotros, por nuestros hijos y por todos aquellos que quieran habitar este suelo argentino.

 

Fuente: LaNación

BOLETÍN

 

ACCIÓN

Año XXXXIII- Boletín Nº 174   Córdoba, marzo-2026

 

¿ES NECESARIO EL ESTADO?

 

El presidente Javier Milei aseguró durante un reportaje concedido a un sitio de noticias estadounidense llamado “The Free Press”:

“Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro… “Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado…” (1)

Es cierto que lo mencionado agrava la crónica debilidad institucional e imprevisilidad que afecta a la Argentina, y que involucra a los tres niveles del sector público, y no es responsabilidad exclusiva de un partido político.

El Prof. Bidart Campos explica que el hombre y las instituciones temporales están en el Estado como círculos concéntricos dentro de uno mayor; logran la posibilidad de su fin dentro de un fin de bien común público, que incumbe a la sociedad máxima; máxima porque es la suprema en la órbita de las competencias temporales, y dentro de ella, la única sociedad perfecta. (2)

Creemos que, en nuestro país, el problema es muy profundo y complejo: no es que el Estado funcione defectuosamente, sino que dejó de existir como tal, y desde hace mucho tiempo; sobre esto han coincidido varios intelectuales (3). Quien mejor desarrolló el tema fue el Dr. Marcelo Sánchez Sorondo (4) y conviene recordar su argumentación. Sostiene este autor, que todo Estado incluye un gobierno, pero no todo gobierno implica que existe un Estado. El Estado es una entidad jurídico-política, que surge recién en una etapa de la civilización, como complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone una delimitación explícita del poder discrecional; si un gobernante puede afirmar “el Estado soy yo”, queda demostrada la inexistencia de un Estado. Pues la hipertrofia del poder personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.

En toda institución -y el Estado es la de mayor envergadura en un territorio determinado-, el dirigente se subordina a la finalidad perseguida y a las normas establecidas. “No hay Estado si el contexto político y el orden jurídico que lo encuadran son una ficción y por momentos una superchería. Cuando el poder no se emplaza en la órbita de las instituciones, sino que se adscribe a una tipología grupal o meramente personal, entonces no se alcanza ese nivel de civilización política que implica la existencia en plenitud, la plenipotencia del Estado” (4).

El gobierno no encuadrado en un Estado, es errático y caprichoso; sirve únicamente para el enriquecimiento e influencia individual de los gobernantes, que no pueden lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental. De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado.

En síntesis, la Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos. Pero, para intentar fundamentar brevemente esta tesis, es necesario describir las notas características que distinguen a un Estado contemporáneo, más allá de las formalidades constitucionales y del tipo de gobierno establecido. Para ello, partimos del esquema del Profesor de Mahieu (5), y definimos al Estado como el órgano de integración social, planeamiento y conducción, de una sociedad territorialmente delimitada, que procura el bien común. Es decir, que sólo puede calificarse de Estado, aquel que cumple las tres funciones básicas señaladas.

1. Integración social. La unidad social es el resultado de la interacción de las diversas fuerzas sociales constitutivas, síntesis en constante elaboración por los cambios que se producen en los grupos y en el entorno. La superación de los antagonismos internos no surge espontáneamente; es el resultado de un esfuerzo consciente por afianzar la solidaridad sinérgica a cargo del Estado. A semejanza del director de orquesta, es el Estado el que logra crear una melodía social unitaria y armoniosa. El poder estatal tendrá legitimidad en la medida en que cumpla dicha función, garantizando la concordia política.

2. Planeamiento. El Estado centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas. Los datos son procesados y extrapolados en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo. Con mayor o menor intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad, en procura del Bien Común. Por cierto, que en una concepción jusnaturalista, el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar las comunidades menores e inferiores. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los cuerpos intermedios.

3. Conducción. La esencia de la misión del Estado es el ejercicio de la autoridad pública. La facultad de tomar decisiones definitivas e inapelables, está sustentada en el monopolio del uso de la fuerza, y se condensa en el concepto de soberanía. El gobernante posee una potestad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se justifica en razón del fin para el que está establecido y se define por este fin: el Bien Común temporal.

Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de existir como tal o ha efectuado una transferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.

Como hipótesis, nos animamos a decir que el Estado argentino dejó de funcionar como tal a partir de junio de 1970, con la renuncia del Gral. Onganía. Aplicando, sintéticamente, el esquema teórico expuesto, podemos advertir que en la fecha indicada resultaron afectadas las tres funciones básicas:

Integración social: a fines de la década del 60 comienzan enfrentamientos y disturbios sociales graves, que culminan en una guerra civil. En mayo de 1969 se produce el Cordobazo, y un año más tarde, el secuestro y asesinato del Gral. Aramburu. Del presente, para comprobar el desorden de la sociedad, baste citar: los 12.849.616 de pobres y los 2.866.085 de indigentes según cifras oficiales (Infobae, 5-2-2026); promedio de condenas por delitos cometidos en la última década, 3,2%; 45.000 prófugos de la Justicia.

Planeamiento: luego de haberse aplicado en los dos Planes Quinquenales, y perfeccionado el sistema con la creación del Consejo Nacional de Desarrollo, que logró, por primera y única vez, fijar las Políticas Nacionales (Decreto 46/70); dejó de aplicarse el planeamiento como instrumento de gobierno, hasta el presente, desde junio de 1970.

Conducción: Al aceptarse la renuncia del Gral. Onganía, el 8 de junio de 1970 asume el poder político la Junta de Comandantes en Jefe. El Proceso de Reorganización Nacional formalizó a la Junta Militar como órgano supremo, con lo que, durante varios años la jefatura del Estado dejó de ser individual y se convirtió en triunvirato. Desde entonces, el sector público argentino carece de una conducción unificada, homogénea, racional.

En el panorama descripto, deja de funcionar el Estado como compendio de instituciones con recíproca interdependencia, y es reemplazado por un ejercicio discrecional del poder.

En conclusión, si es correcto el análisis, la prioridad absoluta –y urgente- consiste en restaurar el Estado, y procurar que actúe eficazmente. Ello no ocurrirá como consecuencia necesaria de elaborar un buen diagnóstico. Por eso, decía Don Ricardo Curutchet: No basta con denunciar que se pierde la Argentina, es necesario actuar para contribuir a salvarla.

Es insensato confiar en que, precisamente en el momento más difícil de la historia nacional, podrá producirse espontáneamente un cambio positivo. Sólo podrá lograrse si un número suficiente de argentinos con vocación patriótica, se decide a actuar en la vida pública buscando la manera efectiva de influir en ella. Un dirigente político no puede limitarse a exponer los principios de un orden social abstracto. La doctrina tiene que estar encarnada en ciudadanos que cuenten con el apoyo de muchos, formando una corriente de opinión favorable a la aplicación de la doctrina. Debe encararse con seriedad la preparación de un Proyecto Nacional y la constitución de equipos aptos para aplicarlo.

Referencias:

1) Infobae, 6-6-2024.

2) Bidart Campos, Germán. “Doctrina del Estado democrático”, EJEA. 1961, p. 28.

3) Por ejemplo: Jorge Vanossi (La Nación, 17/3/02); Manuel Mora y Araujo: (La Nación, 20/3/02); Natalio Botana (Clarín, 28/4/02).

4) Sánchez Sorondo, Marcelo. “La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos”; Revista Militar N° 728, 1993, p., 13-17.

4) Idem, op.cit., p. 14.

5) de Mahieu, José María. “El Estado comunitario”; Buenos Aires, Arayú, 1962.

 

CENTRO DE ESTUDIOS CÍVICOS

FABIELA MENEGHINI

 

1981 – 5 de marzo - 2026

45 años:  Síntesis de Actividades

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CARLOS SACHERI

y el Orden Natural

 

POR JUAN MANUEL AUBRY

La Prensa, 17-6-2026

 

Vivimos tiempos de confusión, relativismo, donde todo vale por su cantidad de followers y “me gusta” en redes, y claramente, la Verdad no tiene mucha cabida en este espacio.

 

A nuestro alrededor, el mundo moderno parece colapsar bajo el peso de su propia soberbia: la moral a conveniencia, la disolución de la familia, la tiranía del dinero y el estatismo asfixiante. En la universidad, en el trabajo y en la calle, nos bombardean con la idea de que Dios no existe -y si existe es pachamamesco-, de que la Patria es un concepto obsoleto –salvo la patria cartonera- y de que la Fe debe quedarse encerrada en la sacristía –excepto en la mezquita-.

 

Ante este caos, la tentación de la desesperanza es grande, más viendo que quienes tiene el deber de guiar, enseñar y santificar, se bajan los pantalones ante el poder para “no molestar”. Pero nosotros, que sabemos que sin sangre no hay redención, tenemos una obligación mayor. Tenemos el deber de volver a las fuentes, a aquellos maestros que vieron venir la tormenta y nos dejaron el mapa para navegarla.

 

Hoy, más que nunca, es imperativo volver a leer "El Orden Natural" de otro de nuestros mártires por Cristo Rey, el profesor Carlos Alberto Sacheri. No es un libro para dejar en la biblioteca juntando polvo. Es un manual de operaciones. Es el testamento intelectual de un hombre que pagó con su sangre la defensa de Dios y de la Patria. Al releerlo hoy, no busco teoría abstracta, sino axiomas para el día a día, principios rectores para no perder el rumbo en esta Argentina doliente.

 

“A nuestro alrededor, el mundo moderno parece colapsar bajo el peso de su propia soberbia: la moral a conveniencia”.

 

Aquí presento cuatro axiomas que considero fundamentales, extraídos de esta obra imprescindible para nuestra militancia cotidiana, entiendo la militancia como nos enseña la Escritura, militia est vita hominis super terram, y no la militancia partidocrática salamera que busca agrado de un tirano y el consecuente cargo en el kiosco.

 

1) La realidad  es, no se  negocia. El orden existe

El mundo moderno, infectado de liberalismo, marxismo y las frutas que surgen de estos torcidos árboles, nos quieren hacer creer que todo es una construcción social, que nosotros definimos qué es ser hombre o mujer, qué es el bien o el mal, pero ¡ay! De quien defina según la biología y la moral tradicional. Sacheri nos despierta de ese sueño de soberbia: "El orden natural es anterior al hombre". No es un invento nuestro; es la huella de Dios en la creación. Viendo la mesa conocemos que hay carpintero, viendo la creación conocemos que existe Creador.

 

El axioma consecuente: No cedamos ni un centímetro en el lenguaje ni en las ideas. Cuando nos digan que la verdad es relativa, recordemos que las cosas tienen una naturaleza inmutable. Defender lo obvio (que la familia es hombre y mujer, que la vida es sagrada desde la concepción) no es ser "conservador", es ser realista. Nuestra primera rebeldía es llamar a las cosas por su nombre. “Llegará el día que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde” nos dejó dicho Chesterton, hace rato que estamos haciendo duelo de floretes con la posmodernidad.

 

2) Ni la selva liberal ni la cárcel socialista

Los jóvenes, a menudo nos sentimos huérfanos entre una derecha liberal que solo adora al dios-mercado y una izquierda que busca la esclavitud estatal. Sacheri, con la claridad de Santo Tomás, nos muestra el camino real. Nos enseña que el liberalismo, con su "sano egoísmo", atomiza la sociedad y deja al débil a merced del fuerte, mientras que el socialismo, al negar la propiedad privada, nos quita la libertad y la dignidad personal.

 

El axioma consecuente: La economía debe estar subordinada a la política, y la política a la moral. Defendemos la propiedad privada, sí, pero no como un fin absoluto, sino como herramienta para la libertad familiar y con una hipoteca social. En nuestro trabajo o emprendimiento, no busquemos el lucro por el lucro. Demos buscar “en todo amar y servir”, crear comunidad y fortalecer la independencia de nuestras familias frente al Estado y las finanzas internacionales.

 

3) Reconstruir desde abajo: La verdadera participación

Nos han vendido una democracia falsa, una "partidocracia" donde nuestra participación se reduce a votar cada dos años por listas sábana que no conocemos. Sacheri nos recuerda el principio de subsidiaridad: lo que puede hacer el grupo menor, no debe absorberlo el mayor. La sociedad no es una masa de individuos frente al Estado, sino un tejido rico de familias, municipios, grupos y asociaciones profesionales.

 

El axioma consecuente: La verdadera política empieza en las células básicas. Antes de querer ser diputado, hay que ser un buen padre, un miembro activo de tu consorcio, un delegado honesto, un líder en tu club. Reconstruir el tejido social destrozado por el individualismo es la base de la restauración nacional. El orden no se impone por decreto desde arriba; se construye orgánicamente desde abajo. Tenemos ejemplo de labor en nuestro beato Enrique Shaw.

 

4) La cruz   y la  espada. Coherencia de vida

Quizás lo más impactante de releer a Sacheri es recordar que él no separaba su fe de su vida pública. Nos advierte contra el error de pensar que la religión es un asunto privado sin consecuencias sociales. El orden natural es el cimiento, pero Cristo Rey es la cumbre.

 

El axioma consecuente: No existe el "católico a medias". Nuestra milicia es vana si no está sostenida por la Gracia. La batalla cultural es, en el fondo, una batalla espiritual, una guerra de altares. Sacheri fue asesinado frente a su familia al volver de Misa. Su coherencia fue total. La nuestra debe aspirar a lo mismo: formarnos, vivir en gracia y no tener miedo de confesar nuestra Fe en la universidad o en la plaza pública. Nuestro martirio seguramente no sea con leones, sino con un “escrache” mediático, precio a pagar por el reinado de Cristo.

 

“Releer a Sacheri es recordar que él no separaba su fe de su vida pública. El orden natural es el cimiento, pero Cristo, la cumbre”.

 

ENTONCES…

"El orden defiende al hombre y el hombre al orden" nos recuerda Mons. Tortolo prologando la obra. Hoy, ese orden está bajo ataque, es invertido. Releer este libro no es un ejercicio de nostalgia; es afilar la espada. Querido amigo, léelas, estúdialas y, sobre todo, vivilas. Porque la Argentina no se salvará con discursos vacíos, sino con hombres y mujeres que, ordenados por dentro y sostenidos por la Gracia, sean capaces de restaurar el orden natural por fuera y el reinado social de Cristo.

 

Hoy mas que nunca, ¡Carlos Alberto Sacheri, presente!

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

 ante el reto decisivo: Como aplicarla. Una aportación

 

Josep Miró i Ardèvol

5 de febrero de 2026

 

En un tiempo marcado por la fragmentación social, la caída de la productividad, la desconfianza institucional y la crisis de sentido del propio capitalismo, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) reaparece no como una reliquia moral, sino como la concepción más integral disponible para pensar la economía y la sociedad. Su diagnóstico de fondo —la centralidad de la persona, la primacía de la comunidad, la función social de la economía y el arraigo ético de las instituciones— coinciden sorprendentemente con los desarrollos más avanzados de la economía institucional contemporánea.

 

Sin embargo, la DSI arrastra un punto débil estructural: su dificultad para traducirse en criterios operativos, en instrumentos de política pública y en diseño institucional efectivo. No falla su antropología; falla, con frecuencia, su implementación. El objetivo de este artículo es mostrar cómo ese déficit puede superarse articulando la DSI con marcos analíticos sólidos de teoría económica —en particular, la Nueva Economía Institucional— que permiten pasar del principio moral a la medida concreta.

 

Capital moral: el cimiento invisible de toda economía funcional

La DSI ha insistido siempre en que no existe una economía neutral: toda organización productiva presupone una antropología moral. En lenguaje económico contemporáneo, ese sustrato se denomina capital moral: el conjunto de normas, valores y virtudes compartidas que hacen posible la cooperación sin vigilancia permanente.

 

Autores como Jonathan Haidt han mostrado desde la psicología social cómo los sistemas morales generan cohesión y confianza. Desde la economía, Oliver Williamson o Francis Fukuyama han subrayado que los contratos solo funcionan cuando existe un suelo ético previo.

 

Dicho en términos técnicos: el capital moral permite resolver el dilema del prisionero. Allí donde hay confianza, los costos de transacción se desploman; donde no la hay, el mercado y el Estado se vuelven caros, rígidos e ineficientes. Esta intuición está plenamente alineada con la DSI, que siempre ha advertido que la ley no puede sustituir indefinidamente a la virtud.

 

La economía como antropología: familia, capital humano y sentido.

La economía dominante ha operado durante décadas con un Homo economicus: individuo racional, maximizador y aislado. Frente a ello, tanto la DSI como economistas contemporáneos proponen un humano social, relacional y moralmente situado.

 

El capital humano —competencias, conocimientos, habilidades— no nace en el mercado, sino en la familia. Es ahí donde se adquieren las llamadas habilidades no cognitivas: autocontrol, empatía, resiliencia, capacidad de cooperación. Cuando la familia falla, el capital humano que llega al mercado de trabajo es estructuralmente defectuoso, por más títulos que acumula.

 

Aquí emerge una paradoja central: el modelo neoclásico trata el capital humano como un input aislado, mientras que la experiencia empírica muestra que el capital humano es estéril sin capital social. La DSI lo ha formulado siempre en términos de bien común; la economía institucional lo confirma empíricamente.

 

Nueva Economía Institucional: traducir la DSI a lenguaje operativo

La Nueva Economía Institucional (NEI) —con autores como Douglas North, Coase o Williamson— ofrece el puente técnico que la DSI necesita para superar su problema de implementación.

 

Instituciones formales e informales

 

Las instituciones son “las reglas del juego”. Las informales (costumbres, códigos morales, hábitos) constituyen el capital moral y social; las formales (leyes, regulaciones) intentan codificar ese sustrato. Cuando las primeras se erosionan, las segundas se hipertrofian. El resultado es conocido: burocracia defensiva, litigiosidad y desconfianza generalizada.

 

Administración pública y costes de transacción

 

Una sociedad con alto capital moral internaliza la vigilancia. No necesita un abogado por contrato ni un inspector por ciudadano. En cambio, cuando el Estado intenta sustituir la confianza por reglas exhaustivas, se convierte en una máquina de costes de transacción que asfixia la iniciativa local. La DSI habla de subsidiariedad; la NEI demuestra por qué es eficiente.

 

El modelo Collier–NEI: capital moral y productividad real

 

El economista Paul Collier ha llevado esta convergencia a su máxima expresión. Su evolución intelectual —de la macroeconomía del desarrollo a la economía moral de la identidad— muestra que la productividad depende menos de la tecnología que de la calidad de las relaciones humanas.

 

La Productividad Total de los Factores (PTF), ese residuo que la teoría estándar no sabe explicar, puede reinterpretarse como capital moral y social en acción. Donde hay confianza, identidad compartida y redes estables, la innovación fluye, las empresas crecen y el talento se queda. Donde no, la energía social se disipa en conflicto, rentismo y burocracia.

 

Evidencia empírica: cuando el capital moral se convierte en PTF

 

Los ejemplos clásicos confirman esta tesis. El cooperativismo de Mondragón o los distritos industriales de Emilia-Romaña muestran cómo una identidad compartida reduce drásticamente los costes de transacción. La reciprocidad sustituye al contrato; la pertenencia, a la vigilancia.

 

En contraste, regiones inundadas de subvenciones, pero carentes de capital moral sufren búsqueda de rentas, fuga de cerebros y estancamiento productivo. El dinero llega; el desarrollo no.

 

Conclusión: de la visión moral a la arquitectura institucional

La Doctrina Social de la Iglesia no fracasa por exceso de idealismo, sino por falta de traducción institucional. Su concepción integral de la persona, la familia y la comunidad es hoy más necesaria que nunca. La economía contemporánea —cuando abandona el reduccionismo— confirma empíricamente sus intuiciones fundamentales.

 

El desafío es claro: convertir capital moral en diseño institucional, subsidiariedad en arquitectura administrativa, bien común en incentivos concretos. La NEI y autores como Collier ofrecen las herramientas técnicas para hacerlo. Sin esa mediación, la DSI corre el riesgo de quedar en exhortación; con ella, puede convertirse en la alternativa integral que el capitalismo necesita para no autodestruirse.

 

Y la clave es unir una política familiar integral con las políticas de productividad y no tanto como elementos aislados, sino como una visión estratégica articulada.