viernes, 28 de febrero de 2014

ARGENTINA: ¿SATÉLITE DEL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL?




El narcokirchnerismo como capítulo del narcopopulismo latinoamericano

Rafael Micheletti

El kirchnerismo no es la causa única del crecimiento del narcotráfico en Argentina. Hay todo un sistema de corrupción que viene de mucho antes y que brinda amplios espacios de impunidad. Sin embargo, parece que debemos afrontar la realidad de que las más altas esferas del narcotráfico mundial están vinculadas, no sólo con nuestro país, sino directamente con nuestro gobierno. Esto es lo que podría esclarecer la reciente detención por fuerzas mexicanas y estadounidenses del “Chapo” Guzmán, el principal narcotraficante del planeta y Jefe del peligroso Cártel de Sinaloa de México.

El primer hecho estremecedor y resonante del repentino tránsito de la Argentina hacia el infierno del mundo del narcotráfico ocurrió en Agosto de 2008, y fue el llamado “Triple Crimen” de General Rodríguez. Las investigaciones del suceso revelaron que empresarios vinculados al tráfico de efedrina (precursora de drogas sintéticas) habían sido grandes aportantes a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Fernández. En 2008, un informe de la embajada de Estados Unidos afirmó sus sospechas de que el dinero para la campaña de Cristina hubiera provenido de las FARC de Colombia por gestión de Hugo Chávez (el ingreso de la valija de Guido Antonini Wilson estaría en esa línea), así como de dos cárteles mexicanos, incluyendo el de Sinaloa.
El ex corresponsal del Washington Post, Douglas Farrah, publicó en 2013 una investigación (en sintonía con revelaciones del periodismo mexicano) donde explicaba que el cártel de Sinaloa de México contribuyó a la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 a través de la industria farmacéutica argentina. En un artículo de Noviembre de 2013 para es.insightcrime.org, Natalie Southwick expresó que “Argentina es ahora una fuente de precursores químicos para los cárteles mexicanos.” De acuerdo con un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional de México entregó en Octubre de 2010 a la Legislatura, a partir de 2007 los cárteles mexicanos se trasladaron a la Argentina para la producción de efedrina.

En 2008, cuando ocurrió el Triple Crimen, había quedado definitivamente sellada la alianza política e ideológica del kirchnerismo con Hugo Chávez, quien en ese mismo año expresó públicamente, contra viento y marea, que las FARC “no son terroristas”. Posteriormente, con el asesinato de Raúl Reyes (hombre fuerte de las FARC) por parte del ejército colombiano en territorio ecuatoriano (otro “paraíso” populista), quedó definitivamente acreditada la fuerte sospecha de una firme asociación financiera y política entre guerrilla, narcotráfico y populismo. Un huido ex magistrado venezolano, Eladio Aponte, llegó a revelar que en Venezuela se había montado un “narcotráfico de Estado”, dirigido por “narcogenerales” y tutelado por el propio Hugo Chávez (abc.es).

A partir de 2007, el gobierno argentino no hizo más que todo lo necesario para que el narcotráfico se consolidara y creciera vertiginosamente en el país. Durante años se negó inexplicablemente a reglamentar la ley de precursores químicos sancionada en 2005, lo que hubiera podido desalentar drásticamente la llegada de los cárteles. Nunca quiso radarizar el espacio aéreo, incluso a pesar de la presión ejercida en ese sentido por Estados Unidos. Tampoco hizo nada para evitar el libre tránsito de narcos colombianos y mexicanos por el territorio del país (advertido desde un principio por la embajada norteamericana), así como para restringir sus inversiones en nuestras tierras y nuestra economía. Por el contrario, sacó una serie de moratorias o “blanqueos de capitales”, ordenándoles a los bancos no reportar sospechas de lavado.
Asimismo, el gobierno argentino desmanteló la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), transformándola en una mera agencia de asistencia para las adicciones y pasándole sus funciones a la Secretaría de Seguridad, en manos del ultrakirchnerista Sergio Berni. Un informe de Mayo de 2013 de la Auditoría General de la Nación (uno de los escasos órganos de control estatales independientes) advirtió sobre el libre tránsito de la droga por el país. Según un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Junio de 2013, la Argentina ya era en aquel entonces el tercer exportador de cocaína del mundo.

¿Acaso en 2007, a través de la intermediación del chavismo, el gobierno argentino selló un acuerdo, entre otros actores, con el cártel de Sinaloa, por el cual se aceptó financiamiento político a cambio de impunidad y protección para sus negocios e inversiones en la Argentina? ¿Se transformó deliberadamente a la Argentina en proveedora de precursores químicos para los cárteles mexicanos y colombianos? ¿Fue éste el puntapié inicial de un proceso de consolidación del narcotráfico en Argentina y de infiltración de nuestras instituciones políticas? Por lo pronto, es el gobierno quien tiene desde hace tiempo la responsabilidad de clarificar estos interrogantes. Podría hacerlo sometiéndose a investigaciones independientes, compareciendo ante el Congreso y habilitando conferencias de prensa serias y libres sobre la cuestión, pero ha preferido el silencio.

Llamativamente, las fuentes ideológicas usadas por el populismo posmarxista se prestan para la relativización y hasta la justificación del uso político del narcotráfico. El determinismo posestructuralista de Michel Foucault permite considerar a los criminales verdaderos héroes anti-sistema, víctimas de una estructura social opresora invisible. El populista Ernesto Laclau considera a la criminalidad una “condición de constitución de un sujeto revolucionario”, mientras que Hebe de Bonafini ha reivindicado a viva voz a la narco-guerrilla de las FARC y Sergio Berni ha llegado a citar públicamente a Pablo Escobar, fundador del cártel de Medellín, para defender la legalización irrestricta.

Numerosos analistas y periodistas han sugerido que el capo del cártel de Sinaloa, el “Chapo” Guzmán, residió de 2010 a 2011 en nuestro país, más precisamente en la provincia de Córdoba, pero habría tenido que fugarse con una identidad falsa cuando se enteró de que la DEA (agencia estadounidense antidroga) le seguía los pasos. Según el periodista e investigador Roberto Maturana, “hay registros de su esposa e hijastra saliendo de Argentina en Marzo de [2010]”. Y continúa: “Coincide con la aparición de Shoklender como asiduo visitante del Chaco a partir del 2007. Por esta época también, Joaquín el Chapo Guzmán, decidió trasladar una parte importante de sus negocios a la Argentina y más específicamente al feudo de Capitanich”. Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, afirmó que el 11 de Marzo de 2011 Guzmán salió junto con su familia desde Buenos Aires hacia México.

En Febrero de 2011 (casualmente en tiempo coincidente con el supuesto rastreo en nuestro país del capo narco mexicano por parte de la DEA) la Argentina provocó y escaló deliberada e inexplicablemente un incidente diplomático con los Estados Unidos. Un avión militar de dicho país había venido para entrenar a nuestras tropas especiales federales (GEOF) y fue requisado mediáticamente por el canciller Héctor Timerman, quien determinó que traía “material sensitivo” no declarado. Finalmente, el material incautado fue devuelto a los Estados Unidos, pero el episodio fue usado como pretexto para restringir notablemente la cooperación con la DEA, lo que se supone habría sido del agrado del “Chapo” y del narcotráfico en general.

La alianza del populismo latinoamericano con el narcotráfico internacional denota la naturaleza antidemocrática y cínica de dicho sistema de pensamiento y de gobierno. En el populismo, el control de la población se da fundamentalmente a través de los ámbitos cultural y económico, tercerizándose el ejercicio de la represión y de la fuerza bruta en bandas armadas financiadas por el gobierno. Todo esto lleva a una fuerte necesidad de dinero para mantenerse en el poder, que se conjuga con la carencia de escrúpulos propia de todo gobernante autoritario. El resultado, en Latinoamérica, es esta espantosa asociación entre populismo y narcotráfico.
Es lamentable que el autoritarismo antirrepublicano subsista en pleno siglo XXI bajo nuevas formas. Pero es increíble que en nombre de una supuesta ideología se pueda trabajar para convertir a un país en satélite del narcotráfico internacional. No está de más traer a colación la afirmación históricamente constatada de que, no es que el fin justifique los medios, sino que los medios ilegítimos dañan el fin si es que éste alguna vez existió verdaderamente.


PESDADILLAS COMPARTIDAS


   
Con el lapidario informe que la Auditoría General de la Nación (AGN) difundió a mediados de mes, volvió a los primeros planos el cuestionado programa Sueños Compartidos , cuya causa penal, como se recordará, había estado en manos del juez Norberto Oyarbide por dos años, cuando estalló el escándalo por las desavenencias entre Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender por el manejo de los fondos públicos, hasta que finalmente éste fue apartado de ella. El citado informe no sólo señaló severas irregularidades del programa de viviendas, ejecutado en su momento por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También desnudó las responsabilidades por falta de control en el manejo de los fondos públicos destinados al plan por parte del Ministerio de Planificación y de los gobernadores en cuyas provincias se recibieron las obras.

Con una inversión total de casi 1300 millones de pesos, se han construido sólo 822 viviendas de las 4800 prometidas y a precios siderales, ya que según lo constatado por la AGN en el 76,9 por ciento de los casos el valor del metro cuadrado de esas viviendas superó el costo del programa Techo Digno, que ejecuta el Gobierno por intermedio de la Secretaría de Vivienda. Otros datos, también preocupantes, son que hay además una deuda pendiente con los trabajadores del programa por más de 145 millones de pesos, y que -advierte también el documento- "se hallaron pagos a funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad de control, por una suma de 225.000 pesos".

Por supuesto, la descalificación del informe de la AGN no tardó en producirse, al día siguiente de la presentación, y fue hecha por el jefe de Gabinete. En efecto, Jorge Capitanich acusó al organismo de ser una "herramienta de oposición política" para "atacar al Gobierno", en lo que pareció una respuesta a la revelación de que hay funcionarios involucrados en las maniobras de desvío de los fondos. Vale la pena hacer constar que el informe de la AGN fue aprobado por unanimidad tanto por los auditores oficialistas como por los opositores.

Las viviendas del programa Sueños Compartidos auditadas por la AGN son las emplazadas en Chaco (cuando era gobernador Jorge Capitanich, hoy jefe de Gabinete), en los municipios bonaerenses de Tigre y Ezeiza (territorios de Sergio Massa y Alejandro Granados, respectivamente) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mauricio Macri).

El dinero era enviado a las provincias (municipios o distritos), que contrataban a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para realizar las obras, en general mediante un convenio, y sin licitación previa. Justamente sobre este punto fue también muy crítico el informe, ya que por ese sistema de contratación previa se facilitó eludir las normas nacionales y provinciales que restringen la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, con la afectación de los principios de libertad e igualdad de concurrencia de oferentes, publicidad de los actos de gobierno y transparencia en los procedimientos.

En suma, lo que muestra el impecable informe de la AGN, desarrollado a pesar de las enormes dificultades para conseguir la información, es que el escándalo Madres-Schoklender, que bien podría ser rebautizado como "Pesadillas compartidas", no admite ni explicaciones superficiales ni que los funcionarios de las áreas involucradas se escuden en ambigüedades o en falsas indignaciones para disimular la gravedad de los hechos comprobados.

Pero hay un aspecto altamente positivo en esta última etapa para destacar, y es que, sin duda, toda esta nueva documentación debería contribuir a inyectar más fuerza a la causa en la Justicia, hasta que los responsables sean juzgados como corresponde.


La Nación, 27-2-14

jueves, 27 de febrero de 2014

EL VALOR DE LA POLÍTICA





CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO




I. Introducción
En este 170 aniversario de nuestra Independencia Nacional y teniendo como marco de referencia el testimonio y los ideales del Ilustre Patricio Juan Pablo Duarte, figura principal de la misma, y de quien acabamos de celebrar el bicentenario de su nacimiento, queremos reflexionar con nuestro pueblo, especialmente con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sobre el tema del valor de la vida política, de la que el mismo Duarte decía que después de la filosofía era la ciencia más noble[1], y haciendo nuestra sus señeras palabras tan actuales en estos momentos, como si el tiempo se hubiera detenido, cuando al ver la situación de su país, expresaba con entereza y firmeza: “nunca me fue tan necesario, como hoy, el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”[2].
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Texto completo (17 páginas) en:


ACA YA PRODUCE ETANOL EN VILLA MARÍA


 Por Diego Dávila


La planta de bioetanol que preparaba la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Villa María inició su producción el último martes. Utilizando maíz, fabricará 125 mil metros cúbicos por año para corte con nafta y además la energía eléctrica que consuma.

Se trata de ACA Bio, un complejo industrial ubicado sobre un predio de 30 hectáreas en la intersección de la autopista 
a Rosario con la ruta provincial 2, conformado como otra coo­perativa entre ACA y 65 de sus socios.


Su desarrollo llevó 21 meses y una inversión de 130 millones de dólares, según lo informó Víctor Accastello, gerente de departamento Insumos Agropecuarios de ACA.

ACA Bio recibió de la Se­cretaría de Energía de la Nación la asignación de un cupo de ­producción de 125 mil metros cúbicos por año (cuyo valor se ubica ahora en torno a 6,5 pesos el litro) pero tendrá una capa­cidad productiva de 140 mil metros cúbicos.

A partir del mes próximo,
la planta empezará a despachar etanol. En 90 días, se proyecta que alcance el ritmo de pro­ducción industrial y allí habrá 80 empleados directos y 200 ­indirectos, principalmente ­fleteros, ya que se espera un movimiento diario de 80 a 100 camiones.

La planta produce etanol a partir del maíz, para que la industria petrolera la mezcle con su propia producción de nafta. Para eso, necesitará el ingreso de 380 mil toneladas de maíz por año (la mayor parte proveniente de Villa María y el resto del norte, oeste sur y una parte del este provincial) además de otros insumos.

Burlanda y electricidad

De la producción del etanol, queda por otro lado el grano de maíz destilado, que se utilizará para producción de burlanda, alimento para ganado bovino (productores y feedlot), cerdos y aves. La mitad de esta producción se secará (tiene vida útil más larga) y la otra se venderá con su propia humedad.

El proceso productivo también incluye una caldera de alta presión con una turbina importada de Italia, que genera la energía eléctrica. La planta producirá 5,5 MWh por hora, por lo que no debe recurrir a la compra de energía o a producir electricidad con los medios tradicionales (combustibles fósiles).

Inicialmente, la planta debía empezar a producir en marzo del año pasado. Pero los problemas para importar la obligaron a retrasar su lanzamiento.

Por los habituales problemas que tiene la industria para importar equipos e insumos (el retraso en la aprobación de las DJAI), ACA Bio debió poner en marcha un programa para desarrollar proveedores nacionales de la planta.

Al respecto, Accastello advierte que el núcleo productivo de la planta fue importado (representa un 25% y es proveniente de Estados Unidos) mientras el resto de la infraestructura productiva ha sido aportada por proveedores nacionales.

La planta
Tecnología. Originalmente se analizaron sistemas provenientes de la India y Estados Unidos. Se optó por tecnología de la norteamericana ICM.

Maíz. Produce etanol a partir del maíz. Procesará 380 mil toneladas por año.

Producción. Tiene una capacidad productiva de 140 mil metros cúbicos de etanol por año. Pero tiene asignado por la Secretaría de Energía de la Nación un cupo de producción de 125 mil metros cúbicos.

Corte. La Secretaría de Energía obliga a las petroleras a cortar las naftas con cinco por ciento de bioetanol. Pero la mayoría corta con siete por ciento.

Burlanda. Con el maíz destilado, obtiene burlanda, alimento para ganado bovino, cerdos y aves. Incorporó una planta que seca 50 por ciento de la burlanda, lo que le da más tiempo para su comercialización.

Electricidad. La planta reutiliza el exceso de vapor. Esto mueve una turbina que produce 5,5 MWh por hora, para tener su propia provisión de electricidad.

130 millones de dólares. Fue la inversión que realizó ACA en su planta de producción de bioetanol. El “núcleo duro” del aparato productivo es un equipo de tecnología estadounidense. La construcción propiamente dicha de la planta ­llevó 16 meses.


La Voz del Interior, 27-2-14

LEY ANTIMOTINES PARA LA POLICÍA DE CÓRDOBA


 Por Javier Cámara


La Legislatura provincial aprobó ayer la ley que establece mecanismos de cesantía o exoneración de policías y guardiacárceles involucrados en casos de inconductas, insubordinación o abandono del servicio de seguridad pública.

La ley fue aprobada por casi todos los bloques parlamen­tarios a raíz de que el oficialismo aceptó incluir algunas sugerencias planteadas por la oposición, en particular por el radicalismo, con el objetivo de que la norma tenga un carácter de excepcionalidad, es decir, que se aplique siempre y cuando se den circunstancias que la propia ley describe.

Por esa modificación, este régimen sancionatorio podrá aplicarse siempre y cuando la alteración de la subordinación jerárquica “ponga en riesgo la prestación normal del servicio que garantiza la convivencia, la paz social y la seguridad de los cordobeses”.

Desde los saqueos
El proyecto original había sido anunciado por el gobernador José Manuel de la Sota hace un mes, como respuesta frente a la ­tragedia de los saqueos que ­fueron facilitados por la re­vuelta policial del 3 y 4 de diciembre último.

Esos episodios usó el oficialismo ayer para justificar y fundamentar la sanción de esta ley que prevé un proceso sumarísimo de cesantía y exoneración para aquellos efectivos que incurran en insubordinación; en abandono del servicio; en adopción de medidas contrarias a la normal prestación del servicio; en reclamo hostil o tumultuoso; o en la afectación del prestigio de la institución a la que per­tenece, según describe el artículo 2 de la norma aprobada.

También establece las mismas sanciones para oficiales jefes y superiores “cuyos subalternos de manera general” incurran en las conductas mencionadas; como así también para los uniformados que “inciten, instiguen, coadyuven, promuevan, oculten o faciliten por cualquier medio, la realización” de episodios como los que ocurrieron en diciembre pasado.

Todos estos casos serán considerados faltas gravísimas y no se requerirá sumario previo para que el involucrado sea puesto en situación pasiva.

Por pedido del radicalismo, se incluyó la obligatoriedad de que formule descargo en el término de 24 horas, tras las cuales el Ejecutivo podrá disponer su exoneración mediante resolución fundada. También por sugerencia de la oposición se exceptuó de la aplicación de este régimen a los órganos auxiliares del sistema de seguridad provincial, por ejemplo, los bomberos.

La ley también advierte a los policías retirados que no pueden participar de este tipo de reclamos tumultuosos, bajo amenaza de que perderán el estado policial.

Consenso ampliado
La normativa fue aprobada por casi todos los bloques, excepto el FIT y Encuentro Vecinal Córdoba.

No obstante, juecistas, radicales y el socialista Birri cuestionaron la falta de autocrítica del gobernador De la Sota, a quien responsabilizaron de que hoy la policía esté divorciada de la gente y con permanente peligro de insubordinación.

Coincidieron los críticos en que De la Sota les echó la culpa de lo sucedido en diciembre a las esposas de los policías, cuando el responsable –argumentaron– fue el propio gobernador.

Respondió las críticas el oficialista Carlos Gutiérrez, para quien esta “gran ley” no es otra cosa sino “la respuesta de un gobierno que actúa para sub­sanar los errores y mejorar la convivencia”.

El gobierno provincial difundió la sanción de la ley con el consenso ampliado de bloques de la oposición, como consecuencia del diálogo iniciado en la reunión de De la Sota con los bloques de la oposición par­lamentaria, en la tarde del ­martes pasado.

“El consenso los legisladores del pueblo de Córdoba a la hora de sancionar esta norma, importa un claro mensaje: nunca más se repetirán los hechos desgraciados del 3 y 4 de diciembre pasado”, dijo el Gobierno en un comunicado.




La Voz del Interior, 27-2-14

miércoles, 26 de febrero de 2014

SORPRENDENTE: EL CHAPO GUZMÁN NO SERÁ PROCESADO POR NARCOTRÁFICO



República.pe, 26 de febrero de 2014

Guzmán, quien admitió haber asesinado entre 2000 y 3000 personas, solo enfrentará un proceso penal por delincuencia organizada.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó que el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México ordenó el "auto de libertad por falta de elementos para procesar (...) al no demostrarse su probable responsabilidad penal en el delito contra la salud (narcotráfico)".

En una breve nota, el órgano jurisdiccional recordó que en una causa penal abierta en 2009, Guzmán era señalado como probable responsable del "delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína".

Dentro de la misma causa penal, el tribunal "dictó auto de formal prisión" en contra del Chapo "como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada.

Poco antes el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de México había ordenado procesar a Guzmán "por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada" con fines de narcotráfico, en una causa abierta en 2011.

Además, una fuente del organismo dijo a Efe que el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal concedió al líder del cártel de Sinaloa protección provisional contra su incomunicación, expulsión, destierro y extradición.

Se trata de una suspensión provisional concedida a Guzmán mientras se lleva a cabo el juicio de amparo promovido por su defensa y se emite una resolución definitiva en favor o en contra del quejoso, explicó.

Autoridades de Estados Unidos han dicho que pedirán la extradición del Chapo para que enfrente numerosos cargos en ese país, pero hasta ahora no ha presentado una solicitud formal.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha declarado que aunque dicha petición sería estudiada, las autoridades mexicanas requieren "mucha información" del reo para "seguir adelante en el proceso contra la inseguridad en México".

El Chapo fue detenido el 22 de febrero pasado en una operación lanzada por un cuerpo de elite de la Marina mexicana en el puerto de Mazatlán, en el noroccidental estado de Sinaloa.

Ese mismo día fue presentado a los medios de comunicación en el hangar de la Marina en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, y trasladado a la cárcel del Altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México.


Guzmán, quien tiene otras seis órdenes de aprehensión en su contra, acumuladas desde que se fugó de un penal de alta seguridad en enero de 2001, lo cual le permitió regresar a sus actividades criminales durante trece años. (Con información de EFE)

VALE PARA SUMARIO


Despues de haber insistido en que no le pagaría nada a Repsol, el gobierno le reconocerá más de 10.000 millones de dólares. La realidad es la única verdad.

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Argentina pagará altas tasas por YPF

 Por Diego Dávila

El directorio de Repsol aceptó la propuesta del Gobierno argentino por la expropiación de 51 por ciento del paquete accionario de YPF: el pago 5.000 millones de dólares en bonos. Sin embargo, como los bonos argentinos valen en el mercado menos que su valor nominal, para garantizar que Repsol se haga con la cifra pactada en efectivo, Argentina emitirá otros mil millones de dólares en títulos, que la petrolera española liquidará hasta alcanzar el monto acordado. Estos incluirán tasas de interés que están seis puntos por encima de las pagadas en el mercado internacional.

El anuncio lo hizo ayer en Argentina el ministro de Economía, Axel Kicillof, y en España el presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien aseguró: “El acuerdo es positivo para la Argentina y para nosotros”.

El acuerdo fija el pago de 5.000 mil millones de dólares en tres bonos: 3.250 millones en Bonar 24 a 10 años y a una tasa de 8,75 por ciento; 500 millones en Bonar X a 2017 con una tasa de siete por ciento y 1.250 en Discount 33 con vencimiento en 2033 a 8,28 por ciento.

El acuerdo garantiza que Repsol cobrará esa cifra. Pero los bonos suman entre capital e intereses un pago total en las próximas dos décadas que superan los 10 mil millones de dólares, según datos de mercado (ver Cómo será el pago ).

Hasta ahora, la petrolera española había adelantado su intención de vender los bonos rápidamente. Es así que se incorporó una emisión de bonos complementarios por otros mil millones de dólares más si la cartera original no alcanza un valor de mercado equivalente a 4.670 millones de dólares.

El acuerdo llamado Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación será tratado por el Congreso, donde le espera el cuestionamiento de la oposición (ver aparte).

Especialistas señalan que el arreglo es un paso positivo para un conflicto que comenzó el 16 de abril de 2012 con la expropiación, aprobada por el Congreso el 3 de mayo siguiente.

Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de la gestión de Raúl Alfonsín, dijo ayer que se trata de un paso “importante”, ya que cierra un conflicto que se convirtió “en una complicación” para el país. También indicó que los 5.000 millones de dólares por el 51 por ciento de YPF “es un precio justo y razonable”, si se tiene en cuenta que “valor libro” de la compañía (su patrimonio neto) “está en torno a los siete a ocho mil millones de dólares”.

El dato que hizo más ruido en el mercado es la tasa que pagarán los bonos, cuando la mayoría de los países abonan tasas de entre 1,5 y 3 por ciento.

“Son tasas altas, pero son las tasas a las que Argentina puede aspirar. Un bono cercano, como es el Bonar X a 2017, es arriesgarse a un muy largo plazo para un país que viene de hacer muy malos gestos hacia el mercado de capitales internacional”, explica Carlos Escalera, operador de bolsa local.

Cómo será el pago
Bonos. Un pago de 5.000 millones de dólares en tres bonos.

Bonar 24. Es por 3.250 millones de dólares, a un plazo de 10 años y una tasa de 8,75 por ciento anual.

Bonar X. Es por 500 millones de dólares, con vencimiento en 2017 y una tasa de siete por ciento.

Discount 33. Es por 1.250 millones de dólares con vencimiento en 2033 a 8,28 por ciento.

Pago estimado. El economista Ariel Setton, docente de la UBA y miembro de Plan Fénix, calcula que entre capital e intereses por el Bonar X el Gobierno pagará 622,5 millones de dólares; por el Bonar 24 pagará 6.094 millones y por el Discount 33 terminará abonando 3.964 millones. Esto suma un total hasta 2033 de 10.680,5 millones de dólares.

Garantía extra. Habrá una emisión de bonos por mil millones de dólares en tres bonos (Boden 2015, Bonar X y Boden 2024) si la cartera no alcanza un valor de mercado de 4670 millones.


La Voz del Interior, 26-2-14

martes, 25 de febrero de 2014

EL "CHAPO" GUZMÁN DEMUESTRA LA EFICACIA DEL ESTADO MEXICANO EN SU ESTRATEGIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO



México, 24 feb (EFE).-

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó hoy que la captura del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán demuestra "la eficacia del Estado mexicano" en su estrategia contra el crimen organizado."La aprehensión de uno de los capos del narcotráfico más buscados a nivel internacional acredita la eficacia del Estado mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo para caer en triunfalismos", indicó el presidente en una visita al norteño estado de Coahuila."Al contrario, ese logro institucional nos alienta a seguir adelante, trabajando con pasión y entrega para demostrar que sí es posible lograr un México en paz", agregó.

En la celebración del CXCIII Aniversario del Día de la Bandera en la localidad de Frontera, Peña Nieto señaló que la detención del líder del cártel de Sinaloa es "un claro ejemplo de la coordinación entre instituciones y el uso de sistemas de inteligencia" en su estrategia.
Explicó que tales medios son "elementos clave que caracterizan a la estrategia de seguridad y justicia del Estado mexicano" en la lucha contra las organizaciones criminales que en los últimos años han sembrado de violencia el país.
Para el gobernante, la captura de "El Chapo", ocurrido el pasado 22 de febrero en Mazatlán, en el noroccidental estado de Sinaloa, "reafirma el compromiso que tiene el Gobierno de la República de emplear todas sus capacidades en el combate a la delincuencia organizada, que lastima la convivencia de los mexicanos".


Peña Nieto dijo que la acción realizada por la Armada, que amplió a todas las fuerzas federales, "reafirma el compromiso que tienen el Gobierno de la República de emplear todas sus capacidades" en la lucha contra la delincuencia.
Añadió que en su país existe "el compromiso indeclinable de sus Fuerzas Armadas para salvaguardar su soberanía, la seguridad interior y el Estado de Derecho".
Aunque la captura correspondió a un equipo especial de la Armada, reconoció a las principales instituciones de seguridad "por la aprehensión de uno de los delincuentes más buscados a nivel mundial".
El narcotraficante, que desde el sábado pasado está recluido en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el central Estado de México, escapó en 2001 de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco. En 1993 el líder del cártel de Sinaloa fue detenido en Guatemala y entregado al Estado mexicano para que enfrentara a la justicia.

ADVIERTEN QUE EL NARCOTRÁFICO AVANZA CUANDO HAY VACÍO DEL ESTADO


AIMDigital, 25-2-14


El narcotráfico “avanza cuando hay una ausencia del Estado, y también cuando existe una red de corrupción que atrapa a ciertos sectores de la política, la justicia y la policía”, confirmó a AIM el presidente de la Fundación Pensar Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere. “Debemos promover el debate público y la concientización para vivir en una sociedad más segura y sana”, reclamó.

Etchevehere participó el viernes de  la conferencia que organizó en Paraná la “Fundación Pensar Entre Ríos”, titulada “Narcotráfico: una realidad que nos duele y un desafío que nos convoca”.

En diálogo con esta Agencia, el dirigente afirmó que “Argentina pasó de ser un país de transito de droga a productor y comercializador, realidad muy cercana a Entre Ríos, ya que el principal centro de distribución está en Rosario de Santa Fe”.

Etchevehere manifestó su preocupación por el tema y se refirió al diagnóstico que hicieron el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y su ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, quienes trajeron de Washington la preocupación que existe en los Estados Unidos y en los organismos internacionales, como la OEA, el BID y el Banco Mundial, sobre el avance del narcotráfico y el crecimiento de la violencia en las provincias que integran  la Región Centro: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El titular de Pensar Entre Ríos ratificó a AIM que “Entre Ríos no está ajena a la droga, por lo que es necesario que el Estado se haga cargo del tema, con lo que eso implica. Se debe tener presente que el avance del narcotráfico en la Argentina es producto de la ausencia del estado y de la corrupción que existe en ciertos sectores políticos, judiciales y policiales. Es decir, es consecuencia de la degradación de nuestras instituciones y que impacta de lleno en nuestra calidad de vida, en nuestra seguridad y en nuestro futuro como sociedad”.


Además,  admitió que “la lucha contra el narcotráfico debe ser abordada como una política de estado por todos los partidos políticos y que desde instituciones intermedias debemos promover el debate público y la concientización para que podamos vivir en una sociedad más segura y sana”.

OTRA PAÍS AMERICANO CON LEY DE DERRIBO




Honduras podrá derribar avionetas para combatir al narcotráfico



TOTALNEWS AGENCY
lunes, 24 de febrero de 2014


 El combate al contrabando aéreo de cocaína de Colombia y Venezuela hacia México y Estados Unidos por rutas del Caribe sufrirá una trascendental modificación: el Congreso de Honduras aprobó una ley que, más allá de compromisos aeronáuticos internacionales asumidos desde 1947 por el Estado hondureño, autoriza al ejército de ese país a derribar aeronaves que, sin importar que sean civiles, entren al rango de sospechosas de participar en las masivas operaciones de tráfico de drogas.

Cargadas de cocaína, numerosas avionetas civiles pequeñas despegan casi a diario de puntos clandestinos de tierras colombianas y venezonalas,cerca del Caribe, y se dirigen a norteamérica en un recorrido con escala nocturna y de madrugada en sitios remotos de la conflictiva región oriental caribeña de Honduras, convertida en una base clave de las narcomafias mexicanas y colombianas en alianza con poderosas redes locales. Para eludir los controles policiales y militares, las aeronaves vuelan a baja altura, se acercan a las costas del Caribe de Centroamérica y, en muchas ocasiones, aterrizan en Panamá y Costa Rica para entregar droga y reabastecerse de combustible.

Pero el escenario empieza a cambiar. El Congreso de Honduras aprobó en enero pasado la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, que faculta a las autoridades de la Fuerza Aérea Hondureña—una de las ramas insignes de la institución castrense de ese país—a atacar las avionetas sobre las que se tengan indicios ciertos de que están traficando drogas.

Los diputados hondureños evaluaron inicialmente imponer una restricción aérea de 12 horas—de las 18.00 a las 06.00—y solo en algunos de los departamentos con mayor movimiento del narcotráfico. No obstante, los legisladores decidieron que el gubernamental Consejo de Defensa y Seguridad tendrá atribuciones para definir las zonas de exclusión y los horarios, a sabiendas de que las operaciones de los carteles casi siempre son sorpresivas y sujetas a cambios.

La decisión, sin embargo, ha sido recibida con cautela por Estados Unidos, que en el segundo semestre de 2012 castigó a Honduras con la suspensión del suministro de informes de radar porque aviones militares hondureñas abatieron dos avionetas que presuntamente transportaban drogas sobre el mar Caribe y violaron un pacto que Tegucigalpa suscribió con Washington en 2004 para abstenerse de atacar aeroplanos sospechosos de narcotráfico.

“Nadie quiere ver derribados aviones o avionetas de inocentes”, advirtió el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield, durante una visita a Tegucigalpa el 11 y 12 de este mes. Venezuela derribó una avioneta mexicana en noviembre de 2013 en extrañas circunstancias y nunca quedó claro quién viajaba ahí ni si hubo víctimas. El país sudamericano y México vivieron un conflicto diplomático a raíz de este incidente.

“En otras palabras, nadie quiere errores en ese sentido. Esos son dos puntos de coincidencia bastante importantes” con las autoridades de Honduras, explicó.

Aparte de la nueva legislación, las Fuerzas Armadas de Honduras compraron dos radares a Israel que llegarán en los primeros días de marzo próximo. “Es una tecnología para poder detectar aparatos que sobrevuelan suelo hondureño”, informó el general Freddy Díaz, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armada, al explicar que un radar es de 50 millas de alcance y otro de 250.

De manera paralela, hay un plan para recuperar la flotilla aérea militar, que por décadas ha sido una de las más importantes de Centroamérica.

La ley fue aprobada pese a que Honduras es firmante del Convenio sobre Aviación Internacional y sus Anexos o Tratado de Chicago, suscrito el 7 de diciembre de 1944 y en vigencia desde el 4 de abril de 1947. Los congresistas hondureños hallaron trillos legales en el Convenio, que impone reglas aeronáuticas aunque reconoce la potestad de los estados a que, por interés militar y seguridad nacional, limiten y prohíban los movimientos aéreos en su territorio y bajo diversas excepciones internacionales.

La ley define un protocolo para indagar, interceptar, persuadir y neutralizar a las aeronaves que eludan registrarse mediante vías fijadas por mecanismos internos y externos de navegación al ingresar al espacio aéreo hondureño.

Zonas sensibles

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras ha informado que las zonas más sensibles con el narcotráfico son el oriental y caribeño departamento de Gracias a Dios y la parte insular del Caribe. El contrabando de drogas tiene un efecto dominó en la violencia en ese país, hundido en una crisis de inseguridad que exhibe cifras que oscilan de 85 a 92 asesinatos por cada 100 mil personas que le confirman como una de las naciones con las mayores tasas mundiales de homicidios.

Honduras ha destruido 90 campos clandestinos de aviación desde 2012, cuando comenzó a dinamitar pistas del narcotráfico en Gracias a Dios y en otros departamentos del Caribe, como Atlántida, Colón y Cortés, y en algunos alejados de regiones litorales, como Yoro, El Paraíso y Olancho. De 2003 a 2012, cuatro naves procedentes de Colombia y Venezuela fueron derribadas en Honduras, tres por el ejército y una por la DEA, agencia antidroga estadounidense.

En su visita a Honduras, Brownfield aclaró “hay mucho menos tránsito aéreo de droga ilícita por Honduras hoy que hace dos o tres años, pero el problema no ha desaparecido”.

En la actualidad, aseguró, hay “una reducción de más del 80%” de vuelos de naves del narcotráfico sobre el espacio aéreo de Honduras. “La entrada del producto por mar es un problema mayor y eso hasta cierto punto es el desafío para los gobiernos hondureño y estadounidense para atacar durante el año 2014”, explicó.

No obstante, el periódico La Prensa, uno de los principales de Honduras, reveló a principios de este mes, basado en “fuentes de Inteligencia”, que “de 2011 a la fecha el tráfico ilegal de drogas por aire aumentó significativamente” por los cielos hondureños “en un promedio de 114 y 120 vuelos anuales. En base a esos datos se estima que el 89% de las narco--avionetas que proceden de Suramérica violaron el espacio aéreo y la soberanía hondureña”.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, acuartelado en Florida, ha revelado que cerca de 900 toneladas de cocaína pasan al año por Centroamérica por la ruta caribeña y cerca del 80% se trafica por Honduras hacia México y Estados Unidos.


Estados Unidos mantiene desde 1983 en Honduras la base aérea de Palmerola, en el sector central de territorio hondureño, y la preserva como su principal instalación militar en Centroamérica, por lo que es crucial para sus operaciones de combate al narcotráfico.

DEBATE EN CÓRDOBA POR NOMBRAMIENTOS

Abogados y jueces avalaron la postulación de David

Por Javier Cámara

La polémica postulación del delasotista Héctor David para ocupar una fiscalía general adjunta pasó airosa, ayer, la audiencia pública que se realizó en la Legislatura provincial.

De los 26 expositores, sólo tres cuestionaron a David, pero no por el presunto incumplimiento de la exigencia formal de experiencia como abogado, sino por su desempeño como defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia y miembro del Tribunal Superior, Luis Rubio; el titular de la Asociación de Magistrados, Luis Paoloni; y el principal referente del Colegio de Abogados de Córdoba, Alejandro Tejerina, coincidieron, con matices, en que David “cumple con los requisitos formales” que exige la ley a quien resulta propuesto para ser fiscal adjunto.

La propuesta del gobernador José Manuel de la Sota, que también incluye a María Marta Cáceres de Bollati (para una vocalía del Tribunal Superior), a Alejandro Moyano (para fiscal General), y a Alejandra

Hillman (para otra fiscalía adjunta), fue blanco de críticas de casi todos los bloques opositores. Esto, en razón de que David obtuvo su matrícula de abogado hace un año y nunca litigó, de lo que se desprende que no ejerció la profesión o la magistratura como exige la Constitución provincial y la ley del Ministerio Público.

Para los referentes de la organización judicial, la exigencia de 12 años de ejercicio de la profesión de abogado debe interpretarse como exigencia de “12 años de haber obtenido el título de abogado”, no de litigar como entiende la oposición política. David se graduó hace 14 años, luego de una carrera que duró 19 años.

Jueces y letrados pusieron como antecedente la designación en el Tribunal Superior de Berta Kaller de Orchansky, quien no había acumulado muchos años de litigio.

Críticas
El legislador radical Rodrigo de Loredo, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales que coordinó la audiencia pública, cuestionó la “interpretación” de los jueces y abogados: “El incumplimiento del requisito exigido por la ley 7.826 del Ministerio Público de contar con 12 años en el ejercicio de la profesión es evidente, a punto tal que el artículo 43 de dicha normativa distingue los requisitos de título de abogado, del requisito de ejercicio de la profesión, de manera que no pueden ser equiparados”.

Tan contundente fue el apoyo de la representación judicial que otros legisladores opositores hablaron anoche del “bosquejo de un acuerdo entre De la Sota y un sector del radicalismo para que tanto Moyano como David sean designados en el Ministerio Público”. El autor de la frase es el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) quien se retiró ofuscado de la Unicameral, al término de la audiencia pública. La misma sensación le quedó a la presidenta del bloque juecista, Liliana Montero, quien había pedido al gobernador que retirara el pliego de David “por no cumplir con los requisitos”.

Sólo elogios
De no ser por la crítica que le formuló el Centro de Protección Familiar de La Falda a la postulada fiscal Hillman (por dos casos que involucraron a menores), todos fueron elogios para la propia fiscal de Cosquín, para Cáceres de Bollati y para Moyano.

De Bollati, casi todos los que expusieron destacaron sus condiciones personales, profesionales, su desempeño académico y su gestión en la Fiscalía General hasta ahora.

Moyano también recibió un amplio respaldo de instituciones y de referentes académicos. Al igual que Hillman, de quien destacaron su apego al trabajo.


La Voz del Interior, 25-2-14