jueves, 30 de abril de 2015

LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA DEUDA



Por Héctor GIULIANO
 (29.4.2015).


Acaba de constituirse en el Congreso una Comisión Investigadora de la Deuda Externa Argentina conforme los términos de la Ley 26.984 de Pago Soberano, que en su Título II establece la creación de la denominada Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

Esta Comisión fue creada un día antes de la realización – que se produjo en el día de ayer – de una Audiencia Pública en homenaje a Alejandro Olmos y reclamo de la demorada constitución de tal comisión, un retraso no justificable por un hecho que vio así la luz nueve meses después de publicada la Ley, el 12.9.2014.

En el ínterin ni el gobierno, ni el oficialismo, ni la oposición política ni los medios de comunicación habían dicho media palabra al respecto.

El autor del presente trabajo alertó oportunamente sobre la existencia de este mandato de creación de la comisión investigadora en su artículo titulado “¿Pago soberano o comisión investigadora?” (23.9.2014) y en notas posteriores conexas. 


ANTECEDENTES KIRCHNERISTAS.

Después de largas décadas de intentos parlamentarios, honrosos pero muy minoritarios, de investigar el problema de la Deuda Pública – desde la frustrada Comisión Villada, en la década del ´80 (motorizada por el propio Olmos), hasta la fecha – la Ley 26.984 incorporó sorpresivamente el título de referencia autorizando la creación de una comisión de este tipo.

Una disposición de tal naturaleza representa, en principio, un salto cualitativo positivo en relación a la cuestión del Sistema de la Deuda Pública Perpetua – esto es, el pago de la Deuda con Deuda y toma de Deuda Nueva - que rige en la Argentina desde la época del gobierno del Proceso hasta nuestros días.

Empero, es importante evaluar cuál es el grado de seriedad y buena fe en esta iniciativa gubernamental en lo que toca a la necesidad del esclarecimiento – hasta sus últimas consecuencias - de la corrupción estructural que conlleva el mecanismo de endeudamiento permanente que han venido siguiendo todas las administraciones de gobierno, incluyendo la actual.

El tema es particularmente delicado porque el gobierno Kirchner tiene una posición ya tomada sobre la cuestión de la Deuda: en las postrimerías de sus 12 años de gestión, después de haber aceptado la legitimidad de la Deuda Pública heredada, después de haber reestructurado la mayor parte de esa deuda reconociéndola como válida y después de haber fracasado en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010,  después de haber batido récords históricos de pago de servicios por Capital e Intereses sobre dicha Deuda, después de haber traspasado en gran escala la Deuda Externa con Terceros a Deuda Interna intra-Estado sin capacidad de repago, después de haber convalidado las deudas con el Club de París que venían desde los tiempos del Proceso, después de haber complicado la situación legal del país con sus torpezas y sus propias complicidades en la sub-cuestión de los Holdouts y después de haber encarado hoy una nueva ola de endeudamiento público en curso – la tercera en importancia después del Proceso y de la Convertibilidad menemista de la década del ´90 – ahora resulta que esta misma administración Kirchner pareciera querer mostrar una posición confrontativa del problema de fondo de la Deuda.


LA POSICIÓN DE NESTOR KIRCHNER.

En el Capítulo 10 de su libro “Después del derrumbe” (Editorial Galerna, Buenos Aires, 2003) el ex presidente Kirchner definió claramente su postura acerca del problema de la Deuda:

a)   En la página 234 dice: “Parte de la deuda era ilegítima cuando se constituyó, pero tanto Alfonsín como Menem y de la Rúa generaron Bradies, megacanjes y acciones institucionales que le dieron legalidad constitucional desde el punto de vista internacional, y ahora va a ser muy difícil demostrar lo contrario.”

b)   A continuación – en la misma hoja - agrega: “Es más, el propio Congreso integrado por senadores y diputados de todas las provincias argentinas, fue legalizando la deuda en los sucesivos presupuestos que se aprobaron, y que son leyes de la Nación, desde 1983 hasta la fecha. Sin embargo, se puede hacer una muy buena negociación con seriedad y responsabilidad, priorizando la deuda interna”.

c)   En la página siguiente comenta que “A diferencia de lo que ocurría en los albores de la década de los ´80, poco importan las causas del endeudamiento”.

d)   Luego añade que “Nuestra deuda externa es puntualmente un problema central” pero que “No se trata de no cumplir con las obligaciones asumidas”.

Hasta aquí los puntos básicos de la posición del ex presidente Kirchner, una posición que estaba perfectamente en línea con los argumentos tradicionales del establishment financiero y del Partido de la Deuda, en el sentido de interpretar que la aceptación de gobiernos anteriores, las delegaciones parlamentarias al Poder Ejecutivo y las aprobaciones de los Presupuestos anuales convalidaban la Deuda.

Este razonamiento, empero, soslaya un tema fundamental, que es el de la nulidad de las obligaciones del Estado – que ya estaban bajo investigación de la justicia argentina (causas Olmos I y II, Megacanje 2001 y responsabilidad de Gobiernos y Banco Central) – en caso de ilegitimidad de las acreencias de origen, dado que los compromisos nulos por irregularidades mayúsculas y probadas en su contracción no generan validez de las deudas y habilitan por ende la reconsideración de su entidad y legitimidad.

El gobierno Kirchner – tanto el del ex presidente como el de su esposa – no apelaron así a una posición de confrontación sino a la del allanamiento al Sistema de la Deuda; y actuaron en consecuencia: reconocimiento de todas las Deudas, Megacanje Kirchner-Lavagna compensando quita nominal con cupones PBI, pago total privilegiado y por anticipado de la deuda con el acreedor más cuestionable y denostado por las autoridades, que era el FMI; aceptación de tribunales internacionales en los pleitos con los holdouts y sin cuestionamiento de la validez de las acreencias reclamadas, sin objeción a la condición de los acreedores especulativos (hasta perder la causa testigo de los Fondos Buitre) y sin advertir las consecuencias negativas de las leyes cerrojo frente a la doctrina del Pari Passu; sosteniendo sus pagos a ultranza de la Deuda usando las reservas del Banco Central (BCRA), los fondos jubilatorios de la ANSES, los créditos disponibles del Banco Nación (BNA) y los desvíos de fondos de cuanto organismo del Estado pudiera disponer circunstancialmente de Caja y, fundamentalmente, apelando a las nuevas colocaciones de deuda en condiciones tanto o más gravosas que en el pasado (Bonos en dólares a tasas récord en el mundo en moneda extranjera – como los recientes Bonar 2024 (con rendimientos del 9 % anual) – tasas récord en el mercado local en pesos – Lebac del BCRA al 30 % anual – y nuevos planes de re-endeudamiento sistemático y toma de nueva Deuda.

No es cierto que la Argentina se esté des-endeudando: la Deuda Pública aumenta a un promedio de 10.000 Millones de Dólares (MD) por año – en el actual ejercicio  está previsto un aumento de 17.700 MD - más de la mitad del total de la Deuda, que es impagable, ha sido traspasada a los fondos que administra el Estado – el Presupuesto 2015 autoriza al Ejecutivo (en su último año de gestión) a contraer nuevas deudas por un total de hasta 133.600 MD (46.100 MD por Operaciones de Crédito para refinanciación integral de todas las deudas que vencen en el ejercicio, 50.300 MD de préstamos para Obras Públicas y de Infraestructura y 37.200 MD por créditos pluri-anuales) y nuevas deudas se siguen tomando, vía Tesorería, BCRA, Provincias/Municipios, Empresas y Organismos del Estado.


LA POSICIÓN DE CRISTINA KIRCHNER.

La postura y acción de gobierno de la viuda del presidente Kirchner siguió los lineamientos centrales de su esposo:

a)   En reiteradas oportunidades, la presidenta dio por válidas las deudas heredadas por la administración Kirchner, imputándolas a gobiernos anteriores pero soslayando la continuidad y aumento ulterior de dicho endeudamiento por parte de su gobierno.

b)   La presidenta declaró públicamente que nuestro país pagó 190.000 MD de servicios de Deuda en los últimos 10 años (sin información desagregada alguna), pese a lo cual el stock de deuda del Estado Central aumentó en unos 100.000 MD (aproximadamente 150.000 MD al inicio de su gestión contra 240-250.000 MD actuales, sin contar el pago de 77.000 MD de intereses futuros).

c)   Toda deuda que vence – exactamente al revés de lo que dice el ministro Kicillof – se paga con nueva deuda, por refinanciación total, y además se toma más deuda sin capacidad demostrada de repago.

d)   La presidenta repitió en diversas oportunidades que la Argentina ha venido “honrando” sus deudas – pago de intereses y refinanciación total de Capital - y hasta reprochó a la Banca Internacional y los Países Desarrollados por el desagradecimiento de la condición del país como “pagador serial”.

e)   En uno de sus últimos discursos – el del 19.8.2014, anunciando precisamente la Ley 26.984 de Pago Soberano – la presidenta, refiriéndose a la situación existente en el año 2003 y en línea con lo dicho en su momento por su marido, dijo textualmente: “Algunos hablaban de repudio a la deuda externa, pero todos sabemos que era más que nada un slogan, fundamentalmente porque a partir del 10 de diciembre de 1983, todos los congresos, todos los parlamentos, que son los que tienen la facultad constitucional de legislar y de aceptar o rechazar una deuda aceptaron puntualmente la deuda y esta se fue acrecentando cada vez más.

Ergo, la posición tradicionalmente sostenida por la administración Kirchner durante toda su gestión ha sido y sigue siendo la de adscripción al Sistema de la Deuda Pública Perpetua – deuda con refinanciación total y permanente – y reconocimiento fáctico y jurídico de la validez de dicha Deuda.

En este contexto es que hay que ver ahora lo que pasa con la Comisión Investigadora de la Ley 26.984.


OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE LA COMISIÓN.

La comisión investigadora parlamentaria bicameral creada anteayer tiene mayoría oficialista, se constituye pocos meses antes del fin de sus 12 años de gestión y arrastra una sistemática adscripción del gobierno Kirchner al Sistema de la Deuda que ha convalidado oficialmente dicho mecanismo de re-endeudamiento y que  trata ahora de presentar muy tardíamente lo que podría ser sólo un gesto en pro de una investigación de la Deuda, sin consecuencias prácticas.

Pero esta actitud K conlleva, como punto de partida, algunas contradicciones esenciales que generan dudas:

1.   ¿Cuál es el grado de seriedad y coherencia de la actitud del gobierno?, ya que constituye una burla haber estado pagando Deuda durante más de una década y ahora, en el último año de su gestión, venir a crear una comisión investigadora de dicha Deuda.

2.   ¿Cuáles son las reales garantías de que – por lo dicho en el punto anterior – el oficialismo vaya ahora a adoptar en el seno de dicha comisión una posición diferente de la sostenida – fáctica y jurídicamente – durante toda su larga operatoria de gobierno?

3.   ¿En estas condiciones, no se corre incluso el riesgo de que el dictamen de esa comisión termine convalidando lo actuado y sancionando así parlamentariamente la validez del endeudamiento del Estado?

Vamos a analizar sintéticamente los principales puntos contenidos en el artículo 12 de la Ley 26.984 – que es el que se refiere al tema de la Comisión Investigadora y que se reproduce completo como Anexo al final de este trabajo – con algunas observaciones y comentarios al respecto:

a)   En el primer párrafo del artículo no queda muy en claro la naturaleza y alcance del trabajo de la Comisión: el por qué del carácter “permanente” de la misma frente a un objetivo definido de Investigación del Origen y Gestión de la Deuda con emisión de Dictamen en el plazo de 6 meses o del por qué incluir el Seguimiento del pago de la Deuda Exterior de la Nación, que corresponde a niveles operativos que ya tienen sus organismos técnicos de control asignados (caso SIGEN y/o AGN). Es decir, cómo se define claramente el nivel de trabajo de la Comisión para poder cumplir su cometido.
  
b)   En el segundo párrafo, no parece realista que la comisión pueda desarrollar sus actividades de investigación y análisis de 40 años de endeudamiento en 6 meses teniendo “por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.”

c)   El énfasis puesto en ahondar la investigación sobre el origen de la Deuda durante el Proceso Militar no es objetable en sí mismo puesto que falta mucho por aclarar en este campo pero, básicamente, las mayúsculas irregularidades detectadas y probadas en la Causa Olmos I – que tiene sentencia del juez Ballestero del año 2000, que fue remitido al Congreso y que el Congreso siempre se ha negado a tratar – ya han sido básicamente identificadas y sólo cabe en dicho capítulo tomar una decisión acerca de su nulidad; nulidad ésta que implicaría automáticamente una invalidez de origen del endeudamiento público actual, con más las responsabilidades ulteriores de todos los gobiernos democráticos hasta la fecha.

d)   Para que la labor de los equipos técnicos de la Comisión sea efectiva, el orden de investigación debiera ser cronológicamente inverso: de la situación actual remontándose al pasado, por lo que la primera acción debiera ser solicitar al Ministerio de Economía (MECON), al Banco Central (BCRA) y a todos los entes oficiales involucrados la realización de un Censo General de Acreedores, el montaje de un sistema informativo actualizado de la Deuda Pública y la fijación de un cronograma de trabajo con las respuestas de todos los organismos involucrados a la Comisión.

e)   Igualmente, todos esos organismos – empezando por el MECON y el BCRA – debieran comenzar la desclasificación de las informaciones secretas que mantienen en su seno, inclusive a nivel expedientes e informes internos, donde se pueda investigar el origen y desarrollo de cada una de las negociaciones sobre las colocaciones de deuda y sus respectivas refinanciaciones, hasta poder componer un Banco de Datos completo que permita reconstruir la cadena de transferencias de títulos a la manera de “árbol genealógico” de las deudas del Estado.

f)    La Comisión Investigadora, por lo tanto, no debiera construir un nuevo cuerpo burocrático que superponga su actividad con los organismos públicos existentes sino reunir – con las modalidades de urgencia que corresponda – todos los requerimientos de información y/o documentación necesarios a los entes oficiales pertinentes, con autoridad punitiva en caso de incumplimientos de entrega de tales informes en tiempo y forma.

Las funciones fijadas para la Comisión Investigadora también son parcialmente contradictorias con los objetivos, tipo de tareas y plazos de desarrollo de las mismas:

1.   El seguimiento de la gestión y pagos que se realicen – sin perjuicio que se solicite la documentación y control respectivos a las reparticiones intervinientes – no se corresponde con el carácter de las actividades a desarrollar por la Comisión.

2.   La investigación del rol de los Fondos Buitre y de la ATFA – con toda la red de contactos que existiera al respecto – no constituye materia de la Comisión sino de los órganos de Inteligencia del Estado, que son los que debieran informar de ello a la Comisión.

3.   El plazo de 180 días para la presentación de un Informe Final no sería compatible con la realización de las investigaciones correspondientes a los efectos de cumplir con la finalidad de la Comisión.

4.   Toda circularización de requerimientos de información a los diferentes organismos nacionales está implícita en la labor de la Comisión, precisando que el primer paso tiene que ser el suministro de la información consolidada total en manos del Gobierno para conocer la Deuda Pública Nacional de la Argentina, es decir, la suma de las deudas en cabeza del Estado Central más la de Provincias/Municipios, BCRA, Empresas del Estado/Organismos Nacionales/Fondos Fiduciarios, Avales/Garantías del Tesoro y Juicios contra el Estado con sentencia en firme; datos sin los cuales es imposible tener siquiera una idea del endeudamiento global de la Argentina.

5.   Los fuertes requerimientos de confidencialidad y las penalidades por su incumplimiento serían excesivas. Desde ya – como es obvio - que los miembros participantes de la tarea no pueden divulgar por su cuenta los resultados de las investigaciones en las que participan pero la difusión pública por parte de la Comisión de hallazgos parciales relevantes y/o documentación puntual no tiene por qué permanecer en secreto: los organismos oficiales – empezando por el MECON y el BCRA – tienen que desclasificar sus informaciones, que hoy son secretas, y “abrir sus archivos”. Caso contrario, nos encontraríamos frente a una suerte de “encapsulamiento” del tema de la Deuda.

Hasta aquí las principales observaciones y comentarios personales sobre la parte dispositiva de la Ley 26.984 relativa a la Comisión Investigadora de la Deuda (artículo 12).


EN CONCLUSIÓN:

Sólo los hechos concretos e inmediatos pueden demostrar el grado de seriedad y buena fe que hay en esta tardía constitución de la Comisión Investigadora de la Deuda. Caso contrario, estaríamos frente a una medida tomada “para la galería”, una burla a la Opinión Pública y a los intereses del Pueblo y del Estado Argentino.

Frente a la contradicción mayúscula de un gobierno adscripto al Sistema de la Deuda Perpetua que primero pagó y sigue pagando la Deuda y ahora dice querer investigarla sólo cabe un test de realidad, que es a la vez un test de honestidad para las autoridades:

1.   La Comisión Investigadora y sus equipos técnicos de apoyo deben ser organizados ya, el Reglamento interno debe ser aprobado en el mínimo tiempo posible y la Comisión en su conjunto debe comenzar a desarrollar sus actividades de inmediato.

2.   Mientras se sustancien las actividades de investigación del caso el gobierno debe suspender los pagos por Capital, Intereses, Comisiones, Honorarios y Gastos sobre la totalidad de la Deuda Pública. Seguir pagando mientras se investiga la legitimidad de las deudas es una contradicción.

3.   El alcance de la investigación debe ser no sólo sobre la Deuda del Estado Central sino sobre la Deuda Nacional, el gobierno debe hacer público sus Informes al respecto y los organismos del Estado deben desclasificar las documentaciones respectivas “abriendo sus archivos”, que siempre han permanecido secretos.

Sólo de esta manera se sabrá si el kirchnerismo, en los últimos meses de su gestión de gobierno, ha avanzado hoy, aunque tardíamente, con esta iniciativa de investigación de la Deuda con verdadera seriedad, responsabilidad y Buena Fe política, ya que si la Comisión se abocara a considerar la Deuda como problema histórico del Pasado y no como crisis permanente del Presente y del Futuro, no sólo se habría perdido una nueva oportunidad de llegar a la verdad de los hechos sino que además se sumaría una nueva burla a los intereses del Estado y del Pueblo Argentino.   

Es muy probable que la Comisión Investigadora de la Deuda no cumpla su cometido en tiempo y forma antes de la culminación del mandato CFK, dejando abierta la puerta dialéctica de terminar su mandato con la constitución de una comisión del Congreso para que luego sea neutralizada y/o disuelta por el próximo gobierno.

Pero habría una posibilidad mucho más peligrosa todavía: que la administración Kirchner, en un último servicio al Sistema de la Deuda, trate de conseguir el aval parlamentario no para confrontar sino convalidar lo actuado y con ello acabar definitivamente con los cuestionamientos al Sistema de la Deuda Argentina.-  


Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 29.4.2015

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2015 04 29 COMISION DEUDA.

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ANEXO:

Ley 26.984: Titulo II - Capítulo Único: Del Orden Público de la presente Ley.

ARTICULO 12. — Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que estará compuesta por ocho (8) Senadores y ocho (8) Diputados, designados por los Presidentes de las respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas, y que se regirá por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto dicte.

La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.

Asimismo, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

1. El seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.

2. La investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.

3. La presentación de un informe final respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Los miembros de la presente Comisión Bicameral Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados incursos en falta grave a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del Código Penal.

La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.-


ZAFFARONI: LOS ERRORES DE JUVENTUD QUE HOY SUFRIMOS



Diana Cohen Agrest

Clarín, 30-4-15        
           
Un recorrido por el ideario de Eugenio Raúl Zaffaroni, designado por la Presidente como candidato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite comprender el carácter oportunista de una súbita voltereta doctrinaria que reveló semanas atrás.

En su libro de 1989 En busca de las penas perdidas, Zaffaroni anticipaba el programa de la posdictadura que terminaría siendo una masacre por goteo habilitada por la excarcelación de reincidentes. Proponía un derecho penal mínimo “como paso o tránsito hacia […] una utopía abolicionista del sistema penal”. Y aclaraba que la llamaba utopía “por lejana y no realizada, pero no por irrealizable”: veinticinco años después, ese programa se cumplió en la Argentina.

En su libro de 2011 La cuestión criminal, Zaffaroni describe los habituales razonamientos contrafácticos del deudo –“si yo no le hubiera pedido retirar el dinero al banco”, se dice el enlutado, “no habría sido secuestrado ni asesinado”-. Pero a renglón seguido se vale de la extrapolación arbitraria de herramientas pseudopsiconalíticas a la administración de justicia: “El peso de esa culpa irracional provoca una extroversión que proyecta la responsabilidad”, Zaffaroni subraya, “en un objeto externo”. Y con el propósito de justificar la abolición del castigo a delitos gravísimos, sostiene que “no se trata de la culpa por el homicidio o por lo que sea, que sin duda tiene un responsable a veces ya bien identificado, sino de una culpa por la situación” (sic). “Así como esa culpa no es racional”, concluye, “tampoco lo es la responsabilidad del otro [el homicida] por la situación”.

Mediante este truco de ilusionista -deudor de una falsa horizontalización entre víctima y victimario-, súbitamente terminamos cautivos de una retórica dirigida a exonerar de culpa al sobreviviente. Y en este juego discursivo, el victimario es neutralizado hasta evaporarse, licuándose la penalización del delito en una teoría de la responsabilidad difusa. Una vez que el imputado llega a juicio, es juzgado discrecionalmente. Y las previsibles sentencias se ocupan de sobreseer o, si no es posible, de contrarrestar el poder punitivo de la ley.

Su estrategia está descrita por él mismo en un reportaje de la revista Rolling Stone de 2003. Tras reconocer que envió a la cárcel a “mucha gente, muchos años”, y admitir que es “horrible”, añade: “Sí, pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ´A ver cómo lo zafo a éste´. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ´A ver cómo hago para que la lleve más aliviada´. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir: ´Bueno, hasta acá´. En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un tribunal que dice: ´Vamos a ver cómo compensamos esto´”.

La imposición de Justicia queda allí reducida a apaciguar la buena conciencia, prevaleciendo los fines subjetivos y de orden privado que invalidan el valor de una de las instituciones republicanas que deberían bregar por el bien común. Se entiende entonces que, amparado en la inoperancia del sistema penal, se le de el golpe de gracia: en los hechos, se minimizan o, siguiendo el modelo abolicionista, hasta se eliminan las penas. Por supuesto, se empieza con una pena de prisión perpetua –a sabiendas de que el “clamor popular de venganza”, Zaffaroni dixit, será satisfecho y divulgado por las cámaras de tv a las que el ex juez tanto maldice. Pero después, cuando las luces del minuto de fama se apaguen, un Tribunal de Casación cambiará la carátula y terminará otorgando tres años de prisión en suspenso, se trate de Felisa Micheli y su bolsa en el baño o del soldadito homicida de la 11-14.

Pese a que su prédica penetró los intersticios de la política penal, Zaffaroni propone hoy un cambio de paradigma. En una entrevista publicada en febrero por la Revista digital Ajo, confiesa su fracaso cuando dice que “no se puede pensar en un abolicionismo, en un reduccionismo del poder punitivo a un derecho penal mínimo, como proponen algunos. Es interesante discutirlo en algún café de París”. Parece olvidar que fue el adalid de esa corriente cuya contracara fue la sociedad argentina travestida en conejillos de indias de un experimento social pergeñado por su doctrina academicista de la cual hoy reniega pero que se sigue aplicando en los fallos con discrecionalidad. Desmintiéndose a sí mismo y a sus fallos abolicionistas, declara que “terminar con esa lógica implica un cambio civilizatorio, que no es tan fácil como proponen los abolicionistas”. Para Zaffaroni, el sistema penal es una canalización de la venganza privada que debe ser “superada”. Pero si no se “supera” en otros ámbitos de la vida humana (es retributivo tanto el dar las gracias a un regalo como el pagar una multa en el derecho tributario), ¿por qué exigir su superación cuando el “conflicto” es la muerte violenta de un hijo, un padre o un hermano? Solo un rasgo de omnipotencia patológica pudo hacerle creer que esa dificultad “civilizatoria” podría ser superada.

No cambió en su culpabilización a los medios de su errada política penal: “Es el Teorema de Thomas: no te importa que algo sea cierto o falso, sino que se lo dé por cierto y produzca efectos reales …” Siguiendo esta lógica, si se da por cierto el ideal de la reinserción tras apenas tres años de prisión (la media en la Argentina) para un violador o un homicida que reincide en el delito, entonces produce efectos reales: no solamente las vidas arrancadas, sino un falso sistema de creencias en una sociedad colonizada por la doctrina Zaffaroni que, si bien comienza a salir de su letargo, continúa valiéndose de conceptos como estigmatización (si se habla de peligrosidad) y rehabilitación inmediata (negada por los índices de reincidencia).

Su tardíamente admitido “error de juventud” se perpetúa en la colonización de una justicia autodenominada “legítima” que continúa aplicando su doctrina. Un ideario que ya se cobró miles de “ausentes” de la Democracia, como los llamó Zaffaroni, sucedáneos de los “desaparecidos” de la Dictadura.

Diana Cohen Agrest


Doctora en Filosofía y ensayista. Miembro de Usina de Justicia

INDONESIA FUSILA A SIETE EXTRANJEROS CONDENADOS POR NARCOTRÁFICO



 
Crónica, 2015-04-29 


Ocho presos —un brasileño, dos australianos, un ghanés, tres nigerianos y un indonesio— fueron ejecutados en la madrugada de ayer ante un pelotón de fusilamiento en una isla indonesia, horas después de despedirse de sus familiares y tras expirar las 72 horas de plazo desde que la Fiscalía ordenara el sábado pasado que se aplicara sus sentencias de muerte.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el primer ministro de Australia, Tony Abbott, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, habían pedido clemencia. Sin embargo, el presidente indonesio Joko Widodo rechazó las peticiones, alegando el uso de la pena capital como medida disuasoria en la lucha contra el tráfico de drogas.
Salvada “in extremis”. En el último momento, las autoridades evitaron el fusilamiento de la filipina Mary Jane Veloso, horas después de que la mujer que la contrató para transportar droga se entregara a la Policía en Filipinas.
Un décimo recluso, el francés Serge Atlaoui, no recibió la notificación porque está pendiente de un recurso de apelación.

miércoles, 29 de abril de 2015

ARGENTINA FUE EL PAÍS QUE MÁS CAYÓ EN EL ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL, EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS


por Informador Público, 29/04/2015

El país descendió 56 puestos en el Ranking de Calidad Institucional de la Fundación Libertad y Progreso desde 2005, ocupando hoy el puesto 137 entre 193 países; desde 1996, la caída fue de 93 lugares.

En 2015, la Argentina alcanzó otro récord para el olvido: es el país que más cayó en los últimos diez años en el Índice de Calidad Institucional que elabora la Fundación Libertad y Progreso desde 2007, llegando al puesto 137 de 193 países medidos. En el ranking de este año Argentina cayó más en calidad institucional respecto a 2014 que países como China, Uganda y Líbano, y se ubicó, en cuanto a deterioro de sus instituciones registrado en el último año, en posiciones cercanas a Mozambique, Ucrania y Gabón. Los resultados completos de este Índice y la comparación del desempeño argentino desde 1996 podrá verse hoy, miércoles 22 de abril, desde las 17 vía Agrositio.com.

El Índice de Calidad Institucional, elaborado por el académico Martín Krause para la Fundación Libertad y Progreso, cuenta con el apoyo de la Fundación Naumann y Relial. El Índice se calcula tomando ocho indicadores elaborados por organismos internacionales y promediándolos (los índices internacionales “Vigencia del estado de derecho”, “Voz y Rendición de Cuentas”, “Libertad de Prensa” y “Percepción de Corrupción”, “Competitividad Global”, “Libertad Económica” (Heritage), “Libertad Económica” (Fraser) y “Haciendo Negocios” (Doing Business, del Banco Mundial).

Además, de acuerdo a este Índice, Argentina es uno de los países que más calidad institucional perdió desde 1996, cayendo 93 puestos. Le acompañan en la caída Bolivia (cayó 99 puestos en calidad institucional), Seychelles (cayó 94), Ecuador (cayó 81), Venezuela (cayó 75), Zimbabwe (cayó 72), Mali (cayó 62), Paraguay (cayó 61) y Madagascar (cayó 60 puestos).

En tanto, entre los países líderes en cuanto a sus instituciones políticas y de mercado, lideran la tabla Suiza, Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca. Aún en los países que estaban bajo la Cortina de Hierro hasta 1989 la mejora es destacable en la mayoría de los casos en los últimos años. Así, entre los que más han mejorado su calidad institucional en los últimos veinte años se pueden destacar a Georgia (subió 81 lugares en calidad institucional), Rumania (trepó 49), Croacia (trepó 45), Bulgaria (trepó 40), Lituania (trepó 37), Armenia (subió 34), Letonia (subió 29), Albania (subió 26) y Bosnia Herzegovina (subió 25). Rusia, por otro lado, no ha registrado mejoras. Lo había hecho luego de la caída del régimen comunista pero desde 1996 retrocedió 18 posiciones. Finalmente Ruanda, un país que supo sufrir fuertes conflictos, logró escalar 60 posiciones en este ranking desde 2006.

En lo que se refiere al continente americano, las principales mejoras desde 1996 corresponden a Perú (subió 20 lugares en el Índice), Colombia (creció 15 puestos) y Brasil (creció 5) y los peores desempeños a Bolivia (descendió 99 puestos), Argentina (descendió 93), Ecuador (cayó 81), Venezuela (cayó 75), Paraguay (bajó 61 lugares) y Honduras (cayó 54). “Estos resultados señalan las consecuencias de las reformas de estilo socialismo bolivariano que en mayor o menor medida se implementaron a partir de este siglo en algunos de los países de peor desempeño”, destacó Krause.


Por otro lado, desde 2006, las principales mejoras de la región corresponden a Perú (subió 10 puestos), Uruguay (subió 8), Costa Rica (trepó 7), Colombia, Canadá y Paraguay (treparon 2 lugares cada uno). Esto señala el continuo avance de Perú, algo menos intenso en el caso de Colombia y un cambio de tendencia en Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Estas serían las buenas noticias en la región. Los peores desempeños desde 2006 corresponden, además de Argentina, a Bolivia (que cayó 36 lugares), Belice (cayó 35), Surinam (cayó 34), Venezuela (descendió 31), Ecuador (bajó 29), El Salvador (cayó 28). “Comparando el desempeño desde 1996 que se mencionan más arriba, con éstos, se desprende que Argentina aceleró su deterioro relativo en los últimos años en relación al resto”, explicó Krause.

LA GUERRA CONTRA LA MATERNIDAD EN NOMBRE DE LA MADRE TIERRA



Population Research Institute, 29-4-15
 
Steven W. Mosher y Anne Morse

Los bebés por nacer no contaminan a nadie. 

Frecuentemente me encuentro con personas que pretenden justificar el aborto forzado, la esterilización y los anticonceptivos, porque, según ellos: “Nosotros (los seres humanos) estamos destruyendo el planeta”.  Estas personas ven a la gente como si fuesen contaminantes y dicen que es “necesario” violar el derecho a la reproducción para “proteger” el planeta de los seres que lo expropian. Esa “lógica” es intrínsecamente falaz.

Pongámoslo de esta manera. Cuál de lo siguiente debe ser controlado: ¿el óxido nitroso, el metano, el homo sapiens o el dióxido de carbono? La respuesta de estas personas es obvia: “Homo sapiens.”

Sin embargo, la mujer embarazada no produce óxido nitroso. El parto no genera metano. Un bebé recién nacido realmente respira dióxido de carbono, sin embargo, esto no es un contaminante en absoluto, sino un oligogás del cual la mayor parte de la vida depende.

Es cierto, cualquier niño que nazca puede crecer y convertirse en un contaminador notorio, tal como puede llegar a crecer, y, digamos, convertirse en una persona imprudente al conducir bajo la influencia del alcohol, poniendo en peligro la vida de los demás. Pero tales comportamientos no son conclusiones conocidas de antemano. A diferencia del óxido nitroso, el metano, o el dióxido de carbono, los seres humanos tienen libre albedrío.

Simple y sencillamente no es cierto que más gente genere más contaminación. EEUU tiene hoy en día el doble de habitantes que en el inicio de los años setenta. Sin embargo, los cielos sobre nuestras ciudades principales son más claros hoy que lo que eran hace medio siglo. La razón de ello se debe a que los motores de combustión internos que impulsan nuestros automóviles ya no arrojan miles de toneladas de partículas, dióxido de azufre, u otros agentes contaminantes al medio ambiente cuando conducimos. Y ello a su vez se debe a que hemos tomado la decisión consciente de cambiar el limpiador que quema el combustible y de instalar catalizadores situados debajo de nuestros motores.

Como este ejemplo lo sugiere, la contaminación es creada por comportamientos humanos particulares, como la combustión incompleta de combustibles fósiles o el rociar indiscriminadamente pesticidas dañinos. Lo anterior puede ser corregido cambiando ese comportamiento. El reducir el número de bebés por nacer no solucionaría estos ni otros problemas del medio ambiente.

Nadie podría asegurar que cada bebé que nazca en un hogar donde se conoce la tecnología de las computadoras llegará a convertirse en un terrorista cibernético. Sin embargo, hay quienes parecen creer que cada bebé humano que nace se desarrollará en un productor de residuos, en un asesino de osos polares o en un eco-terrorista destructor de la naturaleza. Ello es totalmente irracional. No hay duda de que algunos bebés lamentablemente crecerán para convertirse en delincuentes que vierten en secreto aguas residuales crudas en estuarios frágiles. Pero también es indudable que muchos otros se convertirán en personas responsables que cultivarán en sus huertos caseros sus propias verduras o en otros lugares adecuados. Nadie podría garantizar que cualquier bebé que crezca se convertirá en un buen ecologista, como tampoco nadie puede garantizar que un bebé cualquiera pueda llegar a desarrollarse en un adulto feliz y estable.

Pero es cierto que – gracias a los avances tecnológicos, a las regulaciones ambientales razonables y a la auténtica educación – hemos podido lograr grandes avances en las décadas recientes. Grandes masas de población pueden tener un impacto medioambiental mucho menor que poblaciones mucho más pequeñas de hace un siglo o dos. El control de la población no desempeña parte alguna en estos éxitos.

Desafortunadamente, no todo el mundo ha recibido este mensaje. La tesis anti-gente es de seguir insistiendo en que los bebés equivalen a contaminación. El movimiento en pro del control demográfico sigue recibiendo miles de millones de dólares de financiamiento cada año. La fecundidad de las mujeres sigue siendo atacada en nombre del medio ambiente y del “desarrollo sostenible".

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) sigue siendo un promotor de la política del gobierno chino de un solo hijo por familia, desentendiéndose de los abortos y las esterilizaciones forzadas. El UNFPA continúa distribuyendo 40 millones de dosis del inyectable Depo-provera cada año a una insospechada cantidad de mujeres, a pesar del hecho de que este producto es tan inseguro que la agencia del gobierno de EEUU que se encarga de la regulación de fármacos y alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) no recomienda su uso.

En la India todavía se esterilizan a más de 4 millones de mujeres anualmente en virtud de un sistema de esterilización estatal, que hace caso omiso al aumento de la mortalidad de las mujeres que han fallecido en este tipo de campañas. Y las naciones desarrolladas – entre ellas EEUU –   siguen financiando estos programas en el nombre de una mítica “población sostenible”, haciendo caso omiso a las masivas violaciones de los derechos humanos que éstos entrañan.

Estamos de acuerdo con que la contaminación constituye una ofensa contra los seres humanos.  Aquellos que arbitraria e incivilmente contaminan el agua que bebemos y el aire que respiramos ponen en peligro al resto de nosotros, tanto a  los que viven como a los que vendrán más tarde.

Pero también insistimos en que el aborto y la esterilización forzados, y el uso de anticonceptivos forzados constituyen una grave violación de los derechos humanos. Estas acciones nunca serán justificadas, menos aún de la manera irracional con que alegan que son “necesarias” para “proteger el medio ambiente” [1].

Esperamos con ansia un mejor futuro donde nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de un planeta con aire puro, agua limpia y una frondosa vegetación. En EEUU, al igual que en otros países, se han logrado grandes avances hacia la realización de ese futuro.

Sin embargo, esperamos y elevamos nuestras plegarias para que nuestros hijos y nietos crezcan en un mundo sin control demográfico. Estamos trabajando para que llegue ese día, un día en el cual ellos sean valorados por sí mismos y no sean vistos por los ambientalistas extremistas como una “amenaza” a su descabellado “sueño” de un mundo sin personas.

Al fin y al cabo, como decía Shakespeare, “El mundo necesita ser poblado.”
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Steve Mosher es presidente del Population Research Institute (Instituto de Investigación sobre asuntos de Población, traducción libre), una organización provida no lucrativa que se dedica a investigar y denunciar las iniciativas antivida del control demográfico, las falsedades en torno a una presunta “sobrepoblación” y a proponer alternativas correctas para un auténtico desarrollo. 
Visite: pop.org. El artículo original (en inglés) se encuentra en: http://pop.org/content/war-maternity-waged-name-mother-earth.

[1]. Nota de VHI: El aborto, la esterilización directa y la anticoncepción son actos intrínseca y gravemente malos, cosa que el autor, de conocida trayectoria auténticamente provida, está convencido. Sin embargo, su objetivo en este artículo es denunciar la atrocidad que constituye el pretender obligar a la gente a abortar, a ser esterilizada o a usar anticonceptivos para “proteger” al medio ambiente.

martes, 28 de abril de 2015

CONSTRUYAMOS EL MÉXICO QUE NECESITAMOS, EXHORTAN LOS OBISPOS ANTE LAS ELECCIONES


Aica,  27 Abr 2015

De cara al proceso electoral 2015, en el que se renovará la Cámara de diputados y diversas gubernaturas, así como alcaldías y jefaturas delegacionales, este martes 21 de abril, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un mensaje a la nación con el título “¡Construyamos el México que necesitamos!”.

En el mensaje, los obispos aseguran que México enfrenta una compleja situación, que hace que muchos sientan desconfianza y desánimo ante este proceso electoral; pero los mexicanos podemos construir el país que queremos, un país donde haya paz y progreso para todos. “El futuro lo escribimos cada uno de nosotros ¡Seamos protagonistas!”

“Estamos a la puerta de las elecciones ―señalan los obispos―, es momento de redoblar esfuerzos por nuestro país. Conozcamos quiénes son y qué proponen los candidatos, si tienen principios y los sostienen, si garantizan que trabajarán por reconstruir el tejido social en un país dañado por la violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la pobreza; enterémonos también de sus principios, si respetarán la vida, la dignidad y los derechos de las personas; si actuarán con transparencia y honestidad; si velarán por la justicia”.

“Analicemos sus propuestas para crear fuentes de trabajo y erradicar las causas de la pobreza. O si de lo contrario, seguirán teniendo a los pobres como clientela electoral”.

“¡Votemos! Participemos, unámonos y organicémonos para exigir como ciudadanos el cumplimiento de las promesas de campaña de quienes resulten ganadores. Abstenernos no conduce a nada”.

Asimismo, mediante este comunicado los obispos de la CEM exhortan a todas las autoridades a garantizar que el derecho a votar y ser votado se ejerza libre, plena y pacíficamente en todo el territorio nacional. Demandan igualmente a los partidos políticos y candidatos que realicen campañas austeras, limpias y propositivas; que presenten públicamente sus propuestas y expliquen la manera en que incluirán a la sociedad a fin de darles cumplimiento.

“A quienes resulten ganadores, les exigimos no defraudar la confianza y esperanza de los mexicanos. Recuerden que toda autoridad es para servir y no para servirse de la gente”.


“Pedimos a Dios, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que este proceso electoral sea pacífico y participativo, por el bien de nuestra gran Nación. No olvidemos que con nuestro voto el próximo 7 de junio podemos contribuir a la construcción del México que necesitamos”, finaliza el mensaje de la CEM.+ 

EL BANCO CENTRAL, OTRA FUENTE DE EMPLEO MASIVO




La Nación, 28-4-15
           


El Banco Central (BCRA) se sumó a la ola de nombramientos indiscriminados de empleados que llegó a distintas áreas de la administración pública nacional en los últimos tiempos, cuando se aproxima el fin del mandato de Cristina Kirchner.

Desde hace sólo siete meses, cuando Alejandro Vanoli asumió la conducción de la entidad, ésta amplió casi 10 por ciento su plantilla, en consonancia con lo que ocurre en otras reparticiones estatales. Y entre los incorporados figuran su hijo y la actual pareja de Vanoli.

Las designaciones suelen quedar reflejadas en el Boletín Oficial como resoluciones o decretos administrativos, con una particularidad: para poder concretarlas recurren a excepciones a las condiciones de ingreso que fija el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), ya que se trata de personal sin la calificación formal mínima requerida para el ejercicio del cargo.

Para facilitar las nuevas designaciones, el BCRA dispuso en marzo una tardía readecuación de las normas laborales generales que, en los hechos, acortó a la mitad los plazos de confirmación del nuevo personal.

De esta manera, quedarían en condiciones de continuar en funciones tras el cambio de gobierno o la nueva administración enfrentaría el brete de asumir un elevado costo presupuestario si intentase prescindir de ellos en un eventual intento de desplazar a Vanoli (con mandato hasta 2016) del cargo.

"Lo que se hizo fue adecuar el sistema de ingreso al artículo 2 de la ley 25.877, que modificó el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo, ya que el Banco Central se rige por ella y no por la ley de administración pública", dijeron desde la entidad a la nacion. Esa ley, promulgada en marzo de 2004, acota los denominados períodos de prueba para evitar posibles abusos del empleador al respecto.

Pero hasta ahora el BCRA se había regido, ante las facultades que le concede su propia Carta Orgánica como entidad autárquica del Estado, por su propio estatuto del personal (artículo 15 de esa norma).

La situación varió a fin de marzo, cuando, en una hermética reunión, su directorio avanzó en la readecuación para flexibilizar sustancialmente las condiciones de ingreso.

Así se pasó de un sistema que obligaba al nuevo personal a superar poco menos de dos períodos semestrales de prueba antes de quedar confirmado a otro que deja los nombramientos en firme tras dos períodos, pero de tres meses...

La adecuación fue exaltada por el propio Vanoli en un encuentro que mantuvo con personal jerárquico de la entidad en el club que tienen en la localidad de Ezeiza. La "pantalla" del plan de ingresos fue un llamado público, realizado en pleno verano, a abogados, contadores y licenciados en Economía y Sistemas para que remitieran currículum a la entidad para su evaluación. Pero los denunciantes aseguran que la mayoría de los nombrados no cumple esas condiciones.

"Ingresó mucha gente y no estamos hablando de doctorados en Economía o cosas así. Te podría decir que hoy cualquier banco importante de plaza tiene profesionales más calificados en sus puestos jerárquicos que el Banco Central, algo que nunca había pasado", se quejó un miembro del staff del banco al que a diario le presentan alguien nuevo.

"A mi área está reportando un chico que viene de otra repartición. Dado que en 2013 ganaba menos de 15.000 pesos y ahora tiene un cargo por el que percibe 60.000, ¡ni siquiera pagan Ganancias por el decreto que exime a los que hasta ese año percibían menos de esa cifra!", se quejó otro ejecutivo al borde de un ataque de ira.

TODO UN SISTEMA

Los sindicalistas estatales no afines al Gobierno explican -porque ya lo han comprobado- que el mecanismo de adecuación de normas o simples excepciones se repite en otras dependencias, por lo que advierten que se trata de un "sistema". Hay denuncias de este estilo en Cancillería y los ministerios de Trabajo y Economía, por citar algunos casos.

El Boletín Oficial del jueves corrobora lo que se denuncia. Sus primeras cuatro páginas están ocupadas por siete designaciones en los ministerios de Economía y de Trabajo: cinco dispuestas por decreto y las otras dos por resoluciones administrativas.

Sin embargo, todas tienen un denominador común: recurren a algún tipo de excepción a lo dispuesto en los presupuestos o a las condiciones de ingreso establecidas en el Sinep -y homologadas por los respectivos convenios de trabajo- para poder realizarse. Así, el Gobierno transformó la excepción en una regla...

Lo que el caso del BCRA muestra, además, es el grado de nepotismo que facilita este plan oficial para copar distintas estructuras con el objetivo de infiltrar y condicionar a la próxima administración o generar las condiciones para un regreso del cristinismo o el camporismo al poder en pocos años. Es porque del fárrago de casi 200 nombramientos se destacan dos: el de María Gabriela Gelardi (actual pareja del presidente del BCRA) y el de Facundo Vanoli Long (su hijo).

Gelardi dejó su cargo en el BBVA-Francés para pasar a comandar una más lucrativa y novel subgerencia de educación financiera en el BCRA, y poder multiplicar ingresos. Facundo es un estudiante de cine de 23 años que logró de este modo abandonar la categoría de monotributista autónomo (había ya prestado servicios por esa vía a los ministerios de Economía y de Agricultura) y convertirse en analista en "comunicación interna e imagen institucional".

"Ambos trabajan en al área cultural del banco y fueron designados porque el presidente necesitaba para esa tarea gente de confianza", dijeron desde la entidad.

DEL CÍRCULO ÍNTIMO

En expansión

La plantilla creció de 2400 a 2600 empleados desde que asumió Vanoli, aunque el sistema financiero no sumó jugadores en ese lapso