sábado, 30 de abril de 2022

EL DIFUNTO CHORRO


José Luis Milia


Informador Público, Abr 29- 2022

 

No es correcto encarnizarse con aquellos que, por muerte, no se pueden defender. Por eso, días atrás me expresé en el diario La Prensa contra un artículo falaz de Alconada Mon porque allí éste asumía como ciertas, denuncias hechas contra un hombre que, habiendo muerto veinte años atrás, no podía defenderse. Hoy nos encontramos ante un caso aparentemente similar: el diputado Espert trató de “chorro” al ex presidente Kirchner, a quien Dios Nuestro Señor tenga en el lugar que en su infinita justicia haya decidido que le corresponde.

 

Es cierto que este difunto tampoco puede defenderse, y debemos aceptar que ni siquiera fue llevado, en vida, ante la justicia; pero bien dice el Evangelio: “Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos.” (Mt, 7:17), y no hay hoy, a la vista, ningún fruto bueno que Néstor Kirchner haya dejado, su mujer y sus seguidores han sido acusados, y algunos condenados, por robos y fraudes económicos, diestros en el arte de la mentira y de la afrenta tienen al país en peores condiciones en que lo encontraron. Es decir, Néstor Kirchner fue un árbol malo que dejó frutos despreciables.

 

No obstante, ¿fue Néstor Kirchner el culpable de todo? Sería injusto achacarle a él el súmmum de nuestras desgracias. A fuer de ser justos somos nosotros quienes deberíamos cargar con la culpa de todo lo que nos sucede. Si al menos el examen reflexivo hubiera sido nuestro fuerte, asumiríamos que la Argentina ha sido, y es, una comarca donde cualquier botarate- iletrado y prepotente- al que en ningún país en serio le hubieran dado la responsabilidad de una pegatina nocturna en un barrio marginal, puede aspirar, y muchas veces lo logra, a sentarse en el sillón de Rivadavia.

 

Néstor Kirchner no fue una excepción. Producto de los años de sinrazón y violencia de los setenta, poseedor de una vastísima incultura, nacido y criado en un paraje con más ovejas que seres humanos creyó, desde su vulgaridad conceptual, que todo podía ser manejado como una majada.

 

En verdad, los argentinos le admitimos todas sus tropelías- los 500 millones de dólares de las regalías petroleras que sacó del país y nunca se supo su destino, su desobediencia ante fallos de la CSJ, su irrespeto por las normas de convivencia, su convencimiento que entrar a saco en la administración era una práctica democrática aceptada, la persecución infame contra todo aquel que hubiera combatido a la subversión, etc., etc. -y no quisimos ver, en nuestra pusilánime comodidad, que estábamos incubando el huevo de la serpiente. Y así nos fue.

 

Se equivoca, Espert, Néstor Kirchner no fue un “chorro”, fue algo mucho peor que nosotros permitimos.

LA SOCIEDAD RECLAMA


a los constituyentes del 94 terminar con la grieta


En el primer día del mes de mayo, además de conmemorarse el día del trabajador, se celebra también el Día de la Constitución Nacional Argentina (CNA).

 

Especial para La Nueva Mañana, 29-4-22

 

Según la Ley 25.863 el 1º de Mayo es el Día de la Constitución Nacional en conmemoración de su sanción el mismo día del año 1853 en la ciudad de Santa Fe. En atención a esta celebración, La Nueva Mañana entrevistó al  militante y dirigente político Carlos Alberto del Campo, quien fuera -en 1994- convencional nacional constituyente por Córdoba. Integró las Comisiones de “Régimen Federal” y “Tratados de Integración e Internacionales” y se expresó en esta oportunidad sobre la importancia y el recorrido histórico de nuestra Constitución, a la vez que refleja el rol político actual de quienes fueron Convencionales Constituyentes en la última reforma constitucional en 1994.

 

¿Cuál es la razón de ser de la Constitución Nacional Argentina; qué se logró -y se logra- por su intermedio?

 

- La Constitución Nacional establece principios y objetivos de la nación, la existencia de órganos de gobierno, sus facultades y limitaciones, los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos.

 

¿En razón de qué propósitos nace nuestra Constitución; cuáles modelos se siguieron a la hora de su confección primera?

 

- La razón fundamental para organizar la Nación -desde Mayo de 1810 y del 9 de Julio de 1816-, fue un reclamo por la necesidad de constituir la unión nacional, afianzar la Justicia y consolidar la paz interior. Los fundadores –bajo influencia de Alberdi- tomaron parte del modelo la Constitución de Estados Unidos y sus principios del liberalismo y el federalismo. Entonces en esos dos modelos de confección y pensamientos –la Constitución de los EE.UU. y en “Bases y puntos de partida para la organización…” de J. B. Alberdi- se puede encontrar las mayores influencias al momento del nacimiento de la Constitución de 1853.

 

¿A qué se han debido las reiteradas modificaciones y reformas de la Constitución Argentina?

 

- Es que ya la Constitución Nacional  de 1853 de la Confederación Argentina, fue rechazada por la Provincia de Buenos Aires. Entonces Bartolomé Mitre impuso una Reforma en 1860 basada en el modelo agro/exportador, estado laico y contemplando a la fervorosa ola inmigratoria de aquel momento. Como consecuencias de esta Reforma nacieron el voto cantado y el fraude. Más tarde, ya en 1916, durante el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen se reclamaba por una reforma que incluyera derechos laborales, sociales y políticos; pero recién en 1949, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se dictó una Constitución Nacional dentro del marco del constitucionalismo social, incorporando los derechos laborales y sociales, igualdad jurídica del hombre y la mujer, derechos de la niñez y la ancianidad, autonomía universitaria, función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, sistema de servicios públicos y comercio exterior, monopolios u oligopolios privados, y la posibilidad de reelección del presidente y vicepresidente.

Scalabrini Ortiz llamó al artículo 40 de dicha Constitución “el bastión de la República”; el citado artículo expresa, por ejemplo que: “La importación y la exportación estarán a cargo del Estado”. “Los minerales y caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación”. “Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”. “Los que se hallasen en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación”. “El precio de la expropiación... será el del costo de origen... menos las sumas que se hubieran amortizado”… En la Constitución Nacional de 1949 se establecía un sistema capitalista mixto con intervención del Estado.

 

Luego de derrocar a Perón, el Gobierno militar de facto de la Revolución Libertadora abolió a la Constitución mediante un bando militar.

 

Actualmente está en vigencia la Constitución que contiene las modificaciones de 1994… ¿Por qué se decidió reformar la constitución en 1994? ¿Cómo, por qué y para qué  se decidió reformar la constitución aquel año?

 

- Pasó que, al abolirse la Constitución de 1949, se repuso el texto de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, estableciendo un sistema constitucional vetusto, sin  reelección presidencial; y como en 1995 se vencía el mandato del presidente Carlos Menem, quien aspiraba a un segundo mandato presidencial, se comenzó a trabajar para reformar la Constitución. Raúl Alfonsín –antecesor presidencial de Menem-, durante su presidencia había anunciado la Reforma “para la consolidación de la democracia”, pero terminó su mandato -por renuncia- antes de término. Luego, en 1994,  Menem y Alfonsín, el PJ y la UCR, suscribieron un pacto  -el recordado Pacto de Olivos- para el dictado de la Ley de Reforma -lo que les significó malas  consecuencias electorales para ambos sectores políticos: para el PJ 38,5 % de los votos y para la UCR 19,74%. –siendo que venían obteniendo mayores números-.

 

Estos magros guarismos expusieron el claro rechazo de vastos sectores internos de unos y otros –PJ y UCR- para con el Pacto de Olivos

 

– Yo opino que es a partir del Pacto de Olivos que comenzó el derrumbe de la UCR-. La Ley de la Reforma introdujo “una trampa” que fue crucial: llevar al debate el “Núcleo de Coincidencias Básicas” -redactado en Olivos, en el ya citado pacto celebrado allí, y que aseguraba la reelección de Menem-, y  quien lo rechazaba con su voto -como fue mi caso- se vio imposibilitado de votar afirmativamente en temas importantes. Lo notable es que fue este tema, el Pacto de Olivos, el que tuvo la mayor extensión en el debate.

 

¿Por qué piensa usted que Perón no bregó por volver a la Constitución del 49 cuando regresó a la presidencia del país en 1973?

 

- Porque Perón solamente gobernó  9 meses, hasta su muerte, pero propuso a la Nación el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional -que bien podría haber sido tomado como base para una reforma constitucional-. Y después, con el golpe de Estado, el llamado liberalismo que gobernó con los militares a partir del 24 de marzo de 1976 no iba aceptar jamás ningún modelo de Constitución que tendiera a alcanzar la liberación nacional.

 

¿Cuáles fueron, a su entender, los cambios más trascendentales para la Nación surgidos desde la reforma del 94?

 

- Los hay positivos y negativos, en los primeros otorgar rango constitucional a tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes, jerarquizar el Ministerio Público, pautas para distribuir la recaudación de impuestos, autonomía municipal, creación de regiones, derechos de pueblos originarios, límite a la edad de los jueces a 75 años, derecho imprescriptible de Soberanía de las Islas Malvinas y su recuperación definitiva. Entre los segundos, la supresión del Colegio Electoral que significó el debilitamiento del federalismo, la creación del Consejo de la Magistratura que trajo  importante controversia con posiciones encontradas porque se disputa el control del Poder Judicial. Se creó la figura del jefe de Gabinete con funciones insignificantes. Un gran aspecto negativo es la confusa autonomía para la Ciudad de Buenos Aires.

 

¿Piensa usted que es necesaria una nueva reforma constitucional; por qué?

 

- No, de ninguna manera. La Constitución Nacional debiera expresar la época en que la Nación se organiza sobre cimientos sólidos. El estado de retroceso que soporta nuestro país no reclama reforma alguna. Una futura convocatoria debiera definir un Proyecto Nacional.

 

¿Alguna reflexión en particular en una nueva conmemoración del Día de la Constitución Nacional?

 

- La sociedad argentina, compuesta de seres humanos libres está reclamando, a quienes les cupo el honor de ocupar una banca constituyente, la resolución con patriotismo de  los agudos problemas, para terminar con la “grieta y el odio” que destruye el tejido social. Quiero destacar que los presidentes posteriores a la reforma de 1994 fueron convencionales constituyentes en aquel año, también gobernadores, integrantes de la Corte Suprema de Justicia -Carlos Rosenkrantz se desempeñó como asesor de Alfonsín-, ministros,  diputados, senadores de la Nación y de provincias, constitucionalistas y académicos, empresarios, militares, religiosos y hasta algún periodista. A 28 años de la Reforma creo que el resultado llama a  una serena reflexión.

viernes, 29 de abril de 2022

PROBLEMAS AMBIENTALES

 


 e identidad política


Por Javier Boher


Alfil, 28-4-22

 

Hay algunos temas que hacen a la agenda de la izquierda desde que se cayó el ideal clasista del marxismo ortodoxo. Si bien se puede aceptar que el mundo es perfectible y que las desigualdades deben tratar de ser combatidas o morigeradas, la particularidad de la última etapa de la izquierda es convertir su visión en un dogma, repitiendo la misma tara de superioridad moral que tenían sus versiones pasadas.

 

Immanuel Wallerstein planteó estos temas en un artículo de hace ya varios años (casi 20) cuando se preguntaba “¿qué significa hoy ser un movimiento antisistémico?”. Allí rastreaba la decadencia de la izquierda clasista y los movimientos nacionalistas a partir de los ‘60, porque gobernaban prácticamente en todo el mundo sin haber logrado transformarlo.

 

En el mencionado artículo el sociólogo identifica cuatro tipo de movimientos de izquierda que reemplazarían a la izquierda clasista y a los nacionalismos: el maoísmo (y similares) que se disolvió rápidamente, la nueva izquierda de los ‘70 (con agenda ambiental, de género, el racismo o la orientación sexual), los movimientos por los derechos humanos en los ‘80 (que perdió fuerza con la difusión de la democracia post Guerra Fría) y los movimientos antiglobalización de los ‘90.

 

De todos esos los que verdaderamente nos importan en este momento son los de la nueva izquierda y los antiglobalización, que definieron en gran medida la identidad de los progresismos que a partir del 2000 fueron ocupando los gobiernos en América Latina. No hubo gobierno latinoamericano de izquierda o centroizquierda que no impulsara una agenda vinculada a esos temas: aborto, drogas, ambiente, género.

 

No se trata aquí de escribir un panfleto en contra de esas causas, a las que se puede adherir en tanto derechos humanos individuales o colectivos que hacen a la realización personal del propio proyecto de vida, sino de señalarlos como un rasgo central en la identidad que surgió a la hora de definir un relato que legitime a gobiernos que llegaban para resolver los problemas heredados de una “globalización neoliberal”.

 

A partir de allí se hizo difícil separar la nobleza de las causas de un relato o una pertenencia partidaria. Lo que debería -o al menos podría- ser algo transversal a los partidos de similar extracción ideológica se terminó convirtiendo en la bandera de un reducido puñado de fervorosos adherentes que se constituyó en regente de dichas causas. Nada que funcione por fuera de esa visión oficial o totalizadora puede ser aceptado como una voz válida en la defensa de esos temas.

 

Esta semana se viralizó un video del médico y ex candidato a intendente de Carlos Paz Emilio Iosa. Allí se ve el deplorable estado del Lago San Roque, señalando una verdad que muchos eligen callar. El nivel de contaminación del espejo de agua debería ser un tema de estado, una de esas cuestiones a resolver con urgencia por motivos turísticos, económicos, ambientales y -fundamentalmente- de salud.

 

Sin embargo no faltó la polémica. Algunos sectores de la política de Carlos Paz señalaron que el video se aprovechó de una situación inusual, debido a un problema puntual en el tratamiento de las aguas. Desde otro lado dijeron que en realidad eran excusas para esconder la verdadera cara de una ciudad que se vende amigable al turista pero que es hostil para con el habitante regular.

 

La cuestión central es que existe una doble vara en el ambientalismo que hace muy difícil la discusión. Si bien es cierto que debería primar un espíritu conservacionista del paisaje serrano y su ecosistema también es real que los que defienden esas posturas miran para otro lado cuando eso pone en riesgo la pertenencia política.

 

Todo el tiempo se agrega una bruma que no deja ver con claridad si los intereses son genuinos o si se está montando un aparato de comunicación de intenciones que oculta la profunda incapacidad de gestión.

 

El problema ambiental es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, pero es imposible resolverlo con mañas y pequeñeces propias del siglo XIX. Establecerse como paladines de la causa y cercenar las posibilidades de que existan otros discursos y otros enfoques sólo aporta a un inmovilismo burocrático que tiene como consecuencia directa que los problemas se intensifiquen.

 

La política se trata de priorizar problemas, brindar soluciones, gestionar recursos y hacer equilibrio entre todas las demandas de la sociedad, poniendo siempre como guía la calidad de vida de la gente que sostiene todo el aparato público. En cada caso quedarán ganadores y perdedores, que idealmente resultarán beneficiados lo mismo porque en la política democrática necesariamente nadie gana lo que quiere, pero todos pierden menos de lo que cabría esperar.

 

Llevamos años escuchando visiones catastróficas e ideologizadas sobre los incendios forestales, las inundaciones o la contaminación del agua, que se asientan sobre cuestiones probadas que se magnifican con fines políticos.

 

La alternativa a ese dogmatismo no puede ser abrazar posturas negacionistas del cambio climático que pretendan someter todo a las fuerzas del mercado. Debe encontrarse un espacio de equilibrio intermedio que evite la pendulación y garantice una política coherente y sustentable en el tiempo.

 

Si la agenda ambiental (como tantas otras) sigue cooptada por una izquierda decadente los problemas no se lograrán resolver. Hay que arrebatarle las causas a los partidos que hacen política con ello. En esa transformación que sufrieron los partidos de izquierda desde los ‘70, sacarle esas banderas sería también quitarles lo que justifica su existencia.

jueves, 28 de abril de 2022

JUJUY DENUNCIÓ

 


 que el Gobierno le entregó al Movimiento Evita 23.000 hectáreas de tierras privadas y provinciales


Andrés Klipphan


Infobae, 28 de Abril de 2022

 

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció que el gobierno Nacional, a través del secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, entre otros funcionarios, entregó “de manera irregular y grosera 23.000 hectáreas de tierras privadas y del Estado provincial al Movimiento Evita”, una de las organizaciones sociales alineadas con la Casa Rosada. La presentación judicial será realizada mañana por el Fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda.

 

Además de ser funcionario nacional, Gómez es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita. Los principales referentes de esa organización son también dos integrantes del gobierno de Alberto Fernández: Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social, organismo que depende del ministerio de Desarrollo Social; y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, que depende de la Jefatura de Gabinete.

 

“Se repartieron 23.000 hectáreas a 65 militantes. A algunos les dieron 1200 o 1500 hectáreas de una Reserva Provincial o de tierras privadas”, resumió Morales en declaraciones a Infobae.

 

En diálogo con este medio, Miranda precisó que las carpetas con la “constancia de reconocimiento de posición tradicional” se realizó el 19 de abril pasado. Que los beneficiarios son 63 familias, la mayoría de las cuales “ya tienen procesos judiciales abiertos por usurpación y pedidos de desalojo o son arrendatarios de los propietarios de las tierras”.

 

En el acto en el cual se entregó la documentación, además de los funcionarios, estuvo presente José Surita, referente del Movimiento Evita de Jujuy.

 

“El compañero Miguel Gómez hizo entrega de 63 carpetas donde se reconoce y se releva esas tierras para que los campesinos y ganaderos no sufran el desalojo al que nos tienen acostumbrados algunos terratenientes o amigos del poder político de turno en donde los despojan de las tierras”, celebró el referente del Evita y explicó que esas carpetas podrán ser presentadas en los juzgados en dónde están radicadas las denuncias por toma de tierras que realizaron la provincia o los legítimos dueños.

 

“Las carpetas tienen una cartografía que delimita la posesión de las tierras (entre 5 y 1.700 hectáreas) para que ahora al productor rural no se las pueda sacar nadie”, disparó el referente social.

 

Morales, a través de la fiscalía de Estado, denuncia, por los presuntos delitos de “usurpación de autoridad receptado en el artículo 246 inc. 3 del Código Penal y de Abuso de autoridad”, a los tres funcionarios que firmaron o participaron. Se trata del secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que depende del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; a María José Castillo, Directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, organismo que depende del mismo ministerio; y Cecilia Iriarte, Intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales.

 

Esta última fue denunciada porque dispuso, sin tener facultades para hacerlo, la entrega de unas 600 hectáreas “de dominio del estado provincial a la familia Alvarado-Armenta”. Estas tierras, describe el texto de la denuncia judicial a la que accedió Infobae , forma parte de la “reserva natural Las Lancitas”.

 

“En este caso -dice el escrito- se observa nuevamente un nivel de irresponsabilidad con el que se ha procedido a efectuar la documentación en cuestión. La más patente irregularidad deriva, por supuesto, de que tal reconocimiento de la posesión en cuestión se efectúa sobre territorios de dominio público provincial, no habiéndose, en momento alguno, efectuado consulta o requerimiento alguno a autoridad administrativa o judicial de la provincia”.

 

Según pudo constatar este medio, tal como aseguró el Fiscal de Estado, la mayoría de las personas a las que se les entrego las carpetas con las constancias de reconocimiento de posición tradicional de tierras, tienen litigios judiciales, muchos de ellos ya con fallos en contra, por reclamar parcelas de tierras de las cuales no pudieron acreditar su propiedad. Es más, en algunos casos, solo pudieron constatar que son arrendatarios de campos registrados a nombres de otras personas o sociedades.

 

Entre ellos figura, por ejemplo, Normando Mamani. Según la denuncia del gobernador Morales y la Fiscalía de Estado, a Mamani “los funcionarios nacionales lo reconocieron ilegalmente como poseedor de más de 70 años en el Paraje Santa Fe por 600 hectáreas y, sin embargo, su demanda de acción prescriptiva de dominio había resultado rechazada por la Sala IV Civil y Comercial de la Provincia, en 12 de diciembre de 2008″.

 

En el marco de ese expediente, el " A 06012/99 Ordinario por Prescripción adquisitiva de dominio, los magistrados intervinientes consideraron que, pese a que los actores manifestaron que su posesión databa, en ese momento, de 47 años, ‘no hay pruebas que corroboren tales dichos, pues no produjo otros medios probatorios que lo acrediten, ni hay elementos que permitan suponer que esa ocupación arrancó varios años atrás’”.

 

En ese caso, como en otros, como el de la familia Páez, también beneficiada con certificados por más de 500 hectáreas, el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que junto al Evita y otras agrupaciones que integran el Frente de Todos, integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), marcharon ante los tribunales para apoyar a los denunciados por la usurpación de las tierras.

 

En ese caso, según el expediente judicial, las tierras son propiedad de la empresa “El Mistol”, entre otros accionistas.

 

En esa movilización, realizada en 2018, el Movimiento Evita y la CTEP aseguraban con “con este juicio buscan desalojar a las familias campesinas para desmontar 12.000 hectáreas y sembrar soja. Por eso lo que está en juego es la soberanía alimentaria de los pueblos”. El fallo resultó favorable a los demandantes y hay una orden de desalojo que hasta ahora no se cumplió.

 

La denuncia

 

Según la denuncia penal que mañana aterrizará en los tribunales federales de Jujuy, los tres funcionarios acusados, “arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en abuso de sus competencias legales, procedieron a emitir instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien pertenece al domino público provincial o bien son de titulares privados”.

 

El escrito también asegura: “La manifiesta ilegalidad de tales acciones emana de la sola lectura del propio contenido de la documentación emitida por los funcionarios nacionales en cuestión”. Y precisa: “En ellos se consignan, sin aportar ningún tipo de información que obre de respaldo u oficie de sustento empírico, un listado de supuestos ‘poseedores tradicionales’ y que “pese a estos evidentes vicios de fundamentación, en tal documentación se afirma tanto la antigüedad de los alegados actos posesorios, las superficies involucradas, así como los destinos a los que estarían aplicados los inmuebles y su ubicación”, que no fueron sustentados con documentación sino que se basan en “meras declaraciones verbales de quienes se afirman propietarios y resultan, fundamentalmente mediante esas solas manifestaciones, reconocidos como ‘poseedores tradicionales’”.

 

En diálogo con Infobae, el Fiscal de Estado de Jujuy destacó que con la entrega de esos certificados, “los ‘beneficiarios’ de estos actos al ulterior inicio o la continuación de reclamos de titularidad ante la justicia, ahora podrán respaldarlos por estos actos ilegalmente emitidos en representación del gobierno nacional”.

 

Mariano Miranda también puntualizó: “Los actos en cuestión, fueron concretados sin dar ningún tipo de intervención a alguna autoridad judicial competente ni a las dependencias provinciales correspondientes y con atribuciones legales y constitucionales específicas a esos efectos”.

 

“Peor aún, en ningún caso, la documentación producida por los funcionarios denunciados incorpora algún tipo dato o referencia que permita identificar a los titulares registrales de las tierras ni se provee información sobre la precedencia de conflictos o reclamos en sede judicial o administrativa”, apuntó.

 

El Fiscal de Estado recuerda también que las 23.000 hectáreas entregadas a través de funcionarios vinculados al Movimiento Evita, como lo es el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, “continúan siendo objeto de procesos litigiosos, de juicios de desalojo, así como de denuncias por usurpación, entre otras”.

 

Por su parte, la denuncia judicial afirma que la entrega de esas tierras por parte de funcionarios nacionales es de “grosera ilegalidad”.

martes, 26 de abril de 2022

EL "HERMANO RAÚL"


 PADRE DE LA DEMOCRACIA (Masónica)

 

Catapulta, 25-4-2022


Artillero: augusto Padilla

 

De manera discreta, sin estridencias ni pompa, como lo hacen los grandes hombres, un día como hoy partía el Dr. Raúl Alfonsín.

 

Su figura como hombre de Estado, demócrata y republicano ya es indiscutida y lo ubica junto a los próceres de nuestro país.

 

Combinando coraje y convicción levantó las banderas de los Derechos Humanos como un ejemplo mundial.

 

A través del diálogo convirtió disputas en puentes con nuestros países vecinos y hermanos.

 

Convocó al Congreso Pedagógico Nacional después de más de cien años.

 

Su discurso refleja los valores masónicos más elevados: un permanente llamado al diálogo, a la construcción, a la paz, a la educación y a la convivencia democrática entre los hombres.

 

El aniversario de su paso al O:E:. es una gran oportunidad para compartir con todos la pertenencia del ex Presidente de la Nación a la Logia Independencia, en la que compartió los trabajos con otros HH:. identificados con la causa de los Derechos Humanos, la libertad, la Democracia y la Justicia como Simón Lázara, cuya labor es valorada y recordada permanentemente.

 

La Masonería argentina rinde homenaje a un hombre, un presidente y un Hermano que engrandece nuestra Orden.

 

Pablo Lázaro

Gran Maestre

 

Notas catapúlticas

 

1)Es propio del lenguaje jurídico referirse a las “presunciones graves, precisas y concordantes”. Las graves son las que reúnen tal grado de probabilidad que conducen al juez a la certeza de su razonamiento; las precisas, si son inequívocas, es decir, no se pueden deducir más que en determinadas ocasiones y concordantes, cuando los antecedentes sean simultáneos o concomitantes, debiendo admitirse ante la falta de otras pruebas que los desvirtúen.

 

2)El recordatorio de la Gran Logia confirma las presunciones que existían sobre el “Querido Hermano Raúl” y su pertenencia masónica sirve para demostrar las razones de los ataques de su gobierno contra la familia legítima y las Fuerzas Armadas.

 

3)Simon Lázara fue un socialista filocomunista infiltrado en el peronismo -fue concejal por la Capital Federal- y uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que terminó siendo vocero de Alfonsín, otro de los fundadores de la Asamblea.

 

4) La APDH funge de frente legal de la subversión marxista, armada o no.

 

Tiene status consultivo II ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas y está acreditada en la UNESCO;

 

En el plano regional y continental, interactúa en emprendimientos comunes con redes internacionales, tales como el Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza Social Continental, la Asociación Americana de Juristas, el Foro Social Mundial y el Consejo Mundial de la Paz, entre otras entidades. http://www.apdh-argentina.org.ar.

lunes, 25 de abril de 2022

LA ACCIÓN DEL CATÓLICO ANTE LA POLÍTICA

 

 como ciudadano y como político


Javier Úbeda Ibáñez


Iglesia en Aragón, 18 abril, 2022

 

El católico, como todo ciudadano, tiene una responsabilidad social. Es cierto que en la política hay mucha corrupción y que algunos grupos cristianos se han descarriado al abandonar la fe en favor de un mesianismo político. Pero la solución a estos errores no es desentenderse de la política sino servirse de ella para el bien a la luz del Evangelio.

 

Ningún político, ningún partido, es El Camino, La Verdad y La Vida. Pero todos están llamados a ser instrumentos.

 

Los católicos debemos participar en la política como ciudadanos responsables, por el bien de todos. La solución a la corrupción no es abandonar la política sino participar en ella con principios cristianos. Jesús nos dijo que somos sal y luz del mundo. Esto se debe aplicar primero a nuestra vida, pero si esta es auténtica, se manifiesta también en la política. La sal preserva de la corrupción, la luz permite que se vea la verdad.

 

Es necesario formarse en la fe y la doctrina social de la Iglesia para discernir sin dejarse seducir por las pasiones y las mentiras que se presentan en las campañas electorales (Cf. Gaudium es spes, 43). Es sorprendente cómo la propaganda de los medios engaña a la gente, cómo creemos las cosas solo porque se repiten. Debemos examinar objetivamente cómo los candidatos han actuado en el pasado.

 

Hay una jerarquía de valores. El valor principal es el respeto a la vida humana. Si un candidato favorece el aborto o la eutanasia, no respeta al ser humano, no se debe votar por él, aunque en otros aspectos parezca bueno. Los derechos humanos forman parte de la ley natural, la cual es accesible a la razón cuando se busca con sincero corazón. Toda autoridad legítima procede de Dios y debe someterse totalmente a Dios. Cuidado que no sea solo de palabra, sino que en efecto demuestre coherencia con la moral.

 

Ningún gobierno, partido o político se puede confundir con el Reino de Dios. Todos deben someterse a Dios de manera que reciban de Él la luz y la gracia necesarias para ejercer su misión.

 

Toda autoridad legítima procede de Dios y debe someterse totalmente a Dios.

 

Los gobernantes, como todo ciudadano, están sujetos a las leyes de la moral. Estas leyes son parte de la ley natural, son accesibles a la razón cuando se buscan con sincero corazón.

 

Cuidado con los mesianismos políticos, que se presentan como salvadores de la humanidad. «Ningún partido representa a la Iglesia y los católicos pueden militar o dar su voto libremente al partido o al candidato que mejor responda a sus convicciones personales, con tal de que sean compatibles con la ley moral natural y que sirvan sinceramente al bien común de la sociedad. Nuestra misión, en cambio, ha de ser la de orientar con los principios éticos de la doctrina social cristiana sobre los derechos y deberes políticos de los fieles laicos, ayudando a formar una conciencia social».

 

Evitar:

 

1- Apasionarse o preferir la afiliación política por encima de la razón y la moral.

 

2- Un concepto teocrático de la política. Cardinal Ratzinger: «La justa profanidad de la política excluye la teocracia».

 

La doctrina social de la Iglesia expone las obligaciones de los gobernantes y de los ciudadanos de promover y defender todos los derechos humanos (el más fundamental es el derecho a la vida) y buscar el bienestar de todos. Que nadie esté por encima de la ley y nadie fuera de su amparo.

 

A los políticos católicos hay que recordarles el deber moral que tienen en su actuación pública, especialmente a los legisladores, de mantenerse fieles a la doctrina del evangelio, conservando su compromiso claro con la fe católica y no apoyando leyes contrarias a los principios morales y éticos como son los que atentan contra el derecho a la vida o en contra de las instituciones de la familia y el matrimonio. Solo la adhesión a convicciones éticas profundas y una actuación coherente pueden garantizar una acción pública, honesta y desinteresada, de los legisladores y gobernantes.

 

Todo aquel que ha proclamado que quiere prestar un servicio, un servicio a nuestra patria en funciones muy diversas, tiene que mostrar en la práctica que, en realidad, ha llegado a ese puesto para servir y no para servirse, no para enriquecerse; sino para dar lo mejor que tiene en favor del pueblo que tanto lo necesita.

 

«El criterio fundamental para configurar la propia conciencia es la obligación de evitar el mal y de favorecer el bien. En temas que afectan a la vida y los derechos de la persona, el criterio básico es el de aceptar y favorecer lo que esté conforme con la ley natural, según una valoración moral apoyada en la misma naturaleza humana que favorece el desarrollo de las potencialidades humanas de acuerdo con el bien de la persona, en verdad y justicia. Según este criterio difícilmente discutible, los católicos tenemos claro que no podemos apoyar programas o proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos desde su concepción hasta la muerte natural, alteran esencialmente la concepción del matrimonio desprotegiendo la realidad de la familia, debilitan las bases de la convivencia. En el caso, nada infrecuente, de que ninguna opción política satisfaga las exigencias morales de nuestra conciencia, la recta conciencia nos induce a votar aquella alternativa que nos parezca menos contraria a la ley natural, más apta para proteger los derechos de la persona y de la familia, más adecuada para favorecer la estabilidad social y la convivencia, y mejor dispuesta para respetar la ley moral en sus actividades legislativas, judiciales y administrativas.

 

»Para votar responsablemente, es preciso anteponer los criterios morales a las cuestiones y preferencias opinables y contingentes de orden estrictamente político. Habrá cuestiones secundarias que tengamos que dejar en un segundo plano para atender en primer lugar a los aspectos y consecuencias de orden moral de nuestro voto. Esto ocurre siempre que las propuestas de los partidos desbordan sus legítimas competencias y afectan a cuestiones de orden moral que tienen que estar por encima de los avatares políticos» (Monseñor Fernando Sebastián Aguilar).

 

Examinar la verdad. Se deben estudiar las propuestas antes de apoyarlas. Hablar es fácil, obrar en la verdad cuesta la vida. Hay que buscar la verdad con la mayor objetividad posible. Más que basarse en lo que dicen los políticos, hay que analizar lo que han hecho para ver si son coherentes, íntegros y honestos. El malvado siempre disfraza sus intenciones con argumentos hermosos.

 

Evitar la demagogia. Los políticos saben qué teclas tocar para encender las emociones, muchas veces irresponsablemente. Cuidado con la manipulación de los sentimientos hacia la patria, la raza, el sufrimiento de los pobres, la libertad, etc. Con frecuencia se crea un mito en torno a un político o se destruye su reputación, basado en la repetición de falacias. El cristiano no se debe llevar por las emociones ni por la fiebre que incita a las masas. No debe dejarse engañar por promesas. La prosperidad de los pueblos requiere un largo proceso de construcción y fortalecimiento de un sistema de gobierno, de educación, de trabajo, etc., bajo un estado de derecho que proteja justamente a todos los ciudadanos. Esto no se consigue con la demagogia. Hay que estar preparado para tomar opciones que no sean populares pero que sean justas. Recordemos cómo Jesucristo fue condenado por las masas porque matarlo «era conveniente».

 

El fin no justifica los medios. Nunca será aceptable utilizar un medio en sí mismo perverso para lograr un bien. Por eso debemos condenar, por ejemplo, el terrorismo, el aborto, el secuestro, la mentira y la difamación.

 

Ordenar las prioridades. El bien común de la nación debe estar por encima de intereses personales. Al mismo tiempo no se deben violar los derechos naturales de ninguna persona. No se debe votar por quien viola la ley natural, aunque por otra parte tenga buenas propuestas. Un católico no debe votar por candidatos que favorecen la inmoralidad, tal como es, por ejemplo, el aborto. En casos, como ocurre con frecuencia, en que todos los candidatos carecen de una clara posición moral que cubra todos los campos, el votante debe decidirse por el que al menos promueva los valores fundamentales.

 

Obligación de participar en la política. En una democracia los gobernantes son elegidos por el voto popular. Por eso todo ciudadano tiene la responsabilidad de votar habiendo seriamente estudiado los temas y conocido la posición de los candidatos. Un católico no puede eludir su responsabilidad civil ya que eso sería cederle el paso al mal. El hecho de que haya mucha corrupción en la política no exonera al cristiano de su responsabilidad. Más bien le debe retar a trabajar por un mundo mejor. El que no vota o vota sin atención a las leyes de Dios es culpable de los resultantes males. «Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política» (Vaticano II, Ch L 42).

 

Los obispos de Estados Unidos declararon en 1995: «En la tradición católica, la ciudadanía es una virtud y la participación en el proceso político es una obligación» (Documento «Political Responsibility»).

 

La libertad

 

La libertad es un don que conlleva una gran responsabilidad. Como católicos estamos comprometidos a ejercer nuestra libertad siempre para hacer el bien y nunca para violar los derechos ajenos.

 

«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29).

 

No ceder en cuestión de principios; tened las puertas abiertas pues la democracia significa colaborar.

 

En 1946, Pío XII dijo a un grupo de jóvenes que comenzaban en la política, entre ellos el que luego fue gran estadista italiano, Alcides De Gásperi: «Id al Parlamento para servir; no cedáis en cuestión de principios; tened las puertas abiertas pues la democracia significa colaborar; no penséis en vuestros intereses particulares, sino en los de la comunidad. Id al Parlamento con espíritu ágil: capaz de subir escalones si os piden desempeñar puestos de responsabilidad, pero también de bajar con elegancia y humildad cantando alabanzas al Señor… sin romperos el “fémur espiritual” que es una de las fracturas más peligrosas», con mayor razón si se trata de cuestiones referidas a la defensa de la verdad y de la libertad de conciencia.

 

Respetar a la persona humana, especialmente a los más débiles e indefensos. En su visita a Estados Unidos en 1987, Juan Pablo II retó a los Estados Unidos a vivir completamente los nobles preceptos de su Constitución respetando la dignidad de todo ser humano:

 

«Por esta razón, América, tu más profunda identidad y verdadero carácter como nación se revela en la postura que tomes como nación hacia la persona humana. La prueba máxima de tu grandeza está en la forma que trates a cada ser humano, pero especialmente a los más débiles y más indefensos» (Juan Pablo II en Estados Unidos, 1987).

 

Algunos dicen que no se debe votar basándose en un solo tema. Aunque es cierto que se deben considerar los diferentes temas que afectan a la nación, hay temas que son más importantes que otros y en los que se fundamentan los demás. Hay algunas posiciones políticas que por sí solas son tan graves que deberían ser suficientes para no votar por el candidato que las sostenga. Por ejemplo: no podemos votar en buena conciencia por un candidato que promueva la «limpieza étnica», aunque tuviese un gran plan para la economía. Por esta razón un católico no debe votar por un candidato que promueva el aborto, la eutanasia…

 

No todo depende de una votación. La democracia no se construye solo a base de votos, sino que es una acción comprometida de todos los días con la comunidad. Construir justicia y solidaridad, afrontar y resolver los problemas económicos y sociales, avanzar en madurez política, no es asunto exclusivo de los elegidos para gobernar y legislar, sino que es un asunto que nos compete a todos.

 

No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social.

 

La actividad democrática se ha reducido a la mera participación en los procesos electorales. Necesitamos un horizonte cultural capaz de hacer germinar y de suscitar el renacimiento de la vida política. Esto no será posible sin una responsable participación ciudadana. El sistema político democrático exige el protagonismo de los ciudadanos en la vida pública; por eso los cristianos tienen que participar activamente en ella, pues no basta tener fe y querer hacer el bien, es necesario además dar vida a las instituciones de la vida pública y actuar con eficacia dentro de ellas. Es conveniente promover el crecimiento de la sociedad civil en el nivel local, lo que supone desarrollar el sentido de pertenencia a la comunidad, el compromiso, la generosidad, el sentido moral y el interés por los asuntos públicos. La vertebración ciudadana favorecerá que nuestra democracia, además de representativa, sea participativa.

 

Si solo dominan los criterios materialistas, la razón se quedaría ciega ante los valores morales que se quedarían únicamente en la esfera del sujeto. «Una mutilación así destruye la política y la convierte en mero instrumento condicionado por el más fuerte», en donde queda excluida la moral.

 

Al mismo tiempo, los políticos creyentes pueden iluminar la discusión política con su comportamiento, testimoniando la fe como presencia real, contribuyendo de este modo con la razón en el gobierno de todo acto político.

 

Si el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales» también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues esta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son «negociables».